CE - 010315000202306539001SENTENCIA20231123163434

Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-06539-00

Demandante: EUCARIS VELASCO BELALCÁZAR Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, SALA DE ……………………..DECISIÓN 005 Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – caducidad - víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la señora Eucaris Velasco Belalcazar contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. El 24 de octubre de 2023 la señora Eucaris Velasco Belalcázar, actuando a

Sala de Decisión 005 y otro.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. El 24 de octubre de 2023 la señora Eucaris Velasco Belalcázar, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, buena fe, reparación integral y todos aquellos que resultaron vulnerados».

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la providencia del 30 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Oral de Popayán, que declaró probada la caducidad. Lo anterior, en el marco del proceso ordinario, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con radicado 19001 -33-33-006-2018-00319-00/01, instaurado

contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

3. Como consecuencia de la anterior decisión, solicitó:

(…) B. Dejar sin efectos la sentencia No. 051 de 13 de abril de 2023 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Magistrado ponente Jairo Restrepo Cáceres o quien haga sus veces, por la violación de los derechosDemandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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2 fundamentales al debido proceso (artículo 29 Constitucional), acceso a la administración de justicia (artículo 229 Constitucional), seguridad jurídica (artículo 77 Constitucional), buena fe (artículo 83 Constitucional) y reparación integral (plasmado en numerosos artículos de la Carta como el 1º, 2º, 12, 29, 93, 229 y 250 num. 6 y 7) y todos aquellos que resultaron vulnerados dentro de la Acción de Reparación Directa radicada bajo el No 19001 33 33 006 2018 00319 01.

C Dejar sin efectos la sentencia No. 051 de 13 de abril de 2023 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, Magistrado ponente Jairo Restrepo Cáceres o quien haga sus veces, por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2.1 de la misma, derechos que en virtud del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991 gozan rango constitucional y todos aquellos derechos convencionales que resultaron vulnerados dentro de la Acción de Reparación Directa radicada bajo el No 19001 33 33 006 2018 00319 01.

D. Ordenar que sea proferida una decisión de reemplazo teniendo en cuenta

vulnerados dentro de la Acción de Reparación Directa radicada bajo el No 19001 33 33 006 2018 00319 01.

D. Ordenar que sea proferida una decisión de reemplazo teniendo en cuenta las pruebas que obran en el expediente, los instrumentos de Derechos Humanos y el corpus juris de Derecho Internacional aplicables a la cuestión de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y sus efectos sobre la caducidad de las acciones administrativas la jurisprudencia del Consejo de Estado en vigor al momento de los hechos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la misma materia en tanto criterio hermenéutico.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Eucaris Velasco Belalcázar y otros1, en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron declarar administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional por los perjuicios soportados con ocasión del fallecimiento de Eduin Herney Velasco Belalcázar en hechos ocurridos el 11 de abril de 2001 , propiciado con tortura y heridas con arma blanca por paramilitares del frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia en el corregimiento del Naya, municipio de Buenos Aires Cauca, hechos que consideró catalogados como delito de lesa humanidad y por los cuales debe responder la entidad demandada en razón a su omisión.

5. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante providencia

que consideró catalogados como delito de lesa humanidad y por los cuales debe responder la entidad demandada en razón a su omisión.

5. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán, mediante providencia del 30 de julio de 2021 declaró probada la caducidad. Como sustento de la decisión, luego de citar la jurisprudencia de unificación emanada del Consejo de Estado que refiere sobre la interpretación del artículo 164 del CPACA y las maneras de contabilizar la caducidad dentro del medio de control de reparación directa, adujo que no existía prueba de algún impedimento de los demandantes para conocer la posible omisión que atribuían al Ejército Nacional como causante

1 Ana Ruth Belalcazar, Brayan Stiven Velasco Muñoz, Eneisy Umir Muñoz Muñoz, Jhon Jairo Velasco Belalcázar, Leiser Velasco Belalcazar, Nemesio Velasco Velasco y Karen Yiseth Velasco MuñozDemandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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3 de la muerte de Eduin Herney Velasco Belalcázar a manos de miembros de las AUC.

