CE - 010325000201401159001SENTENCIA20231211092554

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Radicado : 11001-03-25-000-2014-01159-00

Nº Interno : 3677-2014

Demandante : Alexander Estrada Herrera

Demandada : Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) Medio de control : Simple nulidad – Ley 1437 de 2011

Tema : Demanda de nulidad (parcial) del numeral 3.1. del artículo 2 del Acuerdo CSJQA13-124 del 28 de noviembre de 2013, expedido por la entonces sala administrativa del consejo seccional de la judicatura del Quindío, «por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para

la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío».

La Sala decide la demanda que, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), present ó el señor Alexander Estrada Herrera , a través de la cual solicita la nulidad (parcial) del Acuerdo CSJQA13-124 de 28

el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), present ó el señor Alexander Estrada Herrera , a través de la cual solicita la nulidad (parcial) del Acuerdo CSJQA13-124 de 28 de noviembre de 2013, « por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Armenia y Admi nistrativo del Quindío », emitido por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura del Quindío.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1.

El ciudadano Alexander Estrada Herrera presentó demanda de nulidad (parcial) contra el numeral 3.1 del artículo 2 del Acuerdo CSJQA13-124 de 28

1 Folios 1 a 19 del cuaderno principal.2 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

de noviembre de 2013, « por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío», proferido por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura del Quindío, concretamente contra la expresión «sólo se permitirá la inscripción en un solo cargo».

El aparte censurado tiene el siguiente contenido:

del consejo seccional de la judicatura del Quindío, concretamente contra la expresión «sólo se permitirá la inscripción en un solo cargo».

El aparte censurado tiene el siguiente contenido:

ACUERDO No. CSJQA13-124

Jueves, 28 de noviembre de 2013

Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL QUINDÍO

En uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos 101, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PSAA13-10001 de 2013,

ACUERDA

[…] Artículo 2.- […]

3. INSCRIPCIONES 3.1. Quiénes pueden inscribirse.

El concurso es público y abierto. En consecuencia, podrán participar los ciudadanos colombianos que pretendan acceder a los cargos en concurso y que, al momento de su inscripción, reúnan los requisitos para el desempeño de los mismos; solo se permitirá la inscripción en un solo cargo. […] (la expresión subrayada es la demandada).

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

El actor expone como normas violadas las siguientes: De la Constitución Política, los artículos 40 (numeral 7), 53, 99, 125 (inciso

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

El actor expone como normas violadas las siguientes: De la Constitución Política, los artículos 40 (numeral 7), 53, 99, 125 (inciso final), 152 (literal a) y 256 (numeral 1). De la Ley 270 de 1996, los artículos 11 (numeral 3), 75 y 85 (numerales 17 y 22).3 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

El accionante considera que, con el aparte censurado, la demandada se tomó atribuciones que ni la Constitución Política ni la ley le han otorgado, pues limitó la participación de los aspirantes a la convocatoria, con lo que cercenó derechos constitucionales.

1.3. Trámite procesal.

A través de au to de 3 de abril de 20172, se avocó el conocimiento del medio de control de nulidad y se ordenó a la secretaría de la sección segunda de esta Corporación que adelantara el trámite correspondiente para continuar con la notificación del auto admisorio de la demanda y el traslado para su contestación; igualmente, se notificó al representante del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado3.

1.4. Intervención de la parte accionada4.

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) contestó la demanda con oposición a sus pretensiones. Aseveró que el aparte acusado de nulidad no trasgrede normas superiores, por cuanto la limitación allí prevista corresponde a una medida administrativa

Judicial (DEAJ) contestó la demanda con oposición a sus pretensiones. Aseveró que el aparte acusado de nulidad no trasgrede normas superiores, por cuanto la limitación allí prevista corresponde a una medida administrativa que busca obtener que el cargo de selección de los aspirantes correspond a, por una parte, al del perfil específico que requiere el emp leo, según la especialidad y el nivel en cada caso y, por otra, para superar actuales dificultades que se presentan en el agotamiento de las listas, cuando los participantes forman parte de más de un registro de elegibles.

