CE - 010315000202305557001SENTENCIA20231018170419

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: ROBERTO ANTONIO RODAS ZAPATA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el demandante busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Roberto Antonio Rodas Zapata contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 26 de septiembre de la presente anualidad 1, el señor Roberto Antonio Rodas Zapata, mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d e Antioquia , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia ; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la

a la administración de justicia ; así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 16/08/2023, en el expediente rad.

No.05001333303220220009500, transgredió los derechos fundamentales: AL

DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN

MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE

DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,

1 Se advierte que, el 10 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL

jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de E stado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

3.CORTE CONSTITUCIONAL N o.

RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES

1 Exp. T-6.736.200 17 de octubre de 2018

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA

CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T-5904426 y otros 25 de julio de 2019

Dra. GLORIA

STELLA ORTIZ

DELGADO

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 332

/2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

3 Exp. T 7.182 -312 y otros 6 de febrero de 2020

Dr. LUIS

GUIILLERMO

GUERRERO

PÉREZ

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN 041

/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-3300020130066601 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086 7-01, No.

Interno: 4854-2014 24 de enero de

2019

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 3 11001-0315000-201804617-01 17 de junio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUERadicación : 11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

4 11001-03-15000-2018Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

3

4 11001-03-15000-201804679-01) 28 de junio de 2019

Dr. ROBERTO

AUGUSTO

SERRATI

VALDÉS

DRA. NUBIA

MARGOTH PEÑA

GARZÓNDR.

HERNANDO

SÁNCHEZ

SÁNCHEZ 5 11001-0315000-201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME

ENRIQUE

RODRÍGUEZ

NAVAS - Dr.

GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 6 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA 7 08001-23-3300020140020801 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

PERDOMO

CUÉTER 8 08001-23-31000-201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 9 08001-23-3300020140013201 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 10 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 11 08001-23-33000-201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA

LISSET IBARRA

VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 12 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 08001-23-3300020140112701 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 14 40001-23-4000020170013401 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO SUÁREZRadicación : 11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4

(2208-2020) VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 15 080001-234000020159000801 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-2340000201490022GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 16 080001-234000020149002201 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 17 080001-233300020170093101 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 18 080001-233300020150007501 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 76001-23-3300020130075601 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 20 080001-234000020170079501 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 21 47-001-233300020190035901 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 22 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 23 08001-23-3300020150050901 (2140-2020) 22 de agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 24 08001-23-3300020159012401 (2394-2020) 22 de septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA

LISSET IBARRA

VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación : 11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

5

25 76001-23-31000-201200212-02 (4470-2021) 19 de enero de 2023

Dr. WILLIAM

HERNANDEZ

GOMEZ

DR. RAFAEL

FRANCISCO

SUAREZ

VARGAS – Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNANDEZ 26 47001-23-33000-2018023101 (0871-2020) 26 de enero 2023

DR. RAFAEL

FRANCISCO

GOMEZ

DR. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ – DR.

GABRIEL

VALBUENA

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

El señor Roberto Antonio Rodas Zapata labora como docente «con la entidad territorial certificada en Educación del Departamento de Antioquia» , se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y es beneficiario

jurídicamente relevantes:

El señor Roberto Antonio Rodas Zapata labora como docente «con la entidad territorial certificada en Educación del Departamento de Antioquia» , se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y es beneficiario del régimen de cesantías anualizadas.

El 26 de agosto de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y al Fomag el reconocimiento y el pago de la sanción por la no consignación de cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990 .

Mediante acto administrativo 202130388553 del 7 de septiembre 2021, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Mede llín negó la solicitud del demandante.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Roberto Antonio Rodas Zapata demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 16 de febrero de 202 3, el Juzgado 32 Administrativo de Medellín negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Roberto

Mediante sentencia del 16 de febrero de 202 3, el Juzgado 32 Administrativo de Medellín negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor Roberto

2 En adelante Fomag.Radicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Antonio Rodas Zapata se encontraba afiliad o al F omag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, habían establecido que era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, con fundamento en el principio de favorabilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes— no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante providencia del 14 de agosto de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de l demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y

posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de l demandante, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y se encontraba cubiert o por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

Resaltó que, si bien la sentencia SU 098 de 2018 determinó que sí era viable aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente, en virtud del principio de favorabilidad, lo cierto es que la situación fáctica de la referida sentencia de unificación no guarda identidad fáctica y jurídica con el sub lite , pues allí el accionante no estaba afiliado al Fomag.

Concluyó que no es necesario recurrir al principio de favorabilidad, toda vez que no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan un trato diferenciado o que se presenten antinomias legales. Por el contrario, lo que se aprecia es que la Ley 91 de 1989 no contem pló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley 50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores públicos territoriales con excepción de los educadores.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del

Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 6 sentencias del Consejo de Es tado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 deRadicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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julio de 2019 y la SU-2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las que se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen especial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régime n general que consagra la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante sostuvo que el ad quem no argumentó con claridad por qué se alejó del precedente consagrado en las 2 6 sentencias emitidas por el Consejo de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de

despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contrario a lo decidido por el Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no desconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, en esos casos debe aplicarse la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la c onsignación tardía de las cesantías anuales a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 29 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia, como parte demandada, y, como terceros con interés, a la ministra de Educación Nacional, a la Fiduprevisora, en calidad deRadicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, y al alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia mencionó que la decisión en cuestión resulta razonable, en virtud del principio de autonomía e independencia judicial. Así lo mencionó:

En el proceso radicado 05001 33 33 032 2022 00095 01, se profirió sentencia el 14 de agosto de 2023, y en ella se encuentran debidamente planteados los argumentos de hecho y de derecho que la sustentan; por lo tanto, puede afirmarse que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

2.3. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 baj o el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que « ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que el accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues en el caso del señor Roberto Antonio

primer mes de cada vigencia».

Sostuvo que el accionante realizó una indebida interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del Fomag, pues en el caso del señor Roberto Antonio Rodas Zapata, este reclamó la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en l a Ley 50 de 1990 e indemnización por el pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual es « imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado ».

Pidió que se declarara improcedente la tutela porque la autoridad judicial accionada actuó conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.4. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante apoderado judicial, solicitó que se negara las pretensiones de la solicitud de amparo de la referencia. Para tal efecto, mencionó que no hay precedente vinculante sobre la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al sector docente (ii) el asunto en cuestión es un debate de carácter legal e indudablemente de naturaleza económicaRadicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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(iii) la sentencia SU 098 de 2018 no guarda identidad fáctica con el caso sub lite y (IV) el Fomag se rige bajo el principio de unidad de caja y los docentes son

Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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(iii) la sentencia SU 098 de 2018 no guarda identidad fáctica con el caso sub lite y (IV) el Fomag se rige bajo el principio de unidad de caja y los docentes son obligatoriamente afiliados a dicho fondo sin que pueda trasladarse, por ejemplo, a un fondo privado.

2.5. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, debido a que (i) no acreditó la vulneración de los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo y (ii) si bien el señor Rodas Zapata pretende el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, lo cierto es que dicha discusión es de carácter legal e indudablemente de naturaleza económica, bajo el criterio de la sentencia SU 573 de 2019.

2.6. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional. De cumplirse, deberá abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la sentencia proferida el 14 de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo de Antioquia , en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-032-2022-00095-01, incurrió en los defectos endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de l señor Roberto Antonio Rodas Zapata.

2. Análisis de la Sala

endilgados y, de paso, vulneró los derechos fundamentales de l señor Roberto Antonio Rodas Zapata.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, paraRadicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordi nario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuid ad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 14 de agosto 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 16 de febrero de 2022 , por el Juzgado 32 Administrativo de Medellín.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al reconocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el artículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagra dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Roberto Antonio Rodas Zapata carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la

afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el señor Roberto Antonio Rodas Zapata carece de relevancia constitucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina, en el fondo, es de carácter legal eRadicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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indudablemente se direcciona a un debate económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU - 573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional, precisamente, porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional. Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como u na prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de

rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 3 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico4

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de Estado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ejemplo, esta Subsección, en la sentencia del 18 de marzo de 20225, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a partir del acto administrativo que ordenó la liquidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó

dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derecho patrimonial -pago de la sanción moratoriay no se orienta a la protecció n de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

3 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 4 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01.Radicación :11001-03-15-000-2023-05557-00

Demandante: Roberto Antonio Rodas Zapata Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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33. [E]sta Sala otorga relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económ ico, al