6. Concluyó que, si bien su deceso constituyó un crimen de lesa humanidad, dicha situación resultaba insuficiente para desconocer el término legal que delimita el ejercicio del medio de control de reparación directa, «en ese orden de ideas, desde el

6. Concluyó que, si bien su deceso constituyó un crimen de lesa humanidad, dicha situación resultaba insuficiente para desconocer el término legal que delimita el ejercicio del medio de control de reparación directa, «en ese orden de ideas, desde el momento del fallecimiento, esto es desde el 11 de abril de 2001 hasta el momento de interposición de la demanda en el mes de noviembre año 2018, había operado el fenómeno extintivo de la caducidad».

7. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 que en sentencia de 13 de abril de 2023 confirmó la decisión de a quo al considerar que, desde el momento del fallecimiento, los demandantes tuvieron pleno conocimiento y la posibilidad de identificación de los autores materiales del

homicidio de Eduin Herney Velasco Valencia.

8. Adujo que, como prueba dentro del proceso penal tramitado ante el Juzgado Penal Especializado de Popayán se registró que el padre del fallecido había dado cuenta que las autodefensas – AUC – habían ultimado a su hijo, situación que permitía inferir, sin dubitación alguna, que se conocía a los responsables de los vejámenes ocurridos en la región del Naya, «y por ende, los familiares del extinto Eduin Herney estaban en plena capacidad, desde entonces, de acudir ante la autoridad judicial para reclamar al Estado por su posible omisión que derivó en los nefastos hechos acaecidos»

9. Esgrimió que igualmente, desde el mes de octubre del año 2014 la señora

judicial para reclamar al Estado por su posible omisión que derivó en los nefastos hechos acaecidos»

9. Esgrimió que igualmente, desde el mes de octubre del año 2014 la señora Eucaris Velasco Belalcázar, puso en conocimiento de la UARIV su situación de desplazamiento y afectación por hechos acaecidos en la municipalidad de Buenos Aires, Cauca, en los años 2000, lo cual promovió su inclusión en el RUV.

10. Concluyó que la parte demandante no logró acreditar su imposibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa con la finalidad de incoar la demanda, además de que las pruebas obrantes en la foliatura acreditaban plenamente que desde el mismo momento del deceso se identificaron como autores materiales del suceso a miembros de las AUC, sin intervención directa comprobada de algún agente estatal.

11. Por último, indicó que la SU de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 [radicado interno 61.033], en relación con la caducidad de las pretensiones de reparación directa frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, estableció

lo siguiente:

la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidadDemandante: Eucaris Velasco Belalcázar

ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidadDemandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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4 patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial; y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. (...) el término de caducidad para solicitar al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia. (Negritas propias).

otro asunto en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia. (Negritas propias).

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. La tutelante alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente ante la indebida aplicación de la sentencia de unificación dictada el 29 de enero de 20202 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

13. Explicó que si bien , la referida jurisprudencia del Consejo de Estado, se desprendía que el término de caducidad es el establecido por el legislador y debe contarse a partir de la fecha en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación del Estado (salvo en el caso de la desaparición forzada, que cuenta con una regulación legal expresa), dicha sentencia no fijó un término de caducidad diferenciada para los delitos de lesa humanidad.

14. Adujo que la postura jurisprudencial del Consejo de Estado vigente al momento de presentar la demanda era la imprescriptibilidad de la acción contenciosa administrativa para delitos de lesa humanidad, motivo por el cual dicha sentencia de unificación no le era aplicable.

15. Explicó que era necesario reconocer que están en juego los derechos de las víctimas, y que el medio de control fue presentado con anterioridad a la adopción de la nueva postura jurisprudencial. Agregó que la aplicación retroactiva de dicha postura tuvo como consecuencia que el juez administrativo no entrara a analizar

víctimas, y que el medio de control fue presentado con anterioridad a la adopción de la nueva postura jurisprudencial. Agregó que la aplicación retroactiva de dicha postura tuvo como consecuencia que el juez administrativo no entrara a analizar elementos de juicio que, «de haber sido oídos » habrían podido resultar en una sentencia benéfica para sus intereses

16. Arguyó que en el presente caso no se estaba frente a un ilícito cualquiera sino frente a un delito de lesa humanidad, «circunstancia a la que no se le dio la importancia debida en instancias anteriores».

