CE - 010315000202302742001SALVAMENTODEV20231003105749
Detalles
- Título
- CE - 010315000202302742001SALVAMENTODEV20231003105749
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2023-02742-00
Demandante: Luz Marina Ayala
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02742-00
Demandante: LUZ MARINA AYALA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO MILTON CHAVES GARCÍA A LA SENTENCIA DEL 13 DE JULIO DE 2023, C.P. WILSON RAMOS GIRÓN
Con el acostumbrado respeto, me permito exponer las razones por las cuales me aparto de la sentencia de la referencia, en los siguientes términos.
En el caso objeto de estudio se encontró configurado el defecto fáctico por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, «toda vez que, al valorar las pruebas del proceso, no aplic ó el precedente referido a la flexibilización probatoria fre nte a casos de graves violaciones de derechos humanos».
Sin embargo, disiento de la decisión adoptada porque, si bien el criterio de
del proceso, no aplic ó el precedente referido a la flexibilización probatoria fre nte a casos de graves violaciones de derechos humanos».
Sin embargo, disiento de la decisión adoptada porque, si bien el criterio de flexibilización probatoria ha sido avalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, máximo órgano en la materia 1, y por la Corte Constitucional 2, en los casos en los que se aleg a como hecho dañoso graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario , lo cierto es que esa postura no puede ser empleada para que, en estos asuntos, s e instituya una especie de regla general en la que se presuma la responsabilidad patrimonial de la Fuerza Pública y se deje totalmente de lado la obligación de las partes de probar los supuestos de hecho en que basan sus pretensiones, tal como lo señala el artículo 167 del CGP.
No se puede confundir el criterio de flexibilización probatoria con la ausencia total de la actividad probatoria, porque se pasaría por alto que la tesis jurisprudencial aboga por la posibilidad de acudir a disímiles medios probator ios, como es el caso de las pruebas recaudadas en el proceso penal a efecto de establecer si existe o no la responsabilidad estatal perseguida, pero, no de relevar a las partes de probar que en esencia se trata de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario , por lo tanto, siempre será indispensable que se logren estructurar los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la sana crítica.
Por esto, la jurisprudencia es clara en señalar que será en los eventos en que haya una incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos, cuando al
logren estructurar los elementos de responsabilidad estatal bajo las reglas de la sana crítica.
Por esto, la jurisprudencia es clara en señalar que será en los eventos en que haya una incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos, cuando al juez de la responsabilidad le corresponderá “privilegiar racionalmente aquellas [pruebas] que acrediten un grado superior de probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene aplicando las reglas de la experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o generalizaciones del sentido común”.
1 [sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 05001-23-25-00-1999-01063-01 (32988), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero]. 2 [sentencia SU060 de 2021, José Fernando Reyes Cuartas].Radicado: 11001-03-15-000-2023-02742-00
Demandante: Luz Marina Ayala
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Es en e se e scenario donde cobra n especial importancia los indicios como medio probatorio, para lograr establecer los hechos probados que den lugar o no a la declaratoria de responsabilidad patrimonial, pero, reitero, no se trata de un criterio que abandone las cargas probatorias que incumben a las partes.
probatorio, para lograr establecer los hechos probados que den lugar o no a la declaratoria de responsabilidad patrimonial, pero, reitero, no se trata de un criterio que abandone las cargas probatorias que incumben a las partes.
Sin desconocer el contexto en que ocurrió el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales de civiles o «falsos positivos» en el conflicto armado colombiano, pero, no todos los casos pueden ser catalogados como t al.
De manera que, considero, en el caso objeto de estudio , resultaba razonable que la autoridad judicial concluyera con fundamento en el análisis en conjunto que desplegó de las pruebas que obraron en el proceso, que existió un enfrentamiento armado y no de una ejecución extrajudicial.
En los anteriores términos, dejo expresadas las razones de mi salvamento de voto.
(Firmado electrónicamente)