CE - 010315000202302370001SENTENCIASENTENCIA20230622165851

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

Demandante: Yeline Erazo Calvo

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-02370-00 Demandante YELINE ERAZO CALVO Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, SALA TERCERA DE DECISIÓN Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional . Medio de control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestacione s Sociales del Magisterio. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por la señora Yeline Erazo Calvo de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de mayo de 20231, la señora Yeline Erazo Calvo interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial , contra el Tribunal Administrativo del Quindío , Sala

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de mayo de 20231, la señora Yeline Erazo Calvo interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial , contra el Tribunal Administrativo del Quindío , Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Esto, con ocasión de la sentencia del 13 de abril de 2023 que confirmó la decisión de negar las pretensiones de los demandantes en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 63001-3333-001-2022-00246-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 13 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 630013333-001-2022-00246-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción

por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)»2

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 1 de abril de 2022 , la señora Yeline Erazo Calvo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación Municipal de Armenia , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías y

del Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación Municipal de Armenia , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías. 2.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia conoció en primera instancia el asunto , bajo el radicado nro. 63001-3333-0012022-00246-00. Mediante sentencia del 1 de septiembre de 2022, dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda por considerar que la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías , prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías, no son aplicables para los docentes afiliados al FOMAG, toda vez que los docentes tienen un régimen especial contemplado en la Ley 91 de 1989. 2.3. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. M ediante sentencia del 13 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, confirmó la decisión por similares razones.

3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos fundamentales como lo son el debido proceso y la seguridad social, así como la protección de principios constitucionales a la seguridad jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad , vulnerados ante la falta de reconocimiento de la

fundamentales como lo son el debido proceso y la seguridad social, así como la protección de principios constitucionales a la seguridad jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad , vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción moratoria. Y agregó que «no se podrá entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del accionante». Seguido, argumentó que, al proferir la sentencia de l 13 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, incurrió en violación directa de la Constitución por el desconocimiento del artículo 53 constitucional, que consagra el principio de favorabilidad. Sobre ese punto, mencionó que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional ha aplicado el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, sin que tal situación conlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el

2 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial. Así mismo, manifestó que el Tribunal Administrativo de l Q uindío vulneró el principio de seguridad jurídica al desconocer 22 sentencias del Consejo de

públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector oficial. Así mismo, manifestó que el Tribunal Administrativo de l Q uindío vulneró el principio de seguridad jurídica al desconocer 22 sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50 de 1990 sí es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después del 1 de enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a dicho fondo, a más tardar el 15 de febrero de cada año. Por ende, argumentó que se pasaron por alto los principios de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el desconocimiento de las siguiente s sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de sus apartes: N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente 1 SU del 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 2 Sentencia del 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez

3 Sentencia del 29 de julio de 2019 11001-0315-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales 4 Sentencia del 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez V. 5 Sentencia del 10 de junio de 2020 08001-23-33000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 6 Sentencia del 22 de octubre de 2020 08001-23-31000-2014-00254-01 William Hernández Gómez 7 Sentencia del 12 de noviembre de 2020 08001-23-31000-2014-00132-01 William Hernández Gómez 8 Sentencia del 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández 9 Sentencia del 17 de junio de 2021 08001-23-33000-2015-00331-01 César Palomino Cortés 10 Sentencia del 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez 11 Sentencia del 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 12 Sentencia del 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez 13 Sentencia del 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez

14 Sentencia del 11 de noviembre de 2021 080001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández 15 Sentencia del 20 de enero de 2022 080001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández 16 Sentencia del 3 de marzo de 2022 080001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez 17 Sentencia del 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter 18 Sentencia del 9 de mayo de 2022 080001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez 19 Sentencia del 19 de mayo de 2022 47-001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 20 Sentencia del 1 de julio de 2022 47-001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez 21 Sentencia del 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-2015-00509-01 Cesar Palomino Cortés 22 Sentencia del 22 de septiembre de 2022 08001-23-33-000-2015-90124-01 Cesar Palomino Cortés A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar un cambio de jurisprudencia, en tanto la misma debe ser suficientemente argumentada, sin embargo, lo único que se expresó es que existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud pueden utilizarse para pagar pensiones y

unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud pueden utilizarse para pagar pensiones y cesantías de los docentes, y lo contrario, también pueden utilizarse recursos de cesantías para asumir pensiones; situación que no desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías. Igualmente, se refirió a las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU -041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó la transcripción de algunos de sus apartados.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A su vez, reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia, lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU -098 de 2018 , la Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron una interpretación favorable, en el sentido de indicar que a los doce ntes oficiales sí le es aplicable la Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías. Al respecto, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades involucradas, que en la Sentencia SU -098 de 2018 se estudian supuestos fácticos diferentes a los del presente asunto. Agregó que, aunque jurisprudencialmente en el año 2006 se argumentó que la aplicación simultanea de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de

estudian supuestos fácticos diferentes a los del presente asunto. Agregó que, aunque jurisprudencialmente en el año 2006 se argumentó que la aplicación simultanea de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989 , generaba una violación al principio de inescindibilidad, esto no es así puesto que no se trata de una aplicación fragmentada de los contenidos normativos que más favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general, es decir a la Ley 50 de 1990. También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes que no han sido afiliados al FOMAG. Al respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de 1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos consignados por el empleador. Finalmente, transcribió apartes de varias sentencias proferidas por juzgados administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento de la sanción moratoria, en circunstancias similares a las de la parte actora. 3.2. Por otro lado, la accionante expuso varias razones por las cuales consideró

administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento de la sanción moratoria, en circunstancias similares a las de la parte actora. 3.2. Por otro lado, la accionante expuso varias razones por las cuales consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza extemporáneamente. Al respecto, efectuó un recuento normativo sobre la regulación de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de 1990. Con base en esto, afirmó que el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021, independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990. Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para docentes, puesto que «las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesant ías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado (…) pero esta es

liquidan de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia radica en los intereses a las cesant ías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa como lo quiere hacer ver la entidadRadicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS INTERESES A LAS CESANTÍAS, Y A SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES DESDE 1968» . Y sostuvo que, el presunto régimen especial de docentes no es más favorable puesto que en la práctica la liquidación de intereses es menor que la de los demás servidores públicos. Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 1989, según el cual: «Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley» era dar un tratamiento igualitario a los maestros que ya eran nacionales afiliados a l Fondo Nacional del Ahorro. En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de

consagradas en esta Ley» era dar un tratamiento igualitario a los maestros que ya eran nacionales afiliados a l Fondo Nacional del Ahorro. En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas con posterioridad, es decir la Ley 50 de 199 0 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad. Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsora hayan asumido la postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15 de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los intereses del Ministerio de Educación Nacional.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto de l 15 de mayo de 2023, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Yeline Erazo Calvo contra el Tribunal Administrativo de l Quindío , Sala Tercera de Decisión ; ordenó vincular , en calidad de terceros, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Municipio de Armenia y al Juzgado Primero Administrativo de Armenia. Además, reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la parte demandante y dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. La parte actora allegó memorial con copia de la sentencia de tutela del 23 de

al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado judicial de la parte demandante y dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. La parte actora allegó memorial con copia de la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado dentro del expediente Nro. 110010315000-2023-01063-00. En esta providencia se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante y, en consecuencia, se ordenó al Tribunal Administrativo del Huila proferir una decisión de reemplazo que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en dicho fallo frente a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. LA señora Yeline Erazo Calvo solicitó que se tenga en cuenta esta sentencia para la resolución del asunto, porque la Sección que la profirió es la especializada en conocer y decidir los conflictos laborales de índole contencioso administrativo. 4.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia indicó que los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión adoptada se encuentran consignados en la sentencia de primera instancia. 4.4. El Ministerio de Educación Nacional señaló que no ha incurrido en acciones u omisiones que vulneren o amenacen los derechos fundamentales de laRadicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionante. A su vez, citó sentencia del 30 de abril de 2003 proferida por el

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionante. A su vez, citó sentencia del 30 de abril de 2003 proferida por el Consejo de Estado, en la que se enfatizó en el carácter residual de la acción de tutela , en tanto no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, ni para crear instancias adicionales a las existentes. Con fundamento en tales argumentos , solicitó no acceder a las pretensiones de la accionante y desvincular del proceso al Ministerio de Educación Nacional. 4.5. La Secretaría de Educación Municipal de Armenia manifestó que la acción instaurada no satisface las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dentro de ellas , el requisito de relevancia constitucional. Así mismo, argumentó que tampoco se satisface alguna de las causales específicas de procedibilidad, y rechazó, en particular, la consolidación de un defecto sustantivo, en tanto no se observa la aplicación de normas inexistentes o inconstitucionales, o una aplicación e interpretación no razonable de la norma. Aseguró que lo expuesto por la accionante es una simple inconformidad frente a la interpretación normativa realizada por el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia. A partir de lo anterior, solicitó declarar la improcedencia de la acción. Por otro lado, sustentó que la Secretaría de Educación Municipal carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la c onsignación de las cesantías por anualidad, así como el reconocimiento y pago de los respectivos

la acción. Por otro lado, sustentó que la Secretaría de Educación Municipal carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la c onsignación de las cesantías por anualidad, así como el reconocimiento y pago de los respectivos intereses, corresponden de manera exclusiva a la Nación y el FOMAG. 4.6. La Fiduprevisora S.A. indicó que en el caso bajo análisis existe una ausencia absoluta de las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Adicionó que, acorde con la Ley 91 de 1989 y demás normas complementarias, el FOMAG funciona bajo el principio de unidad de caja, de manera que, a diferencia de lo que sucede con las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales. Por el contrario, el principio de unidad de caja implica que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las prestaciones económicas de los docentes. Es así como existe una imposibilidad física y jurídica de generar cuentas individuales para cada docente y de realizar la “consignación de cesantías” . Por lo que, en lugar de extraer los recursos de lo consignado , los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que satisfagan los requisitos previstos en la ley. En consecuencia, esta modalidad de funcionamiento hace inviable la configuración de la sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías. Indicó que es equivocada la solicitud de aplicación de la sentencia SU 098 de 2018 como precedente constitucional, por cuanto , en ese caso , la sanción

consignación inoportuna de las cesantías. Indicó que es equivocada la solicitud de aplicación de la sentencia SU 098 de 2018 como precedente constitucional, por cuanto , en ese caso , la sanción moratoria reclamada devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, consecuentemente, tampoco realizó elRadicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pago de las cesantías. En cambio, lo solicitado por la tutelante es la sanción moratoria por la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses. Por último, manifestó que no existe vulneración a los derechos fundamentales de la accionante y que, contrario a ello, las actuaciones judiciales fueron adelantadas conforme a la normatividad vigente. Por lo expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la acción, así como su desvinculación del tramite por no estar legitimados en la causa por pasiva. 4.7. El Tribunal Administrativo del Quindío allegó el expediente del medio de control, pero guardó silencio frent e a los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito de tutela. 4.8. La parte actora presentó memorial en el cual se pronunció sobre las respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Armenia, y la FIDUPREVISORA S.A. Allí, reconoció que, si bien

4.8. La parte actora presentó memorial en el cual se pronunció sobre las respuestas dadas por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Armenia, y la FIDUPREVISORA S.A. Allí, reconoció que, si bien debe respetarse la autonomía e independencia judicial, ello no es óbice para desconocer los pronunciamientos de las Altas Cortes en los que se han estudiado situaciones similares al caso en particular. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela insistiendo en que jurisprudencialmente se ha reconocido que, ante el vacío normativo frente al límite temporal (15 de febrero de cada anualidad) para la consignación de las cesantías de los docentes vinc ulados después del 1 de enero de 1990, se aplica el régimen de liquidación y pago del auxilio de cesantías de todos los servidores públicos, que es el consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Enfatizó en el cumplimiento de los requisitos genérico s y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. E indicó que el asunto sí es de relevancia constitucional, porque «dentro del escrito de la acción de tutela se plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso, asimismo, se evidencia una violación directa a la Constitución por la omisión a la aplicación del principio de favorabilidad, así como también, al final del ejercicio est e estudio desemboca en el derecho fundamental a la seguridad social». Insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución por el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución

así como también, al final del ejercicio est e estudio desemboca en el derecho fundamental a la seguridad social». Insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la Constitución por el desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política. Esto, por cuanto en la decisión atacada no se aplicó el principio de favorabilidad, el cual funge como un límite a la autonomía judicial cuando se esté interpretando una norma laboral. Asimismo, insistió en la inexistencia de un régimen especial de cesantías para los docentes teniendo en cuenta que estas se liquidan anualmente como las de cualquier empleado del sector público o privado, el único aspecto diferencial es el pago de los intereses. Sostuvo que los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990 no gozan de pensión gracia, sus cesantías se liquidan de la misma forma que el resto de los trabajadores del orden nacional, con los mismos factores, y que reciben la misma prima de navidad y de vacaciones que el resto de los servidores públicos del país.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02370-00

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herram ientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo h a reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la senten