CE - 010315000202301595001SENTENCIA20230526160317

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01595-00

Demandante: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que se declare una relación laboral encubierta o subyacente . Defecto por desconocimiento del precedente judicial, fáctico y sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy, quien actúa por conducto de a poderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , en la que pide el amparo constitucional de l derecho fundamental al debido proceso , supuestamente vulnerado con la sentencia de 28 de septiembre de 202 2, por

de a poderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia , en la que pide el amparo constitucional de l derecho fundamental al debido proceso , supuestamente vulnerado con la sentencia de 28 de septiembre de 202 2, por medio de la cual se revocó la decisión favorable de primera instancia y, en su lugar, negó la pretensión consistente en declarar un contrato realidad en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada contr a el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante afirmó que en febrero de 1995 ingresó al S ENA como instructor para la formación profesional mediante órdenes sucesivas de trabajo, las que se renovaron durante aproximadamente 20 años.

Refirió que presentó una solicitud ante el SENA con el fin de que se le cancelaran como prestaciones sociales las primas, vacaciones, indemnizaciones por despido sin justa causa, sanción moratoria por el no pago oportuno de la s acreencias y el pago que le correspondía como empleado de la mencionada entidad. Sin embargo, mediante Oficio No. 2 -2017-000515 de 8 de marzo de 2017, dicha entidad negó lo solicitado bajo el argumento de que el actor era contratista y según la Ley 80 de 1993, no tenía derecho.

Indicó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra el S ENA, con el fin de que se declar ara la existencia de un contrato realidad y se condenara a la entidad al pago de la s prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que laboró mediante

derecho presentó demanda contra el S ENA, con el fin de que se declar ara la existencia de un contrato realidad y se condenara a la entidad al pago de la s prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que laboró mediante órdenes sucesivas de trabajo (contratos de prestación de servicios).Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

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Sostuvo que el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín en sentencia de 28 de ener o de 2019, declaró la nulidad del Oficio No. 2 -2017000515 de 8 de marzo de 2017 y, en consecuencia, ordenó el pago de todas las prestaciones sociales y efectuar las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud y pensiones por el tiempo lab orado, al considerar que se configuraron los elementos del contrato realidad (prestación personal del servicio, remuneración y subordinación).

Por último, manifestó que las partes interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. El Tribuna l Administrativo de Antioquia mediante fallo de 28 de septiembre de 2022 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , en tanto encontró probados los elementos de prestación personal del servicio y remuneración o sueldo, pero no el de la subordinación.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar e el

prestación personal del servicio y remuneración o sueldo, pero no el de la subordinación.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar e el derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con el fallo de 28 de septiembre de 2022, por m edio del cual se revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho consistentes en la declaratoria de un contrato realidad y el pago de las prestaciones sociales causad as durante el tiempo que laboró en el SENA.

En pri mer lugar , se refirió a l cumplimiento de las causales generales de procedencia contra providencias judiciales , por lo que , sostuvo, el juez de tutela está habilitado para realizar el estudio de fondo del asunto.

De otra parte afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial , porque se debió tener en cuenta la regla fijada en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 1 de la Sección Segunda del Consejo de Est ado, toda vez que desatendió los criterios para identificar la relación laboral como la sub ordinación (el lugar de trabajo, horario de labores, la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar y que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta), la prestación personal del servicio y la remuneración.

Señaló que frente a temporalidad del vínculo contractual se demostró que prestó sus servicios de manera personal como instructor en el áre a de formación, orientación y asesoría en varios programas del Centro para el Desarrollo de

Señaló que frente a temporalidad del vínculo contractual se demostró que prestó sus servicios de manera personal como instructor en el áre a de formación, orientación y asesoría en varios programas del Centro para el Desarrollo de Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia, lo cual se realizó mediante contratos de prestación de servicio por aproximadamente 20 años.

