CE - 010315000202301578001SENTENCIA20230502105507

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-01578-00

Demandante: YENNYFER DEL PILAR GONZÁLEZ SALAS Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE

REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE DECLARÓ NO

PROBADA LA FALLA EN EL SERVICIO MÉDICO .

ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS FÁCTICO Y

PROCEDIMENTAL. AUSENCIA DE PRONUNCIAMIENTO

FRENTE A LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN

JUDICIAL. SE NIEGA EL AMPARO INVOCADO

RESPECTO DE LOS DEFECTOS FÁCTICO Y DE LA

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN Y SE DECLARA

IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL

INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL FRENTE AL DEFEC TO

PROCEDIMENTAL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas en el marco del medio de control de reparación directa vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de

PROCEDIMENTAL.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas en el marco del medio de control de reparación directa vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia con ocasión de los fallos proferidos el 16 de septiembre de 2020 y 20 de septiembre de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico y procedimental; además, porque el juzgado no resolvió la solicitud de conciliación judicial que se presentó.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentad o por los señores Yennyfer del Pilar González Salas, Josue Jiménez Montealegre y Delcy Salas en contra del Tribunal Administrativo del Huila y del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva para la protección de su s derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Carta Política.2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01578-00

Demandante: Yennyfer del Pilar González Salas y otros Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado e l 27 de marzo de 2023 , los señores Yennyfer del Pilar González Salas, Josue Jiménez Montealegre y Delcy Salas promovieron acción de tutela en contra de las providencias proferidas el 16 de septiembre de 2020 y el 20 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.

tutela en contra de las providencias proferidas el 16 de septiembre de 2020 y el 20 de septiembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.

Lo anterior, con el fin de que se prote gieran sus derechos constitucionales fundamentales antes referidos por cuanto , a su juicio , incurrieron en los defectos fáctico y procedimental, al tiempo que dejaron de resolver la solicitud de conciliación judicial que presentó.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. La menor Brisny Vanesa Jiménez González (q.e.p.d.), nació el 30 de noviembre de

2009.

1. El 7 de marzo de 2011 fue llevada por su madre al servicio de urgencias del centro de atención de primer nivel, ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, pues presenta ba, entre otros síntomas, dificultad para respirar, tos seca, congestión torácica e hiporexia.

1. El 8 de marzo de 2011, por problemas respiratorios, la menor fue llevada nuevamente al servicio de urgencias de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, lugar en donde falleció ese mismo día.

1. En ejercicio del medio de control de reparación directa los familiares de la víctima promovieron demanda en contra de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva con el fin de que se declarara la falla del servicio médico en que incurrió respecto de la menor por el inadecuado diagnóstico médico, abordaje terapéutico y por la falta de remisión a una institución hospitalaria de mayor nivel.3

de que se declarara la falla del servicio médico en que incurrió respecto de la menor por el inadecuado diagnóstico médico, abordaje terapéutico y por la falta de remisión a una institución hospitalaria de mayor nivel.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01578-00

Demandante: Yennyfer del Pilar González Salas y otros Acción de tutela

1. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva quien mediante sentencia del 16 de septiembre de 2020 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto de los elementos probatorios allegados al proceso era posible advertir que la menor, desde su nacimiento, presentaba un estado crítico de desnutrición y miocardiopatía que influyeron gravemente en su estado de salud, condición que no fue tratada por medicina general y por especialistas, a pesar de que se le había ordenado dicha atención.

1. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que hizo una relación de las atenciones brindadas a la paciente los días 7 y 8 de marzo de 2011 y, además, indicó que esta nunca fue remitida de manera inmediata a un centro médico de mayor nivel, pese a que en el Dictamen Pericial GRPAF-DUSU-00078-2020 del 4 de febrero de 2020 se consignó que quien debía asumir el tratamiento y medicamentos era un médico pediatra y/o con subespecialidad en neonatología o cardiología,.

1. En sentencia del 20 de septiembre de 2022 1, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión, por cuanto el daño no era atribuible a la demandada, en tanto no

1. En sentencia del 20 de septiembre de 2022 1, el Tribunal Administrativo del Huila confirmó la decisión, por cuanto el daño no era atribuible a la demandada, en tanto no se probó que fuera consecuencia de una falla del servicio médico asistencial, por el contrario, lo que se acreditó es que la atención, medicamentos, diagnósticos y el tratamiento suministrados fueron adecuados y oportunos.

