CE - 010315000202305389001SENTENCIA20231023150535

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

Actor: Marlene Hortencia Molina Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-05389-00

Demandante: MARLENE HORTENCIA MOLINA VARGAS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ -SALA SEXTA DE DECISIÓNTemas: Tutela contra providencia judicia l. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fi n de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por pago tardío de las cesantías. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Marlene Hortencia Molina Vargas , quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los

conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis”, los cuales consider a vulnerados con la sentencia de 16 de junio de 2023, proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Boyacá, cuya pretensión se orientaba a acceder a l reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecido en la Ley 50 de 1990.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que se vinculó “después del año de 1990 ” como docente del departamento de Boyacá , y que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional no consignó las cesantías correspondientes al año 2020, por lo que el 8 de junio de 2021 presentó una petición ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y Fiduprevisora S.A., con el fin de que se materializara el pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 .

Indicó que mediante acto administrativo identificado con el No . 1.2.5.1.1 – 38 de fecha 26 de agosto de 2021 la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá negó la precitada solicitud.

Indicó que mediante acto administrativo identificado con el No . 1.2.5.1.1 – 38 de fecha 26 de agosto de 2021 la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá negó la precitada solicitud.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el FOMAG, Fiduprevisora S.A. y el departamento de Boyacá, para que se anulara el acto administrativo identificado con el No 1.2.5.1.1 – 38 de fecha 26 de agosto deRadicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

Actor: Marlene Hortencia Molina Vargas

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2021 y se reconociera la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja en sentencia de 16 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, en el que s eñaló un abundante número de sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 16 de junio de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algu nos de los requisitos generales de

16 de junio de 2023, la confirmó íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora comenzó por referirse a algu nos de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, sobre la relevancia constitucional citó la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Su bsección “B”, en el proceso No. 11001031500020230106300.

Alegó la configuración del defecto sustantivo , violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional, fijado en las sentencias de unificación SU -098 de 2018 1 , SU-332 de 2019 2 y SU -041 de 2020 3 , y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20204, 24 de enero de 20195, 17 de junio de 20196, 28 de junio de 2019 7, 29 de julio de 2019 8, 2 de diciembre de 2019 9, 10 de junio de 2020 10, 22 de octubre de 2020 11, 12 de noviembre de 2020 12, 17 de junio de 202113, 414, 2515 y 11 de noviembre de 2021 16, 20 de enero de 2022 17, 3 de marzo de 2022 18, 28 de abril de 2022 19, 920 y 19 de mayo de 2022 21, 1 de julio

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4

1 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 2 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 3 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15000-201804617-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales 7 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15000-201804679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11

10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentenci a del 22 de octubre de 2020 , Exp. 08001 -23-31000-20140025401(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 14 Consejo de Estado, Sección Segu nda, sent encia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. S andra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16

Exp. 40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 17 Consejo de Esta do, Secci ón Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de marzo de 2022 , Exp. 080001-2333-000-201500075-01. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 76001-23-33-000-2013-00756-01. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. (26602020), C.P. William Hernández Gómez. Sentencia de 3 de marzo de 2022. Expediente No. 080001-23-40-000-2017-0079501. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

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de 202222, 22 de agosto de 202223, 22 de septiembre de 2022 24, 1925 y 2626 de enero de 2023.

Por último, se refirió a sentencias proferidas por Juzgados Administrativos del Circuito en donde se han aplicado estos precedentes judiciales. No obstante, la Sala se abstiene de citarlos por que se descarta desde ya la fuerza vinculante que tienen para el Tribunal Administrativo de Boyacá.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No. 15001333300120220013202, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DEREC HO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar q ue las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de

accionante, por considerar q ue las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia 16 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de septiembre de 202 3, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante, a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Tunja, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al departamento de Boyacá– Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.

19

de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), a Fiduprevisora S.A. y al departamento de Boyacá– Secretaría de Educación, como terceros interesados en el resultado del proceso.

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentenc ia del 19 de mayo de 2022 , Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001 -23-33000-201500509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés. 25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31000-201200212-02 (44702021) , C.P. William Hernández Gómez. 26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33000-2018-023101 (08712020), C.P. Rafael Francisco Gómez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 104621 a 104628 todos de 28 de septiembre de 2023 27 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional al considerar que la accionante emplea el mecanismo de protección constitucional para dar continuidad al debate legal relativo a la aplicación del régimen de cesantías consagrado en la L ey 50 de 1990 en el caso de los docentes del sector oficial, que fue superado en el trámite del proceso ordinario

constitucional para dar continuidad al debate legal relativo a la aplicación del régimen de cesantías consagrado en la L ey 50 de 1990 en el caso de los docentes del sector oficial, que fue superado en el trámite del proceso ordinario motivado en el desacuerdo con la decisión cuestionada proferida en ambas instancias y la cual se encuentra conforme a la normatividad y jurisp rudencia aplicable sobre la materia del caso concreto.

6.2. El Juzgado Primero Administrativo de l Circuito de Tunja pidió que se declare falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa autoridad judicial, porque la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Boyacá. Además, consideró que no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional, en tanto, la accionante acudió a la acción de tutela como una instancia adicional motivada por el desacuerdo con la decisión judici al cuestionada, es decir, que lo que pretende es dar continuidad a l debate ya superado en el trámite del proceso ordinario.

6.3. La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del FOMAG pidió que se declar e improcedente l a solicitud de amparo por no cumplir con las causales generales y específic as de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones de la demandante.