1.5. Alegatos de conclusión.

Mediante autos de 6 de marzo de 20195, se dispuso: i) tener por saneado el proceso; ii) fijar el litigio en que debe determinarse si la disposición acusada, al limitar el acceso a los aspirantes a un solo cargo dentro del concurso de méritos para proveer l os puestos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío, trasgrede normas de índole superior y, por ende,

2 Folios 71 y 72 ibidem. 3 Al respecto, se precisa que el libelo introductorio fue presentado ante el Tribunal Administrativo del Quindío, que, por auto de 14 de mayo de 2014 (ff. 54 y 55 del cuaderno principal), lo admitió y corrió traslado de la medida cautelar impetrada; no obstante, con providencia de 5 de agosto siguiente (ff. 65 y 66 ibidem), ese Tribunal declaró su falta de competencia y ordenó la remisión del expediente a esta Corporación para la continuación del correspondiente trámite. 4 Folios 85 a 91 vuelto del cuaderno principal.

ordenó la remisión del expediente a esta Corporación para la continuación del correspondiente trámite. 4 Folios 85 a 91 vuelto del cuaderno principal. 5 Folios 100 a 105 ibidem.4 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

está viciado de nulidad; iii) tener como pruebas los documentos aportados por las partes, prescindiendo de un mayor término probatorio ; y iv) se ordenó correr traslado por el término de diez (10) días a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público, para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente.

La parte demandante , en el término para presentar sus alegatos de conclusión, guardó silencio, según constancia secretarial de 22 de marzo de 20196.

La entidad accionada 7, en sus alegatos de conclusión, sostuvo que no desbordó atribuciones ni viol ó disposiciones constitucionales o legales , por cuanto, a través del aparte censurado, se garantiza el mérito como un criterio para el ingreso a cargos públicos, la efectiva ejecución de los registros de elegibles para ocupar los empleos por el sistema de carrera y, además, que la Rama Judicial cuente con los mejores servidores que por su excelencia y conocimiento respondan al buen servicio.

1.6. Concepto del Ministerio Público8.

El agente del Ministerio Público solicitó que se nieguen las súplicas del libelo introductorio, con fundamento en las siguientes razones:

El consejo seccional de la judicatura del Quindío cumplió con sus atribuciones

El agente del Ministerio Público solicitó que se nieguen las súplicas del libelo introductorio, con fundamento en las siguientes razones:

El consejo seccional de la judicatura del Quindío cumplió con sus atribuciones al realizar una convocatoria para proveer cargos dentro de los lineamientos constitucionales y legales, de ahí que la restricción de inscribirse a un solo empleo no vulnera el orde namiento jurídico ; por el contrario, los distintos concursos que se han efectuado al interior de la Rama Judicial han demostrado los efectos prácticos y de costos de tal limitante, en tanto que se puede presentar el evento en que un participante integre si multáneamente varias listas de elegibles en el primer puesto, quitándole la posibilidad a otro concursante, igual de idóneo, de acceder a la carrera judicial, porque no decide en cuál cargo optará, tornándose en un inconveniente para la Administración.

6 Folio 119 ib. 7 Folios 107 a 111 vuelto ib. 8 Folios 112 a 118 ib.5 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20199, expedido por la sala plena de esta Corporación, la sección segunda es competente para conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problema jurídico.

de esta Corporación, la sección segunda es competente para conocer en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problema jurídico.

La Sala, en el presente asunto, debe responder el siguiente problema jurídico:

¿Si la expresión «solo se permitirá la inscripción en un solo cargo», contenida en la parte final d el numeral 3.1 del artículo 2 del Acuerdo CSJQA13-124 de 28 de noviembre de 2013, « por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios del Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío», proferido por la sala administrativa del consejo seccional de la judicatura del Quindío, está viciada de nulidad por violación de normas superiores, al desconocer los artículos 40 (numeral 7), 53, 99, 125 (inciso final), 152 (literal a) y 256 (numeral 1) de la Constitución Política y 11 (numeral 3), 75 y 85 (numerales 17 y 22) de la Ley 270 de 1996?

Con el propósito de dar respuesta al problema jurídico planteado, metodológicamente se emprenderá el análisis de los siguientes aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial, que comprenderá: 2. 3.1. La potestad reglamentaria de l Consejo Superior de la Judicatura y sus consejos seccionales, 2.3.2. El sistema especial de carrera judicial y 2. 4. El caso concreto.

reglamentaria de l Consejo Superior de la Judicatura y sus consejos seccionales, 2.3.2. El sistema especial de carrera judicial y 2. 4. El caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

9 «Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1 . Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre asuntos laborales».6 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

2.3.1. La potestad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus consejos seccionales.

En lo atinente a la potestad reglamentaria, en términos generales, debe hacerse referencia a la clasificación según el ámbito en el que los reglamentos tienen efectos, conforme a la cual serán normativos, cuando crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas frente a los derechos y deberes particulares, o de organización, si los profiere la Administración al ejercer su facultad de organización interna o con ocasión de las denominadas relaciones especiales de sujeción, distintas de la relación de sujeción común y general, que rigen hacia el interior de la Administración10.

