CE - 010315000202304965001SENTENCIAFALLO20231026155242

Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

Demandante: ERGIDIO HERNÁNDEZ GARCÍA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

C

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto – Declara improcedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 12 de septiembre de 2023, el señor Ergidio Hernández García presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

1.1. La solicitud de amparo

El 12 de septiembre de 2023, el señor Ergidio Hernández García presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales l as consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 14 de diciembre de 2022 1, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño que negó las prensio nes al interior del medio de control de reparación de los pe rjuicios causados a un grupo, contra la NaciónDirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial]2.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en este asunto es lo siguiente:

PRIMERO: Prodigarme la protección de AMPARO DE TUTELA frente a la entidad Judicial demandada, SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN del

CONSEJO ED ESTADO, por violación del DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO y al ACCESO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA por violar los lí mites de la apelación cuando es un apelante único, violar el principio de congruencia y una indebida e inadecuada valoración del acervo probatorio, configurándose i) un defecto procedimental absoluto, yii) un defecto factico; configurando así una clara y flagrante "vía de hecho”.

1 Notificada electrónicamente el 17 de agosto de 2023. 2 Proceso identificado con el radicado 52001-23-33-000-2015-00038-00/01.Demandante: Ergidio Hernández García

1 Notificada electrónicamente el 17 de agosto de 2023. 2 Proceso identificado con el radicado 52001-23-33-000-2015-00038-00/01.Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Ordenándoseles que dentrode las 48 horas siguientes al falo CONFORME A LAS ORIENTACIONES DADAS POR LA ORDEN DE AMPARO que emita el Honorable Consejo de Estado, y reemplace la decisión así:

a. Declare sin valor ni efecto la sentencia calendada delcatorce (14) de diciembre de 2022 y notificada electrónicamente el diecisiete (17) de agosto de 2023, proferida por el SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C del CONSEJO DE ESTADO con ponencia del Magistrado Dr.

GUILLERMO SANCHEZ LUQUE.

b. ORDENESELE que dentro de las 48 horas siguientes a proferido este fallo de tutela, se sirva proferir nuevo fallo dentro del proceso bajo el radicado 52001-23-33-0002015-00038-01(AG), CONFORME ALAS ORIENTACIONES DADAS POR LA ORDEN DE AMPARO que emitael Honorable Consejo de Estado.3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Honorable Consejo de Estado.3.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. Proceso del cual se predica el error jurisdiccional

• El señor Ergidio Hernández García y otros 4 radicaron varias demandas ejecutivas en contra de l a Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo

3 Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negritas del texto original. 4 Omar Antonio Martíne z Burbano, Alba Nohesly Correa Pozada, José Bernardo Vivas Calvache, Orfelina Samboni Gámez, Paulina Isabel Jiménez López, Luis Eduardo López, Lilia Margoth Paz Guerrero, Constanza Moraima Villareal, Casilda Ruiz García, Roberto Cuarán Burbano, Ligia Ignacia Angulo Cabezas, Gloria Jacqueline Becerra, Arturo Teodoro Ramos Guerrero, Richard Jaime Delgado Rojas, Nancy Gertrudis Ordo ñez Olmedo, Ricardo Coy Ovalle, Emma Yanira Coronal García, Omaira del Rosario Botina Mu ñoz, Cecilia Mu ñoz Muriel, Mar ía Socorro Bastidas Solarte, Ana Lucia L ópez Villota, Edis Arminda Latorre Benavide s, Rosaura Juaqui Garc és, María Doralba Acosta Bastidas, Manuel Antonio Narv áez Rosero, Augusto Hern án Ram írez Cabrera, Rosario Yomar Ortega Benavides, Edgar Edmundo Castro, Martha Lucia Rosero, Lilia Margoth Arias Pati ño, Ruth Josefina Gonz ález de Villota, Luis Gerardo Villota Gonz ález, Eneida Cecilia

