CE - 010315000202306518001SENTENCIADENIEGA20231123151248

Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06518-00

Demandantes: CARMEN ELISA ARROYO DE NAVARRO Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del

precedente. Caducidad. Deniega.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Los señores Carmen Elisa Arroyo de Navarro, Obeth David Navarro Arroyo, Idalmis Luz Navarro Arroyo, Mónica Patricia Navarro Arroyo y Gadimedes José Navarro Arroyo, por conducto de apoderado judicial, presentaron acción

Los señores Carmen Elisa Arroyo de Navarro, Obeth David Navarro Arroyo, Idalmis Luz Navarro Arroyo, Mónica Patricia Navarro Arroyo y Gadimedes José Navarro Arroyo, por conducto de apoderado judicial, presentaron acción de tutel a1 contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.

La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasi ón de las providencias dictadas el 30 de septiembre de 2022 y 11 de agosto de 2020 por las mencionadas autoridades judiciales, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Nación ,

1 Mediante escrito radicado el 23 de octubre de 2023.Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Ministerio de Defensa Nacion al, Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Policía Nacional con radicado 13001-33-33-006-2019-00117-00/02.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitaron lo siguiente:

PRIMERO.- Solicito…se TUTELEN PROTEJAN Y CONCEDAN el derecho fundamental del acce so a la administración de justicia a todas las personas que represento ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Bolívar, y que se les negara cuando se rechazó la

derecho fundamental del acce so a la administración de justicia a todas las personas que represento ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Bolívar, y que se les negara cuando se rechazó la acción de reparación directa que se formuló en donde el tema o asunto a discutir es la violación de los derechos humanos en la subregión de los montes de maría (sic).

SEGUNDO.- …se conceda el derecho fundamental de la igualdad entre las partes, a todas las personas que represento ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Bolívar , y que se les negara cuando se rechazó la acción de reparación directa que se formuló en donde el tema o asunto a discutir es la violación de los derechos humanos en la subregión de los montes de maría (sic), dado que ha sido el honorable consejo de estad o (sic) quien ha amparado y concedido los derechos a estas mismas v[í]ctimas de hechos sucedidos en el marco del conflicto armado interno, LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO, EL PRINCIPIO DE LESA

HUMANIDAD, PRO HOMINE ENTRE OTROS.

TERCERO.- Se ordene a las entidades accionadas, a admitir la acción de REPARACIÓN DIRECTA COMO MEDIO DE CONTROL UTILIZADO, en su momento objeto de rechazo, y se abra en debate jurídico probatorio correspondiente.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que el 17 de mayo de 2019, los señores Carmen Elisa Arroyo de Navarro, Obeth David Navarro Arroyo, Idalmi Luz Navarro

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que el 17 de mayo de 2019, los señores Carmen Elisa Arroyo de Navarro, Obeth David Navarro Arroyo, Idalmi Luz Navarro Arroyo, Mónica Patricia Navarro Arroyo y Gadimedes José Navarro Arro yo presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación , Ministerio de De fensa, Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, a fin de que respondan administrativa, extracontractual y solidariamente, p or los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión de los homicidios del señor Gadimedes Augusto Navarro Herrera y su hijo Luis Eduardo Navarro Arroyo en hechos sucedidos el 7 de enero de 1996 en la vereda de Bajo Grande del municipio de San Jacinto, en el marco del conflicto armado vivido en la región de los Montes de María entre los años 1995-2005.Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Indicó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena mediante sentencia del 11 de agosto de 2020 rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de control, puesto que los hechos ocurrieron el 7 de enero de 1996, lo que supone que el plazo de caducidad empezaría a correr a partir del día siguiente de la ocurrencia del daño, es decir, a partir del

operado la caducidad del medio de control, puesto que los hechos ocurrieron el 7 de enero de 1996, lo que supone que el plazo de caducidad empezaría a correr a partir del día siguiente de la ocurrencia del daño, es decir, a partir del 8 de enero de 1996, extendiéndose hasta el 8 de e nero de 1998; mientras que la demanda se presentó el 17 de mayo de 2019 . También descartó el argumento según el cual por tratarse de un delito de lesa humanidad no es aplicable el término de caducidad.

Agregó que, dicho auto se sustentó en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 [Radicado interno 61.033], a partir de lo cual, indicó que el 18 de octubre de 2006 sería el m omento idóneo para inici ar el có mputo del término de caducidad, en tanto que de las pruebas aportadas a la demanda se observó las gestiones para promover la demanda ordinaria en menci ón, conforme a las declaraciones rendidas en dicha fecha por los señores Blanca Castellar Maestre, Víctor Díaz Arroyo, Hugo Caro Anillo, Sandra Caro Castellar, y Luis Miguel Rivera Herrera.