En tal sentido, las materias sobre las cuales recaen los reglamentos serán variadas, por lo que se le dará esa denominación a las normas generales, impersonales y abstractas que emanen de la Administración con base en las

En tal sentido, las materias sobre las cuales recaen los reglamentos serán variadas, por lo que se le dará esa denominación a las normas generales, impersonales y abstractas que emanen de la Administración con base en las facultades que les sean otorgadas.

Esta sección 11 indicó que la Constitución Política de 1991 distribuyó la potestad reglamentaria entre las distintas autoridad es y organismos administrativos: por una parte, estableció una regla general dentro de las competencias del presidente de la República, de acuerdo con el numeral 11 del artículo 189, por cuanto en su condición de suprema autoridad administrativa le corresponde «ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes »; y, por otra, consagró unas reglas de excepción, en cabeza de otras autoridades, en diferentes dispos iciones de la Carta Política.

Amén de la Constitución Política, debe tenerse en cuenta que también el legislador expide normas que permiten la potestad normativa o reglamentaria a otros sujetos o autoridades encargadas de ejercer la función administrativa. Sobre este particular, esta Corporación determinó12:

Cuando la ley ordena que determinada materia sea regulada por un Ministerio, con ello quiere dar a entender el legislador que se hace

10 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Sentencia de 3 de septiembre de 2018, expediente 1060-2013, C. P. Cesar Palomino Cortés.

expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 Sentencia de 3 de septiembre de 2018, expediente 1060-2013, C. P. Cesar Palomino Cortés. 12 Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, sentencia de 26 de febrero de 1998, expediente 4500, C.

P. Ernesto Rafael Ariza.7 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

innecesario hacer uso de la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189, numeral 11, de la Carta Política, adscrita al Presidente (sic) de la República, quien la ejercita con el Ministro (sic) o el Director (sic) del Departamento Administrativo respectivo. Sabido es que una cosa es hablar del Gobierno, entendiend o éste como presidente y Ministro (sic) o Director (sic) del Departamento Administrativo respectivo, conforme lo prevé el inciso 3o. del artículo 115 de la Carta Política, y otra muy diferente es hablar de una función administrativa que le corresponde únic amente al Ministro por mandato de la ley, porque aquí juega papel importante uno de los principios que rigen la actuación administrativa, como es el de la desconcentración de funciones.

A partir de ese entendimiento, la tipología de reglamento es variada y en cada caso, el alcance del control que le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo es diferente. En ese sentido, la sección tercera 13 de este alto Tribunal realizó la siguiente clasificación:

a. Reglamentos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria constitucionalmente atribuida al presidente de la República: se trata de la regla

de este alto Tribunal realizó la siguiente clasificación:

a. Reglamentos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria constitucionalmente atribuida al presidente de la República: se trata de la regla general a la que se hizo referencia, es decir, de los reglamentos proferidos por ese funcionario, en virtud del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en el cual se le faculta para expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Cabe destacar que al realizar el control de los decretos reglamentarios expedidos en ejercicio de esta fa cultad se debe tener en cuenta que se encuentran subordinados tanto a la Constitución como a la ley.

b. Reglamentos constitucionales autónomos: comporta disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto expedidas por una pluralidad de autoridades a las cuales les ha sido asignada una competencia normativa directamente por la Constitución y sin sujeción a la ley; dicho en otros términos, desarrollan el texto constitucional de manera directa, por lo que en el sistema de fuentes ostentan una jerarquí a igual a la de la ley. Esta competencia está tanto en cabeza del presidente de la República (por ejemplo, en el artículo 355 se le atribuye la competencia para reglamentar la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público), como a otros órganos del Estado (por ejemplo, el Banco de la República, el contralor general de la República,

13 Sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.8 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

13 Sentencia de 14 de agosto de 2008, expediente 16.230, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.8 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

las corporaciones públicas de elección popular, entre otros). Para estos casos, el parámetro de control se encontrará directamente en la Constitución Política.

