CE - 010325000201801263001SENTENCIA20230531085558

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Demandado: Víctor Hugo Pamplona Míguez

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual se confirmó parcialmente la que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Víctor Hugo Pamplona Míguez.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 1 en ejercicio de la acción prevista en

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) 1 en ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por el Tribunal Administrativo del Cauca, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 19001-33-31-002-200501658-01 que confirmó parcialmente la que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Víctor Hugo Pamplona M íguez contra la UGPP y en consecuencia declaró la nulidad del Oficio 2005 -2-06567 del 4 de agosto de 2005 que negó la reliquidación de su pensión y, en su lugar, ordenó la expedición de un nuevo acto administrativo en el que se incluyeran los factores salariales devengados

1 En adelante UGPP.2

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: UGPP en el úl timo año de servicios , tales como el sueldo, el auxilio de movilización, las vacaciones, las primas de vacaciones y de antigüedad, las bonificaciones por recreación y por servicios prestados, y el quinquenio.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia objeto de revisión; ii) ordenar la exclusión de la bonificación por recreación al no constituir factor salarial; iii) ordenar la reliquidación y pago de la pensión jubilación de Víctor Hugo

1. ordenar la exclusión de la bonificación por recreación al no constituir factor salarial; iii) ordenar la reliquidación y pago de la pensión jubilación de Víctor Hugo Pamplona M íguez con el ingreso ba se de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75 % en virtud del artículo 1 de la Ley 33 de 198 5, en razón a que adquirió el estatus pensional en vigencia de ese régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Víctor Hugo Pamplona Míguez nació el 3 de octubre de 1941 y prestó sus servicios en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA)2 desde el 16 de marzo de 1968 hasta el 29 de noviembre de 1996 y adquirió su estatus pensional el 3 de octubre de 1996.

• El INCORA le reconoció una pensión de jubilación cuya liquidación se hizo con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, a través de la Resolución 01321 del 30 de mayo de 1997. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró parcialmente nulo ese acto administrativo por cuanto no se actualizó la base de liquidación pensional a 1997.

• En la Resolución 02871 del 13 de diciembre de 2004, el INCORA reconoció y pagó

parcialmente nulo ese acto administrativo por cuanto no se actualizó la base de liquidación pensional a 1997.

• En la Resolución 02871 del 13 de diciembre de 2004, el INCORA reconoció y pagó una pensión de jubilación según lo ordenado por el Tribunal, y reajustó las mesadas pensionales en virtud del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

• Víctor Hugo Pamplona M íguez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el Tribunal Administrativo del Cauca anuló el anterior acto administrativo y ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, esto es, el sueldo, el auxilio de movilización, las vacaciones, las primas de vacaciones y de antigüedad , la s bonificaciones por recreación y por servicios prestados, y el quinquenio.

• La UGPP, mediante resolución RDP 011359 del 2 de abril de 2018 dio

2 En adelante INCORA.3

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: UGPP cumplimiento a la anterior decisión y reliquidó la pensión de jubilación del solicitante3.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El 28 de octubre de 2011, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán profirió sentencia de primera instancia, en la que declaró la nulidad de la Resolución 1321 del 30 de mayo de 1997 , por la cual el INCORA reconoció una pensión de jubilación a favor de Víctor Hugo Pamplona Míg uez. A título de restablecimiento del derecho dispuso lo siguiente4:

Resolución 1321 del 30 de mayo de 1997 , por la cual el INCORA reconoció una pensión de jubilación a favor de Víctor Hugo Pamplona Míg uez. A título de restablecimiento del derecho dispuso lo siguiente4:

«Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena AL MINISTERIO DE AGR ICULTURA Y DESARROLL O RURAL – INCORA (LIQUIDADO) rehacer la liquidaci ón de la pensión de jubilación del actor Víctor Hugo Pamplona Míguez, […] en los términos indicados en esta providencia, esto es con inclusión del 75 % del salario promedio devengado en el último año de servicios desde le (sic) mes de diciembre de 1995 a n oviembre de 1996 en los cuales se incluirá todos los factores salariales como son: asignación básica, auxilio de movilización, prima de junio, bonificación por servicios, prima de vacaciones, bonificación por recreación, prima de navidad y quinquenio (fracción proporcional) y prima de antigüedad».

