CE - 010315000202304629001SENTENCIA20231005151842

Demandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-04629-00

Demandante: JOHN FREDY DÍAZ PÉREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a docente. Improcedencia por no cumplir co n el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, en consonancia c on el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 2 5 de agosto de 2023 en el Sistema de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el señor John Fredy Díaz Pérez por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al de bido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la garantía, a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, al principio de constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, a la seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical.

Consideró vulneradas dichas garantías con la providencia del 11 de julio de 2023, mediante la cual el Trib unal Administrativo del Huila, confirmó la sentencia del 27 de enero de 2023 proferida por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado porDemandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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el actor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Huila.

1.2 Pretensiones.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 7/11/2023, en el expediente rad. No. 41001333300520220014701, transgredió los derechos fundamentales:

AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN

LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisd icción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia ref erida en

administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia ref erida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Est ado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

(…)”.1

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El señor John Fredy Díaz Pérez sostuvo que labora como docente al servicio de la Secretaría de Educación de Neiva vinculado con posterioridad a l 1° de enero de 1990, razón por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado con pago de intereses cada año.

1 Transcripción del original con posibles errores ortográficosDemandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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Señaló que el 1 5 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus

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Señaló que el 1 5 de febrero del año 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte de MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (como patrono) al Fomag – fondo al que pertenece como trabajador del estado y que le corresponden por sus servicios prestados en el año 2020.

Afirmó que el 23 de julio de 2021 solicitó al departamento del Huila además de su pago, el reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 por la no consignación oportuna de sus cesantías causadas en el año 2020. Sin embargo, mediante acto administrativo de 24 de octubre de 2021 la entidad demandada negó dicho reconocimiento y pago por la no consignación de estas.

Inconforme con la respuesta brindada por la entidad el señor John Fredy Díaz Pérez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo con la cual la entida d demandada negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En primera instancia el asunto lo dirimió el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva que en sentencia de 27 de enero de 2023 negó las pretensiones. En resumen, manifestó que, frente al régimen legal de las cesantías del personal docente, este es regulado por la Ley 91 de 1989 en la cuan no está previsto una sanción moratoria por pago tardío de cesantías y,

pretensiones. En resumen, manifestó que, frente al régimen legal de las cesantías del personal docente, este es regulado por la Ley 91 de 1989 en la cuan no está previsto una sanción moratoria por pago tardío de cesantías y, por tanto, no le es aplicable la Ley 50 de 1990.

Por lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila, que mediante providencia del 11 de julio de 2023 confirmó la anterior decisión. Dicho tribunal concluyó que el sistema anualizado para la liquidación de las cesantías, su voluntad también se dirigió a distinguir a través de diferentes regímenes: el trámite, la forma, los plazos y los administradores de los recursos de uno y otro trabajador (docente vs particular y servidor público del nivel territorial afiliado a un fondo privado). Y, es por esa legal categorización que no resulta adecuado exigir al empleador o al administrador de los dineros cumplir con una obligación que no se incluyó en el compendio normativo que orienta su funcionamiento (consignar las cesantías y cancelar los intereses antes del 15 de febrero y del 31 de enero de cada año, respectivamente).

Agregó, que el pago de los intereses a las cesantías de los docentes se encuentra regulado en los artículos 15 -3º de la Ley 91 de 1989 y 4º del Acuerdo 39 de 1998 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y, que de acuerdo con esta reglamentación y con las pruebas arrimadas, estos fueron cancelados oportunamente (en el mes de marzo de 2021)Demandante: John Fredy Díaz Pérez

Demandados: Tribunal Administrativo del Huila

Magisterio; y, que de acuerdo con esta reglamentación y con las pruebas arrimadas, estos fueron cancelados oportunamente (en el mes de marzo de 2021)Demandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que la acción de tutela contra providencias judiciales está concebida como un procedimiento cautelar que garantiza la efectividad del derecho fundamental al debido proceso de otro proceso judicial, en el que se ha vulnerado presuntamente este derecho, por lo que se trata de una pretensión de prevención y de protección. Que este recurso de amparo ostenta el carácter de excepcional y residual, procurando que cuando no exista otro medio de defensa, se pu eda garantizar la aplicación de los derechos fundamentales en el proceso principal y se le prohíbe pronunciarse sobre el asunto de fondo lo cual es de competencia del juez de conocimiento.

Expresó que cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y en especial se refirió a la relevancia constitucional. Para lo cual mencionó una sentencia del 29 de julio de 2019 emitida por la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación en la cual se superaba el análisis de este requisi to por cuanto el asunto recaía sobre una vulneración de derechos fundamentales tales como igualdad, debido proceso, seguridad social y la obligatoriedad de seguir el precedente, de conformidad con el principio de favorabilidad.

análisis de este requisi to por cuanto el asunto recaía sobre una vulneración de derechos fundamentales tales como igualdad, debido proceso, seguridad social y la obligatoriedad de seguir el precedente, de conformidad con el principio de favorabilidad.

Indicó que el eje central d el recurso de amparo consiste en la vulneración que existe en contra de los docentes, pues al no poder disponer del auxilio de cesantías, se está transgrediendo el derecho fundamental de la seguridad social, y es que esta prestación social es una modalidad de protección del trabajador cesante y su familia, de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional.

Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de cesantías, y que una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros servidores públicos.

1.5. Trámite

Por auto del 30 de mayo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de l Huila, para que, si lo consideraba del caso, intervinieran en el pres ente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Juzgado 5

Huila, para que, si lo consideraba del caso, intervinieran en el pres ente proceso en calidad de accionados.

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados al Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva y al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de prestaciones sociales del Magisterio, para que efectúenDemandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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manifestaciones que consideren pertinentes.

Posteriormente, al pasar el expediente para resolver, se observó que no fue vinculado el departamento del Huila, razón por la cual mediante oficio de 12 de septiembre de 2023 se ordenó su vinculación de bido al interés que le asiste en las resultas del presente trámite constitucional.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de l Huila. Solicitó negar el amparo deprecado en razón a que dentro de la providencia atacada no se observa vulneración d e algún derecho fundamental alguno , amén que la configuración de los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial brilla por su ausencia.

Expresó que el accionante no hizo referencia a los defectos en que presuntamente incurrió el Tribunal al emitir su fallo y que bien podría entenderse el desconocimiento de la normatividad invocada en las pretensiones de ntro del proceso ordinario. Sin embargo, como ese hecho

presuntamente incurrió el Tribunal al emitir su fallo y que bien podría entenderse el desconocimiento de la normatividad invocada en las pretensiones de ntro del proceso ordinario. Sin embargo, como ese hecho involucra la reiteración de las pretensiones del pr oceso, es improcedente la presente acción, toda vez que la decisión proferida tiene como soporte el acervo probatorio compilado en el proceso ordinario adelantado por la parte actora, así como la verificación y aplicación de la distinta normatividad en el asunto.

1.6.2. FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de tutelas solicitó declarar improcedente la acción de y a su vez sea desvinculada por no estar legitimada por pasiva.

Adujo que la acción de tutela es improcedente ya que se está utilizando este mecanismo con el ánimo de invalidar actuaciones procesales realizadas con anterioridad mediante el ejercicio de esta acción.

Señaló que por disposición del Decreto 1582 d e 1 998, artículo 2, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Expreso que “teniendo en cuenta que el procedimiento involucra los recursos

principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Expreso que “teniendo en cuenta que el procedimiento involucra los recursos de las cesantías y sus intereses, se puede concluir que anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías, ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes d el 1 de febrero de cada vigencia, bajo el principio de unidad de caja. Esta actuación esDemandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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probatoriamente demostrable en la medida en que Fiduprevisora S.A., en su calidad de vocera y administradora del FOMAG, emite comunicados a las diferentes Secretarías de Educación Certificadas y a los encargados de las oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera nómina de cada vigencia”

Concluyó manifestando que:

“1.El compendio normativo en el cual se sustenta el FOMAG, cuyas normas fueron puntualmente citadas, no contempla la posibilidad de la apertura de cuentas individuales para cada uno de los afiliados, configurándose así la imposibilidad jurídica de ac udir a su creación por vía de una orden judicial, como lo pretende el demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de

cuentas individuales para cada uno de los afiliados, configurándose así la imposibilidad jurídica de ac udir a su creación por vía de una orden judicial, como lo pretende el demandante, pues el FOMAG se rige por el principio de unidad de caja expresamente dispuesto para su administración.

2.Ante la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas indi viduales para cada docente afiliado al FOMAG, la imposibilidad se extiende a la figura de la “consignación de cesantías”. En lugar de una consignación, los docentes tienen la posibilidad de retirar sus cesantías siempre que su solicitud cumpla con el lleno de los requisitos de ley.

3.Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que pena la ley en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del FOMAG, de contera se descarta algún tipo de sanción”2

1.6.3. Juzgado 5 Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. Se limitó al envío del expediente digital sin efectuar pronunciamiento alguno.

1.6.4 El departamento del Huila pese a ser notificado en debida forma guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acc ión de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acc ión de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral 1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2 Transcripción del original con posibles erroresDemandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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2.2. Cuestión Previa

La FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) a través de su Coordinadora de tutelas solicitó ser desvinculada del proceso por no estar legitimada por pasiva, se anuncia que esta petición será denegada con fundamento a que su llamado a este trámite se hizo en calidad de demandada. 2.3. Problema jurídico Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad ad jetiva y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de l Huila , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interp retación de

verificar si el Tribunal Administrativo de l Huila , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interp retación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, al principio de seguridad jurídica y al desconocimiento de precedente judicial vertical, al presuntamente incurrir en defecto sustantivo. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales ; ii) el es tudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo. 2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala P lena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expedien te A C-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal

junio de 2004 (Expedien te A C-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providenci a, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4 (Negrilla fuera de texto)

3 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

4 Ibídem.Demandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental , observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué pará metros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta

hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué pará metros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otr os e specíficos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, e s decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos

improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos f undamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022 reiteró que este presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, lasDemandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales” y explicó en de talle los criterios que se deben tener en

competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales” y explicó en de talle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

“(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho f undamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.” (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anter ior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6, comoquiera que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”7, so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el señor

de carácter netamente legal o reglamentario”7, so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el señor John Fredy Díaz Pérez versa sobre una cuestión de interpret ación meramente legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales, por cuanto considera que el Tribunal Administrativo de l Huila, en la providencia de 11 de julio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales invocados tras confirmar la decisión de primera instancia.

Esto, debido a que se negaron las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en su condición de docente, con el propósito de obtener el reconocimien to y pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 19908, así como la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1º de la Ley 52 de 19759.

5 “No en todos los eventos en que se denunc ie el desconocimiento de los derechos al acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.” 6 “Sentencia T-606 de 2000.” 7 “Ibid.2” 8 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.” 9 “Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares.”Demandante: John Fredy Díaz Pérez

8 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.” 9 “Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares.”Demandante: John Fredy Díaz Pérez Demandados: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-04629-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De modo que el objeto del debate se centra en q ue, a juicio de l tutelante, la normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores públicos también aplica a los educadores oficiales y, por ello, se le debía consignar al Fomag a más tardar el 1 5 de febrero de 2021 dicha prestació n, correspondiente al servicio que prestó durante el año anterior.

Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal y de carácter económico, pues la inco