c. Reglamentos que desarrollan leyes marco: En el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política se atribuyó al Congreso de la República la competencia para dictar las normas generales e indicar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros. Para este tipo de reglamentos, hay un reparto d e competencias concurrentes y equilibradas entre el legislativo y el ejecutivo, por lo que el primero establece los parámetros generales y el segundo desarrolla la materia en el nivel de detalle y con exhaustividad. En este esquema, las autoridades referid as se deben abstener de invadir el espacio de competencia que le corresponde a cada una, de manera tal que el Gobierno no puede usurpar la función del legislador concerniente al establecimiento de objetivos y criterios propios de la ley marco, pero este ti ene que cuidarse de no vaciar la competencia que le corresponde al ejecutivo. En este caso, el parámetro de control se encuentra principalmente en la ley marco y en la Constitución Política.

d. Reglamentos que desarrollan leyes habilitantes: En ocasiones la Constitución Política atribuye a una autoridad una competencia que puede conllevar el ejercicio de actividad normativa, pero sometida a una habilitación

d. Reglamentos que desarrollan leyes habilitantes: En ocasiones la Constitución Política atribuye a una autoridad una competencia que puede conllevar el ejercicio de actividad normativa, pero sometida a una habilitación legal, por lo que comporta las hipótesis en las que en la Carta Política se recurre a la fórmula «de conformidad con la ley». Para este tipo, el parámetro de control lo constituye principalmente la ley de habilitación, así como la Constitución Política.

e. Reglamentos residuales: Son aquellos a través de los cuales el Gobierno nacional efectúa la regula ción de un asunto que, en principio, se encuentra dentro de la competencia normativa propia del legislador, no obstante, ante la falta de ejercicio de dicha atribución por parte del Congreso de la República, por ministerio de la Constitución Política, se l e atribuye de manera residual al ejecutivo, que solo puede proferir la regulación de la cual se trate, tal como ocurre, por ejemplo, con los eventos en los cuales el Gobierno debe poner en vigencia el plan de desarrollo cuando el Congreso no lo aprueba dentro de los tres meses siguientes a su presentación, conforme al artículo 3419 Número interno: 3677-2014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

constitucional. El parámetro de control en este caso se encuentra principalmente en la Carta Política.

f. Reglamentos expedidos por otras autoridades administrativas, en asuntos especializados relativos a la órbita de sus competencias: Se trata de los que profiere cualquier autoridad administrativa en ejercicio de la facultad que le asiste para regular la ejecución de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, por medio de reglamentaciones que estarán sometidas a la

profiere cualquier autoridad administrativa en ejercicio de la facultad que le asiste para regular la ejecución de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, por medio de reglamentaciones que estarán sometidas a la Constitución, a la ley, a los reglamentos expedidos por el presidente de la República (según la facultad que a este le atribuye el artículo 189 -11 constitucional) y, cuando sea el caso, a las reglamentac iones expedidas por otras autoridades o instancias administrativas de superior jerarquía o a las cuales se deba acatamiento, que también constituyen su parámetro de control. Esta facultad reglamentaria se halla subordinada a la del presidente de la República y enfocada primordialmente en asuntos de naturaleza técnica. De acuerdo con lo anterior, en estos casos el criterio que gobierna sus relaciones con la ley es el jerárquico, como quiera que, por ministerio de la Constitución, deben ser proferidos para ej ecutar con sujeción a la ley, de suerte que en el evento en el cual las disposiciones contenidas en tal tipo de reglamentos contravengan a las legales, aquellas deben ser excluidas del ordenamiento jurídico.

En lo que concierne al asunto sometido a juzgamiento, se tiene que la potestad reglamentaria objeto de análisis de legalidad por parte de esta Corporación es la descrita en el literal f) anterior, esto es, la otorgada a las autoridades administrativas para que regulen, por autorización de la Constituci ón Política y la ley, la ejecución de las funciones o el ejercicio de los servicios a su cargo, que, para este caso, encuentra fundamento en el desarrollo de los artículos 101, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996.

y la ley, la ejecución de las funciones o el ejercicio de los servicios a su cargo, que, para este caso, encuentra fundamento en el desarrollo de los artículos 101, 164 y 165 de la Ley 270 de 1996.

Sobre esta facultad reglamentaria, la Corte C onstitucional, en sentencia SU553 de 201514, señaló:

4.4. Competencia constitucional de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar y administrar la carrera judicial. Reiteración de jurisprudencia.