Esta decisión fue apelada por la entidad condenada, según se advierte en la sentencia objeto de revisión , con fundamento en que «actuó conforme a derecho, porque aplicó las normas correspondientes al caso»; que el a quo «aplicó oficiosamente el régimen pensional establecido en la Ley 6ª de 1945»; y que debió declararse probada la excepción de cosa juzgada.

El Tribunal Administrativo de l Cauca, mediante sentencia proferida el 30 de enero de 2014, confirmó parcialmente la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia

El Tribunal Administrativo de l Cauca, mediante sentencia proferida el 30 de enero de 2014, confirmó parcialmente la que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia reliquidar la pensión de jubilación de Víctor Hugo Pamplona Míguez con base en los factores salariales devengados durante el último año de servicios, con exclusión del auxilio de movilización.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

3 Mediante el Decreto 1292 de 2003 el INCORA fue suprimido y se ordenó su liquidación. Además, en el artículo 12, se determinó que una vez se concluyera el plazo para la liquidación, los bienes, los derechos y las obligaciones pasarían a la Nación, Minister io de Agricultura y Desarrollo Rural; sin embargo, el traslado del débito pensional quedó en cabeza del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP) y el de los reconocimientos de las pensiones de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). N o obstante, al ordenarse la supresión y la liquidación de Cajanal, una vez hecha la advertencia al Gobierno en cuanto a que los recursos derivados de la liquidación resultaban insuficientes para cubrir los pasivos, se trasladó la competencia para el recono cimiento de las pensiones al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles de Colombia (artículo 2 del Decreto 4986 de 2007). 4 Folios 181 a 186. 5 Folios 195 al 202 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)

Demandante: UGPP

5 Folios 195 al 202 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.4

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)

Demandante: UGPP

• No hay lugar a declarar la excepción de cosa juzgada, toda vez que no existe identidad de objeto o pretensión material, pues en anterior oportunidad, la autoridad judicial se pronunció en torno a la falta de actualización de la base de liquidación al momento de hacer efectivo el reconocimiento de la pensión, en tanto que, en este asunto, las pretensiones se orient an a controvertir la no inclusión de todos los factores de salario devengados.

• En atención a que Víctor Hugo Pamplona Míguez nació el 4 de octubre de 1941, para el momento de la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 contaba con más de 15 años de servicios y, por lo tanto, contrario a lo señalado en los actos demandados, era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, más no de la transición de la Ley 100 de 1993; de modo que , tiene derecho a la reliquidación de la pensión conforme al régimen anterior , esto es, el Decreto Ley 3135 de 1968.

El artículo 27 del citado decreto dispuso que «[e]l empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague la pensión mensual vitalicia de jubilació n equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio ». A su turno, el Decreto 1848 de

pague la pensión mensual vitalicia de jubilació n equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio ». A su turno, el Decreto 1848 de 1969 que lo reglamentó, en su artículo 73, dispuso que para la «[c]uantía de la pensión. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco (75%) por ciento del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin». En cuanto a los factores salariales, deben reconocerse no solo los de los artículos 45 del Decreto Ley 1045 de 1978 y 73 del Decreto 1848 de 1969, sino cualquier otro factor que cause el servidor.

En ese orden, la pensión de jubilación debe reliquidarse en cuantía del 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales devengados durante ese periodo, comoquiera que es inviable aplicar de un lado el régimen anterior en materia de requisitos de edad, tiempo de servicio y monto de la pensión y de otro lado, el ingreso base de liquidación regulado en la Ley 100; ello, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma.

• Asimismo, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación a favor de Víctor Hugo Pamplona Míguez con base en los salarios devengados en el último año de servicio, en virtud de la resolución de reconocimiento y los comprobantes de nómina allegados con la demanda. Sin embarg o, respecto del auxilio de movilización

Hugo Pamplona Míguez con base en los salarios devengados en el último año de servicio, en virtud de la resolución de reconocimiento y los comprobantes de nómina allegados con la demanda. Sin embarg o, respecto del auxilio de movilización determinó su exclusión, con fundamento en que la finalidad de ese emolumento es pagar al empleado el uso de un vehículo de su propiedad para desempeñar funciones, no para retribuirle por sus servicios.5

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)

Demandante: UGPP

1.2. Las causales de revisión invocadas

La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,6 para lo cual expuso los siguientes argumentos:7

1. Se configuró la causal a), dado que la orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación del causante en los términos ordenados no le corresponde, puesto que lo correcto era que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículo s 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso base de liquidación (IBL) y los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación.

