CE - 010324000202100600001AUTOQUERESUEL20230412121918

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-24-000-2021-00600-00

Demandante: William Esteban Gómez Molina Demandado: Nación – Presidencia de la República – Ministerio de Educación Nacional Tema: Decide la solicitud de imposición de la medida cautelar de suspensión provisional de lo s artículos 2.3.2.2.4.3. (inciso 3°), 2.3.7.4.4., 2.3.7.4.5., 2.3.7.4.6., 2.3.7.4.7., 2.3 .7.4.8. (inciso 2°), 2.4.2.1.2.1. (parágrafo), 2.4.2.1.2.11., 2.4.2.1.2.12., 2.4.2.1.2.13., y 2.4.4.2.2.2. (parágrafo 1°) del Decreto 1075 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a res olver la solicitud de decreto de medida cautelar consistente en la suspensión provisiona l de los efectos jurídicos de los artículos

2.3.2.2.4.3., 2.3.7.4.4., 2.3.7.4.5., 2.3.7.4.6., 2.3.7.4.7., 2.3.7.4.8. (parcial), 2.4.2.1.2.1. (parágrafo), 2.4.2.1.2.11., 2.4.2.1.2.12., 2.4.2.1.2.13., y 2.4.4.2.2.2. (parágrafo 1 °) del Decreto n.° 1.075 de 26 de mayo de 2015 1, expedidos por el Gobierno Nacional2.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El ciudadano William Esteban Gómez Molina , actuando en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ─en adelante CPACA─ , tendiente a obtener la declaratoria de nulidad (a) del aparte «[…] La determinación tomada por el gobernador o el alcalde no es objeto del recurso de apelación ante el Ministro de Educación Nacional […]» del artículo 2.3.2.2.4.3; (b) d el artículo 2.3.7.4.4.; (c) del artículo 2.3.7.4.5; (d) del artículo 2.3.7.4.6; (e) del artículo 2.3.7.4.7; (f) del aparte «[…] No obstante, en virtud de los principios y fines de la educación y de la atención que le compete al Estado para favorecer la cal idad, el mejoramiento y la cobertura

obstante, en virtud de los principios y fines de la educación y de la atención que le compete al Estado para favorecer la cal idad, el mejoramiento y la cobertura educativa, previo al inicio de cualquier procedimiento sancionatorio, deberán agotarse todos los mecanismos de apoyo y asesoría contemplados en los artículos 2.3.7.1.3., 2.3.7.1.4. y 2.3.7.3.4. de este Decreto […]» ; (g) del «[…] Parágrafo. Cuando el tiempo de servicio del docente no oficial no aparezca certificado como se dispone en el Decreto 597 de 1980, en la manera en que queda compilado en el presente Decreto, la entidad territorial certificada informará lo pertinen te al secretario de educación para efecto de la imposición de las correspondientes sanciones […]» del artículo 2.4.2.1.2.1; (h) de los artículos

1 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación». 2 Integrado por el presidente de la República y la ministra de educación.2

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Demandante: William Esteban Gómez Molina Demandado: Presidencia de la República y Ministerio de Educación

2.4.2.1.2.11, 2.4.2.1.2.12 y 2.4.2.1.2.13; e (i) del «[…] Parágrafo 1. El reporte de personal no perteneciente a las plantas de personal del respectivo ente territorial acarreará las sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales a que

personal no perteneciente a las plantas de personal del respectivo ente territorial acarreará las sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales a que haya lugar […]» del artículo 2.4.4.2.2.2 del Decreto n.° 1.075 de 26 de mayo de 2015, a través del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

2. Mediante auto de 3 de diciembre de 2021 3, este Despacho admitió el medio de control de nulidad presentado por la parte demandante.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. La parte actora solicitó la suspensión provisional «[…] del artículo 2.3.2.2.4.3., y los artículos 2.3.7.4.4., 2.3.7.4.5., 2.3.7.4.6., 2.3.7.4.7. y 2.3.7.4.8. (parcial), y el parágrafo del artículo 2.4.2.1.2.1., y los artículos 2.4.2.1.2.11., 2.4.2.1.2.12. y 2.4.2.1.2.13., y el parágrafo 1° del artículo 2.4.4.2.2.2. (parcial) del Decreto 1075 de 2015 […]», porque : «[…] como se expuso en el escrito de demanda , existe incompatibilidad entre los actos demandados y los principios al debido proceso, legalidad de las faltas y tipicidad de las sanciones en materia administrativa […]».

