CE - 010324000202100532001AUTOQUERESUEL20230519074812

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Expediente: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-000-2022-00016-00) Actora: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María

Fernanda Dávila Gómez Demandados: Nación – Ministerio de Transporte Tema: Nulidad de la Resolución 2021040034405 de 6 de agosto 2021 – Costos Eficientes de Operación

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos derivados del artículo 2° de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021 «Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE TAC y se dictan otras disposiciones» , expedida por el Ministerio de Transporte.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante auto de 5 de septiembre de 2022 1, este Despacho ordenó la acumulación del expediente 11001 -03-24-000-2022-00016-002, al proceso identificado con el radicado 1001-03-24-000-2022-00532-003, por considerar que se configuran los supuestos de que trata el artículo 148 del Código General del Proceso4, y ordenó que se tramiten en una misma actuación, de conformidad con lo

identificado con el radicado 1001-03-24-000-2022-00532-003, por considerar que se configuran los supuestos de que trata el artículo 148 del Código General del Proceso4, y ordenó que se tramiten en una misma actuación, de conformidad con lo establecido en los artículos 179 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

1 Índice 37 del Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2021-00532-00. 2 Actora: María Fernanda Dávila Gómez, demandado: Ministerio de Transporte. 3 Actora: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, demandado: Ministerio de Transporte. 4 Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos, norma aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:

1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda. b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos. c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos

hechos […]”.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda Dávila Gómez

2 I.1. El expediente 11001-0324-000-2022-00016-00, actora: María Fernanda Dávila Gómez, demandado: Ministerio de Transporte

I.1.1. La demanda

1. La señora María Fernanda Dávila Gómez, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, instauró demanda, previa solicitud de suspensión provisional, con el fin de obtener las

siguientes declaraciones:

«[…] PRIMERO: Que se declare la nulidad de del (sic) Artículo 2° de la Resolución No. 20213040034405 del 6 de agosto de 2021 del Ministerio de Transporte toda vez que desconoce expresamente lo establecido en el Decreto 2092 de 2011 en los artículos 1, 3, y 4 al establecer los valores publicados en el SICETAC como precios mínimos obligatorios y no como precios de referencia, desconociendo así, el sistema de libertad vigilada adoptado para el sector del transporte de carga. Además, declare nulo el artículo 2 de la Resolución demandada toda vez que lo establecido en la misma extralimita las competencias del Ministerio de Transporte.

SEGUNDO: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada».

Resolución demandada toda vez que lo establecido en la misma extralimita las competencias del Ministerio de Transporte.

SEGUNDO: Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada».

2. Este Despacho, mediante auto de 8 de abril de 20225 admitió la demanda, luego de ser inicialmente inadmitida6, y ordenó la notificación de la anterior providencia al Ministerio de Transporte, así como al señor Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, en la forma prevista en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

I.1.2. Solicitud de medida cautelar

3. La demandante , se remitió a la demanda de nulidad , en la cual adujo q ue el artículo 2° de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021 «Por la cual se actualiza el Protocolo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga SICE TAC y se dictan otras disposiciones» fue expedido por el Ministerio de Transporte transgrediendo el artículo 60 de la Ley 81

5 Índice 11. Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI radicado: 11001-0324-000-2022-00016-00. 6 Mediante auto de 4 de febrero de 2022, por cuanto la parte actora no dio cumplimiento a las exigencias consagradas en los numerales 7º del artículo 162 y 1º del artículo 166 del CPACA, por cuanto: i) no indicó la dirección de notificación de la entidad demandada y ii) no apo rtó la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto administrativo acusado (índice 4 SAMAI), requisitos que fueron subsanados

dirección de notificación de la entidad demandada y ii) no apo rtó la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto administrativo acusado (índice 4 SAMAI), requisitos que fueron subsanados mediante escrito de 16 de febrero de 2022 (índice 9).Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda Dávila Gómez

3 de 19887 y los artículos 1°, 3° y 4° del Decreto 2092 de 2011 8, normas a su vez modificadas por el Decreto 2228 de 201 39 y compiladas en el Decreto 1079 de 201510.