1. Además, que la condición de la menor y sus patologías de base, aunado a la tardía consulta externa para recibir tratamiento, fueron las causas determinantes de su deceso.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia con ocasión de los fallos proferidos el 16 de septiembre de 2020 y el 20 de septiembre de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrier on en los defectos fáctico y procedimental ; además, porque no se resolvió la solicitud de conciliación judicial que presentó.

1 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 27 de septiembre de 2022.4

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En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que las autoridades judiciales demandadas realizaron una inadecuada valoración de las siguientes pruebas:

a) La historia clínica de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, que da cuenta de que los tratamientos realizados a la menor no fueron adecuados y oportunos, y que se

realizaron una inadecuada valoración de las siguientes pruebas:

a) La historia clínica de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, que da cuenta de que los tratamientos realizados a la menor no fueron adecuados y oportunos, y que se negó la remisión a un centro médico de mayor nivel de atención.

b) El informe de necropsia no. 2011010141001000053 que evidencia que la causa básica de la muerte de la menor aún no está establecida.

c) El informe de anatomía patológica protocolo de necropsia, remitido mediante oficio del 23 de julio de 2012 por el patólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se consignó que la menor presentaba neumonía, enfermedad que no fue tratada por la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva el 7 de marzo de 2011, por el contrario, le dieron de alta y no la remitieron a un centro de tercer nivel.

d) Las atenciones brindadas los días 26 de diciembre de 2010 y 25 de enero de 2011, en las que se evidencia que la ESE en esas fechas sí remitió a la paciente para valoración por pediatría a un centro de salud de mayor complejidad para tratar sus problemas respiratorios.

Si las pruebas hubieran sido valoradas en conjunto, la conclusión del operador judicial debía ser que la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva incurrió en una falla del servicio médico, por cuanto no diagnosticó de manera adecuada y oportuna que la menor padecía de neumonía y tampoco la remitió a un centro médico de mayor complejidad, con lo cual se le privó de la oportunidad de recuperarse.

médico, por cuanto no diagnosticó de manera adecuada y oportuna que la menor padecía de neumonía y tampoco la remitió a un centro médico de mayor complejidad, con lo cual se le privó de la oportunidad de recuperarse.

Por otra parte, afirmó que se incurrió en el defecto procedimental, pues las autoridades judiciales demandadas hicieron un análisis interpretativo erróneo tanto de las normas regulatorias de la prestación del servicio de salud como de los principios iura novit curia, res ipsa loquitur y de la primacía del derecho sustancial sobre el formal , que conllevó a que no se tuvieran por demostrados los elementos de l a responsabilidad del Estado.5

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Finalmente, sostuvo que el juzgado no se pronunció sobre la solicitud que presentó para que se citara a las partes a una audiencia de conciliación y, por el contrario, profirió sentencia de primera instancia, sin advertir qu e tanto la aseguradora como la demandada tenían la intención de dar por terminado el proceso.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales de YENNYFER DEL PILAR GONZALEZ SALAS, con CC 1.075.258.061 de Neiva, JOSUE JIMENEZ MONTEALEGRE, con CC 7.725.292 de Neiva, y DELCY SALAS, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia real y efectivo, a la reparación integral a las víctimas y al derecho a la igualdad procesal.

MONTEALEGRE, con CC 7.725.292 de Neiva, y DELCY SALAS, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia real y efectivo, a la reparación integral a las víctimas y al derecho a la igualdad procesal.

2. DEJAR SIN EFECTOS la providencia de veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala SEXTA DE DECISIÓN, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, en el proceso de la referencia y de considerarlo viable la sentencia de primera instancia de fecha 16 de septiembre de 2020 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de

Neiva.

