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1 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Radicación núm.: 11001 0324 000 2022 00113 00 Actor: Cristian Yesid Vargas Jerez Demandado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) Tesis: No debe ser suspendido, por falta de competencia, el acto administrativo por medio del cual una comisión de regulación establece que, en caso de que una persona prestadora del servicio público no reporte al órgano de inspección, vigilancia y control los indicadores de calidad y descuentos asociados a éstos, deberá aplicar el máximo descuento a todos los suscriptores en el área de prestación del servicio, si prima facie tal disposición no constituye una medida sancionatoria. I. ANTECEDENTES Corresponde al Despacho resolver la solicitud de suspensión provisional del artículo 11 de la Resolución 858 del 29 de noviembre de 20181, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que modificó el artículo 64 de la Resolución CRA 720 del 10 de julio de 20152, compilado en el artículo 5.3.2.4.6.1 de la Resolución CRA 943 del 29 de abril de 20213. I. La solicitud de suspensión provisional El ciudadano Cristian Yesid Vargas Jerez, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), solicitó la nulidad del artículo 11 de

1 “Por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO IV y se modifican parcialmente las disposiciones finales establecidas en el TÍTULO V de la Resolución CRA 720 de 2015”. 2 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. 3 “Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y se derogan unas disposiciones”.2 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la Resolución 858 del 29 de noviembre de 2018, proferida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (en adelante CRA). 1.1. En un acápite especial de la demanda4, solicitó la suspensión provisional del acto administrativo demandado, el cual establece lo siguiente: “RESOLUCIÓN CRA 858 DE 2018 (noviembre 29) Diario Oficial No. 50.796 de 3 de diciembre de 2018 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO IV y se modifican parcialmente las disposiciones finales establecidas en el TÍTULO V de la Resolución CRA 720 de 2015. LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1450 de 2011, los Decretos 1524 de 1994, 2696 de 2004, 2882 y 2883 de 2007 y 1077 de 2015, y CONSIDERANDO: Marco Normativo Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las funciones y facultades generales de las Comisiones de Regulación, señalando que estas Unidades Administrativas Especiales: “(...) tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”; Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral

servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”; Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 ibídem, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas; Que la Resolución CRA 720 de 2015 estableció la metodología tarifaria para el servicio público de aseo aplicable a las personas que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas; Que la mencionada resolución consagra en el TÍTULO IV el régimen de calidad y descuentos asociado al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio 4 Índice 2 del proceso en el sistema Samai, visible en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103240002022001130011001033 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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público de aseo, definido bajo el concepto de integralidad tarifaria, mientras que en el Título V desarrolla las disposiciones finales relacionadas con el seguimiento de las metas para los indicadores y verificación del cumplimiento de indicadores, entre otras; Aspectos asociados a la aplicabilidad del Régimen Que en ejercicio de la función regulatoria que corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y como resultado del seguimiento que se realiza a la implementación del Marco Tarifario respecto del servicio público de aseo establecido en la Resolución CRA 720 de 2015, la Comisión evidenció algunas dificultades para dar aplicación al régimen de calidad y descuentos de dicho servicio; Que los aspectos que generan dificultades para la efectiva operatividad del régimen de calidad y descuentos señalado en la Resolución CRA 720 de 2015, corresponden a la gestión asociada a la calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables, indicador de incumplimiento en reclamaciones comerciales y en compactación del relleno sanitario y, aspectos tales como, el valor de descuento por suscriptor afectado en relación con la identificación de los suscriptores afectados, el plazo para hacer efectivos los descuentos y los costos de referencia para el cálculo de los descuentos; Que, en cuanto a la gestión asociada a la calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables, esta Comisión considera necesario que los prestadores calculen el descuento acorde con el tiempo de prestación efectivo del servicio público de aseo durante el semestre de evaluación del indicador, atendiendo a la libre competencia; Que en lo que corresponde a la gestión asociada a la reclamación comercial, se hace necesario realizar modificaciones, respecto de las definiciones de los reclamos comerciales que se tendrán en cuenta para el cálculo del indicador de reclamación comercial; Que respecto del indicador de incumplimiento en compactación del relleno sanitario, se requiere precisar los usuarios

asociada a la reclamación comercial, se hace necesario realizar modificaciones, respecto de las definiciones de los reclamos comerciales que se tendrán en cuenta para el cálculo del indicador de reclamación comercial; Que respecto del indicador de incumplimiento en compactación del relleno sanitario, se requiere precisar los usuarios destinatarios del descuento asociado a dicho incumplimiento; Que el régimen de calidad y descuentos aplica como consecuencia del incumplimiento de la persona prestadora de alguno de los indicadores de calidad del servicio establecidos en la Resolución CRA 720 de 2015 y no se constituye en una metodología ni en una fórmula para calcular las tarifas derivadas de la prestación del servicio público de aseo; Que el artículo 61 de la Resolución CRA 720 de 2015, estableció que el valor de descuento por suscriptor afectado se reconoce cuando la persona prestadora incumpla por lo menos una vez la frecuencia y/o el horario de su microrruta de recolección de residuos sólidos no aprovechables durante el semestre de análisis, sin distinguir el tipo de suscriptor afectado; no obstante lo anterior, la expresión matemática contempla únicamente a los suscriptores no aforados como beneficiarios de tal descuento, razón por la cual se hace necesario incluir una variable que permita tener como destinatario del descuento a los suscriptores aforados; Que en lo referente al plazo para hacer efectivos los descuentos, se hace necesario establecer el plazo a partir del cual se causan los intereses moratorios por incumplimiento de la persona prestadora;4 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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Que la tarifa del servicio público de aseo es diferente para cada tipo de suscriptor debido a los factores de producción; por lo tanto, se requiere que el costo de referencia para el cálculo de los descuentos tenga en cuenta este aspecto, así como determinar criterios adicionales para la aplicación de los descuentos; Que dentro de las medidas regulatorias contenidas en la Resolución CRA 720 de 2015, se estableció para la aplicación del régimen de calidad y descuentos, la obligación de verificar previamente y certificar por parte del Auditor Externo de Gestión y Resultados o quien hiciera sus veces, la información y la estimación para el cálculo de los descuentos, para ser reportada al Sistema Único de Información (SUI); Que de conformidad con lo establecido en el artículo 53 y el “artículo nuevo” de la Ley 142 de 1994, adicionado por el artículo 14 de la Ley 689 de 2001, se señala que las personas prestadoras de los servicios públicos deberán reportar la información al Sistema Único de Información (SUI), en las condiciones, forma y plazo que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros (SSPD), que es la entidad de inspección, vigilancia y control encargada de establecer, administrar, mantener y operar dicho sistema; Que de conformidad con lo anterior, las personas prestadoras de servicios públicos son quienes se encuentran obligadas a reportar información al Sistema Único de Información (SUI) y la información que reportan es objeto de vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con lo previsto en el numeral 22 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y el numeral 17 del artículo 5o del Decreto 990 de 2002, de manera que, las Auditorías de Gestión y Resultados se constituyen en una instancia de apoyo a la tarea de vigilancia y control que debe realizar la referida superintendencia; Que en ese sentido, se hace necesario armonizar la figura de las Auditorías Externas de Gestión y Resultados

990 de 2002, de manera que, las Auditorías de Gestión y Resultados se constituyen en una instancia de apoyo a la tarea de vigilancia y control que debe realizar la referida superintendencia; Que en ese sentido, se hace necesario armonizar la figura de las Auditorías Externas de Gestión y Resultados prevista en la Ley 142 de 1994 con el régimen de calidad y descuentos, el seguimiento de metas y la verificación de indicadores consagrados en la Resolución CRA 720 de 2015, eliminando en consecuencia, las previsiones que el régimen contempla a cargo del Auditor Externo de Gestión y Resultados; Que el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 señala que las Comisiones de Regulación harán público en su página web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar, excepto los relativos a fórmulas tarifarias, los cuales se regirán por lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.11 y siguientes del mismo decreto; Que mediante la Resolución CRA 846 del 30 de julio de 2018, publicada en el Diario Oficial No. 50.671 del 31 de julio de 2018, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, en aras de garantizar la transparencia de la información, el derecho de los prestadores y usuarios a participar en las decisiones regulatorias y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015, hizo público el proyecto de resolución “por

la cual se hace público el proyecto de Resolución “por la cual se modifica parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO IV y se modifica parcialmente las disposiciones finales establecidas en el TÍTULO V de la Resolución CRA 720 de 2015”, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”; Que el artículo segundo de la resolución indicada, estableció un término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial,5 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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para adelantar el proceso de discusión directa con los usuarios, prestadores, gremios y demás agentes del sector e interesados y recibir las observaciones, reparos y/o sugerencias; Que durante el período de discusión directa del 31 de julio de 2018 al 14 de agosto de 2018, esta Comisión de Regulación adelantó una jornada de participación ciudadana con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de agosto de 2018; Que vencido el período de participación ciudadana el 14 de agosto de 2018, esta Comisión de Regulación recibió 27 comentarios, de los cuales, 13 fueron observaciones, 10 sugerencias y 4 reparos. Dichos comentarios fueron analizados y se determinó que 9 de ellos era procedente aceptarlos, 12 aclararlos y 6 eran objeto de rechazo, todo como consta en el documento de trabajo de dicho proceso; Que el Comité de Expertos elaboró el documento final en el cual se analizó cada comentario y se expusieron las razones por las cuales unos fueron aceptados, otros aclarados y otros rechazados, el cual fue evaluado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, para la toma de la decisión y que será publicado según lo señalado en el parágrafo del artículo 2.3.6.3.3.10 del Decreto 1077 de 2015; Que el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015 dispone que la autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios, deberá evaluar su posible incidencia sobre la libre competencia con base en el cuestionario que adoptará la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una resolución de carácter general y, que dicha evaluación deberá realizarla antes de someter a consideración de la referida Superintendencia el proyecto de acto regulatorio; Que habiendo diligenciado el

competencia con base en el cuestionario que adoptará la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una resolución de carácter general y, que dicha evaluación deberá realizarla antes de someter a consideración de la referida Superintendencia el proyecto de acto regulatorio; Que habiendo diligenciado el cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que la presente resolución no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue enviada para efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia a dicha Superintendencia; Que, en mérito de lo expuesto, RESUELVE: (…) ARTÍCULO 11. Modificar el artículo 64 de la Resolución CRA 720 de 2015, el cual quedará así: ‘Artículo 64. Valor de los indicadores por no reporte de información. Cuando la persona prestadora no reporte los indicadores y descuentos asociados en el Sistema Único de Información (SUI), en las condiciones que establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, aplicará a todos los suscriptores en el APS analizada, el descuento correspondiente según lo dispuesto en el artículo 60 de la presente resolución, para lo cual el Frein y el indicador (𝐼𝐶𝑇𝑅𝑁𝐴𝑙,𝐼𝐶_𝐼𝑅𝐶𝐹,𝐼𝐶_𝐶𝑅𝑆) corresponderán a 1. Lo anterior sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. PARÁGRAFO. El descuento por no reporte de información asociado al incumplimiento en la compactación del relleno sanitario, será asumido por la6

lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. PARÁGRAFO. El descuento por no reporte de información asociado al incumplimiento en la compactación del relleno sanitario, será asumido por la6 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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persona prestadora de disposición final, cuando no reporte el IC_CRS al finalizar el semestre de evaluación a la persona prestadora de recolección y transporte de residuos no aprovechables’. (…) Publíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C. a 29 de noviembre de 2018. El Presidente, José Luis Acero Vergel El Director Ejecutivo, Germán Eduardo Osorio Cifuentes”. 1.2. Como fundamentos de la solicitud de suspensión provisional5, el demandante explicó que, de acuerdo con lo manifestado por la Sección Tercera de esta Corporación en la providencia del 26 de febrero de 20166, con la entrada en vigor del CPACA se morigeró la exigencia de detectar una clara y ostensible incongruencia entre el acto administrativo cuestionado y el ordenamiento jurídico aplicable al momento de su expedición, como lo establecía el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo. Además, con fundamento en la providencia citada, adujo que el Juez cuenta con discrecionalidad para decretar la medida cautelar solicitada, atendiendo no solo a las normas que se invocan como violadas y al concepto de la violación, sino a los elementos que encuentre en el material probatorio arrimado. Luego, sostuvo que, con la expedición del artículo 11 de la Resolución 858 de 2018, la CRA se arrogó la facultad de imponer a las empresas prestadoras del servicio de aseo a nivel nacional sanciones económicas u órdenes de devolución a los usuarios, por conductas cuya investigación y sanción corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), de conformidad con los artículos 537 5 Páginas 13 a 17 del escrito de la demanda. 6 Radicación: 11001-03-26-000-2015-00174-00 (55953), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 7

de conformidad con los artículos 537 5 Páginas 13 a 17 del escrito de la demanda. 6 Radicación: 11001-03-26-000-2015-00174-00 (55953), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 7 “Artículo 53. Sistemas de información. Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener actualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea confiable. En todo caso, las evaluaciones que los auditores externos hagan de las empresas de servicios públicos, deberán ser publicadas por lo menos anualmente en medios masivos de comunicación en el territorio donde prestan el servicio, si los hubiere. Esta evaluación debe ser difundida ampliamente entre los usuarios. Las entidades encargadas de prestar los servicios públicos domiciliarios deberán informar periódicamente de manera precisa, la utilización que dieron a los subsidios presupuestales”.7 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 798, numerales 1º, 4º, 11º, 22º y 36º, de la Ley 142 de 1994, que invocó como infringidos. Aseguró que, mientras la disposición demandada goce de presunción de legalidad, la orden de devolución a los usuarios estará vigente para las empresas prestadoras del servicio de aseo a nivel nacional, con independencia de las investigaciones y medidas que al tiempo pueda estar tramitando la Superservicios en relación con los mismos hechos, circunstancia que amerita la suspensión urgente de sus efectos jurídicos. I.2. Traslado de la solicitud

8 “Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las siguientes: 1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad. (…) 4. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados. (…) 11. <Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; publicar sus evaluaciones y proporcionar, en forma oportuna, toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. La Superintendencia podrá imponer programas de gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio los cuales estarán basados en los indicadores de prestación y la información derivada de la vigilancia

e inspección efectuadas a las mismas, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado en los términos de esta ley. De igual manera podrá definir criterios diferenciales para adelantar el control, inspección y vigilancia a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales. (…) 22. Verificar la consistencia y la calidad de la información que sirve de base para efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que presten servicios públicos sometidos a su control, inspección y vigilancia, así como de aquella información del prestador de servicios públicos que esté contenida en el Sistema Único Información de los servicios públicos. (…) 36. <Numeral adicionado por el artículo 15 de la Ley 1955 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, establecer, administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información (SUI) de los Servicios Públicos Domiciliarios que se nutra con la información de los prestadores, auditores externos, entidades públicas, particulares, interventores y/o supervisores relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. El SUI podrá interoperar con otras plataformas públicas y privadas y, adicionalmente, podrá compartir información, inclusive aquella que tenga el carácter de confidencial o reservado, garantizando la reserva y confidencialidad de la misma. (…)”.8 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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2.1. Los apoderados de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)9 y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio10 presentaron escritos idénticos en los que expusieron los siguientes argumentos: 2.1.1. Alegaron que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional procede por la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto acusado y su confrontación con las normas superiores o del estudio de las pruebas allegadas. En este caso, no se cumplen tales presupuestos, pues, si bien la demanda menciona la norma que se considera vulnerada, no expone en forma clara el concepto de violación, esto es, la razón objetiva por la cual el acto acusado debe ser declarado nulo, ni prueba las razones en las que se soporta. De hecho, los argumentos expuestos por el actor riñen con el principio de eficiencia económica establecido en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, que indica que “el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo” y que “las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia”. Arguyeron que, al sostener que el acto acusado vulnera normas superiores, el solicitante se fundamentó en posiciones subjetivas, es

decir, en interpretaciones personales sobre la norma, lo que impide que se realice un juicio de racionalidad justo y legal respecto de las actuaciones de la demandada. En todo caso, el artículo atacado no puede leerse de manera aislada de la Constitución Política, de la Ley 142 de 1994 y de las demás normas regulatorias aplicables, que otorgan a la CRA la potestad de desarrollar el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios (numeral 86.4 del artículo 86 ibidem), lo que incluye las reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. Expusieron que, como resultado del seguimiento que se realiza a la implementación del marco tarifario del servicio público de aseo establecido en la Resolución CRA 720 9 Índice 11 del proceso en el sistema Samai, visible en el mismo enlace. 10 Índice 12 ibidem.9 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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de 2015, la CRA evidenció algunos aspectos que generaban dificultades para dar aplicación al régimen de calidad y descuentos, los cuales hicieron necesaria la modificación del artículo 64. Dichos aspectos son: (i) la gestión asociada a la calidad técnica en la recolección de residuos sólidos no aprovechables, indicador de incumplimiento en reclamaciones comerciales y en compactación del relleno sanitario, (ii) el valor de descuento por suscriptor afectado, y (iii) el plazo para hacer efectivos los descuentos y los costos de referencia para el cálculo de los descuentos. 2.1.2. Alegaron que, al expedir el acto demandado, la CRA actuó con fundamento en la competencia que le confiere el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, que establece las funciones generales de las comisiones de regulación y señala que éstas tienen la facultad de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos y de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que sus operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de calidad. Además, el acto acusado se sustenta en las siguientes normas constitucionales: (i) el artículo 334, que establece que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía, (ii) el artículo 365, que dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que este debe asegurar su prestación eficiente, (iii) el artículo 367, que determina que la ley fijará las competencias

relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el régimen tarifario y las entidades competentes para fijar las tarifas, y (iv) el artículo 370, que establece que el Presidente de la República debe señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. De igual manera, invocaron como sustento el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, que dispone que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otras razones, para asegurar su prestación eficiente. De acuerdo con las anteriores normas, el Presidente de la República, mediante el Decreto 1524 de 1994, delegó a las comisiones de regulación las funciones de señalar10 Radicado: 11001 0324 000 2022 00113 00 Demandante: Cristian Yesid Vargas Jerez

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políticas generales de administración y de controlar la eficiencia en los servicios públicos domiciliarios. Adujeron que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 142 de 1994, la potestad de regular la prestación de los servicios públicos es un instrumento para la intervención estatal. Esa potestad, de acuerdo con el numeral 14.