14 M. P. Mauricio González Cuervo.10 Número interno: 36772014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

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4.4.1. La Constitución de 1991, en el artículo 254, dispone que el Consejo Superior de la Judicatura está compuesto por las salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria; en el numeral 1° del artículo 256, establece que dicho órgano tiene la atribución de administrar la carrera judicial; y en el numeral 2° del artículo 257 le asigna la función de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. […] 4.4.3. Posteriormente, en la sentencia C -037 de 1996, la Corte analizó entre otras disposiciones contenidas en la Ley 270 de 1996, aquellas relacionadas con las funciones otorgadas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De manera general, la Sala Plena verificó que en desarrollo de los artículos 254, 256 y 257 de la Constituc ión, el artículo 85 de esa Ley prevé que corresponde a la Sala Administrativa de esa Corporación

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De manera general, la Sala Plena verificó que en desarrollo de los artículos 254, 256 y 257 de la Constituc ión, el artículo 85 de esa Ley prevé que corresponde a la Sala Administrativa de esa Corporación administrar la Rama Judicial y reglamentar la carrera administrativa en ese sector 15, siempre y cuando no se trate de materias de competencia exclusiva del legi slador, en los términos previstos en los artículos 125 y 150-2316 de la Carta Política.

4.4.4. En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-539 de 2012, la Corte determinó que las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, particularmente aquella relativa a su facultad de reglamentar la carrera judicial, se inscribe en lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “potestad reglamentaria de los órganos constitucionales” 17, la cual se concreta en la expedición de las normas de carácte r general que sean necesarias para la cumplida ejecución de la ley, en este caso, la Ley 270 de 1996.

4.4.5. A partir de lo expuesto, la Corte concluye que el Consejo Superior de la Judicatura tiene una competencia normativa o potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial y, por ende, la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable. [sic para toda la cita].

En relación con la libertad de configuración y los límites de la potestad reglamentaria del Consejo Superior la Judicatura, esa alta Corporación18 se pronunció en los siguientes términos:

[sic para toda la cita].

En relación con la libertad de configuración y los límites de la potestad reglamentaria del Consejo Superior la Judicatura, esa alta Corporación18 se pronunció en los siguientes términos:

7. Potestad reglamentaria de los órganos constitucionales. Límites de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para

reglamentar y administrar la carrera judicial. […] 7.7 Ahora bien, lo expuesto hasta aquí en relación con las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, particularmente aquella

15 «Sentencia SU-539 de 2012». 16 «Constitución Política, artículo 150, numeral 2, corresponde al Congreso la función de “Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”». 17 «Ver, entre otras, las sentencias C-307 de 2004, C-384 de 2003 y C-805 de 2001». 18 En sentencia SU-539 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.11 Número interno: 36772014

Demandante: Alexander Estrada Herrera

Demandada: Nación – Rama Judicial – DEAJ

relativa a su facultad de reglamentar la carrera judicial, se inscribe en lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “potestad reglamentaria de los órganos constitucionales”19. Al respecto, en la sentencia C-384 de 2003, se explicó que la potestad reglamentaria “tiene como fundamento en un Estado Social de Derecho la necesidad de adoptar disposiciones generales y abstractas mediante las cuales se desarrolle el sentido de la ley, a fin de poder hacerla ejecutable. Este poder reglamentario está limitado por el

“tiene como fundamento en un Estado Social de Derecho la necesidad de adoptar disposiciones generales y abstractas mediante las cuales se desarrolle el sentido de la ley, a fin de poder hacerla ejecutable. Este poder reglamentario está limitado por el espíritu y el contenido de la ley que reglamenta. Así pues, el acto expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria debe aportar los detalles, los pormenores de la ejecución de la ley, facilitar su entendimiento y comprensión.” […] Entonces, a la luz del artículo 257 de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que (i) el Consejo Superior de la Judicatura tiene potestad reglamentaria en el ámbito de la carrera judicial; (ii) dicha potestad implica la facultad de adoptar disposiciones que desarrollen el sentido de la ley para hacerla ejecutable, en este caso la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y (iii) la potestad en cuestión encuentra sus límites en las funciones constitucionales asignadas al Consejo Superior, lo que implica que no puede “suplantar las atribuciones propias del legislador20.

De las normas y la jurisprudencia transcritas se concluye que el Consejo Superior de la Judicatura goza de potestad reglamentaria autónoma, directa y permanente, en materias tales como la administración de la carrera judicial, incluidos los concursos de méritos, encontrando sus límites en aquellos ámbitos expresamente mencionados en la Constitución Política y la ley, y a esa reglamentación deben estar sujetos los consejos seccionales para la administración de la carrera judicial en el correspondiente distrito.

2.3.2. El sistema especial21 de carrera judicial.

ámbitos expresamente mencionados en la Constitución Política y la ley, y a esa reglamentación deben estar sujetos los consejos seccionales para la administración de la carrera judicial en el