CE - 010324000202200316001AUTOQUERESUEL20230412121033

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas Demandado: Unidad Nacional de Protección -UNP Tema: Niega la medida cautelar de suspensión provisional de los actos demandados porque es necesario agotar la etapa probatoria antes de resolver los planteamientos. Reiteración jurisprudencial

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de las Resoluciones 6673 de 20 de agosto de 20211 y 8578 de 4 de noviembre de 2021 2, proferidas por la Unidad Nacional de Protección – UNP.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La ciudadana Adriana Patricia Pérez Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA,

en la que elevó las siguientes pretensiones:

[…] 1. Declarar la nulidad de los actos administrativos: Resolución 00006673 del 20 de agosto de 2021 calendado el 1 de diciembre de 2020 “Por la cual se finalizan unas medidas de protección de acuerdo con la recomendación realizada por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas y exclusivo para el análisis de casos de Mujeres —CERREM de Mujeres” y la Resolución

finalizan unas medidas de protección de acuerdo con la recomendación realizada por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas y exclusivo para el análisis de casos de Mujeres —CERREM de Mujeres” y la Resolución 8578 del 4 de noviembre de 2021 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, firmadas por el Director de la Unidad Nacional de ProtecciónUNP-, por las cuales se “finalizar las medidas de "un (1) vehículo convencional y Un (1) hombre de protección aprobados por trámites de emergencia. Un (1) hombre o mujer de protección con enfoque diferencial, tres (3) botones de apoyo (dos botones de apoyo para las hijas de la evaluada y uno para ella) y un medio de comunicación” a la líder y defensora de derechos humanos ADRIANA PATRICIA PÉREZ ROJAS, identificada con la cédula de c iudadanía número 39.283.779 de Caucasia Antioquia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, restablecer el derecho de protección a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal y de la familia de ADRIANA PATRICIA PÉREZ ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.283.779 de Caucasia Antioquia, mediante la

1 Por la cual se finaliza unas medidas de protección de acuerdo con la recomendación realizada por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas y exclusivo para el análisis de casos de Mujeres – CERREM de mujeres. 2 Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA2

CERREM de mujeres. 2 Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA2

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

continuidad de esquema de protección personal, hasta tanto sus condiciones de seguridad por las actividades que realiza cese, o las condiciones de su seguridad se encue ntren debidamente comprobadas se enmarcan como riesgo totalmente ordinario.

3. Que a la sentencia se le dé cumplimiento en los términos de los artículos 187 y 192 del CPACA.

4. Condenar en costas procesales y agencias en derecho del presente proceso

[…].

2. Este Despacho, mediante auto de 19 de julio de 202 2, inadmitió la demand a3.

Posteriormente, por auto de 13 de septiembre de 20224, admitió el medio de control de nulidad y restablecimiento , una vez la parte actora aportó el escrito de subsanación.

I.2. Los hechos

3. Como fundamento fáctico de su petición, la demandante indicó que fungía como líder social y defensora de los derechos humanos en varias organizaciones comunitarias y en grupos de víctimas del conflicto armado del departamento de

Antioquia.

4. Señaló que participaba en la mesa de desaparición forzada de Antioquia, en la Organización REDEMUJER, en la organización REDEPAZ y en la o rganización Madres por la Vida. Además, indicó que interviene ante la Jurisdicción Especial para

Organización REDEMUJER, en la organización REDEPAZ y en la o rganización Madres por la Vida. Además, indicó que interviene ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante el Comité Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco de implementación del Acuerdo de Paz.

5. Advirtió que había informado a las autoridades administrativas y a las judiciales de la ocurrencia de diversos eventos riesgosos para su integridad personal y la de su familia, generados con ocasión del liderazgo ejercido.

6. Mencionó que, en el año 2020, mediante Resolución No. 1194 de 13 de marzo de 2020, la UNP determinó que tenía un nivel de riesgo extraordinario del 51.55% y, en consecuencia, adoptó como medidas de protección: un vehículo convencional, un hombre de protección, un hombre con enfoque diferencial, tres botones de apoyo

(dos botones de apoyo para las hijas de la Evaluada y uno para ella) y un medio de comunicación.

7. Indicó que, a través de las Resoluciones 0811 de 12 de noviembre de 2020 y 1516 de 9 de marzo del 2021 , la UNP disminuyó el nivel de riesgo en un 41.11%, catalogado como riesgo ordinar io, despojándola de las medidas de protección.

3 Índice 4 Samai, Expediente Digital. tras considerar que «i) si bien indica las causales de nulidad lo cierto es que no señala las normas que considera violadas; ii) no aporta los actos administrativos acusados con sus respectivas constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución, y iii) el apode rado judicial no

que no señala las normas que considera violadas; ii) no aporta los actos administrativos acusados con sus respectivas constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución, y iii) el apode rado judicial no allega el documento idóneo -poderpara representar los intereses de la demandante». 4 Índice 11 Samai, Expediente Digital.3

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Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

Frente a tal determinación, presentó acción de tutela con radicado 0568631890012021-00071-00, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos.

8. Explicó que, con fecha 26 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos ordenó a la UNP realizar, en el término de un (1) mes, un nuevo estudio de valoración de nivel de riesgo de la actora y su familia. Además, ordenó mantener el esquema de seguridad , hasta que la UNP adoptara un nuevo acto administrativo en el que considerara el contexto de la accionante, los hechos denunciados por los escoltas el 30 de octubre de 2020 y los patrones de victimización contra líderes sociales, especialmente contra los defensores del

Acuerdo de Paz.

9. Indicó que esa d ecisión judicial fue ratificada por la Sala de Decisión Civil del

Tribunal Superior de Antioquia.

10. Con ocasión de lo anterior, la UNP profirió la Resolución 6673 de 20 de agosto de 2021, conforme a la cual la señora Adriana Patricia Pérez Rojas tenía un nivel

Tribunal Superior de Antioquia.

10. Con ocasión de lo anterior, la UNP profirió la Resolución 6673 de 20 de agosto de 2021, conforme a la cual la señora Adriana Patricia Pérez Rojas tenía un nivel de riesgo ordinario de 42,77% . Esa decisión fue confirmada, a través de la Resolución 8578 de 4 de noviembre de 2021, en el sentido de no reponer la Resolución 6673 y finalizar las medidas de protección.

11. Señaló que, los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2021, recibió amenazas contra su vida en la subregión de Urabá mientras realizaba actividades de acompañamiento a la población vulnerable dentro de trámites de restitución de tierras.

12. Alegó que el 12 de noviembre de ese mismo año, informó a la UNP lo anterior.

Sin embargo, la entidad demandada le comunicó que el estudio de nivel de riesgo fue ponderado como ordinario, por lo cual no existía título jurídico para inv ocar medidas de protección.

13. Resaltó que la UNP ignoró la solicitud elevada por la Procuradora Delegada para la implementación del Acuerdo de Paz de la Procuraduría Regional de Antioquia , con relación a su caso.

14. Afirmó que el 22 de noviembre de 2021 la demandante se encontraba en la mesa de participación efectiva para las víctimas del conflicto armado en el municipio de Giradot (Cundinamarca), cuando le fue retirado el esquema de seguridad a las 08:00 de la mañana.

I.3. Solicitud de medida cautelar

15. La parte demandante, en escrito separado, solicitó la siguiente medida provisional:4

de la mañana.

I.3. Solicitud de medida cautelar

15. La parte demandante, en escrito separado, solicitó la siguiente medida provisional:4

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

[…]Dejar sin efectos la orden de retiro del esquema de seguridad dentro de la ejecución de funciones actuales que posee ADRIANA PATRICIA PÉREZ ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.283.779 de Caucasia Antioquia, dentro y fuera del departamento de Antioquia. Actividades relacionadas o que se encuentran estrechamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, hasta tanto se efectúe en derecho una debida, justifica y necesaria valoración de su riesgo, en el actual contexto de riesgo que existe para la actividad de defensores de derechos humanos y de las específicas actividades que realiza la demandada por fuera de su domicilio personal Don Matías Antioquia.

De manera subsidiaria se solicita conceder dicha medida anticipada a la presentación del libelo demandatorio con sus anexos probatorios y cumplimiento de requisitos previos para demandar, hasta tanto se adopte decisión de admisión o no de la Nulidad Restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos, citados a continuación:

Esta SOLICITUD CON URGENCIA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de lo resuelto en las Resoluciones 00006673 del 20 de agosto de 2021 “Por la cual se finalizan unas medidas de protección de acuerdo con la recomendación realizada por el Comité de Evalua ción del Riesgo y

efectos de lo resuelto en las Resoluciones 00006673 del 20 de agosto de 2021 “Por la cual se finalizan unas medidas de protección de acuerdo con la recomendación realizada por el Comité de Evalua ción del Riesgo y Recomendación de Medidas y exclusivo para el análisis de casos de Mujeres — CERREM de Mujeres”, y 8578 del 4 de noviembre de 2021 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, firmadas por la Dirección General de la UNP […].

16. Como fundamento de su petición, señaló que las Resoluciones 6673 de 20 de agosto de 2021 y 8578 de 4 de noviembre de 2021 están falta y fal samente motivadas y transgreden los artículos 2, 4, 11, 13, 29, 40 (numeral 6), 209 y 270 de

la Constitución Política.

17. Mencionó que esas resoluciones afectaban sus derechos «a la VIDA y la seguridad, (…) libre locomoción», toda vez que, regresaría a su lugar de residencia en el departamento de Antioquia «lugar donde repunta (pese a la baja en datos de homicidio con años anteriores) el homicidio a líderes y defensores de derechos humanos, como bien lo expresa la Defensoría del Pueblo el 25 de agosto de 2021».

18. Explicó que, cuando la UNP evaluó el nivel de riesgo de la demandante, no consideró que era defensora de d erechos humanos ni que era representante en diversos escenarios de participación relacionados con la búsqueda y documentación de casos de personas desaparecidas e n el marco del conflicto armado. Por el contrario, consideró que «estaba inmersa en hipotéticos temores y

diversos escenarios de participación relacionados con la búsqueda y documentación de casos de personas desaparecidas e n el marco del conflicto armado. Por el contrario, consideró que «estaba inmersa en hipotéticos temores y por ende su riesgo como defensora era ordinaria».

19. De igual manera, s eñaló que los actos acusados no fueron motivados con «soportes de estudio objetivos », así como tampoco evalu aron «circunstancias específicas de riesgo entre los años 2020 y 2021», sino con «alegorías subjetivas».

20. También aseguró que el estudio que fundamentó las resoluciones demandadas era incongruente con la realidad de la actora, tal y como se podía constatar , «mediante la oída testimonial de la Personera de Don Matías, Secretaria de5

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Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

Gobierno y del personal de protección personal que acompañó a la Señora Adriana durante los eventos de riesgos de seguridad durante los años 2020 y 2021, así como al representante legal del canal de noticias local de Don Matías (…) antecedentes en informes y posibles entrevistas al personal de seguridad que atendió casos de riesgo en zonas ajenas al domicilio de la demandante».

21. Afirmó que: «la señora Adriana Pérez puede ser la siguiente en lista de decesos de muertos de defensoras de derechos humanos », de no decretarse la medida provisional, lo cual era contrario a los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humano s (CIDH) y a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución

de muertos de defensoras de derechos humanos », de no decretarse la medida provisional, lo cual era contrario a los lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humano s (CIDH) y a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto al deber del Estado de proteger a las personas que defienden los derechos humanos.

22. Concluyó que era otra víctima de las irregularidades de valoración de la UNP, según lo evidenciado en el estado de cosas inconstitucional considerado en las sentencias «T-8.018.193, T8.136.698, T -8.062.595, T -8.091.278, T8.242.042, T8.266.696, T-8.270.692, T8.365.345 y T-8.473.048 de la Corte Constitucional».

II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

23. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado 5 a la entidad demandada para que, en el término de cinco días (5) días , se pronunci ara sobre ella, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

24. El apoderado judicial de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través de escrito de 25 de septiembre de 20226, solicitó negar la petición cautelar por cuanto carece de fundamento fáctico y jurídico.

25. Señaló que : «no se encuentra probado el juicio de ponderación que permita concluir el perjuicio gravoso que presenta la demandante ni se encuentra acreditado cual es el perjuicio irremediable».

26. Explicó que los actos demandados fueron proferidos conforme con un estudio

concluir el perjuicio gravoso que presenta la demandante ni se encuentra acreditado cual es el perjuicio irremediable».

26. Explicó que los actos demandados fueron proferidos conforme con un estudio técnico, idóneo, eficaz, oportuno, individualizado y específico que arrojó que, el nivel de riesgo de la actora era bajo, en una matriz de 42,77%, que se ajusta a la categoría de riesgo ordinario.

27. Mencionó que dicho estudio técnico estaba orientado «a precisar la gravedad e inminencia de la amenaza que afectaba a la evaluada, dentro de un espacio y momento determinados, con miras a establecer las medidas de protecciones idóneas, eficaces y proporcionales para el goce efectivo de sus derechos».

5 Mediante auto de 13 de septiembre de 2022. Índice 12 Expediente Digital Samai. 6 Índice 21 Expediente Digital. Samai.6

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

28. De acuerdo con lo anterior, concluy ó que: «no se cuenta con los insumos que permitan el estudio y resolución de la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional (…) así como del material probatorio recaudado, (…) no se cuenta con la totalidad de los elementos de la litis».

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

29. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida

29. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para poster iormente (iii) determinar si es procedente efectuar un pronunciamiento de fondo respecto de la medida que se depreca.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

30. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para “ proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

31. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo.

32. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas

32. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas

(numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.7

33. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de

7 Artículo 230 del CPACA7

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Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “ podrá decretar las que considere necesarias”8. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “ documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría

artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “ documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interé s público negar la medida cautelar que concederla ”. (negrillas fuera del texto)

34. Así las cosas, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, deberá verificarse la concurrencia de los ele mentos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación de intereses.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

35. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes del CPACA.

36. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Por lo que su finalidad está dirigida a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo,

legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Por lo que su finalidad está dirigida a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».9

37. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de la mora , se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 10. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202111, precisó lo siguiente:

8 Artículo 229 del CPACA 9 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 11001032400020160029500. 11 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 54001-23-33-000-201800285-01, CP. Oswaldo Giraldo López.8

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López.8

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

[…] Para el caso de la suspe nsión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […]12 (negrillas fuera del texto original)

III.4. Del caso concreto

38. En el asunto sub examine, la ciudadana Adriana Patricia Pérez Rojas solicitó la suspensión provisional de las Resoluciones 6673 de 20 de agosto de 2021 y 8578 de 4 de noviembre de 2021, tras considerar que esos actos administrativos infringen los artículos 2, 4, 11, 13, 29, 40 (numeral 6), 209 y 270 de la Constitución Política e incurren en los vicios de falta y falsa motivación.

los artículos 2, 4, 11, 13, 29, 40 (numeral 6), 209 y 270 de la Constitución Política e incurren en los vicios de falta y falsa motivación.

39. Para fundamentar la petición cautelar, explicó que la UNP no valoró de forma adecuada ni objetiva las pruebas que demostraban la amenaza grave que se cierne sobre su vida , especialmente, por el conflicto presente en el departamento de Antioquia y por el alto nivel de asesinato de lideres sociales.

40. A efectos de resolver preliminarmente el citado planteamiento, en primer lugar, el Despacho estudiará el procedimiento adminis trativo de evaluación del servicio de protección de personas. Posteriormente, determinará si la solicitud cautelar cumple con los presupuestos probatorios requeridos para efectuar u n pronunciamiento de fondo en esta etapa inicial del proceso.

III.4.1. El procedimiento administrativo de evaluación del servicio de protección de personas

41. Cabe poner de presente que el derecho fundamental a la seguridad personal se soporta en lo dispuesto en el preámbulo, y en los artículos 2°, 12, 17, 18, 28, 34, 44, 46 y 73 de la Constitución Política, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7°, numeral 1°)13, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9°, numeral 1°)14, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 1°) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 3°).

Derechos y Deberes del Hombre (art. 1°) y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 3°).

12 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”. 13 Incorporada a la legislación colombiana mediante Ley 16 de 1972. 14 aprobada mediante Ley 74 de 1968.9

Radicación: 11001-03-24-000-2022-00316-00

Demandante: Adriana Patricia Pérez Rojas

42. Precisamente, el preámbulo de la Constitución Política enuncia que es «voluntad del pueblo soberano asegurar la vida, la convivencia y la paz», y el artículo 2° prevé que «las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades».

De manera que la seguridad es una garantía conferida a las personas que habitan el territorio nacional, en virtud de la cual puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales de forma pacífica.

43. Por ende , con el propósito de delimitar los escenarios personales que son susceptibles de protección por parte del Estado, la Corte Constitucional clasificó los

fundamentales de forma pacífica.

43. Por ende , con el propósito de delimitar los escenarios personales que son susceptibles de protección por parte del Estado, la Corte Constitucional clasificó los niveles de «riesgo» y «amenaza» a las personas , en las categorías de mínimo, ordinario, extraordinario, extremo y consumado15, como puede apreciarse:

[…] 1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal se produzca . Este nivel se divide en dos categorías:

a) riesgo mínimo: categoría hipotética en la que la persona sólo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad . En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad.

Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión.

1. Nivel de amenaza : existen hechos reales que , de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro . En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que produce

que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro . En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza.

Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías:

a) amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia de esta categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar si ésta presenta las siguientes características:

1. existencia de un peligro específico e individualizable . Es decir, preciso, determinado y sin vaguedades; ii. existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe una probabilidad razonable de

15 Sentencias T-719 de 2003, T-339 de 2010, T-123/19 T-002/20. “ i) mínimo: aquel en el cual la persona solo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales; (ii) ordinario: el soportado por igual por quienes viven en sociedad; (iii) extraordinario: aquel que ninguna persona tiene el deber jurídico de soportar; (iv) extremo: se presenta cuando una persona está sometida a un riesgo e