Ahora bien, la providencia de unificación citada, también hace énfasis en que se debe verificar alguna circunstancia especial para que los demandantes no pudieran acudir ante la jurisdicción contencioso administrativo a reclamar los perjuicios cuya condena de pago hoy se pretende, al respecto, dado que precisamente la misma parte demandante asegura que hasta el año 2005, el conflicto armado interno

administrativo a reclamar los perjuicios cuya condena de pago hoy se pretende, al respecto, dado que precisamente la misma parte demandante asegura que hasta el año 2005, el conflicto armado interno fue intenso, gen eralizado, sistemático, con violación continua a los derechos humanos de la sociedad civil, configurándose dentro del concepto de delitos de lesa humanidad, y entendiendo el Despacho, que ello, impide muy posiblemente, que se materialice su derecho a acced er a la administración de justicia, convirtiéndolos en una población de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, en ese sentido, considera el Despacho, que en el caso de que así hubiera sucedido, tampoco se acercaron a la Jurisdicción contenciosa adm inistrativa a reclamar lo que hoy pretenden por el medio de control de reparación directa, dentro de los dos años siguientes, esto es, en el curso de los dos años siguientes, 2006 - 2007, pese a que de acuerdo con las documentales, se percata el Despacho q ue para el año 2005 y 2006, ya las partes estaban recaudando pruebas como por ejemplo las declaraciones de Blanca Castellar Maestre, Víctor Díaz Arroyo, Hugo Caro Anillo, Sandra Caro Castellar, y Luis Miguel Rivera Herrera hechas el 18 de octubre de 2006 (fl. 30 y 83-86), o el certificado que hace el secretario común de fiscalías con sede en el Carmen de Bolívar dada el 29 de noviembre de 2005 (fl. 95), es más, los certificados de registro civil aportados a folios 100 a 109 datan del año 2005, lo que indica al Despacho que, sí se encontraban en actos preparatorios para acudir ante la Jurisdicción, pero por voluntad

95), es más, los certificados de registro civil aportados a folios 100 a 109 datan del año 2005, lo que indica al Despacho que, sí se encontraban en actos preparatorios para acudir ante la Jurisdicción, pero por voluntad propia no fue iniciada.Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co También observa el Despacho que en el año 2011, otra vez, iniciaron actos previos a la demanda, como por ejemplo, el dic tamen pericial allegado fue elaborado el 12 de agosto de 2011, o el certificado de tradición del inmueble con matricula inmobiliaria No. 062 -382 expedido el 10 de agosto de 2011, o el certificado del Rector de la Institución Educativa León XIII de fecha 4 de agosto de 2011; es más, de acuerdo con informe que reposa a 118 -119 del expediente, suscrito por el hoy apoderado de la parte demandante, Dr. Alcides Martin Estrada Contreras, dirigido a Carmen Arroyo de Navarro e hijos, los hoy demandantes, ya estaban en contacto con el profesional del derecho, y este anunciaba el estado de un proceso judicial ante la Jurisdicción de Justicia y Paz de Barranquilla por los homicidios de Gadimenes Augusto Navarro Herrera y Luis Eduardo Navarro Arroyo, y que iniciaría el incidente de reparación integral cuando culminen las audiencias judiciales, informándole de los posibles valores a percibir y solicitándole

Navarro Herrera y Luis Eduardo Navarro Arroyo, y que iniciaría el incidente de reparación integral cuando culminen las audiencias judiciales, informándole de los posibles valores a percibir y solicitándole varias pruebas que hoy se aportan con la demanda. Situación está, indicativa de que gozaban del ejercicio pleno de su derecho al acceso a la administración de justicia, al menos, en unas de las vías judiciales que podría seguirse.

Ahora con todo, tampoco se dio inicio a la acción contenciosa dentro de los dos años siguientes, pues solo en el año 2015 (fl. 24 -30), es cuando la parte demandante otorga poder a su apoderado para celebrar la conciliación extrajudicial e iniciar el proceso que hoy ocupa nuestra atención, a través del ejercicio del medio de control Reparación Directa, demanda que fue radicada, sin justificación aparente, cuatro años después, el 17 de mayo de 2019 (fl. 1 y 143).

Todo este repertorio, nos lleva a la conclusión, que no se acreditaron circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, más aú n cuando se acredita que la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada en el año 2015 y el recaudo de las pruebas, desde el año 20052.