Rosario Yomar Ortega Benavides, Edgar Edmundo Castro, Martha Lucia Rosero, Lilia Margoth Arias Pati ño, Ruth Josefina Gonz ález de Villota, Luis Gerardo Villota Gonz ález, Eneida Cecilia Hidalgo Chicunque, Marini Bedoya Saaveedra, Jairo Francisco Castro, Rosario Stella Ortega Cruz, Luis Hernando D íaz G ómez, Jos é Álvaro Yanala Jim énez, Nimia Rufina Ordo ñez Vallejo, Rosa Aurina Po rtilla Ceballos, Mireya Ram írez Bravo, Manuel Mario Imbachi Bermeo, Edith Dirley Moncayo Tobar, Edilma David Benavides, Jairo Mat ías Cortez Delgado, Jesús Javier Lasso Potosí, Luz Stella Chamorro Toro, Aleyda Brigida Iles Velazco, Guido Le ón Solarte S antander, Carmen Rocío Zambrano Torres, Yomara Esnith Acosta Rodr íguez, Luz Mery Mart ínez Madroñero, Jaime Ever Muriel Desncase, Carlos Enrique Vivas Guevara, Guillermo Antonio Insuasty Luna, Amanda Lucia Vivas, Mart ín Bernardo Palacios Rosero, Jorge Guillermo Santander Mart ínez, Miriam Jaramillo Burgos, Miller Eduardo Jim énez Bonilla, H éctor Armando Ortiz Bravo, Lilia Margot Paz Guerrero, Ilia Socorro Burgos Vallejo, Carlos Hern án Solarte, Lucy Mary Morillo Revelo, Jes ús Ulbey Revelo C órdoba, Lu is Carlos Zambrano, Ricardo Ortega Caicedo, Ruth Leonor Rojas Gómez, Mar ía Leonor Borrero Montenegro, Ofelia Lozada Sanjuan, Luis Gonzalo Guavita

Ulbey Revelo C órdoba, Lu is Carlos Zambrano, Ricardo Ortega Caicedo, Ruth Leonor Rojas Gómez, Mar ía Leonor Borrero Montenegro, Ofelia Lozada Sanjuan, Luis Gonzalo Guavita Huerfano, Gabriela del Socorro Loaiza de Serna, Mar ía Nohem í Díaz Ram írez, Jes ús Antonio Taquez Calderón, María Rosalba Pincha Cuchala, Claudia Milena G ómez Salas, Edith Valderrama Romero, José Luis Zanabria Artunduaga, Alejandrina Neira Bombaire, Luis Efra ín Serna Cifuentes, Elsa Marina Narváez Calderón, Nury del Carmen Pai Delgado, Emilia Alejandri na Abensur Muñoz, Luis Fernando Carvajal, Manuel N úñez Lomelin, Hilda Carvajal Arciniegas, Amparo Cardozo, Ana Luisa P érez Vargas, Mery Graciela Rozo Rodr íguez, Gloria Devia de Rosada, Bety Luz Olaya Zabala, Nancy Ortega Ramos, Evelia Gallego Medina, Elsa Nohemí Avenzur Muñoz, Martha Ruth García Mart ínez, Arturo S ánchez G ómez, Nubia Stella Ortiz Rosada, Henry Linares Vargas, Alfonso Gelacio Escobar, Marcelino Dediego Gonz ález, Shirleys de Jes ús Se ña Casarrubia, Margarita Pai Delgado, Mar ía Eu genia Ram írez Alquedan, Germ án Eubeimar Noguera Bastidas, Nora Alba Mart ínez Moreno, Mar ía Eugenia Ceballos Ortega, Jenny del Socorro Hidalgo

Margarita Pai Delgado, Mar ía Eu genia Ram írez Alquedan, Germ án Eubeimar Noguera Bastidas, Nora Alba Mart ínez Moreno, Mar ía Eugenia Ceballos Ortega, Jenny del Socorro Hidalgo Chicunque, Manuel Rubiel Cuar án Ortiz, Franco Hugo Hidalgo Figueroa, Didier Agudelo Ram írez, Lidia Ordo ñez Muñoz, Luis Alberto Morales Pujimuy, Constanza Moraima Villareal, Myriam Lucy Pazos Araujo, Sandra Molina Velazco, Jos é Ricardo Cuar án Arciniegas, Ruth Marleny Cer ónDemandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Putumayo, con el fin de obtener el pago de la sanción por mora en el pago de sus cesantías.

• La autoridad judicial5 que conoció el asunto libró mandamiento de pago, liquidó las sanciones, condenó en costas y decretó el embargo de dineros del demandado. Sin embargo, luego de que quedaron ejecutoria das esas decisiones, el juzgado procedió a declarar la nulidad de todo lo actuado y a ordenar el archivo de los expedientes.