4. Adicionalmente, la parte actora manifestó lo siguiente:

«[…] 1) Los artículos 29 y 150 consagran los principios al debido

legalidad de las faltas y tipicidad de las sanciones en materia administrativa […]».

4. Adicionalmente, la parte actora manifestó lo siguiente:

«[…] 1) Los artículos 29 y 150 consagran los principios al debido proceso, legalidad de las faltas y tipicidad de las sanciones en materia administrativa, prem isa que ha sido sosteni da de manera pacífica y reiterada por parte de la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional (…) 2) La derogación expresa de la Constit ución de 1886 y todas s us reformas contenidas en el artículo 380 de la Constitución Política de Colombia de 1991 (…) 3) De lo anterior se colige que, el presidente constitucionalmente no está facultado –no cuenta con la competencia– para regular vía decreto reglamentario (art. 189) los elementos esenciales del tipo: ( i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) la a utoridad competente par a aplicarla y (iv) el procedimiento que debe seguirse para su imposición, y 4) El artículo 2.3.2.2.4.3., y los artículos 2.3.7.4.4., 2.3.7.4.5., 2.3.7.4.6., 2.3.7.4.7. y 2.3.7.4.8. (parcial), y el parágrafo del artículo 2.4.2.1.2.1., y los artículos

2.3.7.4.8. (parcial), y el parágrafo del artículo 2.4.2.1.2.1., y los artículos 2.4.2.1.2.11., 2.4.2.1.2.12. y 2.4.2.1.2.13., y el parágrafo 1° del artículo 2.4.4.2.2.2. (parcial) del Decreto 1075 de 2015, regulan todo aquello que por expresa disposición constitucional le corresponde de manera exclusiva al legislador, es decir, fueron dicta dos con extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria y en desconocimiento de la reserva de ley en materia sancionatoria (…) De lo anterior emerge con absoluta claridad el efecto dañino del que se busca proteger todas aquellas situaciones no consolidadas con la medida preventiva de

3 Índice 4, SAMAI.3

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suspensión provisional solicitada, pues de continuar ejecutándose los procedimientos administrativos sancionatorios especiales en contra de las personas naturales o jurídicas públicas o priva das que interactúan con el Sector Educación de la Nación, mientras se surte el proceso de juicio de nulidad, se generaría una evidente vulneración a su derecho fundamental al debido proceso. A este respecto, es importante señalar que en la actualidad exist e una gran mora procesa l y la sentencia, por lo regular, tarda varios años en ser dictada, en especial en el trámite de los asuntos como el que acá se ventila […]».

que en la actualidad exist e una gran mora procesa l y la sentencia, por lo regular, tarda varios años en ser dictada, en especial en el trámite de los asuntos como el que acá se ventila […]».

5. En su demanda, a la cual se refiere en la solicitud de medida cautelar, planteó que los cargos de nulidad expuestos parten de la premisa consistente en que la derogatoria de la Carta Política de 1886 y sus reformas, tiene efecto sobre las demás normas que integran el ordenamiento jurídico, lo que se tra duce en que: «[…] esas normas también fueron derogadas […]».

6. El actor también s e muestra contrario a la posición expues ta por la Corte Constitucional en la Sentencia C -014 de 1993 , consistente en que las normas de menor jerarquía a la Carta Política -preexistentes a la Constitución Política de 1991hicieron tránsito constitucional puesto que, conforme lo indicó la Corte Suprema de Justicia, no resultaba admisible la tesis de una derogatoria en bloque del ordenamiento inferior, toda vez que tal argumento no tiene fundamento constitucional y, siendo la Constitución Política el parámetro ú ltimo de control, «[…] no sería válido reconocer como derecho aquello que desconoce los criterios que ella fijó para la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o profieran los órganos por ella instaurados […]».