A pesar de encontrarse probado en el proceso que el pensionado era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los jueces de conocimiento accedieron a reliquidar la pensión de manera contraria a lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia, pues otorgó un aumento en la mesada pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

jueces de conocimiento accedieron a reliquidar la pensión de manera contraria a lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia, pues otorgó un aumento en la mesada pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

1. Se configuró la causal contenida en el literal b) ibídem, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación con el promedio de lo devengado en el último año de servicios con inclusión de la bonificación por recreación, evidentement e en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, no es posible entender el IBL como un aspecto de transición, sino propio de la Ley 100 de 1993 ; de manera que al promediar la base de liquidación debe tenerse en cuenta ese régimen, pues lo que está sujeto a la transición son aspectos como la edad, el monto y semanas de cotización, lo cual se explica en el inciso 3 de la norma citada en el párrafo anterior , en el se ntido de que aclara y adiciona el concepto de ingreso base de liquidación , como un factor diferente del monto

6 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas pe riódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,

fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y p odrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acue rdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 7 Folios 304 al 331 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.6

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: UGPP pensional de que trata el inciso 2, pues este hace parte de la tasa de remplazo que continúa rigiendo y que debe tomarse del régimen anterior.

Ahora, respecto de la bonificación por recreación, el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001 dispuso que no constituye un factor salarial, puesto que con su reconocimiento no se pretende remunerar el servicio prestado por el empleado, aspecto secundado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

no se pretende remunerar el servicio prestado por el empleado, aspecto secundado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

Víctor Hugo Pamplona M íguez pidió que se rechazara la solicitud de revisión por improcedente, por las razones que se expresaron a continuación:8

• La recurrente ejerció la revisión como si se tratara de una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, pues alegó la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del régimen de transición , la liquidación de la pensión de jubilación con base en la tasa de remplazo de la Ley 33 de 1985 y el IBL de los últimos 10 años de servicio, según lo dispuso la primera norma en mención, lo cual solo evidenció su separación del análisis realizado en la primera y en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sin embargo, las normas del régimen de transición no mencionan el ingreso base de liquidación para las pensiones que se consoliden según esas disposiciones, situación que el Consejo de Estado , en materia pensional, ha interpretado con fundamento en los principios de inescindibilidad de la norma y de favorabilid ad, de modo que cuando en un asunto se encuentran dos o más normas aplicables para su solución, la adop tada será la que resulte más favorable para el trabajador y deberá utilizarse en su totalidad, con el fin de evitar el desmembramiento de las directrices para beneficiarse de uno y otro aspecto que los regímenes ofrezcan.

En suma, la aplicación del régime n de transición implica la regulación de aspectos

deberá utilizarse en su totalidad, con el fin de evitar el desmembramiento de las directrices para beneficiarse de uno y otro aspecto que los regímenes ofrezcan.

En suma, la aplicación del régime n de transición implica la regulación de aspectos como la edad, el tiempo de servicio, el monto y el ingreso base de liquidación, con base en las normas que regían anteriormente, de manera integral , como en efecto se hizo en la providencia objeto de revisión.

1.4. El Ministerio Público

No emitió pronunciamiento en esta oportunidad.

2. Consideraciones

8 Folios 366 al 375 del cuaderno 1 del Consejo de Estado.7

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)

Demandante: UGPP

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA9.

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de l 12 de marzo de 201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer lo siguiente11: i) ¿la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Cauca se profirió con vulneración del debido proceso y, en consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede

consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisi ón contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala]. 10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 11 En los términos del auto admisorio visible a folios 337 a 343.8

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: UGPP De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 12 de la Ley 797 de 2003 13 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que

periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso , o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

Ahora bien, esta corporación ha precisado que , si bien la Ley 797 de 2003 indicó que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por l a Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan ». En tal sentido, se han definido los siguientes15:

12 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,

fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. 13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2 018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez

15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2 018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018)

Demandante: UGPP

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nac ional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entr e la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»16.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de

causales»16.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.10

Radicado: 11001-03-25-000-2018-01263-00 (4234-2018) Demandante: UGPP Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fech a en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir

12 de junio de 2013, fech a en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de real izar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.3.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985

La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto , señaló que quienes acumularan 20 años de servicios y contaran con