CE - 010315000202302501001SENTENCIA20230622171352

Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

Demandante: OLGA LUCÍA MEJÍA GIRALDO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente – relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de mayo de 2023, la señora Olga Lucía Mejía Giraldo, actuando por intermedio de apoderado judicial , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seg uridad

Giraldo, actuando por intermedio de apoderado judicial , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seg uridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, y a los principios constitucionales de situación más favorable al trabajador, perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente.

2. La trasgresión de las citadas garantías constitucionales se la s adjudica a la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío.

En dicha providencia se confirmó la decisión de primera instancia del 17 de agosto de 2022 emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, que negó las súplicas de la demanda. Lo anterior, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la actora contra la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y departamento de Quindío – Secretaría de Educación1.

1 Proceso identificado con el número de radicación 63001-3333-006-202-00026-00/01.Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la actora solicitó:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la actora solicitó:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 20 de abril de 2023, en el expediente rad.

No. 63001-3333-006-2022-00026-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDIC IAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se en cuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado

numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimi ento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes […] (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La señora Olga Lucía Mejía Giraldo se desempeña como docente oficial en el departamento de Quindío.

5. Mencionó que el 15 de febrero del año 2021, el FOMAG omitió el deber legal de consignarle las cesantías a las que tiene derecho por los servicios prestados en el año 2020.

6. El 14 de julio de 2021, solicitó ante la autoridad correspondiente el pago de sus cesantías, con el correspondiente reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y equivalente a 1 día de salario por cada día de retardo, desde e l 15 de febrero de 2021 , hasta la fecha en que se acreditara el pago de dicha prestación económica.

7. Así mismo pidió el reconocimiento de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según lo establecido en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

8. Pese a lo anterior , las entida des guardaron silencio y con ello, el 14 de

1975, Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

8. Pese a lo anterior , las entida des guardaron silencio y con ello, el 14 de octubre de 2021 se configuró un acto administrativo ficto.Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

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9. Por los hechos expuestos, la señora Olga Lucía Mejía Giraldo instauró demanda de nulidad y restablecimiento de l derecho en contra de La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y el departamento de Quindío.

10. En dicho medio de control solicitó la nulidad del acto administr ativo ficto configurado el 14 de octubre de 2021 frente a la petición presentada el 14 de julio de esa misma anualidad , y a título de restablecimiento que se conden ara a los demandados a reconocer y pagar dichos conceptos.

11. En providencia del 17 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda tras considerar que el régimen de cesantías e intereses de los docentes afiliados al FOMAG es el contenido en la Ley 91 de 1989.

12. En contra de la anterior decisión, la señora Mejía Giraldo presentó recurso de apelación 2. Este fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal

contenido en la Ley 91 de 1989.

12. En contra de la anterior decisión, la señora Mejía Giraldo presentó recurso de apelación 2. Este fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de l Quindío que, en sentencia del 20 de abril de 2023, decidió confirmar el fallo de primer grado.

13. Como fundamento de la decisión, la autoridad judicial accionada indicó que la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías establecida en el artículo 99 de la Ley 52 de 1975, ni la indemnización por el pago tardío de los intereses . Lo anterior, toda vez que la demandante es docente afiliada al FOMAG y se rige por Ley 91 de 1989 con sus modificaciones.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. La tutelante mencionó que en el debate planteado se acreditan las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela. En particular, refirió que el asunto goza de relevancia constitucional.

15. Para fundamentar su postura trajo a colación una sentencia de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 29 de julio de 2019, en la cual se superó el análisis del requisito de procedencia, con fundamento en el deber de analizar si la providencia enjuiciada desconoció los derechos fundamentales de la accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

16. Arguyó que, al no estar asegurados los recursos de las cesantías en el

accionante al no tener en cuenta el régimen aplicable a los docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías.

16. Arguyó que, al no estar asegurados los recursos de las cesantías en el FOMAG, los docentes no tienen garantía de la prestación , lo que a su juicio está

2 Como fundamento del recurso, la accionante citó la sentencia SU -098 de 2018 de la Corte Constitucional, mediante la cual dicho tribunal constitucional consideró que, en cuanto a los intereses de las cesantías, el régimen docente no es más favorable que el general, por lo que los doce ntes tienen derecho al pago oportuno de las cesantías so pena de la sanción moratoria y los intereses del régimen general.Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

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transgrediendo el derecho fundamental a la seguridad social. Aspecto que por lo demás, no solo cobija al trabajador, sino también a su núcleo familiar.

17. Consideró que, una interpretación restrictiva implicaría una vulneración al derecho a la igualdad de los profesores frente a otros servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, máxime cuando los mismos tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a el lo, refirió que el escrito de tutela plasmó de manera

tienen la categoría de empleados públicos, por lo que el asunto sí reviste relevancia constitucional. Aunado a el lo, refirió que el escrito de tutela plasmó de manera contundente los motivos por los cuales se pretende la protección inmediata de los derechos invocados, no se trata de un aspecto eminentemente legal o económico o sobre una irregularidad procesal , ni de una tercera instancia y no es contra una sentencia de la misma índole.

18. Aludió que el Tribunal vulneró el principio de favorabilidad, en tanto la situación de la demandante no es equiparable a la de los docentes que se les ha reconocido la sanción dep recada por encontrarse en una situación desprovista de regulación al no estar afiliados al FOMAG. Igualmente, adujo que se desconocieron los principios de progresividad, de seguridad jurídica y con ello, el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

19. En ese orden, la actora refirió que la providencia enjuiciada incurrió los defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Refirió que en casos similares la Corte Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial, aplicando la sanción moratoria de cesantías a los docentes del sector oficial por el pago tardío de las mismas. En esos términos, citó las sentencias C -741 de 2012, C -486 de 2016, SU -336 de 2018 y SU -098 de

2018.

20. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la

20. Aunado a ello, precisó que no fueron tenidas en cuenta las últimas sentencias del Consejo de Estado, lo cual desemboca en un desconocimiento del precedente, según el cual, al «unísono» la corporación se ha cuestionado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los profesores afiliados al FOMAG y ha llegado a la conclusión afirmativa. Premisa distinta a la arribada por el Tribunal Administrativo del Quindío.

21. A continuación, se relacionan las providencias referidas en el numeral

anterior por la parte actora:

Corte Constitucional

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 Exp. T6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 098/2018

DE LA CORTE

CONSTITUCIONALDemandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Exp. T5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dr. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de

Dr. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332/2019

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T7.182.312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041/2020

DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Consejo de Estado

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS FIRMANTES 1 08001-23-33000-201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE ESTADO 2 76001-23-3100020090086701, No.

Interno: 48542014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 3 11001-03-15000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

RODRÍGUEZ NAVAS –

Dr. GUILLERMO SANCHEZ LUQUE 4 11001-03-15000-201804679-01 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATO

VALDÉS

Dra. NUBIA MARGOTH

PEÑA GARZÓN – Dr.

HERNANDO SANCHEZ SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVASDr. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000-201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 8 08001-23-31000-201422 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío

2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

00254-01 (4960-2017) GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 9 08001-23-33000-201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA

HERNÁNDEZ

10 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20)

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(0483-20) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 13 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 14 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 15 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

SUÁREZ VARGAS - Dr.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 16 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 17 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de

2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS 18 080001-2333-000-201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZ

VARGAS - Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZDemandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

www.consejodeestado.gov.co

19 76001-23-33000-201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dra. SANDRA LISETH IBARRA 20 080001-2340-000-201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZDr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ 21 47-001-23-33000-201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR PALOMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 22 47-001-23-33000-201900376-01 (4462-2021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

Dr. CÉSAR PAL OMINO

CORTÉS - Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER 23 08001-23-33000-201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de

2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-3322 de Agosto de

2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 24 08001-23-33000-201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO PERDOMO CUÉTER 25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO SUAREZ

VARGAS – Dr. GABRIEL

VALBUENA HERNANDEZ 26 47001-23-33000-20180231-01 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ GÓMEZ –

DR. GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ

22. Hasta la sentencia número 23 enumerada, la parte actora se limitó a citar textualmente apartados de las providencias. En ellas se trata el régimen de la Ley 50 de 1990 y el régimen de cesantías que disfrutan los docentes vinculados al

Estado.

23. Por último, el apoderado de la señora Mejía Giral do, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha

decidido en ese sentido:

Estado.

23. Por último, el apoderado de la señora Mejía Giral do, trajo a colación las siguientes providencias de los Juzgados Administrativos del país, en las que se ha

decidido en ese sentido:

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITODemandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

No. RADICADO

EXPEDIENTE

F.

DECISIÓN JUZGADO JUEZ 1 66001 3333

001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO

DEL CTO DE

PEREIRA

CRISTINA ISABEL SANCHEZ BRITO 2 05001 3333

019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO

ORAL DEL CTO DE

MEDELLIN

PATRICIA

CÓRDOBA VALLEJO 3 70001 3333

002 2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO

ORAL DEL CTO DE

SINCELEJO

LISSETE MAIRELY NOVA SANTOS 4 27001 3333

002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO

ORAL DEL CTO DE

QUIBDÓ

YUDY YINETH

MORENO CORREA

NOVA SANTOS 4 27001 3333

002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO

ORAL DEL CTO DE

QUIBDÓ

YUDY YINETH MORENO CORREA 5 76001 3333

002 2022 0006600 27/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO

DEL CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

JUAN MIGUEL

MARTINEZ LONDOÑO 6 76111 3333

003 2022 0006600 28/09/2022 JUZ. 3 ADTIVO

DEL CTO DE

GUADALAJARA DE

BUGA

LEIDY JOHANNA URIBE MOLINA 7 68001 3333

002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO

DEL CTO DE

BUCARAMANGA

ARLEY MENDEZ DE LA ROSA 8 68001 3333

009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO

DEL CTO DE

BUCARAMANGA

JAIRO GARCIA SUAREZ 9 27001 3333

005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO

DEL CTO DE

QUIBDÓ

EMILSON

MARMOLEJO GARCIA 10 11001 3342

051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO

DEL CTO DE

BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO

PINZON

10 11001 3342

051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO

DEL CTO DE

BOGOTÁ

NORBERTO

MENDIVELSO

PINZON

1.5. Trámite de la acción de tutela

24. En auto del 16 de mayo de 2023, el magistrado ponente de la decisión admitió la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del Quindío.

Además, ordenó la vinculación como terceros con interés de: i) el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, ii) la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , iii) la Fiduprevisora S.A. , iv) Departamento de Quindío – Secretaría de Educación y; v) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones e informes

25. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se

presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Ministerio de Educación NacionalDemandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. Señaló que la acción de tutela es un mecanismo autónomo, residual y subsidiario lo que significa que el extremo activo debe haber acreditado que agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios, y/o constatar que existió necesidad urgente para que sea razonable y justificado el amparo solicitado.

subsidiario lo que significa que el extremo activo debe haber acreditado que agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios, y/o constatar que existió necesidad urgente para que sea razonable y justificado el amparo solicitado.

27. Dicho lo anterior, sostuvo que a su juicio no se evidencia violación alguna a derechos del accionante y por tanto el presente mecanismo constitucional resultaba improcedente.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

28. En primer lugar, manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir que los mismo desconocieron precedentes judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

29. Finalmente solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y que se desvinculara a la Fiduprevisora, quien actúa en calidad de vocera y administradora de Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones

Sociales del Magisterio.

1.6.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia

30. Solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo constitucional al carecer el asunto de relevancia constitucional y no acreditar la configuración de defecto alguno que dé lugar a una vulneración a derechos fundamentales.

31. Adicionalmente, pidió que se diera aplicación al precedente judicial contenido en la sentencia SU 573 de 2019 de la Corte Constitucional, y a las providencias del 9 de julio de 2020 3 y 28 de mayo de 202 04 proferidas en sede de tutela por la

Sección Quinta del Consejo de Estado.

32. El Tribunal Administrativo del Quindío, pese a ser debidamente notificado del

9 de julio de 2020 3 y 28 de mayo de 202 04 proferidas en sede de tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

32. El Tribunal Administrativo del Quindío, pese a ser debidamente notificado del presente trámite tutelar, se limitó a remitir copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho N. 63001-33-33-001-2022-00010-02. Al respecto es menester poner de presente que el expediente en comento no corresponde al solicitado por este despacho5.

33. Finalmente, el departamento del Quindío – Secretaría de Educación y la Agencia Naci onal de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.

3 11001-03-15-000-2019-05205-01 MP. Luis Alberto Álvarez Parra 4 11001-03-15-000-2020-01384-00 MP. Rocío Araujo Oñate 5 Pese a tratarse de otro expediente judicial, este despacho no procedió a realizar nuevamente la solicitud, toda vez que el proceso materia de la presente acción de tutela fue remitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia.Demandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

34. Por otra parte, mediante oficios remitidos el 31 de mayo y el 9 de junio de 2023, el apoderado de la parte actora presentó pronunciamiento respecto de las

www.consejodeestado.gov.co

34. Por otra parte, mediante oficios remitidos el 31 de mayo y el 9 de junio de 2023, el apoderado de la parte actora presentó pronunciamiento respecto de las contestaciones realizadas en el curso de la presente acción de tutela.

35. En dichos oficios además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, manifestó que, si bien es claro que se debe respetar la autonomía e independencia judicial, a su juicio, existe la necesidad de un pronunciamiento en sede de tutela en el presente caso ante la voluminosa y reiterativa jurisprudencia de las altas cortes. Adicionalmente sostuvo que el presente mecanismo constitucional es procedente de conformidad con lo establecido en la sentencia C-590 de 2005.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo contra el Tribunal Administrativo del Quindío. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la

Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

37. La Fiduprevisora S.A. alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva .

Por ende, solicitó ser desvinculada del presente proceso. La sala negará tal petición, comoquiera que, su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como accionado.

2.3. Legitimación en la causa

Por ende, solicitó ser desvinculada del presente proceso. La sala negará tal petición, comoquiera que, su vinculación fue en calidad de tercero con interés y no como accionado.

2.3. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la sala advierte que la señora Olga Lucía Mejía Giraldo se encuentra legitimad a en la causa por activa.

Esto porque figura como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

40. Por su p arte, esta colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de l Quindío también está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

2.4. Problemas jurídicosDemandante: Olga Lucía Mejía Giraldo

Demandado: Tribunal Administrativo del

Quindío Radicación: 11001-03-15-000-2023-02501-00

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

41. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la sala analizará lo siguiente:

41. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados los mismos, la sala analizará lo siguiente:

42. ¿El Tribunal Administrativo del Quindío, vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Olga Lucía Mejía Giraldo , al incurrir en los defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial con la sentencia proferida el 20 de abril de 2023 en la que se confirmó lo resuelto por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en providencia del 17 de agosto de 2022 que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho?

43. Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional y, en caso de encontrase superados; (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales8.

las distintas secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales8.

45. A su vez, los r equisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena