CE - 010315000202301925001SENTENCIASENTENCIA20230518160656

Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

Demandante: JOSÉ ALEJANDRO MÁRQUEZ CEBALLOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

PRIMERA, SUBSECCIÓN B.

Temas: Tutela contra providencia judicial –Defecto fáctico - Declara improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor José Alejandro Márquez Ceballos, actuando en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. El accionante interpuso el mecanismo constitucional contra la autoridad referenciada en procura de la salvaguarda d e su derecho fundamental al debido proceso1.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. El accionante interpuso el mecanismo constitucional contra la autoridad referenciada en procura de la salvaguarda d e su derecho fundamental al debido proceso1.

2. Para la par te demandante, la transgresión de tal garantía se materializó con ocasión al auto del 13 de diciembre de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. En esta providencia se rechazó la demanda de acción de cu mplimiento interpuesta por el actor en el proceso judicial con radicación N.º 25000-23-41-000-2022-01542-00.

1.2. Pretensiones

1 Mediante escrito radicado el 18 de abril de 2023 a través de l correo electrónico tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co.Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

1. SE DEJE SIN VALIDEZ NI EFECTO EL AUTO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

QUE RECHAZA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL RADICADO

25000-23-41-000-2022-01542-00 DECLARÁNDOLA COMO IMPROCEDENTE.

(Sic a toda la cita).

QUE RECHAZA LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL RADICADO

25000-23-41-000-2022-01542-00 DECLARÁNDOLA COMO IMPROCEDENTE.

(Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia2:

4. El 5 de diciembre de 2022, el señor José Alejandro Márquez Cabellos interpuso demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra de la empresa Indra Sistemas S.A. ante los juzgados administrativos de Bogotá.

5. La demanda le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B . Esta autoridad judicial, en providencia del 13 de diciembre de 2022 , rechazó de plano el medio de control interpuesto por que consideró que no se cu mplía con el requisito de la legitimación en la causa por pasiva.

6. Al respecto, señaló que, si bien a la sociedad accionada le correspondió una homologación por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes para prestar el servicio como proveedor de un sistema para la vigilancia de los Centros de Diagnósticos Automotor (en adelante CDA) , lo hace como prestador de un servicio y no en el ejercicio de una función pública.

7. La anterior decisión fue notificada por la Secretaría de la Sección Primera el día 19 de diciembre de 2022.

8. El 19 de enero de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B resolvió el recurso de reposición , en subsidio del de

día 19 de diciembre de 2022.

8. El 19 de enero de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B resolvió el recurso de reposición , en subsidio del de apelación, interpuesto el 11 de enero de 2023 por el señor José Alejandro Márquez Ceballos. En dicha providencia se rechazó por improcedente el recurso propuesto por la parte actora.

9. Para sustentar la decisión se invocó el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 , que dispone que las providencias que se profieran en el curso de la acción de

2 Este apartado se desarrol la a partir de lo expuesto en el escrito de tutela y los elementos de convicción que obran en el expediente.Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cumplimiento no son susceptibles de recurso alguno, con excepción de la sentencia y el auto que niega la práctica de pruebas3.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, al proferir el auto del 13 de

requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, al proferir el auto del 13 de diciembre de 2022, incurrió en un defecto fáctico.

11. Al efecto, precisó que la decisión carece de sustento toda vez que INDRA SISTEMAS S.A. es un particular que ejerce una función administrativa, esto en la medida que vigila a los CDA en nombre de la Superintendencia de Transporte.

12. Refiero que los CDA, según lo dispuesto por la sentencia C -745 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, son entes estatales o privados destinados al examen técnico mecánico de vehículos o automotores y a la revisión del control ecológico conforme a las normas ambientales. Por tanto, son habilitados y regulados por el Ministerio de Transporte.

13. En ese sentido, arguyó que INDRA SISTEMAS S.A. fue homologado como proveedor del sistema de control y vigilancia de los CDA, de conformidad con lo establecido en el artículo primero de la Resolución 6427 del 19 de febrero de 2016,

que a la letra señala:

Homologar a la empresa INDRA SISTEMAS S.A. con NIT 830096374 -2, para prestar el servicio como proveedor de los sistemas de Control y Vigilancia de los Centro s de Diagnóstico Automotor (CDÁs), conforme a las consideraciones expresadas en la parte considerativa del presente acto administrativo, a la Resolución 9304 del 24 de diciembre de 2012, al numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, es decir que

parte considerativa del presente acto administrativo, a la Resolución 9304 del 24 de diciembre de 2012, al numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, es decir que la presente autorización queda supeditada al mantenimiento de las condiciones que le dieron origen al otorgamiento de la homologación.

14. En esta orientación, reiteró que resultaba claro que el accionado; INDRA SISTEMAS S.A., no presta un servicio público, pue s por disposición expresa de la Superintendencia de Transporte ejerce la función administrativa de vigilancia a cargo de dicha autoridad, la cual su vez fue otorgada mediante Decreto 2409 de 2018.

1.5. Trámite de la acción de tutela

3 «ARTICULO 16. RECURSOS. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de re curso alguno , salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente. »Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

15. Mediante auto del 24 de abril de 2023, el magistrado ponente de esta providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar a la

www.consejodeestado.gov.co

15. Mediante auto del 24 de abril de 2023, el magistrado ponente de esta providencia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar a la parte accionante y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B como autoridad judicial acci onada. A su vez, se ordenó la vinculación como tercero con interés de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

16. Realizadas las notificaciones ordenadas, se rindieron los siguientes informes

1.6.1. Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B

17. Manifestó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento procede contra acciones u omisiones de particulares que impliquen el incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo, siempre y cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas.

18. En ese orden, indicó que una vez revisada la Resolución 6427 del 19 de febrero de 2016, se constató que la homologa ción para la prestación de un servicio no corresponde al ejercicio de una función pública. Ello, pues de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta última se manifiesta a través de mecanismos que requieren de las potestades públicas y qu e traen consigo el ejercicio de la autoridad inherente del Estado.

19. Preciso que, en un asunto similar el Consejo de Estado modificó la decisión proferida en primera instancia, tras constatar que la acción de cumplimiento se dirigió

ejercicio de la autoridad inherente del Estado.

19. Preciso que, en un asunto similar el Consejo de Estado modificó la decisión proferida en primera instancia, tras constatar que la acción de cumplimiento se dirigió contra las empresas Mov istar, Comcel, Telmex, Telefónica y Tigo, para en su lugar, rechazar la demanda al encontrar que los demandados no ejercen función administrativa.

20. Aunado a ello, señaló que al consultar el aplicativo SAMAI, se constató que el accionante ha impetrado send as demandas contra el Ministerio de Transporte, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC y otras sociedades, entre las que se observan más de 18 procesos de acciones de tutela, cumplimiento y recursos de instancia cuyo propósito es similar al pretendido en el asunto en cuestión y que han resultado infructuosas.

21. Finalmente, en lo que atañe al defecto fáctico invocado por el demandante, refirió que la homologación realizada a la empresa Indra Sistemas S.A. mediante la Resolución 6427 del 19 de febrero de 2016 expedida por la Superintendencia de Transporte, se realizó con el fin de habilitar a esa sociedad para proveer el servicioDemandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de una infraestructura tecnológica que permite garantizar la expedición segura de los certificados emitidos por los CDA’S y no delegar una función pública al particular.

www.consejodeestado.gov.co

de una infraestructura tecnológica que permite garantizar la expedición segura de los certificados emitidos por los CDA’S y no delegar una función pública al particular.

22. En consecuencia, solicitó que se deniegue el amparo incoado por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

23. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por el señor José Alejandro Márquez Ceballos . Esto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

24. En primer lugar, la Sala advierte que el accionante está legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Po lítica y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.

25. En efecto, porque fue quien instauró la demanda de acción de cumplimiento que derivó en la providencia proferida por la Sección Primera, Subsección B el día 13 de diciembre de 2022 que encontró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva y, por ende, rechazó la solicitud constitucional interpuesta.

26. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

26. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

27. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B está legitimado e n la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió la providencia que puso fin al proceso de reparación directa y que se censura por medio de esta acción constitucional.

2.3. Problema jurídico

28. Corresponde a la Sala resolver los

siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial?Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

29. De ser positiva la respuesta a la

pregunta anterior, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, por presuntamente incurrir en el defecto fáctico al proferir la providencia del 13 de diciembre de 2022, a través de la cual rechazó la demanda de cumplimiento por falta de legitimación por pasiva?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

diciembre de 2022, a través de la cual rechazó la demanda de cumplimiento por falta de legitimación por pasiva?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

30. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra provi dencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse; (iii) las generalidades de l defecto alegado y, (iv) análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 4. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secc iones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales6.

32. A su vez, los requ isitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta sentencia se establecieron seis requisitos genera les de procedencia 8 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

establecieron seis requisitos genera les de procedencia 8 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena ant es reseñado. 6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia” . 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Admi nistrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irreme diable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a pa rtir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinanteDemandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinanteDemandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

33. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requ isitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal

34. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala e studiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerir á: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

35. Es importante recalcar que la acción de tutela n o puede ser considerada como

que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

35. Es importante recalcar que la acción de tutela n o puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

36. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional

en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora ; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu ó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, qu e surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afect a derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.5. Relevancia constitucional

37. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el

incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.5. Relevancia constitucional

37. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sen tencia C -590 de 2005 10. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sob re esta exigencia, en

aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada impor tancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuest ión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes11. (Subrayado fuera de texto).

38. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cu ándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU -215 de 2022 12, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. La Sala expondrá estos parámetros en el siguiente

gráfico para mayor entendimiento:

unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. La Sala expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:

10 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netament e económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. 11 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 12 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentenc ias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo ante rior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba

no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente eco nómica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01925-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Finalidad de la relevancia constitucional Parámetros que se deben tener en cuenta para verificar si se cumple con los cometidos de la relevancia constitucional Respeto por las competencias de las jurisdicciones. El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada”e “indiscutible”relevancia constitucional. La protección de la autonomía e independencia de los jueces. La controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica: La

tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.” En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”. la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales.

Carga argumentativa mínima: La acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental. la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal.

39. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 13, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional esta blecida en la sentencia C -590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 13, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional esta blecida en la sentencia C -590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

40. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

41. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de sept iembre de 2022 14 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especia