Precisó que, presentó un recurso de apelación en contra de dicho proveído con el cual aportó una constancia expedida el 18 de octubre de 2018 por el técnico investigador II de la Dirección Nacional de Fiscalías Especial izadas de Justicia Transicional, sede Sincelejo , como prueba de la fecha de conocimiento de sus representados (que no fue aportado como anexo de la demanda)3.

técnico investigador II de la Dirección Nacional de Fiscalías Especial izadas de Justicia Transicional, sede Sincelejo , como prueba de la fecha de conocimiento de sus representados (que no fue aportado como anexo de la demanda)3.

2 Transcripción con posibles errores. 3 Del auto demandado se extrae lo siguiente: “RECURSO DE APELACIÓN… Que en el marco de la justicia transicional, hoy en día todavía las Autodefensas están rindiendo y ampliando sus versiones libres para confesar sus hechos cr iminales en Justicia y Paz, muestra de ello es respuesta a derecho de petición de fecha 18 de octubre de 2018 (No aportado como anexo en la demanda), da cuenta la confesión de un miembro de las autodefensas que operaba en la subregión, Salvatore Mancusso G ómez, perteneciente al bloque norte de ese entonces de las autodefensas, donde reconoció que apoyados por miembros de la fuerza pública contribuyeron con al hecho, por línea de mando en contra de esta familia donde asesinaron al jefe del hogar, un hijo, hu rto de ganado y desplazamientoDemandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Expuso que , con auto del 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión anterior, previo a precisar que acogería la línea establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU

Expuso que , con auto del 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión anterior, previo a precisar que acogería la línea establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU 312 de 2020 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, pues esta última le permitía realizar un análisis sistemático de las circunstancias que rodean los hechos y las víctimas, sin trasgredir las formas del procedimiento administrativo.

Refirió que, en dicho proveído se consideró que, si bien la fecha de los decesos fue el 7 de enero de 1996, se pod ría computar el plazo para demandar, a partir del mismo momento de los hechos relatados o como lo hizo el juez de primera instancia el 18 de octubr e de 200 6. También verificó el “oficio” allegado en la alzada , en aras de no abandonar cualquier oportunidad que pudiera llegar a controvertir las conclusiones señaladas . Mencionó que en dicha decisión se concluyó que no se demostró fecha diferente a la to mada para efectos de contabilizar el término de caducidad, por lo que procedió con su confirmación.

Del material probatorio aportado, se observa que su notificación se surtió vía electrónica el 5 de mayo de 2023, así:

CARTAGENA, viernes, 5 de mayo de 2023

NOTIFICACIÓN No.7285

Señor(a):

ALCIDAES MARTIN ESTRADA email: alcidesmartin2205@gmail.com

…

ACTOR: CARMEN ELISA ARROYO DE NAVARRO Y OTROS

DEMANDANDO: NACION MINISTERIO DE DEFENSA ARMADA

NACIONAL

ALCIDAES MARTIN ESTRADA email: alcidesmartin2205@gmail.com

…

ACTOR: CARMEN ELISA ARROYO DE NAVARRO Y OTROS

DEMANDANDO: NACION MINISTERIO DE DEFENSA ARMADA

NACIONAL

RADICACIÓN: 13001 -33-33-006-2019-00117-02 APELACIÓN AUTON/A - APELACIÓN AUTO

masivo de la vereda de bajo grande en jurisdicción del municipio de San Jacinto - Bolívar. Aclara que para la fecha que se dio la audiencia – 28 de junio de 2013 - no les fue invitado a la misma como sí ocurrió con otras víctimas del lugar. Así las cosas, el demandante concluye, afirmando que el término que se debe tomar para determinar la caducidad es el de la comunicación de la respuesta del derecho de petición de fecha 18 de octubre de 2018 (desafortunadamente dejada de aport ar en la demanda y que integrará a la reforma) como anexos ingresados a la presente acción en el mes de mayo de

2019. Por tal razón, el medio de control fue presentado en los términos legales y la acción no se encuentra caducada.”Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2023 el… TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, dispuso Fijación estado en el asunto de la referencia.

www.consejodeestado.gov.co Para los fines pertinentes me permito manifestarle que en providencia del 05/05/2023 el… TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, dispuso Fijación estado en el asunto de la referencia.

CONFIRMAR el auto de fecha 11 de agosto de 2020, p roferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena que rechazó la demanda.