17. Adujo que, en ejercicio del control de convencionalidad, el juez administrativo está llamado a aplicar directamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es procedente el estudio directo del artículo 25 -1Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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5 Convencional, así como la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de septiembre de 2006.

18. Esgrimió que si bien hubo un proceso penal a través del cual los demandantes pudieron conocer quiénes fueron los responsables directos de la muerte del señor Eduin Herney Velasco Belalcázar, «esta circunstancia no obsta para que se extendiera el término de caducidad, pues se trata de analizar si opera el fenómeno extintivo de la

Eduin Herney Velasco Belalcázar, «esta circunstancia no obsta para que se extendiera el término de caducidad, pues se trata de analizar si opera el fenómeno extintivo de la caducidad al tratarse de un delito de lesa humanidad endilgable al Estado por omisión».

19. Concluyó, que d el anterior análisis se desprend ía que el legislador no ha incorporado regla alguna para fijar el cómputo de la caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad . Sin embargo, nada obsta para que el juez de lo contencioso administrativo inaplique la SU de 29 de enero de 2020 del Consejo de

Estado.

20. Violación directa de la Constitución: Toda vez que la sentencia acusada desconoce el derecho al debido proceso (artículo 29 Constitucional) , su derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 Constitucional), su derecho a la buena fe (artículo 83 Constitucional) y su derecho a la reparación integral «(arts. 1º, 2º, 12, 29, 93, 229 y 250 num. 6 y 7 de la Carta)».

1.4. Trámite de la acción de tutela

21. Mediante auto del 1.º de noviembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y al juez titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, como autoridades judiciales accionadas.

22. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico , a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional (parte pasiva del proceso

Judicial de Popayán, como autoridades judiciales accionadas.

22. Igualmente, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico , a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional (parte pasiva del proceso ordinario) y a los señores Ana Ruth Belalcazar, Brayan Stiven Velasco Muñoz, Eneisy Umir Muñoz Muñoz, Jhon Jairo Velasco Belalcázar, Leiser Velasco Belalcazar, Nemesio Velasco Velasco y Karen Yiseth Velasco Muñoz (parte activa del proceso ordinario).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005

23. Solicitó declarar la improcedencia de la acción, o, den egar las pretensiones de la demanda en de la acción de tutela de la referencia, atendiendo que dicha corporación no ha afectado derecho fundamental alguno.

24. Adujo que, en ningún momento desatendió las garantías constitucionales de los demandantes, pues aplicó en debida forma los parámetros legales analizandoDemandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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6 en su integridad la prueba obrante en el expediente, garantizando su derecho al

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6 en su integridad la prueba obrante en el expediente, garantizando su derecho al debido proceso, aducido equívocamente como vulnerado.

25. A partir de lo anterior, explicó que la demandante busca una vez más, el estudio de la situación particular que desfavorece sus intereses, pues, de la lectura de la acción impetrada contra no se de mostró sino la intención de la accionante de utilizarla como un medio alternativo, adicional o complementario al que en su momento adelantara la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

1.5.2. Ministerio de Defensa

26. Solicitó declarar la improcedencia porque si bien la actora pretende realizar un estudio de los requisitos específicos de procedencia, no logró argumentarlos, al punto de considerar acreditadas las exigencias tanto formales como sustanciales de esta acción constitucional, ni tampoco probó la presunta vulneración de los derechos fundamentales que esgrime.

27. Adujo que se pretendía a través de esta instancia volver a revivir el escenario jurídico para debatir el tema de la caducidad, el cual ya fue dilucidado ampliamente por los jueces naturales del medio de control de reparación directa quienes acertadamente lo hicieron amparados en una sentencia de unificación del Consejo de Estado, la cual está ejecutoriada, sin modificaciones y contra la que incluso se han presentado acciones constitucionales, manteniéndose incólume.

