CE - 010315000202301673001SENTENCIA20230504154809

Demandante: Quimberly Ninoska Trujillo Lugo Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –

Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01673-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación n.º: 11001-03-15-000-2023-01673-00

Demandante: QUIMBERLY NINOSKA TRUJILLO LUGO

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE

CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Acción de tutela contra la convocatoria 27 de la Rama Judicial.

Se cuestionan las decisiones proferidas en el marco del concurso para jueces y magistrados de la Rama Judicial. Improcedencia de la acción porque se incumple con el requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Ninoska Trujillo Lugo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito recibido el 10 de abril de 2023 en el despacho1, la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo instauró una acción de tutela en contra del Consejo Superior

de la Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

2. De acuerdo con la accionante, participó en la c onvocatoria 27 del Consejo Superior de la Judicatura y presentó la prueba de aptitudes y conocimientos del concurso, las cuales fueron diseñadas por la Universidad Nacional de Colombia.

Afirmó que superó dicho examen con 831 puntos. Sin embargo, mediante la Resolución CJR23 -0061 del 8 de febrero de 2023, fu e excluida del proceso de selección porque no acreditó el requisito mínimo de experiencia, equivalente a 1440 días, exigido para el cargo de juez administrativo del circuito.

1 La demanda de tutela fue presentada el 31 de marzo de 2023, mediante correo electrónico.Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00

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1.2. Pretensiones

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió lo siguiente:

TERCERO: Que se ordene a la entidad accionada Universidad Nacional realizar una nueva valoración del tiempo de experiencia profesional acreditado por la suscrita aspirante a través de los certificados laborales aportados al momento de efectuar la inscripción a la convocatoria 27, esta vez realizando de manera adecuada el ejercicio de cómputo, esto es, efectuando el conteo día a día de acuerdo al calendario de cada anualidad.

CUARTO: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad accionada Consejo

Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial, modificar el artículo 2° de la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, en el sentido de revocar el rechazo de la sus crita aspirante para en su lugar proceder a admitirme al concurso de méritos destinado a la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. Mediante el Acuerdo n.° PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura dio inicio a la convocatoria 27 , “[p]or medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial” . La demandante se inscribió, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos y superó el puntaje

cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial” . La demandante se inscribió, presentó la prueba de aptitudes y conocimientos y superó el puntaje mínimo, por lo que aprobó dicho examen.

5. Sin embargo, con la Resolución n.° CJR 23-0061 del 8 de febrero de 2023 , las accionadas le notificaron que fue excluida del concurso por “[n]o acreditar el requisito mínimo de experiencia”. Según la señora Trujillo Lu go, al momento de la inscripción allegó la documentación exigida, por lo que les solicitó a las entidades que la verificaran.

6. El 22 de marzo de 2023, las demandadas le informaron que no cumplía con el requisito de experiencia mínima para el cargo al que aspiraba, ya que “al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días”.

7. La señora Quimberly Ninoska afirma que las demandadas la excluyeron del concurso por no haber acreditado “1440 días de experiencia profesional ”, pero en su criterio, los certificados que aportó suman un total de 1427, es decir, “13 días menos de los requeridos como término mínimo”.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

8. La señora Trujillo Lugo afirmó que si se realizara un ejercicio minucioso de cómputo de términos, partiendo de los extremos temporales de vinculación entre el

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

8. La señora Trujillo Lugo afirmó que si se realizara un ejercicio minucioso de cómputo de términos, partiendo de los extremos temporales de vinculación entre el año 2010 y el año 2014, se podría constatar que el total de días acreditados comoDemandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –

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experiencia profesional es de 1446 días (y no 1427 como dicen las entidades), por lo que superaría en seis días el tiempo mínimo exigido para el cargo de juez administrativo.

9. Para la demandante, el cómputo de los tiempos de experiencia profesional

que realizaron la Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional afecta sus derechos al debido proceso y de acceso a cargos públicos, pues expidieron un acto administrativo “bajo una falsa motivación en el entendido que para tomar su decisión la accionada se valió de argumentos que no son acordes con la realidad fáctica y probatoria”.

10. Finalmente, la demandante señaló que está expuesta a un perjuicio irremediable porque perderá “ definitivamente la oportunidad de participar en el curso de formación judicial, lo que me llevará a quedar relegada del concurso, pues no habrá opciones de que el proceso de formación se ofrezca en otro momento dirigido únicamente a esta aspirante”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

curso de formación judicial, lo que me llevará a quedar relegada del concurso, pues no habrá opciones de que el proceso de formación se ofrezca en otro momento dirigido únicamente a esta aspirante”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Mediante auto del 14 de abril de 2023, en primer lugar, la magistrada ponente de esta decisión, admitió la demanda de tutela y negó la medida de suspensión provisional solicitada. En segundo lugar, se o rdenó la notificación a la parte accionada. En tercer lugar, se ordenó la publicación del escrito de tutela y de esta providencia en la página web del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la

Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial.

1.6. Intervenciones

12. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias obrantes en el expediente digital de tutela, las accionadas contestaron la demanda, cuya síntesis se presenta en la tabla n.º 1, inserta a continuación: Tabla n.º 1

Síntesis de las respuestas Entidad accionada Síntesis La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura presentó escrito de oposición, en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción porque existe otro medio de defensa judicial. En cualquier caso, también pidió que negaran las pretensiones. En primer lugar, explicó que la convocatoria es ley para las partes y los aspirantes deben cumplir con los requisitos allí consignados, so pena de ser excluidos del proceso de selección. En este caso,

cualquier caso, también pidió que negaran las pretensiones. En primer lugar, explicó que la convocatoria es ley para las partes y los aspirantes deben cumplir con los requisitos allí consignados, so pena de ser excluidos del proceso de selección. En este caso, para el cargo de juez de circuito se exige acreditar experiencia profesional por un lapso no inferior a cuatro años y, se especifica que aquella debe ser adquirida con posterioridad al título. EstaDemandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00

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exigencia debía cumplirse al momento de la inscripción al concurso. En segundo lugar, informó que la accionante aspiró al cargo de juez administrativo dentro de la convocatoria 27 de la Rama Judicial, pero mediante la Resolución n.° CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, fue rechazada por no acreditar el requisito mínimo de experiencia para ejercer el empleo. Esta decisión fue confirmada el 22 de marzo del mismo año, bajo el argumento de que la señora Trujillo Lugo no acreditó 1440 días de experiencia profesional. En tercer lugar, explicó que, con la solicitud de verificación de documentos, la accionante allegó una nueva certificación laboral, la cual no puede ser tenida en cuenta porque es extemporánea. Finalmente, la entidad informó que la verificación de requisitos se realizó con los documentos cargados en el sistema Kactus,

documentos, la accionante allegó una nueva certificación laboral, la cual no puede ser tenida en cuenta porque es extemporánea. Finalmente, la entidad informó que la verificación de requisitos se realizó con los documentos cargados en el sistema Kactus, dentro del término previsto en la inscripción, “sin que exista error en el cómputo del tiempo de experiencia acreditado”. Universidad Nacional de Colombia El director del Proyecto Contrato 096 de 2018 contestó la tutela . Afirmó que no vulneró el derecho al debido proceso administrativo de la demandante puesto que le ha permitido ejercer los recursos de ley y ha atendido sus peticiones . Consideró que no desconoció la garantía de acceso a cargos públicos porque respecto de aquella , la señora Trujillo Lugo solamente tenía una mera expectativa, la cual se concretaría con el registro de elegibles, que es una etapa posterior en la convocatoria 27. En primer lugar , informó que la actora pretende cuestionar a través de la acción de tutela el acto administrativo que la inadmitió en el concurso, cuando fue ella la que incumplió con las condiciones del cargo. En esa medida, la señora Quimberly Ninoska cuenta con otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, la acción debe declararse improcedente En segundo lugar, afirmó que no se está en presencia de un perjuicio irremediable porque no se acredita ninguna de las circunstancias previstas por la jurisprudencia: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su

circunstancias previstas por la jurisprudencia: “(i) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iii) su ocurrencia es inminente; (iv) resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) la graveda d de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

13. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –

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y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

14. La demandante formuló la presente acción de tutela con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

2.2. Cuestión previa

14. La demandante formuló la presente acción de tutela con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a cargos públicos.

15. La Sala observa que los cuestionamientos de la actora apuntan a cuestionar el contenido de la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, mediante la

cual la Unidad Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional , resolvieron inadmitir del concurso de jueces y magistrados (convocatoria 27 de la Rama Judicial) a la demandante por “[n]o acreditar el requisito mínimo de experiencia”.

16. A partir de los argumentos plasmados en el escrito inicial, la Sección Quinta encuentra que la señora Trujillo Lugo planteó cuestionamientos relacionados con una falsa motivación del acto administrativo que la excluyó del proceso de selección, es decir, que la acción apunta a controvertir la actuación administrativa. Bajo esos parámetros se analizará el caso concreto.

2.3. Problemas jurídicos

17. Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos. En primer lugar, debe determinar si , ¿es procedente la acción de tutela contra la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, proferida por las accionadas, mediante la cual se inadmitió a la demandante de la convocatoria 27 de la Rama Judicial por no cumplir los requisitos mínimos del cargo de juez administrativo?

18. En segundo lugar, en el evento de que se habilitara el estudio de las pretensiones del presente amparo, le correspondería a la Sala analiza r si : ¿las

cumplir los requisitos mínimos del cargo de juez administrativo?

18. En segundo lugar, en el evento de que se habilitara el estudio de las pretensiones del presente amparo, le correspondería a la Sala analiza r si : ¿las accionadas vulneraron l os derechos fundamentales de la accionante en la verificación de antecedentes?

19. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional del recurso de amparo frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso administrativo; (iii) la acción de tutela en concurso de méritos; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

20. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata deDemandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –

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sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

21. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia

previstos en el Decreto 2591 de 1991.

21. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo

22. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial ”, precepto reglamentado por el numeral 1 .º del artículo 6 .º del Decreto Ley 2591 de 1991.

23. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

24. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el

jurisprudencia.

24. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia2.

25. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.

2 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las me ncionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro

de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00

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26. Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20113.

27. Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que, pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las garantías superiores.

Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio

afectación de las garantías superiores.

Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran los elementos identificados por la Cor te Constitucional, así se requiere que: i) el daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.4

2.6. La acción de tutela en los concursos de méritos

28. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones ocurridas en el marco de un concurso de méritos, la jurisprudencia constitucional ha establecido que le corresponde al juez determinar la naturaleza del acto que se acusa de vulnerar las garantías ius fundamentales, con el objetivo de establecer si existe o no un mecanismo judicial idóneo y eficaz para intervenir la problemática identificada por el ciudadano.

29. En ese contexto, es preciso identificar la etapa en que se encuentra el proceso de selección y, a partir de ello, establecer el carácter general o particular de los actos administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

actos administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

3 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016 -00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01. 4 Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018, entre muchas otras.Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00

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30. En cualquier caso, le corresponde al juez de tutela valorar la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales, lo cual debe valorarse en cada asunto particular y, a la vez, implica verificar si las herramientas de la jurisdicción contencioso administrativa

eficacia del mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales, lo cual debe valorarse en cada asunto particular y, a la vez, implica verificar si las herramientas de la jurisdicción contencioso administrativa otorgan una protección real del derecho cuyo amparo se reclama. En la sentencia T-081 de 2022, la Corte Constitucional explicó que las medidas cautelares del artículo 230 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 exigen examinar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados”.

31. Tanto la Corte Constitucional5 como el Consejo de Estado6 han sostenido que, por regla general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para controvertir los actos proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son susceptibles de ser demandados ante los jueces administrativos al involucrar un debate de legalidad y el cumplimiento de actos normativos (como leyes, reglamentos o la misma convocatoria). Por ejemplo, este aspecto ha tomado protagonismo cuando se acciona en contra de los actos proferidos en las fases eliminatorias o de la lista de elegibles.

32. En la misma línea de lo anterior, el Consejo de Estado7 ha señalado que los actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes definen la posición jurídica del aspirante, por lo que son susceptibles de ser controvertidos ante los jueces administrativos. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

“…al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de sit uaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al

“…al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de sit uaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa». En el presente caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de la Resolución 749 del 20 de junio de 2012 que señaló los resultados totales de las diferentes pruebas dentro del Concurso de Méritos y conformó la lista de elegibles para los cargos de curador urbano 2 y 3. En él se declaró que la señora (…) no superó la prueba de conocimientos y que, por ende, no podía ser incluida en dicha lista. También se enjuició el artículo 1.° de la Resolución 0896 del 9 de julio de 2012 que decidió el recurso de reposición int erpuesto en contra del primer acto administrativo. En los actos referidos se calificaron todas las pruebas adelantadas en el concurso, incluida la de conocimientos. También se sumaron los resultados y se definió la lista de elegibles. En consecuencia, sí s on demandables, en la medida que excluyeron a la señora (…) de la posibilidad de ocupar esta y definieron su situación jurídica.”

33. No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la anterior regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con

5 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T -095 de 2002, SU -913 de 2009, T -556 de 2010, T -169 de

anterior regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con

5 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T -095 de 2002, SU -913 de 2009, T -556 de 2010, T -169 de 2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-227 de 2019, T-425 de 2019, entre otras. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001 -23-33-000-2012-00067-01, Sentencia del 29 de noviembre de 2012. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.Demandante: Edwin Gonzalo Cano Arboleda Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-00818-00

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un periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley 8; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles9; (iii) el caso presenta elementos que podrían escap ar del control del juez de lo contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional10; y, finalmente, (iv) cuando por las condiciones particulares del

el caso presenta elementos que podrían escap ar del control del juez de lo contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia constitucional10; y, finalmente, (iv) cuando por las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud, condición social, entre otras), a este le resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

34. Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales, se estudiarán las pretensiones del presente amparo con el objetivo de determinar si se acredita el requisito de la subsidiariedad.

2.7. La acción de tutela promovida por la señora Quimberly Ninoska Trujillo Lugo es improcedente

35. Para verificar la procedencia de la acción en el caso concreto, en primer lugar, la Sala realizará un recuento de las actuaciones administrativas y de los argumentos del recurso amparo. En segundo lugar , verificará si en el presente asunt