…

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que con las decisiones demandadas se incurrió en lo siguiente:

Enlistó varios pronunciamientos de l Consejo de Estado que corresponden a “casos emblemáticos ” de reparaciones directas en donde se analizó lo relativo a la población civil protegida y en los que se otorgó protección a las víctimas, sin necesidad de acudir a vías internacionales y en los qu e dicha corporación sostuvo que “no es posible alegar por parte del Estado la caducidad, como medio para evitar el reconocimiento de su responsabilidad y la satisfacción por esa vía de los derechos de las víctimas de aquel” (todos anteriores al año 2020).

Destacó que son desplazados por la violencia en Colombia y que no han retornado a su lugar de origen y reasentamiento. Citó la sentencia SU 254 de 2013 y la reciente providencia T – 374 de 2023 de la Corte Constitucional, para denotar que no se han dado las condiciones para su verdadero retorno en las condiciones socioeconómicas y de recuperación de su estatus antes del suceso.

Expuso que se trata de delitos de lesa humanidad, que les causó a sus

para denotar que no se han dado las condiciones para su verdadero retorno en las condiciones socioeconómicas y de recuperación de su estatus antes del suceso.

Expuso que se trata de delitos de lesa humanidad, que les causó a sus familiares unas secuelas de índole físico, menta l, siquiát ricas, emocionales que “siguen siendo calamitoso, nefastos y aciago, de tal manera que no solo los invadió el senti miento de no encontrar justicia (sic)”. Hizo referencia a decisiones judiciales en las que se abordó el asunto del desplazamiento forzado y al conflicto armado interno.

Mencionó que le otorgaron el poder al abogado que presentó la demanda de reparación directa para cumplir con el requisito de la conciliación prejudicial, pero como formalidad, pues esta se presentó no con el fin de interrumpir términos para la caducidad, ya que se trata de delitos de lesa humanidad.

Refirió que el 17 de mayo de 2019 se presentó la demanda, pero en “…vista de que en la jurisdicción de la fiscalía de justicia y paz no se priorizaba este hecho para su trámite y si n haberles notificado a las víctimas indirectas el estado de la investigación”.Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que el recurso de apelación contra el rechazo de la demanda se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que el recurso de apelación contra el rechazo de la demanda se sustentó en la constancia del 18 de octubre de 2018, del técnico investigador II de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional, sede Sincelejo, que daba respuesta a la petición en la que se pidió que se informara quién hab ía confesado la participación en dicha masacre, documento este que consideró la prueba de la fecha de conocimiento de los hechos por parte de los familiares de las víctimas.

Consideró que existen dos vías para que sea modificada la decisión del rechazo de la demanda por caducidad, a saber:

a) La aplicación de la convencionalidad por tratarse de delitos de les a humanidad y en ese orden, debe inaplicarse el término de caducidad. Al respecto sostuvo:

…o se aplica la convencionalidad, en donde deja bien a la administración de justicia ante el mundo, en el sentido de que estando ante graves violaciones de los dere chos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, y delito de lesa humanidad, y adicionalmente, porque el estado colombiano ha ratificado los tratados internacionalesconvención americana de derechos humanos, estando en un estado social de derecho, y en consecuencia aplicar la norma internación (sic) esencialmente complementada con la interna, e inaplicar finalmente la caducidad, abriéndole las puertas a este tipo de víctimas para que accedan a la administración de justicia, o…

internación (sic) esencialmente complementada con la interna, e inaplicar finalmente la caducidad, abriéndole las puertas a este tipo de víctimas para que accedan a la administración de justicia, o…

b) Se tenga en cuenta la realidad fáctica, pues solo se “enteraron, advirtieron y entendieron la participación y responsabilidad patrimonial del estado en el hecho dañoso, cuando recibieron la certificación de la fiscalía de justicia transicional sobre los autores de los hechos por parte de las autodefensas unidas de Colombia, AUC, que apoyados por agentes estatales según versiones de los comandantes atacaron a la población civil acusándolas de ser y auxiliar a las guerrillas de la región, certificación que tuvo como fecha 18 de octubre de 2018, por parte del Técnico Investigador II, señor, JAIME

ALBERTO MERCADO MARTÍNEZ…”

Resaltó que, a partir de la precitada fecha es que se debe iniciar el cómputo de la caducidad del medio de control indemnizatorio , en cumplimiento del literal ii) numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de enero de 2020, pues dicho certificado involuntariamente no lo allegó con la demanda y ta mpoco con la reforma de aquella, porque según manifestó “no se nos otorgó y facilit[ó]”.Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite de la solicitud de tutela

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 26 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Bolívar y del juez Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena.