28. Concluyó que la parte accionante se encuentra inconforme con lo decidido al interior del proceso de reparación directa, por lo que, intenta considerar la acción

incluso se han presentado acciones constitucionales, manteniéndose incólume.

28. Concluyó que la parte accionante se encuentra inconforme con lo decidido al interior del proceso de reparación directa, por lo que, intenta considerar la acción de tutela como una tercera instancia para revivir etapas procesales e interpretaciones y valoraciones probatorias que ya fueron debatidas por los jueces naturales.

1.5.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Popayán

29. Requirió declarar la improcedencia de la tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional ya que en la sentencia de primera instancia se concluyó que se configuró la caducidad y que no existía un motivo o razón demostrada probatoriamente ni argumentada en los hechos de la demanda, que le indicara al despacho que los demandantes tuvieron alguna clase de impedimento para conocer en el momento de los hechos la responsabilidad por omisión del Ejército Nacional, como causante de la muerte del señor Eduin Herney Velasco

Belalcázar.

30. Los demás sujetos, pese a que fueron notificados en debida forma no rindieron informe frente al asunto.Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la señora Eucaris Velasco Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo de Cauca, Sala de Decisión 005.

2.2. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

33. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los derechos «al debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, buena fe, reparación integral y todos aquellos que resultaron vulnerados» con ocasión de la providencia del 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo, que confirmó la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación directa?

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes

la providencia del 13 de abril de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo, que confirmó la declaratoria de caducidad del medio de control de reparación directa?

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional; ii) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; iii) de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; iv) análisis del caso en concreto.

2.3. Las víctimas de delitos de lesa humanidad como sujetos de especial protección constitucional

35. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

36. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personasDemandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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8 desplazadas por la violencia y, en general, las víctimas del conflicto armado, así como aquellas que se encuentran en extrema pobreza y:

todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados2.

37. En jurisprudencia reiterada 3 la Corte Constitucional ha construido un sólido criterio relacionado con la protección de las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno. La condición particular de vulnerabilidad de estas personas demanda que el Estado tenga un rol activo para que las necesidades que aquellos tengan sean satisfechas pronta y oportunamente, «lo que incluye el acceso a la administración de justicia, para obtener la protección y/o el restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados, precisamente, por causa del conflicto»4.

38. En tal sentido, al alto tribunal ha fijado las siguientes pautas constitucionales mínimas en relación con las garantías que les asiste a tales sujetos, «las cuales se

de los derechos que les han sido vulnerados, precisamente, por causa del conflicto»4.

38. En tal sentido, al alto tribunal ha fijado las siguientes pautas constitucionales mínimas en relación con las garantías que les asiste a tales sujetos, «las cuales se erigen en presupuestos normativos para el ordenamiento jurídico »5: i) acceso efectivo a la tutela judicial; ii) protección frente a la revictimización; iii) aplicación y remisión a las reglas generales, siempre y cuando se ajusten a la protección especial de las víctimas; iv) protección para que la ley sea interpretada razonablemente de acuerdo con la Constitución y no de manera rígida; v) protección frente a la demora o inacción de las autoridades competentes; vi) protección frente a trámites adicionales; vii) protección del principio de adecuación, y viii) protección frente a la ausencia de procedimientos para ejercer un derecho.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la

2 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T -495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 3 Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T -188 del 15.03.07., M.P. Álvaro Tafur Galvis; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 d el

3 Ver, entre otras: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T -188 del 15.03.07., M.P. Álvaro Tafur Galvis; Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-462 d el 21.06.12. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-364 del 12.06.15. M.P. Mauricio González Cuervo; Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido; Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 4 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Sentencia del 27.06.17. M.P. Carlos Bernal Pulido 5 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T -113 del 22.03.19. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Eucaris Velasco Belalcázar Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 005 y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06539-00

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9 misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su procedencia.8

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9 misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su procedencia.8

40. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

41. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

42. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para