3. ORDENAR a la autoridad competente, que, en atención a la anulación de la decisión judicial referida, se sirva expedir providencia de reemplazo en la que se pronuncie sobre la solicitud de conciliación judicial que las partes le presentaron al Juez Segundo Administrativo de Neiva, y en su defecto, se ordene valorar correctamente la s pruebas obrantes en el proceso, se analicen las atenciones médicas dispensadas el 7 y 8 de marzo de 2011 por parte de la demandada, y en virtud del principio IURA NOVIT CURIA se proceda a emitir una sentencia de fondo, que conceda la indemnización por la falla del servicio y en su defecto por la pérdida de oportunidad que se le causó a la menor BRISNY VANESA JIMENEZ GONZALEZ recurperarse (sic) o acceder a un servicio de salud de calidad y de un mayor nivel de complejidad, que le permitiera continuar viviendo o recuperar su salud.

4. SE ADOPTEN todas las demás decisiones que el Juez colegiado de tutela considere necesarias para el restablecimiento inmediato del derecho

complejidad, que le permitiera continuar viviendo o recuperar su salud.

4. SE ADOPTEN todas las demás decisiones que el Juez colegiado de tutela considere necesarias para el restablecimiento inmediato del derecho fundamental o los derechos fundamentales vulnerados.

5. Las demás ordenes que considere necesarias y convenientes, para con las víctimas o sea para nosotros los accionantes. ”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas y mayúsculas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 29 de marzo de 2023 se admitió el proceso de acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Huila, al titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito6

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Judicial de Neiva, al gerente de la ESE Ca rmen Emilia Ospina de Neiva y al representante legal o quien haga sus veces de La Previsora SA, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva sostuvo que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que esta acción no funciona una tercera instancia para valorar nuevamente el acervo probatorio.

En todo caso, afirmó que la apreciación probatoria realizada por el despacho permitió determinar que no se presentó la falla del servicio que se alegó en la demanda, por lo

probatorio.

En todo caso, afirmó que la apreciación probatoria realizada por el despacho permitió determinar que no se presentó la falla del servicio que se alegó en la demanda, por lo que no había lugar a acceder al amparo invocado.

El representante legal de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva manifestó que lo que se pretende con el mecanismo constitucional es revivir el periodo probatorio y, en consecuencia, que se analicen nuevamente los elementos de prueba , por lo que la tutela debe declararse improcedente.

La Fiduprevisora SA solicitó que se declare improcedente la tutela por la ausencia absoluta de las causales genéricas y específicas de procedibilidad; además, que se le desvincule de la acción por no estar legitimada en la causa por activa, pues el objeto de la demanda no está relacionado con sus competencias y funciones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tute la, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y7

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eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir tér minos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y al Tribunal Administrativo del Huila con el fin de que se proteja n sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión de los fallos proferidos el 16 de septiembre de 2020 y el 20 de septiembre de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico y procedimental, al tiempo que no se resolvió la solicitud de conciliación judicial que presentó en primera instancia.

La Fiduprevisora SA solicitó se le desvinculara de la acción de tutela , por cuanto el objeto de la demanda no estaba relacionado con sus competencias y funciones.

que presentó en primera instancia.

La Fiduprevisora SA solicitó se le desvinculara de la acción de tutela , por cuanto el objeto de la demanda no estaba relacionado con sus competencias y funciones.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación en consideración a que dicha autoridad fue vinculada en calidad de tercero con interés, pues actuó como llamada en garantía en el proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la providencia objeto del presente estudio.

De igual manera, la Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, p roferidos dentro del proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último por cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.8

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En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo invocado respecto del defecto fáctico y la solicitud de conciliación y declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional frente al defecto procedimental , por las razones que procederán a exponerse:

1. Análisis del defecto fáctico

1.1 El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo

1.1 El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dent ro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada 2; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, ( vi) la cuestión que se discute result a de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que dispuso que no se encontraba probada la falla del servicio médico. Además, los argumentos que trae a colación el tutelante se refieren a la presunta indebida valoración de las pruebas, es decir, tampoco constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.

1.2 En el presente asunto la parte demandante indicó que la autoridad judicial demandada realizó una inadecuada valoración de la historia clínica de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, del informe de necropsia 2011010141001000053, del informe de anatomía patológica protocolo de necropsia y de las atenciones brindadas los días 26 de diciembre de 2010 y 25 de enero de 2011.

de anatomía patológica protocolo de necropsia y de las atenciones brindadas los días 26 de diciembre de 2010 y 25 de enero de 2011.

1.3 Tales pruebas, a su juicio, daban cuenta que no se diagnosticó de manera adecuada y oportuna que la menor padecía de neumonía y tampoco se le remitió a un

2 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 27 de septiembre de 2022 y la demanda fue presentada el 27 de marzo de 2023.9

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centro médico de mayor complejidad para que sus patologías fueran ate ndidas por la especialidad de pediatría, con lo que se le privó de la oportunidad de recuperarse.

1.4 Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada con el fin de verificar si la autoridad judicial demandada valoró defectuos amente el material probatorio a que hace referencia la parte demandante con el cual presuntamente era posible determinar la responsabilidad en la que incurrió la demandada por la falta de diagnóstico y remisión oportuna a una institución hospitalaria de mayor nivel de complejidad, para un abordaje integral de la patología de la menor que hubiese podido evitar su deceso.

1.5 En esos términos, se tiene que el Tribunal Administrativo del Huila en sentencia de 20 de septiembre de 2022 , con el fin de determinar si se encontraba probada la falla del servicio médico, valoró los siguientes medios de prueba:

“• Historia Clínica de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina correspondiente a

de 20 de septiembre de 2022 , con el fin de determinar si se encontraba probada la falla del servicio médico, valoró los siguientes medios de prueba:

“• Historia Clínica de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina correspondiente a la menor Jiménez González. (fl. 51 a 171 C. 1 y 23 a 57 C. 2).

• Inspección técnica a cad áver –FPJ-10 del 8 de marzo de 2011 de policía judicial. (fl. 173 a 177 C. 1)

• Informe pericial de necropsia No. 2011010141001000053 del 9 de marzo de 2011, realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (fl. 178 a 181 C. 1)

• Carne de salud y vacunación de la menor Jiménez González. (fl. 183 a 192

C. 1)

• Historia clínica de la IPS Comfamiliar del Huila de la menor Jiménez González. (fl. 194 a 202 C. 1)

• Recorte de periódico del extra. (fl. 203 C. 1)

• Certificación del pago de honorarios a la abogada Flor Ángela Medina Manrique. (fl. 205 C. 1)

• Concepto médico rendido por el Dr. Antonio M. Trujillo Vieda –auditor de oficina de calidad E.S.E. C.E.O - el 13 de noviembre de 2013, para presentar ante comi té extrajudicial sobre el caso de la menor Jiménez González. (fl. 58 a 61 C. 1)

• Guía de atención del asma bronquial del Ministerio de Salud – Dirección

presentar ante comi té extrajudicial sobre el caso de la menor Jiménez González. (fl. 58 a 61 C. 1)

• Guía de atención del asma bronquial del Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención. (carpeta folio 389 Exp. primera instancia digital)

• Resolución No. 412 del 25 de febrero de 2000 “Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protecc ión específica y10

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detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública” (carpeta folio 389 Exp primera instancia digital)

• Testimonios de la señora Ana Gissela Rodríguez Angulo y Bellanira Molina Arciniegas, Diego Omar Dussan Fier ro (audiencia de pruebas del 3 de septiembre de 2019)

• Informe pericial rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través del profesional especializado forense Alberto Tejada Valbuena el 4 de febrero de 2020. (folio 7 a 17 archivo en carpeta dictamen pericial)

• Investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación con el radicado No. 410016000716201100505 , en averiguación de responsables por el delito de homicidio en la menor Brisny Vanesa Jiménez González, la cual fue archivada por atipicidad de la conducta. (cuaderno

con el radicado No. 410016000716201100505 , en averiguación de responsables por el delito de homicidio en la menor Brisny Vanesa Jiménez González, la cual fue archivada por atipicidad de la conducta. (cuaderno tribunal apelación de auto).”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –negrillas de la Sala).

1.6 De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, en especial la historia clínica de la IPS Comfamiliar del Huila, el informe pericial de necropsia emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 9 de marzo de 2011, el informe de anatomía pa tológica protocolo de necropsia y el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Grupo Regional de Patología Forense el 4 de febrero de 2020 , la autoridad judicial demandada estimó que se encontraba acreditado que el fal lecimiento de la menor no era imputable a la ESE Carmen Emilia Ospina y que no tuvo como causa la deficiente atención médica, pue s no se logró demostrar un error en el diagnóstico de su cuadro clínico, así:

“De la historia clínica de la IPS Comfamiliar de l Huila se destaca una consulta del 08/09/2010 por fiebre y tos, siendo valorada previamente en el IPC y enviada a consulta externa, seguidamente tiene dos controles del 03/07/2011 y 03/02/2011 en las cuales es control de cardiología por la miocardiopatía dilatada en tratamiento, se registró que a la madre se le explicó sobre la enfermedad, pronóstico y posible evolución, como hallazgos

del 03/07/2011 y 03/02/2011 en las cuales es control de cardiología por la miocardiopatía dilatada en tratamiento, se registró que a la madre se le explicó sobre la enfermedad, pronóstico y posible evolución, como hallazgos físicos se registró taquicardicos (salbutamol), sibilancias inspiratorias e hígado en redorde costal derecho, se envía eco cardiograma modo M, bidimensional y doppler, electrocardiograma y consulta por cardiología pediátrica.

(…).

Conforme a lo anterior, durante los 15 meses aproximados de vida de la menor, solo tuvo dos citas con especialistas y el resto fueron ingresos por urgencias debido a sus múltiples complicaciones , a las patologías de base que padecía, así como los controles de vacunación u control y desarrollo; en tanto, como se mencionó anteriormente, no obra prueba de que la menor fue llevada a citas médicas o de c ontrol ordenadas fuera de las atenciones por el servicio de urgencias, tampoco en las remisiones realizadas por parte del primer nivel de atención.11

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Demandante: Yennyfer del Pilar González Salas y otros Acción de tutela

Ahora, de conformidad con el informe pericial de necropsia emitido por el Instituto Nacional de Medicina Le gal y Ciencias Forenses del 9 de marzo de 2011 se concluyó:

(…).

Por su parte, el informe de anatomía patológica protocolo de necropsia, remitido mediante oficio del 23 de julio de 2012 por el patólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluyó:

Por su parte, el informe de anatomía patológica protocolo de necropsia, remitido mediante oficio del 23 de julio de 2012 por el patólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluyó:

(…).

Así mismo, el informe rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Grupo Regional de Patología Forense el 4 de febrero de 2020 estableció:

(…).

En efecto, en los antecedentes que obran en el expediente, se evidencia que las razones de inconformidad de la parte actora no tienen vocación de prosperidad, pues, una vez analizado el cardumen probatorio obrante en el expediente, no se prueba la responsabilidad de la entidad demandada, pues no se a credita la falta de pericia, ni omisión o incorrecto diagnóstico, inadecuado o falta de tratamiento médico, falta de atención o autorizaciones de servicios médicos a cargo de la entidad.

Lo que se tiene demostrado en el sub lite es que la menor nació con patologías de base complejas que requerían bastantes cuidados y que debido a las mismas era vulnerable ante cualquier virus o enfermedad que la aquejara, siendo sumamente claro que, durante sus diferentes estadías en el centro asistencial de primer nivel, siempre fue atendida, tratada y medicada, y cuando fue necesario fue remitida al servicio de mayor nivel de atención, desconociéndose lo sucedido en las mismas.

Ahora, tal como se menciona en el informe pericial los diagnósticos propuestos fueron generales, es decir, sintomáticos y se da tratamiento encaminado para ello, descartándose enfermedades de predominio infeccioso respiratorio y gastro intestinal, pues en los casos en que se

Ahora, tal como se menciona en el informe pericial los diagnósticos propuestos fueron generales, es decir, sintomáticos y se da tratamiento encaminado para ello, descartándose enfermedades de predominio infeccioso respiratorio y gastro intestinal, pues en los casos en que se diagnosticó neumonía acertadamente es remitida a un segundo nivel de atención.

(…).

En esta instancia, se evidencia que la demandada brindó la atención de acuerdo a su nivel de complejidad y la sintomatología que presentó la menor, por lo que se debe advertir que, sin llegar a desconocer la complejidad del caso y la es pecialidad de la menor, sus patologías de base complicaban cualquier situación que le surgiera a la menor, iniciando por la desnutrición crónica, pues en la historia clínica se advierte que la menor no podía ser canalizada debido al estado de deshidratación en el que se encontraba, aunado a su