A su vez, se ordenó la vinculación del ministro de Defensa Nacional, a los comandantes del Ejército Nacional y de la Armada Nacional, así como al director general de la Policía Nacional.

Asimismo, se requi rió el expediente objeto de demanda y se reconoció personería al apoderado de la demandante.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado ponente de la decisión acusada, se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar lo siguiente:

Indicó que los accionantes narraron una serie de situaciones fácticas en las que se vieron inmersos en el marco del desplazamiento forzado, sin embargo el conocimiento del asunto para el tribunal administrativ o estuvo definido a resolver la cuestión de la caducidad del medio de control, según lo reglado en el literal i) del numeral 2. º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para lo cual, se analizaron las reglas jurisprudenciales en la materia y determin aron la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida

cual, se analizaron las reglas jurisprudenciales en la materia y determin aron la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado.

Destacó que, de acuerdo con la jurisdicción rogada que caracteriza el contencioso, el recurs o de apelación debía resolverse de cara a los argumentos que se sustentaron en la alzada, que, de acuerdo con el apoderado de la parte actora se debía contabilizar el daño a partir de la declaración del señor Salvatore Mancuso del 28 de junio de 2013, segú n la constancia del 18 de octubre de 2018.

Mencionó que, se cotejaron las pruebas con las que se instauró la acción y que, además se determinó la inviabilidad de contar la fecha del certificado aportado en el escrito de apelación, porque del plenario se pudo extraer que los actores tuvieron la posibilidad de demandar desde el año 2006.

Refirió que, en cuanto a los múltiples extractos de sentencias que se refieren en el escrito de tutela, recordó que en el tema del desplazamiento forzado laDemandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co jurisprudencia no ha sido pacífica, por lo que para el momento de proferirse el auto del 30 de septiembre de 2022, el tribunal acusado tuvo en

www.consejodeestado.gov.co jurisprudencia no ha sido pacífica, por lo que para el momento de proferirse el auto del 30 de septiembre de 2022, el tribunal acusado tuvo en consideración la aplicación de las reglas establecidas por el órgano de cierre de lo contencioso en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 , las cuales son de imperativo cumplimiento.

Agregó que, es parte de nuestro derecho constitucional, princip ios como la seguridad jurídica y la cosa juzgada, pues también es una garantía constitucional que las contiendas tenga un fin, tengan una decisión definitiva y no se hagan interminables. De esta manera no es posible que el presente conflicto, siga debatiéndose en sede de tutela de forma interminable, hasta que la decisión sea satisfactoria a sus pretensiones.

1.6.2. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, al considerar que, l as actuaciones llevadas a cabo por dicho despacho judicial se ajustaron a las normas aplicables y en obs ervancia de los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado relacionados con la caducidad del medio de control de reparación directa en los casos de desplazamiento forzado.

Indicó que, el auto mediante el cual se rechazó la demanda se sustentó en la sentencia del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en la que se unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de l esa humanidad, los crímenes de guerra y

Tercera del Consejo de Estado , en la que se unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de l esa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.

Hizo referencia al contenido de su decisión, para destacar que no observa que los demandantes desconocieran que las muertes de las víctimas directas se dieran con ocasión a una posible imputación sobre responsabilidad del Estado. Por lo que, la consideró ajustada a principios como el de legalidad y responsabilidad previstos en la Constitución Política y, solic itó que se denieguen las pretensiones de la demanda.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Señaló que existe falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que respecta a dicha instituci ón, pues lo cuestionado se dirige en contra de l tribunal demandado.Demandantes: Carmen Elisa Arroyo de Navarro y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06518-00 10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 199 1 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 199 1 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva pues lo cuestionado le corresponde es al tribunal demandado.

La sala denegará lo solicitado por dicha cartera puesto que, la demanda ordinaria objeto de la presente acción de tutela se formuló en su contra, además su integración en este trámite constitucional se efectuó en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con el rechazo de la demanda de reparación directa por haber operado la caducidad del medio de control, pese a que se trataba de delitos de lesa humanidad en los que no opera dicha figura y, porque no se atendió a la realidad fáctica que daba cuenta del conocimiento de los hechos a partir de la constancia expedida el 18 de octubre de 2018 ; por incurrir en el defecto por desconocimiento del precedente.

Al respecto, se precisa que , si bien la parte accionante cuestionó las providencias dictadas en primera y segunda instancia, sobre esta última

18 de oc