(i) Los hechos de la demanda

4. Los hechos de la demanda se sintetizan en el siguiente sentido:

5. Explica que, con anterioridad a la Constitución de 1991, el legislador expidió la Ley 81 de 1988 11, normatividad que en su artículo 60 estableció que la política de precios p odía ejercerse bajo las siguientes modalidades: (i) régimen de control directo; (ii) régimen de libertad regulada, y (iii) régimen de libertad vigilada. Por su parte, el literal c) del artículo 61 ejusdem dejó a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte – hoy Ministerio de Transporteel establecimiento de la políticas de precios, su aplicación y la fijación de las tarifas del transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros y mixto -cuando sea subsidiado por el Estado -, así como

Públicas y Transporte – hoy Ministerio de Transporteel establecimiento de la políticas de precios, su aplicación y la fijación de las tarifas del transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros y mixto -cuando sea subsidiado por el Estado -, así como del transporte terrestre intermunicipal e interdepartamental y del transporte fluvial.

6. Sostiene que, mediante el Decreto 2092 de 2011, el Gobierno nacional optó por dar aplicación al régimen de libertad vigilada de que trata el numeral 3° del artículo 60 de la Ley 81 de 19 88, el cual se sustentó en el CONPES 3489 de 2007 . Dicho documento le otorgó al Ministerio de Transporte la competencia de regulación delegada como función pública para la armonización de las relaciones económicas de los integrantes de la cadena con sujeción a los principios de sostenibilidad, desarrollo y competitividad. Para log rar dicho cometido, planteó que era necesario migrar hacia un esquema de regulación «[…] basado en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de mercado […]».

7. Aduce que el esquema de libertad vigilada se materializó en el sect or de transporte de carga con la entrada en vigencia del Decreto 2092 de 2011, modificado por el Decreto 2228 de 2013 y compilado en el Decreto 1079 de 2015, el cual liberó el mercado al disponer que: «[…] [l]las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las

7 «Por la cual se reestructura el Ministerio d e Desarrollo Económico, se determinan las funciones de sus

Generador de la Carga y la empresa de transporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las

7 «Por la cual se reestructura el Ministerio d e Desarrollo Económico, se determinan las funciones de sus dependencias, se deroga el Decreto legislativo número 0177 de 1o. de febrero de 1956, se dictan normas relativas a los contratos de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política d e precios y se dictan otras disposiciones». 8 «Por el cual se fija la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y se establecen otras disposiciones». 9 «Por el cual se modifican los artículos 1, 3, 4, 5, 11 y 12 del Decreto 2092 de 2011 y se dictan otras Disposiciones». 10 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte». 11 «Por la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Económico, se d eterminan las funciones de sus dependencias, se deroga el Decreto legislativo número 0177 de 1o. de febrero de 1956, se dictan normas relativas a los contratos de fabricación y ensamble de vehículos automotores y a la política de precios y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda Dávila Gómez

4 partes». Pero al mismo tiempo , la citada norma estableció que esa libertad no era

2022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda Dávila Gómez

4 partes». Pero al mismo tiempo , la citada norma estableció que esa libertad no era absoluta y, por ende, se debía intervenir mediante dos herramientas: (i) los precios mínimos, para lo cual prescribió que «[…] en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación» y, (ii) los precios de referencia, para lo cual dispuso que «[…] [e]l Sistema de Información SICE-TAC, del Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia».

8. Subraya que la Resolución 757 de 2015 dispuso en su artículo 1° lo siguiente:

«En ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el SICE -TAC, dado el carácter obligatorio del artículo segundo del Decreto número 2228 de 2013». (subrayado es original del demandante)

9. Menciona que, a través del Memorando 20151010124611 de 13 de mayo de 2015, dirigido a los actores del sector transporte, el Viceministro de Transporte y el Superintendente de Puertos y Transporte indicaron:

«El valor a reconocer en las relaciones económicas del costo kilometro por tonelada efectivamente transportada debe ser calculado con base en los Costos Eficientes de Operación contenidos en el SICE TAC y de acuerdo a las características propias de las rela ciones económicas de cada contrato, pudiendo pactar las partes eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos». (Subrayado es original del demandante)

características propias de las rela ciones económicas de cada contrato, pudiendo pactar las partes eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos y operativos». (Subrayado es original del demandante)

10. Anota que, mediante el concepto No. 20211340445011 del 06 de mayo de 2021 la Oficina Jurídica del Ministerio de Transporte manifestó que: «[…] el Decreto 1079 de 2015 y la Resolución No. 757 de 2015, son claras al establecer que en ningún caso se podrán efectuar pagos por debaj o de los costos eficientes de operación, para lo cual se deberán tomar los costos mínimos publicados en el SICE–TAC».

11. Finalmente, expone que el Ministerio de Transporte, el 6 de agosto de 2021 expidió la Resolución 20213440034405 , acto administrativo demandado parcialmente que, en su artículo 2º reitera lo que ya se había indicado en la Resolución 757 de 2015, es decir que «[…] Los Costos Eficientes de Operación publicados en el SICE-TAC son de obligatorio cumplimiento, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Co stos Eficientes de Operación » y, además, dicha obligación se hizo extensiva a todos los actores de la cadena logística de transporte terrestre automotor de carga y a todas las tipologías vehiculares.

(ii) El concepto de la violación

• Desconocimiento de los artículos 1°, 3° y 4° del Decreto 2092 de 2011, modificados por el Decreto 2228 de 2013 y compilados en el Decreto

(ii) El concepto de la violación

• Desconocimiento de los artículos 1°, 3° y 4° del Decreto 2092 de 2011, modificados por el Decreto 2228 de 2013 y compilados en el Decreto 1079 de 2015Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda

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12. La demandante enfatiza que el artículo 2° de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021 desconoce lo dispuesto en los artículos 1°, 3° y 4° del Decreto 2092 de 2011, modificado por el Decreto 2228 de 2013 y compilado en el Decreto

1079 de 2015, por las siguientes razones:

13. Refiere que el Decreto 2092 de 2011 acogió el sistema de libertad vigilada para el sector transporte de carga y señala que el concepto de «libertad» hace referencia al conocimiento que tienen los actores económicos del transporte terrestre de carga, esto es, el generador, la empresa de transporte y propietario, el tenedor o poseedor del vehículo, acerca de la existencia de los costos de referencia del mercado relevante que son elaborados y publicados por el SICE -TAC; valores que constituyen una guía para negociar con total libertad el valor a pagar. Agrega que el concepto de «vigilancia» se refiere al monitoreo que establecen los Decretos 2092 de 2011 y 2228 de 2013 por parte del Ministerio de Transporte, en atención al valor

concepto de «vigilancia» se refiere al monitoreo que establecen los Decretos 2092 de 2011 y 2228 de 2013 por parte del Ministerio de Transporte, en atención al valor a pagar y al valor del flete, frente a los costos eficientes de operación en atención a los más altos criterios técnicos, logísticos y de eficiencia.

14. Observa que el documento CONPES 3759 de 2013 reconoce la aplicación del modelo económico de libertad vigilada a partir de la eliminación de la Tabla de Fletes, es decir, un esquema de regulación basado en la libertad de pacto entre los actores del sistema, limitada a la intervención del mercado en caso de presentarse fallas en el mismo.

15. Precisa que el artículo 1° del Decreto 2092 de 2011 -modificado por el artículo 1° del Decreto 2228 de 2013define los costos eficientes de operación como los gastos de operación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga que se obtienen en una ruta origen destino, considerando los parámetros de operación más eficientes, y atendiendo criterios técnicos, logísticos y de eficiencia, con base en la información de costos reportada y contenida en el SICE -TAC. Lo anterior significa que los costos eficientes de operación son valores mínimos operativos determinados en atención a los más altos niveles de eficiencia y su cálculo se efectúa con sustento en criterios técnicos y logísticos. Así mismo, la expresión «con base», supone que la información de costos promedio reportada por el SICE -TAC constituye uno de los criterios a seguir, a partir de los cuales deben calcularse los costos eficientes de operación.

base», supone que la información de costos promedio reportada por el SICE -TAC constituye uno de los criterios a seguir, a partir de los cuales deben calcularse los costos eficientes de operación.

16. Destaca que el tenor literal del artículo 3° del Decreto 2092 de 2011 -modificado por el artículo 2° del Decreto 2228 de 2013 - señala de manera clara que : «Las relaciones económicas entre el Generador de la Carga y la empresa de tr ansporte público, y de esta con los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos, serán establecidas por las partes, sin que en ningún caso se puedan efectuar pagos por debajo de los Costos Eficientes de Operación. El sistema de información SICE-TAC, del Ministerio de Transporte, será el parámetro de referencia».Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda

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17. En consecuencia, y a partir de una interpretación sistemática de la definición de los costos eficientes de operación de que trata el artículo 1° del Decreto 2092 de 2011, modificado por el artículo 1° del Decreto 2228 de 2013, los valores de referencia del SICE -TAC constituyen uno de los criterios a tener en cuenta para establecer los costos eficientes de operación, los que a su vez constituyen el valor mínimo que pueden pactar los actores económicos del sector transporte terrestre de carga.

18. En definitiva, el actor asegura que e l Decreto 2092 de 2011, modificado por el

mínimo que pueden pactar los actores económicos del sector transporte terrestre de carga.

18. En definitiva, el actor asegura que e l Decreto 2092 de 2011, modificado por el Decreto 2228 de 2013 y compilado por el Dec reto 1079 de 2015 pasó del sistema de «tabla de fletes» hacia el sistema de libertad vigilada en el sector de transporte terrestre automotor de carga . Para ello, se dispuso que los agentes del mercado podían pactar el precio de los servicios, pero (i) respetando un precio mínimo obligatorio equivalente a los costos eficientes de operación, y (ii) tomando como parámetro de referencia, no obligatorio, la información contenida en el SICE-TAC.

19. A partir de dicha lógica, considera que el Ministerio de Transporte, a través de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021 , desnaturalizó la regulación en el sector de transporte terrestre automotor de carga , pues confundió los mecanismos de intervención planteados en el Decreto 2092 de 2011 y los fusionó en uno solo, desarticulando por completo el sistema de libertad vigilada. Ello, por cuanto pasó de un esquema de intervención de los precios mínimos equivalentes a los costos más eficientes y con señales al mercado mediante los parámetros de referencia divulgados en el SICE -TAC, hacia un esquema simple con precios mínimos establecidos solamente por los datos del SICE -TAC. De esta manera, transformó los costos promedio del mercado en los precios mínimos obligatorios, permitiendo que, incluso, las operaciones ineficientes tuvieran alguna retribución.

20. Agrega que el artículo 4º del Decreto 2092 de 2011 dispone que el SICE TAC es

permitiendo que, incluso, las operaciones ineficientes tuvieran alguna retribución.

20. Agrega que el artículo 4º del Decreto 2092 de 2011 dispone que el SICE TAC es un «[…] sistema de información de costos de referencia, y un esquema de monitoreo de los fletes y del Valor a Pagar». Lo anterior significa que el SICE-TAC fue diseñado como un mero parámetro de referencia para enervar la asimetría de información existente entre los agentes del mercado de transporte de carga, para así procurar que entre ellos se hicieran negociaciones libres e informadas. Sin embargo, el artículo 2° de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021, al establecer que los costos eficientes de operación publicados en el SICE-TAC son obligatorios transformó por completo el sistema de libertad vigilada, pues ya no constituyen un medio de ref erencia sino un mecanismo de consulta para la determinación de los precios. En últimas, mediante la referida regulación se volvió al sistema de «tabla de fletes».

21. Finalmente, argumenta que:Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda

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7 «[…] Como la nueva postura del Ministerio prácticamente define que los costos eficientes de operación son aquellos publicados en el SICE TAC, los precios mínimos obligatorios automáticamente se calculan mediante los mecanismos de precios de referencia, y hacen que tales valores no reflejen un esqu ema de costos de operación y logística más eficientes, sino uno que incluye

mínimos obligatorios automáticamente se calculan mediante los mecanismos de precios de referencia, y hacen que tales valores no reflejen un esqu ema de costos de operación y logística más eficientes, sino uno que incluye ineficiencias. Si el esquema de costos cubre ineficiencias, no hay ningún tipo de libertad, ni siquiera vigilada. Esto, porque los agentes no pueden negociar por debajo del precio publicado en el SICE TAC porque la norma lo prohíbe, y tampoco lo hacen por encima porque el precio mínimo obligatorio ya cubre ineficiencias costosas. Así, los precios mínimos se transforman en precios fijos, y se hace nugatorio por completo el llamado si stema de libertad vigilada, contemplado en las normas superiores.

Es claro entonces como el artículo 2 de la Resolución No. 20213040034405 del 6 de agosto de 2021 del Ministerio de Transporte desconoce cabalmente lo establecido en los apartados señalados anteriormente del Decreto 2092 de 2011; que, teniendo en cuenta la finalidad del modelo económico adoptado a través de dicho Decreto y de conformidad a lo establecido por el artículo 60 de la Ley 81 de 1988 y los artículos 333 y 334 de la Constitución Política de Colombia, el Ministerio de Transporte interviene de forma radical en el mercado de transporte de carga generando una obligación que se encuentra en contravía a la norma superior – Decreto 2092 de 2011y del modelo de libertad vigilada que presupone una intervención por parte del Estado solo en aquellos casos en que se presente una falla del mercado. En el caso concreto, es claro como se limita la libertad de los actores parte de la operación de transporte restringiendo el espectro de negociación, toda vez, que los valores ya están determinados en

que se presente una falla del mercado. En el caso concreto, es claro como se limita la libertad de los actores parte de la operación de transporte restringiendo el espectro de negociación, toda vez, que los valores ya están determinados en el SICE TAC y no puede establecerse un valor diferente al allí publicado. Por lo tanto, la Resolución del 6 de agosto de 2021, rompe la armonía normativa en materia de transporte toda vez que es contraria a otras disposiciones de las cuales se deriva su validez y sustento».

• Segundo reproche titulado: «La nueva postura del Ministerio de Transporte supone un abuso de competencias»

22. Adicionalmente, sostiene que la competencia a cargo del Ministerio de Transporte prevista en el artículo 29 de la Ley 336 de 1996 para formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la fijación de las tarifas en los diversos modos de transporte, a su vez desarrollada en el artículo 2° del Decreto 087 de 2011, debe realizarse sin desbordar los límites del esquema de libe rtad vigilada descrito en el numeral 3° del artículo 60 de la Ley 81 de 1988.

I.2. El expediente 11001-0324-000-2021-00532-00, actora: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI

I.2. La demanda (sin solicitud de suspensión provisional)

23. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, a través de su representante legal, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad

previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de loRadicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda Dávila Gómez

8 Contencioso Administrativo, CPACA, sin solicitud de suspensión provisional, en la que elevó la siguiente pretensión:

«[…] la declaración de nulidad del artículo segundo de la Resolución No. 20213040034405 de 6 de agosto de 2021 del Ministerio de Transporte […]».

24. Este Despacho, mediante auto de 21 de enero de 2022 12 admitió la demanda y ordenó la notificación de dicha providencia a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defesa Jurídica del Estado.

II.- TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR (EXPEDIENTE 11001-03-24-000-2022-00016-00)

25. Mediante auto de 25 de abril de 2022 13, se corrió traslado de la solicitud de la medida cautelar a la entidad demandada para que se pronunciara sobre la misma en el término de cinco días (5) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA. Superado el trámite anterior, el Ministerio de Transporte se pronunció dentro del término de traslado.

26. El Ministerio de Transporte, por conducto de apoderad o judicial14 se opuso a la prosperidad de la medida cautelar de la referencia , luego de señalar que la accionante no acreditó los requisitos previstos en el artículo 231 del Código de

26. El Ministerio de Transporte, por conducto de apoderad o judicial14 se opuso a la prosperidad de la medida cautelar de la referencia , luego de señalar que la accionante no acreditó los requisitos previstos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , CPACA, para la procedencia de la medida cautelar toda vez que no se encuentra debidamente sustentada, y agrega que el actor no efectuó una comparación del precepto acusado con las normas supuestamente infringidas, omisión que, a su juicio, impide acceder a la medida deprecada.

27. Además, considera que la cautela solicitada excede lo pedido en la demanda, pues mientras que en el libelo introductorio se solicita la nulidad del artículo 2° de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021 , lo cierto es que la petición cautelar va dirigida a suspender los efectos jurídicos de la totalidad de la citada resolución, motivo por el cual la mencionada solicitud resulta improcedente.

III. CONSIDERACIONES

28. Para efectos de resolver la solicitud cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente

12 Índice 12 del Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2021-00532-00. 13 Índice 13 del Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2022-00016-00.

12 Índice 12 del Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2021-00532-00. 13 Índice 13 del Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2022-00016-00. 14 Índice 22 del Expediente digital. Gestión Judicial SAMAI: 11001-0324-000-2022-00016-00.Radicación: 11001-03-24-000-2021-00532-00 (Acumulado con el expediente 11001-0324-0002022-00016-00) Demandantes: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI y María Fernanda Dávila Gómez

9 en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) analizar el contenido del precepto acusado y, finalmente, (iv) si resulta pertinente acceder o no a la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos derivados del artículo 2° de la Resolución 20213040034405 de 6 de agosto de 2021.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

29. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime nec esarias para « proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del

adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime nec esarias para « proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

30. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo.

31. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas

(numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.15

32. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida ca