7. El accionante también hizo referencia al derecho fundamental al debido proceso y al principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas, citando para el efecto del artículo 29 de la Carta Política y destacando que, en materia administrativa: (i) siguiendo el principio de legalid ad, es competencia del

y al principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones administrativas, citando para el efecto del artículo 29 de la Carta Política y destacando que, en materia administrativa: (i) siguiendo el principio de legalid ad, es competencia del legislador, no del ejecutivo, tipificar las infracciones y determinar las sanciones a través de leyes o normas con fuerza material de ley, sin perjuicio de que exi sta, en este ámbito, algún grado de flexibilidad en favor de la admini stración; ( ii) la ley debe establecer el procedimiento y la autoridad competente para la imposición de las sanciones , y (iii) de acuerdo con el principio de tipicidad, la infracción y la sanción deben ser fijadas por el legislador, con anterioridad a la comisión del ilícito y al acto de imposición de aquella.

8. Como consecuencia de su argumentación, encontró que las disposiciones cuya nulidad solicitó trasgredieron tal derecho fundamental y principios puesto que el Gobierno Nacional no p odía crear procedimientos administrativos sancionatorios especiales en el sector de la educación, ni reproducir y aplicar normas que fueron derogadas de forma expresa por la Carta Política.

9. Descendió a cada una de las disposiciones para indicar lo siguiente:4

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(9.1) Respecto del artículo 2.3.2.2.4.3 del Decreto 1 075 de 2015 ─artículo 20 del Decreto 2253 de 1995─, señaló que la atribución legal para la expedición de esta

(9.1) Respecto del artículo 2.3.2.2.4.3 del Decreto 1 075 de 2015 ─artículo 20 del Decreto 2253 de 1995─, señaló que la atribución legal para la expedición de esta norma «[…] es el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, el cual no determina el procedimiento para imponer sanciones y menos uno en donde no se garantiza el derecho a la segunda instancia (art. 31 de la Constitución Política) […]».

(9.2) Frente al artículo 2.3.7.4.4 , 2.3.7.4.5, 2.3.7.4.6, 2.3.7.4.6 y 2.3.7.4.7 ─artículos 18, 19 , 20, 21 y 22 del Decreto 907 de 1996 ─ del Decreto 1 075 de 2015, indicó que las normas que sustenta ron su expedición, esto es, el artículo 189 numeral 11 de la Carta Política y los artículos 171 y 172 de la Ley 115 de 1994, no determina ron las conductas o comportamientos que dan lugar a la imposición de las sanciones , ni las sanciones a im poner, ni el procedimiento para el anterior fin con garantía del derecho a la segunda instancia.

En lo concerniente al artículo 2.3.7.4.4 del Decreto 1 075 de 2015 , mencionó que: «[…] la Ley 734 de 2002 fue derogada en su totalidad por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 […]».

(9.3) En lo que tiene que ver con el artículo 2.4.2.1.2.1 ─artículo 6° del Decreto 259

1952 de 2019 […]».

(9.3) En lo que tiene que ver con el artículo 2.4.2.1.2.1 ─artículo 6° del Decreto 259 de 1981─ del Decreto 1 075 de 2015, expuso que tal precepto se debe entender derogado expresamente por el artículo 380 de la Constitución Política.

(9.4) En lo atinente a lo s artículos 2.4.2.1.2.11, 2.4.2.1.2.12 y 2.4.2.1.2.13 ─artículos 3°, 4° y 5° del Decreto 597 de 1980─ del Decreto 1 075 de 2015, afirmó que se debe n entender derogado s expresamente por el artículo 380 de la Constitución Política.

(9.5) En lo que atañe al parágrafo 1° del artículo 2.4.4.2.2.2 ─artículo 8 del Decreto 3752 de 2003─ del Decreto 1 075 de 2015, aseveró que de las normas que sustentaron su expedición, esto es, el artículo 189 numeral 11 de la Carta Política y el artíc ulo 16 de la Ley 91 de 1989, ninguna de ellas «[…] regula, describe la conducta o el comportamiento que da lugar a la aplicación de sanciones, además se pone de relieve que el artículo 16 de la Ley 91 de 1989 se entiende derogado de manera expresa por el artículo 380 de la Constitución Política de 1991 […]».

II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

10. Este despacho, a través del auto de 3 de diciembre de 2021 4, corrió traslado a

II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

10. Este despacho, a través del auto de 3 de diciembre de 2021 4, corrió traslado a las entidades demandadas de la solicitud de decreto de medida cautelar presentada por la parte actora, en los términos del artículo 233 del CPACA.

