CE - 010315000202301982001SENTENCIA20230606104851

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dos (02) de junio dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por la señora Mirian Stella Ospina Osorio contra el Tribunal Administrativo del QuindíoSala Quinta de Decisión.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 21 de abril de 2023, la señora Mirian Stella Ospina Osorio , a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la

apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica . Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al p roferir la sentencia del 30 de marzo de 2023 , al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magis terio y el Municipio de Armenia.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con número de radicado 63001-3333-006-2022-00063-02Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 03 de mayo de 20 05, la parte actora labora para el municipio de Armenia y se encuentra vinculada al Fomag en calidad de docente oficial.

5.- El 13 de julio de 2021, la accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Armenia el reconocimiento y desembolso de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la no consignación oportuna de sus cesantías.

6.- La solicitud fue remit ida a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

7.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la señora Mirian Stella Ospina Osorio presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el municipio de Armenia, con el fin de que se

7.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la señora Mirian Stella Ospina Osorio presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respuesta a la petición radicada el 13 de ju lio de 2021 . Además, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de sus cesantías, y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las ce santías, consagrado en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

8.- A través de fallo proferido el 29 de junio de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora solo aplica para aquellos docentes que no están afiliados al fondo prestacional del magisterio, de modo que al encontrarse afiliada al Fomag, la situación jurídica del demandante se encontraba regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989 . En desacuerdo con lo anterior , la parte demandante apeló la decisión adoptada.

9.- Mediante sentencia de 30 de marzo de 2023 , el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión confirmó la decisión apelada al considerar que no existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de

9.- Mediante sentencia de 30 de marzo de 2023 , el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión confirmó la decisión apelada al considerar que no existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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al caso de los docentes afiliados al Fomag y, que los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante.

10.- Por lo anterior, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y en él se determina específicamente c ómo se reconoce n, liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

11.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos

liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

11.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juic io, a partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las sentencias SU-098/2018, SU-332/2019 y SU -041/2020 de la Corte Constitucion al, así como el fallo de unificación proferido por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833 -16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-312020 dentro del proceso 08001 -23-33-000-2013-00666-01 (0833 -16) y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los procesos: 76001-23-31000-200900867-01 (4854-2014), 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001 23 33 000 2014 00173 -01 (1688 -16), 08001 -23-33-000-2014-00208-01, 08001 -23-31-0002014-00254-01(4960-2017), 08001 -23-33-000-2014-00132-01, 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 –2017), 08001 -23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-0002015-00445-02(0483-20), 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021), 40001-2340-000-2017-00134-01 (2208 -2020), 080001 -23-40-000-2015-90008-01(23872020), 080001 -23-40-000-2014-90022-01 (5154 -2016), 080001 -23-33-000-201700931-01 (1001-2021), 080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020), 76001 -2333-000-2013-00756-01 (2224 -2020), 080001 -23-40-000-2017-00795-01 (26592020), 47 -001-23-33-000-2019-00359-01 (4004 -2021), 47 -001-23-33-000-201900376-01(4462-2021), 08001-23-33-000-2015-00509-01(2140-2020), 08001-23-33000-2015-90124-01 (2394-2020).

12.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en diversasRadicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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decisiones. Para tal fin, trajo a colación diez providencias visibles a folio 79 del escrito de tutela.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.- Mediante auto de 24 de abril de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, así como vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Armenia, en calidad de terceros interesados.

14.- Además, se requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 63001-3333-006-202200063-00/02.

(i) Tribunal Administrativo del Quindío4

15.- La autoridad judicial destacó que en el presente caso se hace un uso

copia del expediente identificado con el radicado número 63001-3333-006-202200063-00/02.

(i) Tribunal Administrativo del Quindío4

15.- La autoridad judicial destacó que en el presente caso se hace un uso inadecuado de la tutela , para continuar la discusión sobre un asunto meramente económico. Destacó que no se vulneraron los derechos alegados por cuanto la decisión estuvo sustentada en las pruebas aportadas al proceso y en el análisis normativo que llevó a considerar que no hay lugar a reconocer a la accionante la sanción moratoria solicitada. Así mismo destacó que en 7 casos similares, diferentes salas del Consejo de Estado han declarado la improcedencia del amparo, al encontrar que: (a) los reproches planteados son los mismo que se pu sieron en consideración de los jueces de instancia, (b) no hay una posición unificada sobre el tema discutido, (c) el reclamo de la tutela carece de relevancia constitucional porque se pretende crear una instancia adicional sobre una controversia meramente legal, y (d) en la sentencia SU -573 de 2019 la Corte Constitucional señaló que la sanción moratoria es una penalidad con carácter meramente económico.

(ii) Fiduprevisora S.A.5

16.- La entidad, actuando como vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG, solicita que se declare improcedente el amparo y se le desvincule del presente trámite. Al respecto indica que la parte accionante no expuso de manera clara cómo se configuran las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Adicionalmente explicó la forma en que

presente trámite. Al respecto indica que la parte accionante no expuso de manera clara cómo se configuran las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Adicionalmente explicó la forma en que se aplica el principio de unidad de caja en el caso del FOMAG y la razón por la cual no resultaba procedente reconocer en este caso la sanción moratoria. Finalmente destacó que n o se vulneró ningún derecho fundamental, pues la autoridad judicial respetó las garantías de las partes durante el curso de todo el proceso.

4 Expediente digital, intervención contenida en 6 folios. 5 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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(iii) Ministerio de Educación6

17.- Indicó que la acción de tutela resulta improcedente porque no se configur ó ninguna de las causales genéricas y específicas de la acción de tutela contra providencia judicial. Resalta que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, y mucho menos la vulneración de los derechos invocados. Adicionalmente s olicitó ser desvinculado del presente asunto, toda vez que, a su juicio, la entidad no es la responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada.

(iv) Municipio de Armenia – Secretaría de Educación7

18.- Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela “(…) dada la inexistencia de derecho fundamental alguno a favor de la parte accionante, así como

vulneración alegada.

(iv) Municipio de Armenia – Secretaría de Educación7

18.- Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela “(…) dada la inexistencia de derecho fundamental alguno a favor de la parte accionante, así como de amenaza o perjuicio irremediable devenido del mismo, con ocasión de las actuaciones, operaciones e interpretaciones judiciales desplegadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO (…)”. Así mismo destacó que no se acreditaron las causales genéricas y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, y solicitó su desvincul ación del trámite al estimar que no es responsabilidad del ente territorial realizar la consignación de las cesantías.

(v) Parte actora

19.- El apoderado de la parte accionante presentó 2 memoriales adicionales: (a) el 9 de mayo de 2023 aportó la copia de un fallo de tutela de primera instancia proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, en el marco del proceso 11001031500020230106300, en el cual se estudió un caso similar al que nos ocupa, y se concedió el amparo impetrado; y (b) el 10 de mayo de 2023 se pronunció sobre la s contestaciones de la demanda presentada s por la autoridad accionada y los terceros vinculados.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

20.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario indicar lo siguiente:

21.- En primer lugar, la Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación

C. Cuestiones previas

20.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario indicar lo siguiente:

21.- En primer lugar, la Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas por los terceros interesados, pues es claro que todos participan de manera directa o indirecta, en los pro cesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de los docentes, y en esa medida desde sus distintas

6 Expediente digital, intervención contenida en 7 folios. 7 Expediente digital, intervención contenida en 28 folios.Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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competencias concurren en la distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito. En tal sentido, el reproche de la accionante se dirige a las actuaciones adelantadas por ellos.

22.- En segundo lugar, se advierte que, en virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento figuras y etapas procesales típicas de los procesos ordinarios, como la reforma a la demanda o los alegatos de conclusión . En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la Sala sólo se pronunciará sobre lo indic ado en el escrito inicial de tutela presentado por la parte actora.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

23.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los

Sala sólo se pronunciará sobre lo indic ado en el escrito inicial de tutela presentado por la parte actora.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

23.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 8: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alc ance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un ef ecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

24.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

25.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia

ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

25.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

26.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 9 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 10 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 11; (ii) restringir el eje rcicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales12; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta

marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales12; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales13.

27.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales14: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

E. Análisis del caso concreto

28.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acredi tarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, incurrió en el defecto o yerro

10 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez

10 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 11 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.

12 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 13 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 14 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevab an a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal

específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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invocado por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de pr otección frente a los mismos.

F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

29.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos 15: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se debe n expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la t utela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

30.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío al considerar que el caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era posible reconocer a su favor el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

31.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU -573 de 2019, no guarda ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y concluido, al pretender reabri r un debate ya zanjado por el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

15 Sentencia del 5 de agosto de 2014 profe rida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

15 Sentencia del 5 de agosto de 2014 profe rida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación:11001-03-15-000-2023-01982-00

Accionante: Mirian Stella Ospina Osorio Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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32.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

33.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de favorabilidad las normas referi