1.3.2. Medio de control de reparación de los prejuicios causados a un grupo

• Como consecuencia de lo anterior, las personas natura les ya mencionadas

de los expedientes.

1.3.2. Medio de control de reparación de los prejuicios causados a un grupo

• Como consecuencia de lo anterior, las personas natura les ya mencionadas radicaron el medio de control de reparación de los prejuicios causados a un grupo contra la Rama Judicial , por el presunto error jurisdiccional contenido en las providencias que declararon la nulidad en los procesos ejecutivos , al consid erar que el despacho hizo un «control de legalidad de decisiones ejecutoriadas».

• El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño que el 5 de mayo de 2017 negó las pretensiones al exponer que:

[…] una vez fue declarada la nu lidad por la jueza de la prueba documental en cita se desprende que cincuenta (50) procesos de los hoy accionantes, sus apoderados legales, no interpusieron recurso alguno y por ende se archiv ó el asunto. En uno (1) de los procesos adelantados, existe impedimento de la juez y el mismo no ha sido a ún resuelto. Setenta (70) demandantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelaci ón, frente a la reposici ón se confirmó la decisión por las mismas razones ya conocidas y el de apelación no fue concedido por no ser procedente al tratarse de un proceso de única instancia. En tres (3) procesos no hay actuaciones despu és de haberse proferido el auto de obedecimiento del superior. En un (1) proceso, no se contó con poder a un profesional del dere cho para interponer recursos. En catorce (14) procesos, el superior revoc ó la decisión de la jueza sin embargo,

proferido el auto de obedecimiento del superior. En un (1) proceso, no se contó con poder a un profesional del dere cho para interponer recursos. En catorce (14) procesos, el superior revoc ó la decisión de la jueza sin embargo, los procesos a la fecha se encuentran inactivos y finalmente cuatro (4) procesos se encuentran en trámite y activos en el juzgado.

• El extre mo desfavorecido interpuso recurso de apelación. Oportunidad en la cual enfatizó la trasgresión de los principios de cosa juzgada y preclusión por parte del juez laboral.

• El 14 de diciembre de 202 2, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión del a quo. Para llegar a esa conclusión , por un lado, precisó que solo en dos casos se acreditó, con la s providencias respectivas, que el Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa declaró la nulidad de todo lo actuado, en donde en uno 6 de ell os el Tribunal Superior de Mocoa revocó lo

Muñoz, Alexandra Maricel Tonguino Muriel, Carlos Enrique Landazury Delgado, Jos é Amelio Rosero Ch ávez, Mar ía Rebeca Burbano Portilla, Carmen Yaneth Pipicano Chamorro, Martha Cecilia Salas, Carmen Ofelia Medina Medina, Edilma Elena Obando Chamorro, Olivia Leonor Delgado Ordoñez, Luz Marina Burbano Caicedo, Pedro Pablo Narváez Portilla, Ursino Magdaleno Cuellar, Malila Figueroa Cortes, Guillermo Quiroga Tovar, Juan José Cortes Villacorta, Víctor Gentil Acosta Martínez, Jorge Eliecer Ledesma, Edith Moncayo Lizcano, Ligia Ignacia Angulo Cabezas,

Cuellar, Malila Figueroa Cortes, Guillermo Quiroga Tovar, Juan José Cortes Villacorta, Víctor Gentil Acosta Martínez, Jorge Eliecer Ledesma, Edith Moncayo Lizcano, Ligia Ignacia Angulo Cabezas, Beatriz Lucila Castro Mejía, Guillermo Edmund o Tonguino Ortega, María del Consuelo Ortega de López, Ligia Ignacia Angulo Cabezas, Oscar Roberto Chamorro Toro, Jhon Jairo Escobar Gómez, Luis Daniel Acosta Martínez, Ivette del Carmen Romero Quiroga y Alicia Guarnizo Andrade. 5 Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa. 6 Expediente 86001-31-05-001-2011-00186-00.Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dispuesto por su a quo 7, y en el otro 8, no se pudo constatar que el extremo ejecutante interpusiera recurso s en contra de la decisión constitutiva de error jurisdiccional.