6.4. La apo derada de l departamento de Boyacá pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda al c onsiderar que la decisión cuestionada se encuentra debidamente fundamentada en la normatividad aplicable al caso

6.4. La apo derada de l departamento de Boyacá pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda al c onsiderar que la decisión cuestionada se encuentra debidamente fundamentada en la normatividad aplicable al caso concreto, por lo que consideró que la autoridad judic ial accionada no incurrió en una vía de hecho, a lo que agregó que la actora emplea el mecanismo de protección constitucional para manifestar el desacuerdo con la decisión lo cual resulta improcedente en tanto el mecanismo de protección constitucional no constituye una instancia adicional del proceso ordinario.

6.5. El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la

27 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: yobanylopeznotijud@gmail.com, sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondenciatadmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co, despacho@sedboyaca.gov.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co;

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, t_dbotero@fiduprevisora.com.co, tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co, notjudicial@fiduprevisora.com.co, procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co, j01admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co,Radicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad labora l, a la seguridad jurídica y la “ perpetuatio jurisdictionis ”, al supuestamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto se limita a reiterar que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, por lo tanto, declarará improcedente la solicitud de amparo.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independen cia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones”28.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta releva ncia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200529, la Corte indicó que cuando se ac uda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judicial es, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como

condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional30.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio d e selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 31, de conformidad con lo anterior h a precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

28 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 29 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 30 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 31 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

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1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales .

Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la de cisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incide ncia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo ago tamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los a rgumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, cond iciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Boyacá con la sentencia de 16 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de favorabilidad laboral, a la seguridad jurídica y la “perpetuatio jurisdictionis ”, al supues tamente incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.

De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que

desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución , conforme a los argumentos expuestos en los fundamentos de la acción de tutela.

De la revisión de los cargos de la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora Marlene Hortencia Molina Vargas insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

Así, se observa que en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de l Circuito de Tunja (resumido en la providencia de segunda instancia), se lee lo siguiente:Radicado: 11001-03-15-000-2023-05389-00

Actor: Marlene Hortencia Molina Vargas

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“21. Indicó que la tesis del juzgado está relacio nada con que los docentes al ser trabajadores de régimen especial no son sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, postura esta que considera revaluada por la Sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y aceptada por el Consejo de Estado.

artículo 99 de la Ley 50 de 1990, postura esta que considera revaluada por la Sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y aceptada por el Consejo de Estado.

22. Expuso que el régimen especial no puede traer inmerso condiciones menos favorables que el régimen general, pues su finalidad es mejorar, dar un status plus de condiciones y ante la existencia de vació aplicar el régi men general para suplirlo.

23. La recurrente realizó comparativo entre el régimen anualizado conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989 y el régimen anualizado convencional, concluyendo que el régimen de cesantías de los docentes no es más favorable que el régimen que la ley prevé a favor de los demás empleados públicos, debido a que la tasa DTF está muy por debajo del 12 % anual.

24. Señaló que la entidad responsable del reconocimiento de las cesantías en favor de los docentes afiliados al Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio es la Nación Ministerio de Educación Nacional al ser el patrono 5 Índice SAMAI Número 37 8 garante del pago de prestaciones de los docentes de la educación pública y que no se puede confundir la situación jurí dica de reconocer y consignar.

25. Reiteró el precedente jurisprudencial que considera aplicable al caso en concreto e indica que el juzgador utilizó como fundamento de su decisión una postura no vigente”.

Por su parte, en la acción de tutela la señora Marlene Hortencia Molina Vargas reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia

Por su parte, en la acción de tutela la señora Marlene Hortencia Molina Vargas reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación referentes a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al desconocimiento de la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional y a las sen tencias del Consejo de Estado que acogieron ese criterio jurisprudencial, incluso elaboró un listado similar de los fallos que, a su juicio, resultaban vinculantes para proferir la decisión cuestionada.

No obstante, esa discusión fue resuelta por el Tribu nal Administrativo de Boyacá en sentencia de 16 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

“3.2.4. ANÁLISIS DE LAS SENTENCIAS QUE LA DEMANDANTE CONSIDERA

PRECEDENTE JUDICIAL VINCULANTE APLICABLE AL CASO EN CONCRETO

70. Teniendo en cuenta que un o de los requisitos para que se configure la existencia de precedente judicial vinculante lo es la igualdad de supuestos fácticos analizados en la sentencia anterior con el nuevo caso estudiado, procede la Sala a utilizar la técnica distinguishing que consiste en analizar los supuestos fácticos que fueron tenidos en cuenta para la solución de los casos citados por la demandante, para posteriormente compararlos con los hechos del presente asunto. Con este ejercicio podrá la Sala determinar si las sentencias cuya aplicación se pretende constituye precedente vinculante al caso en concreto o no.

71. La principal sentencia citada por la demandante como supuesto precedente vinculante al caso en concreto lo es la Sentencia de la Corte Constitucional SU098 de 201 8, luego procede la Sala mediante la siguiente tabla a comparar los

71. La principal sentencia citada por la demandante como supuesto precedente vinculante al caso en concreto lo es la Sentencia de la Corte Constitucional SU098 de 201 8, luego procede la Sala mediante la siguiente tabla a comparar los supuestos fácticos de dicho caso y el sub júdice.

72. Esto siguiendo la metodología y criterios empleados por la misma Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-573 de 2019 (…)

73. De la anterior comparación se determina que no