11. El apoderado judicial del Presidente de la República5, mediante escrito de 1 1 de enero de 2022 6, se opuso a la petición cautelar por que las disposiciones

4 Índice 5, SAMAI.5

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acusadas no vulneraron la Cart a Política o la ley , y agregó que la solicitud no cumple con los presupuestos legales del artículo 231 del CPACA.

12. Explicó que: «[…] las disposiciones demandadas gozan de plena legitimidad y validez, por cuanto el ejercicio de expedición, como su contenido, son respetuosos de la Constitución Política y de la ley. Las normas demandadas se expiden dentro del ámbito y competencia de la potestad reglamentaria del Presidente de la

República […]».

13. Precisó que la solicitud de imposición de la cautela no identif icó un perjuicio concreto y cierto causado por la regul ación actual, ni tampoco acreditó que este fuera irremediable y que permitiera colegir, a través de una ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para la comunidad permitir que la normatividad actual siga siendo aplicada que decretar la medida cautelar.

fuera irremediable y que permitiera colegir, a través de una ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para la comunidad permitir que la normatividad actual siga siendo aplicada que decretar la medida cautelar.

14. Destacó, asimismo, que el actor pasó por alto «[…] el origen de los Decretos 2253 de 1995, 907 de 1996, 259 de 1981, 597 de 1980 y 3752 de 2003, que son los reglamentos originales compilados en el Decreto Único del Sector Educación, y que cuentan, cada u no, con las bases legales necesarias para su expedición (…) El reglamento demandado responde, entonces, a ese criterio de necesidad que ha señalado la jurisprudencia de esa Corporación. Es la l ey reglamentada la que deja en manos del Gobierno Nacional la t area de instrumentalizar esas sanciones. No puede decirse, entonces, que el Ejecutivo se inventó una habilitación o se extendió más allá de lo que el legislador le encargó […]».

15. Aseveró que e l régimen legal del sector educativo hacía parte de un ma rco mucho más amplio y que su estudio debe armonizarse con las previsiones de la Ley 1437 de 2011, norma que, en su concepto, soluciona muchas de las falencias que el actor advierte.

16. Manifestó, ent onces, que no existe vulneración alguna del ordenamiento jurídico, pues nos hallamos frente de normas reglamentarias expedidas «[…] con una base legal suficiente, es adecuada para sus fines y por más de 25 años ha cumplido su propósito. Ello evidencia que la solicitud de suspensión provisional no puede prosperar p orque la pretendida vulneración directa de normas exige el

una base legal suficiente, es adecuada para sus fines y por más de 25 años ha cumplido su propósito. Ello evidencia que la solicitud de suspensión provisional no puede prosperar p orque la pretendida vulneración directa de normas exige el estudio de un marco regulatorio mucho más amplio que el propuesto por el accionante. Esta discusión no puede agotarse en una etapa primari a del proceso como esta porque amerita un análisis propio de la sentencia […]».

17. Aunado a lo anterior, advirtió que la vulneración del ordenamiento jurídico superior no existe y resaltó que el actor se limitó a exponer las normas y decisiones judiciales que fundamentan la solicitud sin hacer la confrontación que

5 «[…] 1. IDENTIFICACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA (…) En l os términos del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo, y en cumplimiento a lo ordenado en el auto admisorio de la demanda, comparece el Presidente de la República. Como su apoderado actúa el suscrito abogado […]». 6 Índice 12, SAMAI.6

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permitiera realizar su estudio, añadiendo que la presunción de legalidad d e las disposiciones cuestionadas no ha sido desvirtuada, siendo el actor quien debe correr con esta carga.

18. Insistió, finalmente, en que:

«[…] no se dan los presupuestos para acceder a la suspensión provisional del acto acusado porque no se cumple con ninguno de estos requisitos, porque la

correr con esta carga.

18. Insistió, finalmente, en que:

«[…] no se dan los presupuestos para acceder a la suspensión provisional del acto acusado porque no se cumple con ninguno de estos requisitos, porque la vulneración del ordenamiento jurídico no es notoria ni evidente, sino que requiere u na abultada argumentación jurídica que no so lo ha quedado desmentida en este escrito, sino que viene acompañada de numerosas razones de conveniencia e inconveniencia de las diversas interpretaciones que puedan derivarse de los textos analizados. Este sería un análisis que no es propio de esta instan cia cautelar al ser propio del fondo de la controversia que quiere plantearse, mientras que no existe ninguna evidencia de que el acto demandado se hubiera expedido violando las reglas de la competencia reglada del Primer Mandatario (…) Siendo esto así, la eventual contradicción normativa sólo podrá evidenciarse luego del análisis jurídico propio del proceso, y no decirse en una etapa tan primaria como ésta, máxime cuando no hay evidencia cierta de la contradicció n normativa que alega el demandante, ni de l os perversos efectos de las normas demandadas que quiere presentar […]».

19. El apoderado judicial del Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito de 1 3 de enero de 2022 7, solicitó negar la petición de imposi ción de la medida cautelar porque «[…] no cumple con los requisitos que establece el CPACA, en especial por cuanto el extremo actor, no sustenta de manera concreta cuales son las normas superiores que se encuentran transgrediendo, ni tampoco cuales son las circunstancias que hacen que la petición de cautelar tenga el carácter de

especial por cuanto el extremo actor, no sustenta de manera concreta cuales son las normas superiores que se encuentran transgrediendo, ni tampoco cuales son las circunstancias que hacen que la petición de cautelar tenga el carácter de urgente e irremediable […]».

20. En relación con la acusación formulada por el actor relativa a la violación del derecho fundamental al debido proceso y a los principios de legalidad d e las faltas y tipicidad de las sanciones adm inistrativas, aseveró que las actuaciones «[…] sancionatorias o de tipo administrativo […]» culminan con la expedición de actos administrativos que pueden ser cuestionados ante la jurisdicción contenciosoadministrativa; razón por la cual estima que «[…] la imposi ción de dichas sanciones no vulnera el debido proceso administrativo, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 2.3.7.4.7, permite la posibilidad de la impugnación de interponer recurso de reposición en contra de los actos administrativos sancionatorios, lo que resulta acorde con el precepto del debido [proceso] […]».

21. Finalmente, recordó que la prestación del servicio educativ o se hace bajo la figura de la descentralización administrativa, conforme con lo previsto en el artículo 288 de la Carta Política y las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001.

7 Índice 14, SAMAI.7

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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

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III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

22. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por ef ectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) abordar el caso en concreto.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

23. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad a l juez para que decrete las medidas cautelares que estim e necesarias para “ proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

24. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

25. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su

sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

25. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso adm inistrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.8

26. Los artículos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplic ables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

19. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la n orma que señala que « podrá decretar las que considere necesarias »9. No obstante lo anterior, a

8 Artículo 230 del CPACA 9 Artículo 229 del CPACA8

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Demandante: William Esteban Gómez Molina

8 Artículo 230 del CPACA 9 Artículo 229 del CPACA8

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Demandante: William Esteban Gómez Molina Demandado: Presidencia de la República y Ministerio de Educación

voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión qu e apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoni za con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar « documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir , mediante un juicio de ponderación de intereses , que re sultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla». (negrillas fuera del texto)

20. Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm.

2014-03799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

«[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora . El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho

sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho […]»10 (negrillas fuera del texto).

21. Por su p arte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015

(Expediente núm. 2015 -00022, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

«[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicion ales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora , debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporci onalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad […]»11 (negrillas fuera del texto)

10 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente núm. 2014 -03799, consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.

antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad […]»11 (negrillas fuera del texto)

10 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente núm. 2014 -03799, consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez. 11 Sobre la aplicación de la propor cionalidad, la misma providencia indicó: «Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (…) Allí donde el Juez Administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporci onalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de confl ictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adel gazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar c ómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las regla s de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad’ // En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de una medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea ade cuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado ( idoneidad); ii) que, habida cuenta que9

de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea ade cuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado ( idoneidad); ii) que, habida cuenta que9

Radicación: 11001032400020210060000

Demandante: William Esteban Gómez Molina Demandado: Presidencia de la República y Ministerio de Educación

22. Así las cosas, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, d eberá verificarse la concurrencia de los elementos tradi cionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación de intereses.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión pro visional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

23. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo 12, se encuentra la figura d e la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 13 y siguientes del

CPACA.

24. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria,