CE - 010315000202301569001SENTENCIA20230608155622

Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01569-00

Demandante: LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto sustantivo– falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por La Previsora S.A. Compañía de Seguros contra la sentencia del 3 de noviembre de 2022, que modificó la decisión del a quo, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 27 de marzo de 2023, el apoderado judicial de la Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó acción de tutela contra el Tribunal

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 27 de marzo de 2023, el apoderado judicial de la Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Sucre, Sala Segunda de Decisión con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al “debido proceso y la seguridad jurídica del llamado en garantía”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 3 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se modificó la decisión del 19 de febrero de 2019 del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, que accedió a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa, con radicado N.° 70001 - 33-33-005-2014-0023001, instaurado por la señora Marina Isabel Peluffo y otros contra la E.S.E. Centro de Salud de Sampués – Sucre y a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada Comparta E.P.S.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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3. Pretensiones:

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3. Pretensiones:

(…) 1.1 Dejar sin efecto la sentencia proferi da el día 3 noviembre del año 2022, por el Tribunal Administrativo de Sucre Sala Segunda Magistrado ponente César Enrique Gómez Cárdenas, dentro del proceso Nº 70001333300520140023001, notificada el 18 de enero del año 2023 mediante correo electrónico enviado por el Secretario del Tribunal Administrativo de Sucre Doctor GUSTAVO ADOLFO DLUIZ MANOTAS al correo de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, notificacionesjudiciales@previsora.gov.co (anexo documento contentivo de la noticación), promovido por Marina Isabel Peluffo Caret y otros contra la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAMPUES -SUCRE, COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA E.P.S. -S., llamante en garantía E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAMPUES-SUCRE; llamada en garantía LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SGUROS, sentencia de segunda instancia que MODIFICA la sentencia de primera instancia , de fecha 19 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, la cual NO condeno a la Previsora S.A. Compañía de Seguros.

1.2 Comedidamente proceda Magistrado de tutela estudiar de nuevo el

expediente y MODIFICAR LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO

S.A. Compañía de Seguros.

1.2 Comedidamente proceda Magistrado de tutela estudiar de nuevo el

expediente y MODIFICAR LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA NO

CONDENANDO A LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS (…).”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Marina Isabel Peluffo en compañ ía de su grupo familiar demand aron en ejercicio del medio de control de reparación directa a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués – Sucre y a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada Comparta E.P.S con el fin que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de la falla en la prestación del servicio médico brindado a Abel Peñate Pérez , que condujo a su muerte el 2 de septiembre de 2012

5. Para los demandantes, la víctima no recibió atención médica oportuna al m omento de llegar por urgencias al centro hospitalario, toda vez que no había profesional en turno, no disponían de los elementos y equipos necesarios para atender pacientes críticos que necesitaran reanimación, cuando estaban obligados a ello, pese a ser d e I nivel. Adicionalmente, el paciente no fue trasladado oportunamente a otra institución médica de mayor nivel.

6. Mediante sen tencia de 19 de febrero de 2019 , el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, declaró administrativa y extracont ractualmente responsable

médica de mayor nivel.

6. Mediante sen tencia de 19 de febrero de 2019 , el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, declaró administrativa y extracont ractualmente responsable a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués , por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del fallecimiento de Abel Peñata PérezDemandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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7. Como fundamento de su decisión adujo que no se pudo determinar la causa eficiente de la muerte, pero se configuró una pérdida de oportunidad, pues de haberse contado con el profesional de turno, brindado una atención oportuna, con la utilización de las herramientas indispensables, se habría podido estabilizar al paciente, logrando otro res ultado, y en tal sentido, “era incierto si se hubiera podido evitar la muerte, pero era más evidente que las actuaciones y omisiones de la E.S.E. aumentaron la probabilidad de que el paciente muriera.”

8. Agregó que frente a Comparta E.P.S. no estaba demo strado que negara o retardara los servicios de salud y “resulta improcedente ordenar reparación o reembolso por parte de la aseguradora llamada en garantía en el presente proceso”.

9. En la indemnización de perjuicios, aplicó la sentencia de unificación d el Consejo

retardara los servicios de salud y “resulta improcedente ordenar reparación o reembolso por parte de la aseguradora llamada en garantía en el presente proceso”.

9. En la indemnización de perjuicios, aplicó la sentencia de unificación d el Consejo de Estado de 28 de agosto de 2014, sobre reparación de perjuicios morales en caso de muerte y negó la petición de daños a la vida relación, ya que no eran un perjuicio indemnizable.

10. La parte resolutiva fue la siguiente:

“PRIMERO: Declarase administrativa y extracontractualmente responsable a la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE SAMPUES, por lo perjuicios causados a los señores:

(…)

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior SE CONDENA a la E.S.E CENTRO DE SALUD DE SAMPÚES, a pagar a cada uno de los demandantes que a continuación se relacionan, por concepto de perjuicios

morales, las siguientes cantidades, así: (…)

TERCERO: Absolver de responsabilidad a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada COMPARTA E.P.S. y a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, conforme a lo motivado.

(…)”

11. Inconforme con la decisión, la E.S.E. Centro de Salud de Sampués interpuso recurso de apelación y explicó que los elementos de prueba permitían asevera r que el paciente sí recibió la atención debidamente por el personal idóneo. Igualmente, refutó que el a quo no tuvo en cuenta el llamamiento en garantía realizado a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en virtud de la póliza de responsabilidad civil

el paciente sí recibió la atención debidamente por el personal idóneo. Igualmente, refutó que el a quo no tuvo en cuenta el llamamiento en garantía realizado a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en virtud de la póliza de responsabilidad civil N°. 1001300, vigente entre el 10 de junio de 2012 y 10 de junio de 2013, que amparaba la responsabilidad civil profesional médica y la responsabilidad civil general de la E.S.E.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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12. El recurso de alzada fue desatado por el Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión mediante sentencia del 3 de noviembre de 2022 y dispuso lo

siguiente:

PRIMERO: MO DIFICAR la sentencia de primera instancia, de fecha 19 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la

cual quedará así:

“PRIMERO: Declarar administrativamente responsable a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, con ocasión de la pérdida de oportunidad indicada en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONDENAR a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, a pagar

A MARIA ISABEL PELUFFO CARET, la sum a de veinte (20) salarios

oportunidad indicada en la parte considerativa.

SEGUNDO: CONDENAR a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, a pagar

A MARIA ISABEL PELUFFO CARET, la sum a de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como compañera permanente de la víctima.

A Adriana Cristina Peñate Peluffo, Elis Marina Peñata Peluffo, Armando José Peñata Peluffo, Cielo María Peñata Peluffo, Víctor José Peñata Peluffo como hijos, una suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para César Andrés Cotua Peñate, Lina Andrea, Keiner y Abel De Jesús Álvarez Peñata, Luisa Fernanda y Luis Alejandro Barrios Peñata, Vanessa Sofía Peñates Rodríguez, Est eban Andrés Peñates Rodríguez y Jhonatan José Peñates Padilla, como nietos, la suma de diez (10) SMLMV, para quienes se encuentra acreditado el vínculo filial, por concepto de pérdida de oportunidad.

TERCERO: CONDENAR a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a cancelar a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués la suma de dinero reconocida a favor de los demandantes, hasta el límite de lo asegurado ($150.000.000), en virtud del amparo de responsabilidad institucional y de conformidad con los términos pactados en la póliza de seguro. (Negritas propias).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de ambas instancias.

pactados en la póliza de seguro. (Negritas propias).

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de ambas instancias.

13. Adujo que frente a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués estaba probada la existencia de un daño por pérdida de oportunidad debido a la imposibilidad de recibir atención en el servicio de urgencias de forma idónea, oportuna y de calidad, “puestoDemandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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5 que si se hubiera cu mplido con los requisitos mínimos esenciales para una mejor prestación del servicio de urgencias, el desenlace pudo ser distinto”.

14. Por último, frente al llamamiento en garantía realizado a La Previsora S.A.

Compañía de Seguros, en virtud de la póliza de responsabilidad civil N°. 1001300, expuso que en los términos de dicho contrato se podía colegir que la aseguradora se obligó a reconocer a la E.S.E. así: “la indemnización originada por daños perjuicios extrapatrimoniales derivados de alguna rec lamación se cubrirá hasta el sublímite establecido en la carátula de la póliza, el cual aplicará dentro de la suma asegurada y no en adición a esta”.

15. Explicó que dicho seguro tenía una cobertura de $150.000.000, así:

establecido en la carátula de la póliza, el cual aplicará dentro de la suma asegurada y no en adición a esta”.

15. Explicó que dicho seguro tenía una cobertura de $150.000.000, así:

“AMPAROS CONTRATADOS

Amparo

COBERTURA R.C. CLÍNICAS Y HOSPITALES Valor asegurado

$150.000.000.00

Deducible: 10.00% del valor de la pérdida mínimo 3.000.000.00.

(…)

GASTOS MÉDICOS (…).

GASTOS JUDICIALES (…)”.

1.3. Fundamentos de la vulneración

16. Adujo que el tribunal accionado vulneró lo dispuesto por el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, ya que no se decidió sobre las excepciones de mérito propuestas por el suscrito en la contestación de la demanda y del llamam iento en garantía, específicamente la excepción número seis, que hace referencia a “AUSENCIA DE COBERTURA BAJO

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NUMERO 1001300”.

17. Concluyó que “los Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre aquí accionados al no decidir sobre la excepciones de mérito propuestas por el suscrito, constituye una manifiesta violación a derechos fundamentales de raigambre superior como el debido proceso, y a la seguridad jurídica del llamado en garantía , (…) ya que, además, lesiona de manera considerable los intereses patrimoniales de la llamada en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS”.

1.4. Actuaciones procesales relevantes1

(…) ya que, además, lesiona de manera considerable los intereses patrimoniales de la llamada en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS”.

1.4. Actuaciones procesales relevantes1

1 Mediante auto del 13 de abril 2023, el despacho sustanciador inadmitió la demanda para que el apoderado judicial, en el término de tres (3) días allegara el certificado de existencia y representación legal que la facultaba para iniciar este trámite consti tucional en representación de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, lo anterior, so pena de rechazo. El 20 de abril de 2023 el señor Manfred Wagener Hollmann allegó el referido documento.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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1.4.1. Auto admisorio

18. La magistrada ponente mediante auto del 5 de mayo de 2023 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como demandada, a los

magistrados del Tribunal Administrativo del Sucre, Sala Segunda de Decisión.

19. Así mismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado del proceso al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre, a la Cooperativa de Salud Comunitaria

resultado del proceso al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, a la E.S.E. Centro de Salud de Sampués - Sucre, a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada Comparta E.P.S., así como a los señores Marina Isa bel Peluffo Adriana Cristina Peñate Peluffo, Elis Marina Peñata Peluffo, Armando José Peñata Peluffo, Cielo María Peñata Pelufo, Víctor José Peñata Peluffo, Carlos Andrés Peñata Palacio, María Victoria Peñata Peluffo, Luisa Fernanda Barrios Peñata, Luis Al ejandro Barrios Peñata, Cesar Andrés Cotua Peñate, Vanessa Sofía Peñates Rodríguez, Esteban Andrés Peñates Rodríguez, Jhonatan José Peñates Padilla, Lina Andrea Álvarez Peñata, Abel de Jesús Álvarez Peñata y Keiner Álvarez Peñata, sujetos que hicieron parte del proceso ordinario.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Sucre, Sala Segunda de Decisión

20. Pidió declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto, negar las pretensiones de la demanda. Adujo que la parte actora pretende convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional para reabrir una discusión jurídica que ya se agotó en el marco del proceso ordinario contencioso, desbordando con ello, el objeto de la acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución.

21. Adujo que la finalidad de la parte act iva era que se estudien las excepciones

que ya se agotó en el marco del proceso ordinario contencioso, desbordando con ello, el objeto de la acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución.

21. Adujo que la finalidad de la parte act iva era que se estudien las excepciones previas propuestas en el contexto del proceso en primera instancia, como medios de defensa, textualmente reproducidos en el escrito de tutela, con lo cual se desvirtúa el propósito de la tutela contra providencias ju diciales, en tanto, sus argumentos ya fueron objeto de análisis por el juez natural de la causa, con lo cual no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad.

22. Por otro lado, estimó que la decisión reprochada, se sustentó en la interpretación que, de forma autónoma e independiente, se le dio a las normas del derecho aplicables al caso y en concordancia con el material probatorio obrante en el

expediente.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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23. Concluyó que evaluó los argumentos de todas las partes involucradas en el litigio y determinó que había lugar a declarar la responsabilidad de La Previsora S.A., en virtud de la póliza de seguros n.º 1001300 suscrita con la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, vigente para la época de los hechos, hasta el monto límite asegurado, con

virtud de la póliza de seguros n.º 1001300 suscrita con la E.S.E. Centro de Salud de Sampués, vigente para la época de los hechos, hasta el monto límite asegurado, con las exclusiones y deducibles pactados, y en los precisos términos del acuerdo de voluntades.

1.5.2. E.S.E. Centro de Salud de Sampués

24. Solicitó negar las pretensiones de la demanda ya que el tribunal accionado adoptó su decisión ajustada al ordenamiento jurídico. Esto teniendo en cuenta, “la POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL n.º 1001300 expedida por la Previsora Seguros S.A, cuya vigencia es del 10 de junio de 2012 al 10 de junio de 2013”, donde se obse rva claramente que el asegurado es CENTRO DE SALUD

SAMPUES E.S.E.

25. Puso de presente que, los hechos por cuales fue demandado sucedieron el 2 de septiembre del año 2012, es decir dentro de la vigencia de la póliza y en tal sentido, “la aseguradora no puede de manera unilateral cambiar los aspectos contratados, en la póliza de Responsabilidad Civil que se aportó como prueba”.

26. Por otro lado, indicó que tanto en la sentencia de primera como de s egunda instancia si se refirieran a las excepciones que propuso La Previsora S.A frente el llamamiento en Garantía que hizo el Centro de Salud Sampues E.S.E. y transcribió los apartes que prueban tan afirmación.

27. Concluyó que quedó probado que el Centro de Salud Sampues E.S.E . era el beneficiario de la póliza y que la cobertura es de $150.000.000.oo menos los

los apartes que prueban tan afirmación.

27. Concluyó que quedó probado que el Centro de Salud Sampues E.S.E . era el beneficiario de la póliza y que la cobertura es de $150.000.000.oo menos los deducibles según lo contratado como lo d ecidió el Tribunal Administrativo de Sucre en el fallo judicial.

1.5.3. Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada Comparta E.P.

28. Solicitó su desvinculación del presente trámite ya que carece de legitimación en la causa por pasiva , por cuanto el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda era el llamado a responder en la presente acción constitucional, y en ese sentido, “no existe ninguna conducta atribuible a Comparta EPS hoy en liquidación violatoria de los derechos fundamentales invocados por el accionante”.

29. Los demás sujetos , pese a haber sido notificad os en debida forma, no rindieron informe frente al asunto.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la Previsora S.A. Compañía de Seguros , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el

30. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la Previsora S.A. Compañía de Seguros , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cua nto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Sucre, Sala Segunda de Decisión , por tanto, debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

2.2. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

32. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Sucre, Sala Segunda de Decisión vulneró los derechos fundamentales al “debido proceso y la seguridad jurídica del llamado en garantía” con ocasión de la sentencia del 3 de noviembre de 2023, que modificó la decisión del a quo, que accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que se configuró la pérdida de oportunidad debido a la imposibilidad de recibir atención en el servicio de urgencias de forma idónea, oportuna y de calidad?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del

criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, S entencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y

para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presup uestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

37. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional5

38. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra

2.5.1. Relevancia constitucional5

38. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

39. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de

4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02 .20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-201905153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2023-01569-00

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10 procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

40. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

41. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte

la garantía fundamental invocada.

41. Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judici al, por las razones anteriormente anotadas.

42. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

43. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, en la que se indicó que para determinar la pr ocedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos.

44. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

45. En la sentencia SU -215 de 2022 7, el a lto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste