CE - 010315000202304563001SENTENCIASENTENCIA20231012150838

Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04563-00

Demandante: CÉSAR AUGUSTO PINZÓN CORREA

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo – derecho de petición – ampara y niega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela p romovida por el señor César Augusto Pinzón Correa , en nombre propio, contra la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 .º del numeral 2 .º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor César Augusto Pinzón Correa, en nombre propio, presentó acción de

de 2021.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor César Augusto Pinzón Correa, en nombre propio, presentó acción de tutela, el 24 de agosto de 2023, con el fin de que s e proteja su derecho fundamental de petición.

La referida garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión a la falta de respuesta por parte de la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación a la s olicitud que presentó el 26 de julio de 2023, relacionada con temas de tránsito y transporte.

1.2. Pretensiones

El accionante presentó las siguientes:Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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Que la CORTE CONSTITUCIONAL determine qué ha hecho para que se cumplan sus sentencias C 038 de 2020 y C 321 de 2022; que esclarezca el tema del SOAT, pues la infracción definida para esta presunta infracción, advierte que la falta ocurre cuando alguien conduce un vehículo y no cuando ostenta su propiedad.

1. Que LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, oficie a sus inferiores, asociados con los temas de transporte y control de tráfico, para que se respete la normatividad y jurisprudencia vigentes, en tema de fotodetecciones, pues el Código Nacional de

1. Que LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, oficie a sus inferiores, asociados con los temas de transporte y control de tráfico, para que se respete la normatividad y jurisprudencia vigentes, en tema de fotodetecciones, pues el Código Nacional de Tránsito prohíbe imponer multas a personas distintas de quien co mete la infracción

(Ley 769/02 Art. 129, Parágrafo 1°). Adicionalmente, se solicita que se eleve consulta al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, para que se determinen las etapas, los mecanismos, instrumentos y términos procesales propios del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO que debe implementarse en los casos de tránsito y transporte.

1. Que LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN use sus facultades para investigar a los funcionarios de los organismos de tránsito y sus superiores jerárquicos (alcaldes y g obernadores), que permiten que una fotodetección sea convertida en una multa, sin ninguna notificación procesal, prueba, determinación de culpabilidad, y sin tener certeza de quién cometió la infracción; es decir, vulnerando el debido proceso de múltiples formas.1

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3.1. El señor César Augusto Pinzón Correa afirmó que en ejercicio de su derecho fundamental de petición, radicó una solicitud el 26 de julio de 2023 ante la Presidencia de la República ( contacto@presidencia.gov.co), la Corte Constitucional (secretaria3@corteconstitucional.gov.co) y la Procuraduría General de la Nación (procesosjudiciales@procuraduria.gov.co).

Presidencia de la República ( contacto@presidencia.gov.co), la Corte Constitucional (secretaria3@corteconstitucional.gov.co) y la Procuraduría General de la Nación (procesosjudiciales@procuraduria.gov.co).

1.3.2. En la mencionada petición, el tutelante le solicitó puntualmente a la Presidencia de la República que «instruya a sus autoridades delegadas (Mi nistro de Transporte, Superintendente de Transporte y Director de la Policía Nacional) para que se cumpla con el régimen normativo donde se prohíbe imponer multas a persona diferente de quien comete la infracción (Ley 769 de 2002, Art. 129, Parágrafo 1°, sin embargo el Ministerio de Transporte sigue aprobando y mantiene la aprobación de sistemas de fotodetección que no pueden individualizar al responsable de la falta».

También le solicitó que:

[E]leve las consultas al Consejo de Estado sobre: Definición de la ritualidad procesal que define el procedimiento administrativo sancionatorio, toda vez que el Código Nacional de Tránsito, prevé unos términos para la REDUCCIÓN DE LA MULTA en su artículo 136, pero no establece términos, mecanismos, instrumentos, et apas

1 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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procesales, elementos de decisión; de tal forma que se establezca una forma

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procesales, elementos de decisión; de tal forma que se establezca una forma procedimental a implementar frente al tratamiento de las infracciones a las normas de tránsito.2

1.3.3. Asimismo, requirió a la Corte Constitucional para que «amplíe y [aclare] su ABC de la Sentencia C 321 de 2022, determinando de manera taxativa, si el procedimiento administrativo sancionatorio donde no se demuestra la participación directa del administrado debería archivarse en la etapa de averiguaciones preliminares, o si e s legal que éste culmine en una imposición sancionatoria pecuniaria no motivada, según la doctrina vigente».

1.3.4. Por su parte, en la petición, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación, lo siguiente:

[U]se sus facultades disciplinarias y de Policía Judicial para intervenir los despachos de las autoridades de tránsito que están sancionando personas sin las garantías de un debido proceso, sin que las decisiones se motiven en pruebas ciertas de la existencia del hecho, ni se determine la partic ipación directa del acusado en las conductas endilgadas.

[…]

[S]e solicita a la Procuraduría General de la Nación que requiera al Ministro de Transporte, por su responsabilidad en la aprobación y la vigencia de la operación de sistemas de fotodetección que no permiten establecer la responsabilidad del infractor de un modo directo, y no se obliga a instalar un puesto de control adelante del

Transporte, por su responsabilidad en la aprobación y la vigencia de la operación de sistemas de fotodetección que no permiten establecer la responsabilidad del infractor de un modo directo, y no se obliga a instalar un puesto de control adelante del instrumento, para poder identificar plenamente al infractor; que así mismo requiera a la Superintendente de Transpor te porque al parecer ha sido negligente en vigilar a los organismos de tránsito, quienes siguen usando inadecuadamente los instrumentos de fotodetección para recaudar dinero.3

1.4. Sustento de la vulneración

Indicó que se le ha transgredido su derecho fu ndamental, dado que, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, las autoridades accionadas no le habían contestado la solicitud que radicó el 26 de julio de 2023.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

1.5.1. Auto que admitió la acción de tutela

Mediante providencia de 30 de agosto de 2023, el magistrado ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actor a, a la Presidencia de la República, a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite tutelar.

2 Transcripción literal con posibles errores. 3 Transcripción literal con posibles errores.Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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1.5.2. Contestaciones

1.5.2.1. Presidencia de la República

Por medio de escrito de 5 de septiembre de 2023, la delegada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en adelante DAPRE, rindió informe en la acción de tutela de la referencia.

Precisó que, en efecto, el DAPRE recibió la solicitud del actor, la cual estaba relacionada con temas de comparendos de tránsito, sin embargo, expuso que «dichas accion es son competencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Entidad específicamente designada y debidamente facultada para tratar los temas en lo que respecta a la petición del accionante».

En consecuencia, por medio de oficio con radicado OFI23-00144339 / GFPU 13150001 de 3 de agosto de 2023, se le informó al actor que su petición se remitiría al Ministerio de Transporte, puesto que es la autoridad competente para resolver las inquietudes que plasmó en el documento de 26 de julio de 2023.

Dicha remis ión se hizo a través de oficio con radicado OFI23-00144383 / GFPU 13150001 del 3 de agosto de 2023.

En consecuencia, solicitó que la tutela «sea declara da improcedente y en subsidio negada en sus pretensiones», con fundamento en que el DAPRE no tiene ninguna

13150001 del 3 de agosto de 2023.

En consecuencia, solicitó que la tutela «sea declara da improcedente y en subsidio negada en sus pretensiones», con fundamento en que el DAPRE no tiene ninguna función relacionada con el asunto que plantea el señor Pinzón Correa en la presente acción.

Adujo que «solo las respectivas autoridades de tránsito estarían en la facultad de entrar a analizar de fondo los planteamientos elevados por el accionante re specto de su derecho de tutela, pues este va dirigido a dicha entidad».

Finalmente solicitó su desvinculación, puesto que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.2.2. Corte Constitucional

A través de correo enviado el 4 de septiembre de 2 023, la magistrada Diana Fajardo Rivera intervino en el presente trámite tutelar.

Adujo que si bien, el señor César Augusto Pinzón Correa afirmó que el 26 de julio de 2023 radicó una petición ante esa corporación, a la dirección secretaria3@corteconstitucional.gov.co, lo cierto es que «no se encontró ninguna referencia al respecto».Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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Frente al punto indicó:

Se realizó un barrido en los canales de atención: (i)

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Frente al punto indicó:

Se realizó un barrido en los canales de atención: (i) secretaria3@corteconstitucional.gov.co; (ii) ventanilla de atención al ciudadano y, (iii) presidencia, usando el siguiente método de búsqueda:

Correos recibidos, enviados y eliminados, igualmente la cuenta de correo RadicacionesInstitucionales@gmx.com (Veeduría de Movilidad), con result ados negativos, también se indago sobre la cuenta del abonado veeduriademovilidad@gmail.com perteneciente al señor César Augusto Pinzón Correa, arrojando resultados negativos la búsqueda.

Por lo que, «invitó al ciudadano a que radique su solicitud en los canales dispuestos para la atención de peticiones ciudadanas».

A pesar de lo anterior, en la contestación la magistrada le explicó al tutelante el trámite y requisitos que debe tener en cuenta para solicitar la aclaración de una sentencia de la Corte Constitucional.

Expresó que «la Corte admitió la procedencia excepcional de la aclaración de sus providencias, siempre que aquella no promueva una alteración sustancial de la decisión y se acrediten dos requisitos. El primero referido a que el interesado es té legitimado en la causa […] el segundo, implica que la solicitud se formule dentro del término de ejecutoria de la decisión en cuestión. Es decir, que se radique dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 285 del CGP».

Expuso que «la resolución de cualquier solicitud de aclaración de las Sentencias C-038 de 2020 y C -321 de 2022, debe satisfacer el estudio de los anteriores

conformidad con lo establecido en el artículo 285 del CGP».

Expuso que «la resolución de cualquier solicitud de aclaración de las Sentencias C-038 de 2020 y C -321 de 2022, debe satisfacer el estudio de los anteriores elementos que, además, implican que, esta solicitud sea realizada, en los términos puntuales expuestos en el párrafo procedente y agotando el análisis de fondo respectivo. De allí que, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para pretender que se emita un pronunciamiento de aclaración sobre una decisión de esta Corporación».

De manera que, solicitó que se le desvincule del presente trámite, puesto que no está llamada a responder por las presuntas vulneraciones o amenazas al derecho del señor Pinzón Correa, y por ende carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.5.2.3. Procuraduría General de la Nación

El 5 de agosto de 2023, la entidad remitió la respectiva contestación a este proceso de tutela.

Como primera medida, expuso que una vez tuvo conocimiento de la presenteDemandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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acción constitucional requirió a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, para que le informara si el actor había radicado una petición el 26 de julio de 2023.

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acción constitucional requirió a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, para que le informara si el actor había radicado una petición el 26 de julio de 2023.

Adujo que dicha dependencia por medio de comunicación de 5 de septiembre de 2023 remitió la respuesta relacionada con la petición que el señor Pinzón Correa, la cual, se transcribe a continuación:

El ciudadano César Augusto Pinzón Correa radicó derecho de petición solicitando información asociada con los procedimientos sancionatorios adelant ados por las autoridades de tránsito.

Asignado el asunto a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, mediante oficio de referencia E-2023-476630, resolvió comunicarle al accionante que el día 18 de julio del presente año, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, adelanta Proceso Preventivo, radicado bajo el número IUS - E-605784IUC-D-2023-3045910, que se adelanta por faltas disciplinarias, de parte de servidores de la Superintendencia de Puertos y Transporte, por la pre sunta omisión en la verificación del cumplimiento de los criterios técnicos, en el empleo de cámaras de velocidad. Requiriendo además al Ministerio de Transporte, a la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, y a la Secretaría distr ital de Movilidad.

De manera que, expuso que ni la a Procuraduría General de la Nación ni la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, han vulnerado los

Movilidad.

De manera que, expuso que ni la a Procuraduría General de la Nación ni la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, han vulnerado los derechos fundamentales, «toda vez que, se dispuso a dar respuesta a la petición del accionante».

En ese orden de ideas, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el actor ya recibió una respuesta de su parte, a través del oficio con radicado E 2023-476630.

1.5.3. Auto que ordenó vincular

El 22 de septiembre de 2023, el despacho ponente expidió auto en el que ordenó vincular al Ministerio de Transporte, a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, a la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, y a la Secretar ía Distrital de Movilidad, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente tutela dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo de la correspondiente notificación.

Lo anterior, con fundamento en que, el De partamento Administrativo de la Presidencia de la República en su contestación de 5 de septiembre de 2023, adujo que remitió por competencia la petición de 26 de julio de 2023 al Ministerio de Transporte.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación, en su intervención de la mismaDemandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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fecha, expuso que quien le otorgó respuesta al actor fue la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá , que, a su vez, requirió a «la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte Terrestre, y a la Secretaría distrital de Movilidad» para que conocieran de la solicitud del señor Pinzón Correa.

1.5.4. Contestación

1.5.4.1. Superintendencia de Transporte

A través de contestación de 1º de octubre de 2023, el señor Hugo Fernando Cano Hernández, en representación de la Superintendencia de Transporte intervino en la presente tutela.

Adujo que, en efecto, el 28 de septiembre de 2023 el Ministerio de Transporte bajo el oficio MT número 20233031076841 le remitió la petición presentada por el señor Cesar Augusto Pinzón Correa, de conformidad con lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 – sustituida por la Ley 1755 de 2015, la cual le correspondió el radicado ST No. 20235342390682».

De manera que, expuso que como la norma indica que una vez se rem ita por competencia una petición, «los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente», por lo que indicó que la superintendencia «se encuentra en la oportunidad

competencia una petición, «los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente», por lo que indicó que la superintendencia «se encuentra en la oportunidad correspondiente para dar respuesta oportuna, por lo que solo ha pasado tres (3) hábiles desde la remisión efectuada por la cartera ministerial, sin que se haya amenazado o vulnerado algún derecho fundamental y en particular el derecho de petición».

Puntualizó que tiene hasta plazo para responder las inquietudes del tutelante hasta el 10 de noviembre de 2023, de modo que, es claro que en la presente acción no se ha trasgredido ningún derecho fundamental del señor Pinzón Correa.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por el señor Cesar Augusto Pinzón Correa contra la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, de conformidad co n los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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2.2. Cuestión previa

En su intervención, el DAPRE y la Corte Constitucional solicitaron que se les

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2.2. Cuestión previa

En su intervención, el DAPRE y la Corte Constitucional solicitaron que se les desvinculara de esta tutela, no obstante, estas peticiones serán negadas, en razón a que su comparecencia se hizo en calidad de parte accionada , respectivamente, razón por la cual, les asiste interés en las resultas de este proceso.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si la Presidencia de la República, la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación transgredieron el derecho fundamental de petición del señor Pinzón Correa.

Lo anterior, con fundamento en que, a la fecha de radicación de esta acción de tutela, no le habían dado respuesta a la petición que radicó el 26 de julio de 2023, relacionada con temas de tránsito y transporte.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, y (iii) el caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los

que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedent e de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución ». El mismo artículo superior preci sa que

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y cont enido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y cont enido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 20155, que señala 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efe cto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe enc ontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autorida d

evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autorida d

5 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala:

ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pen a de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán r esolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, a ntes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo

señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, a ntes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-04563-00

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suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido ese ncial

la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido ese ncial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, de ntro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y ag ota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y ag ota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

El señor César Augusto Pinzón Correa presentó tutela contra la Presid