Agregó que de las pruebas se podía evidencia r que el elemento subordinación se cumplió, pues i) el demandante recibía órdenes y directrices por parte del coordinador del área, ii) cumplía el horario asignado por el coordinador, iii) la labor del actor la ejecutaba con eleme ntos propios del S ENA, iv) se le exigía el cumplimiento del reglamento y v) se encargaba de impartir formación profesional, como objeto misional de la entidad.

Resaltó que “la presunción de subordinación en la actividad docente también existe [en la] sentencia de unificación del 25 de Agosto de 2016 proferida por el Honorable Consejo de Estado, radicado 23001-2333-0002013-0026001 la cual hizo referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, dejando sentado el criterio según el cual, por su naturaleza, tal actividad

1 Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

Actor: JUAN DE LA CRUZ MÉNDEZ MONROY

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implica una subordinación que no puede ser encubierta bajo esa modalidad contractual”.

Igualmente, señaló que en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 2 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se estableció que en el caso de los docentes, “por su naturaleza, tal actividad implica una subordinación que no puede ser encubierta bajo esa modalidad contractual”.

En tercer lugar , sostuvo que el tribunal accionado desconoció, sin justifica ción alguna, los testimonios rendidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se afirmó que el accionante debía cumplir con un horario, el cual era asignado por el coordinador o supervisor de quien recibía órdenes directas, que debía rendir informes periódicos, a lo que agregó que el SENA era el encargado de entregar todos los elementos al instructor para el correcto desempeño de sus actividades o funciones.

Agregó que tampoco se valoraron los correos electrónicos en los que se podía apreciar que los coordinadores asignaban horarios de labores a los instructores, les programaban reuniones de carácter obligatorio y les hacían una serie de requerimientos, demostrándose con ello la subordinación ejercida sobre el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy.

Afirmó que la autoridad judicial accionada “incurrió en una indebida valoración probatoria pues contrarió las normas procesales establecidas en el código general

Juan de la Cruz Méndez Monroy.

Afirmó que la autoridad judicial accionada “incurrió en una indebida valoración probatoria pues contrarió las normas procesales establecidas en el código general del proceso para la valoración de la prueba, lo que además de ser una irregularidad p rocesal, tuvo un efecto decisivo en el sentido del fallo, pues de haberse valorado correctamente la prueba recaudada y obrante en el expediente, otra habría sido la decisión”.

Indicó que el tribunal accionado valoró algunas pruebas de manera a rbitraria, irracional y caprichosa, pues estudió cada una de estas pruebas de forma aislada y no en su conjunto, no les dio el alcance probatorio que tenían, o simplemente las valoró con base en estándares probatorios inexistentes en la ley, pues de haberlas analizado de manera objetiva, la decisión objetada sería otra.

Señaló que “para el presente caso la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual negó el reconocimiento de una verdadera relación laboral entre el Señor JUAN DE LA CRUZ MENDE Z MONROY y el SENA, implica que la sala de decisión de ese Tribunal, incurrió en DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO FACTICO, puesto que es obligación de los entes judiciales adoptar correctamente la norma y la jurisprudencia aplicándola a cada caso en concreto, para lograr con ello tomar una decisión conforme a derecho”.

Por último, manifestó que en virtud de la sentencia de 20 de septiembre de 2018 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, no debe operar el fenómeno de la prescripción, toda v ez que el ú ltimo vínculo contractual del

de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, no debe operar el fenómeno de la prescripción, toda v ez que el ú ltimo vínculo contractual del accionante con el S ENA fue el 13 de diciembre de 2014, y la reclamación mediante la cual se pidió el reconocimiento de la relación laboral fue presentada el 28 de febrero de 2017, es decir, dentro de los tres años siguientes.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“2.1. Se ampare el derecho fundamental al debido proceso del señor JUAN DE LA CRUZ MENDEZ MONROY, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,

2 Radicado No. 23001-23-33-000-2013-00260-01, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

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quien al proferir la Sentencia d el 28 de se ptiembre de 2022, con ponencia del magistrado RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO, dentro del proceso con radicado 05001333303620170044301, desconoció el precedente judicial en la materia, así como valoro de forma arbitraria y caprichosa las pruebas oportunamente allegadas.

2.2. Como fundamento de la anterior declaración, solicito se deje sin efectos la Sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de

valoro de forma arbitraria y caprichosa las pruebas oportunamente allegadas.

2.2. Como fundamento de la anterior declaración, solicito se deje sin efectos la Sentencia del 28 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión Oral, con ponencia del magistr ado RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO, dentro del proceso con radicado 05001333303620170044301.

2.3. Se ordene [al] Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión Oral, Sección Segunda – Subsección E, para que en el término de 48 horas contada s a partir de la notificación del fallo de tutela, profiera una nueva providencia en la que se tenga en cuenta el precedente judicial en la materia y se realice una valoración probatoria que atienda a los postulados constitucional y legalmente establecidos”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 10 de abril de 202 3, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín remitió enlace para acceso al expediente digital N° 05001-33-33-036-2017-00443-01, correspondiente a la demanda de nulidad y re stablecimiento del derecho que adelantó el señor Juan de la Cruz Méndez Monroy contra el SENA.

5. Trámite procesal

Por auto de 30 de marzo de 2023, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, al Servicio Nacional de Aprendizaje, S ENA, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

así como al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, al Servicio Nacional de Aprendizaje, S ENA, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró l os oficios 30437 a 30441 de 10 de abril de 2023 3 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

En escrito de 11 de abril de 2023, el magistrado ponente de la decisión objeta da pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela , al considerar que se utiliza como una tercera instancia.

Afirmó que los argumentos que sirvieron de soporte a la providencia cuestionada no son ilegales, caprichosos o apartados del ordenami ento jurídi co, ni se desconocieron los derechos invocados por la parte demandante.

Por último, manifestó que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con sustento en la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 20 21 de la Se cción Segunda del Consejo de Estado, además del análisis legal, probatorio y jurisprudencial, a partir de lo cual se evidenció que no estaba acreditado que entre las partes hubiera existido una relación de continuada subordinación y dependencia . Por el contrario, se verificó que hubo coordinación de las actividades por parte de la entidad demandada, para lo cual designó supervisores para cada uno de los contratos celebrados, en aras de asegurar el

3 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terce ros interesados fueron notificados a las siguientes

de las actividades por parte de la entidad demandada, para lo cual designó supervisores para cada uno de los contratos celebrados, en aras de asegurar el

3 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terce ros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: derechopublico@abogadosgm.com.co, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, adm36med@cendoj.ramajudicial.gov.co, servicioalciudadano@sena .edu.co; secretariageneral@sena.edu.co; not ificacionesjudiciales@sena.edu.co; judi cialboyaca@sena.edu.co; samiestepa@sena.edu.co y sestepa@sena.edu.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

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logro eficiente del objeto contractual, efectuánd ose los res pectivos informes de cumplimiento.

6.2. Respuesta del SENA

A través de oficio de 11 de abril de 2023, el director encargado de la regional Antioquia pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con los requisitos generales de procedencia.

Señaló que los defectos sustantivo y fáctico alegado s por el demandante no fueron expuestos de manera clara en el escrito de tutela, además que el tribunal accionado logró demostrar que la relación laboral que solicit ó el act or no se configuró.

fueron expuestos de manera clara en el escrito de tutela, además que el tribunal accionado logró demostrar que la relación laboral que solicit ó el act or no se configuró.

Afirmó que las obligaciones del contratista no conllevan necesariamente la subordinación con la administración, sino la coordinación de la actividad, toda vez que lo que se pretende es cumplir con los fines del Estado.

Para terminar, indicó que la solici tud de amparo constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, p orque pudo solicitar la nulidad de la sentencia por violación del principio de congruencia.

6.3. El Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Mede llín, aun cuando fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del regla mento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. El accionante en el escrito de tutela invoca los de fectos por desconocimiento del precedente judicial, fáctico y sustantivo, sin embargo, los argumentos que lo s desarrollan se circunscriben al desconocimiento del precedente judicial y al fáctico, por lo que el debate se abordará a partir de la caracterización de esos dos últimos.

2.2. Precisado lo anterior, l e corresponde a la Sala determinar si el Tribunal

por lo que el debate se abordará a partir de la caracterización de esos dos últimos.

2.2. Precisado lo anterior, l e corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia con la decisión de 28 de septiembre de 2022, que revocó la decisión favorable de primera instancia en l a que se había decla rado la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, vulneró el derecho fundamental al debido proceso al supuestamente incurrir en los defectos i) desconocimiento del precedente judicial , al no aplicar la s reglas desarrolladas por las sentencias de unificación de 9 de septiembre de 2021 y de 25 de agosto de 2016, ambas de la Sección Segunda del Consejo de Estado, relacionadas con el contrato realidad, específicamente el elemento de la subordinación y la presunción de este en el caso de los do centes y ii) fáctico, por desconocer los testimonios rendidos dentro del proceso ordinario , los correos electrónicos aportados y la supuesta indebida valoración de algunas pruebas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

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3. Procedencia excepcional de la acción de tutela cont ra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten v ulnerados por

judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten v ulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades pú blicas que “pueden e ventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se

que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afe ctada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe que dar claro que la mis ma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulnerac ión como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia co nstitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 9; (ii) Defecto procedimental absoluto 10; (iii) Defecto fáctico 11; (iv) Defecto material o sustantivo 12; (v) Error inducido 13; (vi)

4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6

4 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 5 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 6 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 7 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Se presenta cuando el funcionari o judicial q ue profirió la providen cia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 10 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 11 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 12 Como son los casos en que se decide con bas e e n normas inexistentes o incon stitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 13 Que se presenta cuando el juez o tribu nal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

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Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución.

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Decisión sin motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Adminis trativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitu cionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto se debe determinar si la revocatoria del fallo favorable de primera instancia en el medio de cont rol de nulidad y restablecimiento del derecho que había declarado la existencia de una relación laboral a favor del demandante vulneró su derecho fundamental al debido proceso del accionante, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se present a como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

laboral a favor del demandante vulneró su derecho fundamental al debido proceso del accionante, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se present a como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, pues las causales de nulidad no se encuad ran en los argumentos planteados por el demandante en la solicitud de amparo , como lo sugirió el SENA en el informe rendido ; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 18 establecidos como plazo razonable precis ado por esta Corpora ción y la Corte Constitucional19; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico alegados

4.2.1. El accionante acude al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente

14 Que implica el incumplimiento de los servidores judi ciales de dar cuenta de los fun damentos fácticos y jurídicos de su s decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garan tizar la eficacia

15 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garan tizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 16 Cfr., Sentencia del 7 de diciemb re de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (ex p. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeanne tte Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 201 6, C. P . Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 17 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. M aría Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

18 La providencia objeto de tutela se profirió el 28 de septiembre de 2022, se notificó el 30 de septiembre de 2022, lo cierto es que la acción de tutela se instauró el 28 de marzo de 2023, e s decir, dentro de los seis (6) meses establec idos como plazo razonable. 19

Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo

plazo razonable. 19

Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:

Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01595-00

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vulnerado con el fallo de 28 de septiembre de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones tendientes al reconocimiento de un contrato realidad y el pago de las prestaciones durante el tiempo que labor ó mediante contrato de prestación de servicios.

Lo anterior, al considerar que incurrió en los defectos i) por desconocimiento del precedente judicial , al no aplicar la regla desarrollada por la sentencias de unificación de 9 de septiembre de 2021 y de 25 de agosto de 2016, ambas de la Sección Segunda del Consejo de Estado , relacionadas con el elemento subordinación de la relación laboral y la supuesta presunción de este en los casos de los docentes y ii) fáctico