• Luego advirtió que si bien existía un oficio del Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa9, en el que se indicó que en el expediente 86001 -31-05-001-2011-0019600 se interpuso recurso de reposición, no era posible para la sala estudiar si las decisiones acusadas de error jurisdiccional fueron actua ciones subjetivas , caprichosas, arbitrarias o violatorias del debido proceso, porque en los procesos

00 se interpuso recurso de reposición, no era posible para la sala estudiar si las decisiones acusadas de error jurisdiccional fueron actua ciones subjetivas , caprichosas, arbitrarias o violatorias del debido proceso, porque en los procesos «ejecutivos de única instancia – no [se] aportaron los autos del Juzgado […] que decidieron no reponer la declaratoria la nulidad y negaron los recursos de apelación, […]».

• Agregó que «[e]n cuanto a los demás procesos ejecutivos, los demandantes no allegaron los autos del Juzgado Laboral del Circuito de Mocoa que declararon la nulidad de todo lo actuado y tampoco acreditaron que interpusieron los recursos ordinarios de impugnación proceden tes, conforme al artículo 67 de la Ley 270 de

1996».

• La sentencia de segunda instancia fue notificada el 17 de agosto de 2023 y la presente acción constitucional se radicó el 12 de septiembre de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine el accionante expus o que se le vulneraron sus derechos fundamentales y se incurrió en una «vía de hecho» al configurarse los defectos: (i) procedimental absoluto, (ii) sustantivo y (iii) fáctico.

Respecto al primer yerro , el tutelante precisó que el ad qu em se apartó del problema jurídico a resolver, por cuanto la sentencia «no guarda ninguna relación con el objeto de debate en este proceso , en otras palabras, viol[ó] el principio de congruencia […] pues tom[ó] para análisis un objeto distinto al pretendid o en la demanda».

Agregó que «se encuentra probado, que el citado despacho judicial no se

congruencia […] pues tom[ó] para análisis un objeto distinto al pretendid o en la demanda».

Agregó que «se encuentra probado, que el citado despacho judicial no se circunscribió a los argumentos expuestos en el recurso de apelación e incluso en la demanda, sino que se excedió, transgrediendo igualmente el principio de congruencia de la sentencia, situación que conllevó a que confirmara la sentencia de primera instancia [sin] pronunciarse nunca sobre el objeto del litigio».

Frente al defecto sustantivo, señaló que el ad quem, según el artículo 328 del CGP, podía «referirse únicamente a los argumentos planteados en la apelación», pero el «Honorable Magistrado de segunda instancia, profirió una sentencia, en la que se pronunci[ó] acerca de algo que NO fue solicitado por el apelante único»

Resaltó que quedó probado que el tribunal de cierre «no hizo ningún

7 Lo que implicó que no quedó ejecutoriada la providencia y por ello no era procedente la reparación por error jurisdiccional, conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996. 8 Proceso 86001-31-05-001-2011-00196-00. 9 Visible a folio 2.136 del cuaderno 4 del expediente digitalizado, que a su vez corresponde al archivo pdf titulado «010.EXPEDIENTE.pdf».Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pronunciamiento en absoluto a ningún reparo de los que contenía la apelación, lo cual constituye un defecto procedimental absoluto».

Enfatizó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en un yerro fáctico, por cuanto (i) no era necesario probar que se declaró la nulidad en los procesos ejecutivos, en atención a que «la parte pasiva [Rama Judicial] y el AD [sic] QUO [lo] dieron por probado que de manera oficiosa […]» y (ii) comoquiera que no fue cierto que no se aportaron las providencias constitutivas de error jurisdiccional.

Destacó que en la sentencia de primera instancia, «entre los folios 18 a 77, […] se relacionan todos los autos que se duele el Ad Quem no se aportaron», oportunidad en la que el tribuna l advirtió que, «de conformidad con la prueba documental aportada por el Juzgado y obrante a folios 2095 a 2166, se tiene […] las actuaciones realizadas por dicho juzgado en cada uno de los procesos ejecutivos adelantados por los accionantes y lo decidido [en segunda instancia]».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 12 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a l demandante y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A como autoridad judicial accionada.

Como terceros con interés se vinculó al (i) Tribunal Administrativo de Nariño, (ii) a

ordenó notificar a l demandante y al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A como autoridad judicial accionada.

Como terceros con interés se vinculó al (i) Tribunal Administrativo de Nariño, (ii) a la Rama Judicial y (iii) las personas relacionadas en la referencia 4 de esta providencia, quienes actuaron como demandantes en el proceso identificado con el radicado 52001 -23-33-000-2015-00038-00/01, para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha del recibo de la correspondiente notificación.

De igual forma, se dispuso, para lograr el conocimiento de esta acción de tutela frente a la totalidad de los integrantes del medio de control, que el Tribunal Administrativo de Nariño realizara una notificación mediante aviso 10. Además, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado q ue realizara una publicación en la página web de la Corporación11, con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se present aron los siguientes pronunciamientos:

1.6.1. El magistrado José Roberto Sáchica Méndez informó que se abstiene de pronunciarse sobre la solicitud de amparo, comoquiera que actualmente se encuentra encargado del despacho del que fuera titular el doctor Guillermo Sánchez Luque, quien fue el ponente de la decisión controvertida.

1.6.2. La Rama Judicial requirió declarar la improcedencia de la solicitud de

10 Dicho aviso se publicó en la página web de esa corporación el 21 de septiembre de 2023.

1.6.2. La Rama Judicial requirió declarar la improcedencia de la solicitud de

10 Dicho aviso se publicó en la página web de esa corporación el 21 de septiembre de 2023. 11 Actuación procesal que aconteció el 18 de septiembre de 2023.Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparo, porque no se cumplió con las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Precisó que « el análisis realizado por las instancias judiciales accionadas al interior del proceso de acción de grupo con radicado No. 52 -001-23-33-002-201500038-00, es a todas luces legal y jurisprudencialmente correcto».

Agregó que lo pretendido es reabrir el debate probatorio y convertir la tutela en una tercera instancia.

1.6.3. El señor Julián David Trujillo Medina , «en […] calidad de apoderado de todos los demandantes en la “acción de grupo”», coadyuvó la solicitud de amparo, para lo cual hizo alusión a cada uno de los yerros que alegó la parte accionante y acompañó cada uno de los razonamientos del tutelante.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acci ón de tutela

acompañó cada uno de los razonamientos del tutelante.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acci ón de tutela presentada por Ergidio Hernández García , de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si , en el caso concreto, se pres enta una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, por parte del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en segund a instancia el 14 de diciembre de 2022.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el caso en concreto.

2.3. Cuestión previa – solicitud de coadyuvanciaLa sala recuerda que el Decreto 2591 de 1991 12 establece que esta figura jurídica procede frente a quien tenga un interés legítimo en el resultado del proceso, con el fin de que intervenga para reafirmar las pretensiones del actor o de quien ha sido demandado.

12 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amen azó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en

12 «ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amen azó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decid a en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autorid ad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (Negrilla fuera del texto original)Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en la acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autorida d demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones13.

Ahora bien , el señor Julián David Trujillo Medina informó que actuaba «en […] calidad de apoderado de todos los demandantes en la “acción de grupo”» , sin embargo, este hecho, por sí solo, no lo faculta para pronunciarse al interior de este

Ahora bien , el señor Julián David Trujillo Medina informó que actuaba «en […] calidad de apoderado de todos los demandantes en la “acción de grupo”» , sin embargo, este hecho, por sí solo, no lo faculta para pronunciarse al interior de este mecanismo.

En efecto, esta sección considera que el señor Trujillo no se encuentra legitimado en la causa por activa para actuar en este proceso14, por cuanto (i) no es parte en el medio de control de reparación de los prejuicios causados a un grupo y (ii) en atención a que no se acreditó que alguno de los integrantes del extremo activo de esa «acción de grupo» le deleg ara su representación para proteger sus intereses en esta acción de tutela.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 15 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales17.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a lo s « fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418, la Sala

pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a lo s « fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sente ncia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

13 Ver, por ejemplo, sentencia T-070 de 1.° de marzo de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 14 Decreto 2591 de 1991, artículo 10: «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos […]». 15 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth García González. 16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 17 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia ». 18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia ». 18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Ergidio Hernández García Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicado: 11001-03-15-000-2023-04965-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se conv ierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez

competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se conv ierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: ( i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.19

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201420, que en concreto se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquell