CE - 010325000201801567001SENTENCIA20230531083150

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción especial de revisión Radicación: 11001-03-25-000-2018-01567-00 (5122-2018) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Demandado: María Vianey Garzón Horta Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1 contra la sentencia proferida el 18 de o ctubre de 201 3 por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por María Vianey Garzón Horta.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión 1.1.1. Las pretensiones

La UGPP en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2013

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, solicitó la revisión de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de l Huila, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 41001-33-31-004-2009-00368-01 que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Vianey Garzón Horta contra la UGPP y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez, con base en el 75% del promedio mensual de salarios devengados en el último semestre de servicios, en los términos de los Decretos 929 de 1976 y 720 de 1978.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia objeto de revisión; ii) declarar que la liquidación de la mesada pensional no es un derecho adquir ido;

1 En adelante UGPP.2

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP iii) ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez de María Vianey Garzón Horta según lo dispuesto en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU -427 de 2016, SU -210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, e s decir, con el ingreso base de liquidación previsto en

2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, e s decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del 75% en virtud del Decreto 929 de 1976, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición y no antes.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• María Vianey Garzón Horta nació el 25 de agosto de 1954, prestó sus servicios en la Contraloría General de la República desde el 21 de abril de 1975 hasta el 30 de septiembre de 2006 y adquirió su estatus pensional el 25 de agosto de 2004.

• La Caja Nacional de Previsión Social EICE (Cajanal), mediante la Resolución 37330 del 31 de julio de 2006, le reconoció una pensión de vejez con el 75% del promedio del salario devengado en los últimos 10 años, por el valor de $788.707.47, efectiva a partir del 1.º de agost o de 2005, con la condición de demostrar el retiro definitivo del servicio para su disfrute. El 13 de mayo de 2008, mediante la Resolución 19848, la mencionada entidad reliquidó la pensión de la causante en cuantía de $816.691.37, efectiva a partir del 1 .º de octubre de 2006, con igual condición.

Resolución 19848, la mencionada entidad reliquidó la pensión de la causante en cuantía de $816.691.37, efectiva a partir del 1 .º de octubre de 2006, con igual condición.

• Inconforme con la anterior decisión, María Vianey Garzón Horta presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución mediante la cual fue reliquidada su pensión de vejez. E l Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva accedi ó a las pretensiones de la demanda y el Tribunal Administrativo del Huila resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal, para lo cual confirmó parcialmente la decisión en el sentido de ordenar a la UGPP reliquidar la prestación con base en el 75% del promedio mensual de salarios devengados en el último semestre de servicios, en los términos de los Decretos 929 de 1976 y 720 de 1978 , con inclusión de la asignación básica, las bonificaciones especial y por servicios y las primas de vacaciones, de servicios y de navidad.

• La UGPP, me diante Resolución RDP 057523 del 19 de diciembre de 201 3 dio cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión de vejez de la solicitante en cuantía $1’452.730, efectiva a partir del 1 de octubre de3

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018)

Demandante: UGPP

2006.

• El 7 de marzo de 2014, esa entidad modificó la citada resolución en el sentido de liquidar el factor bonificación especial o quinquenio en la sexta parte y no en la

Demandante: UGPP

2006.

• El 7 de marzo de 2014, esa entidad modificó la citada resolución en el sentido de liquidar el factor bonificación especial o quinquenio en la sexta parte y no en la quinta, como en efecto, se hizo, además, t omar el tiempo laborado desde el 21 de abril de 1975 y no desde el 21 de abril de 1978 y, respecto de la prima de vacaciones, el factor quinquenio y la prima de servicios, tomar el valor certificado por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Contr aloría General de la República del 14 de julio de 2012, en ese sentido ajustó el monto de la reliquidación a $1’462.481.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 18 de octubre de 2013, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Cajanal y confirmó parcialmente la sentencia proferida en primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de María Vianey Ga rzón Horta con el 75% del promedio mensual de salarios devengados en el último semestre de servicios (1.º de abril al 30 de septiembre de 2006), esto es, con inclusión de la asignación básica, las bonificaciones especial y por servicios y las primas de vacaciones, de servicios y de navidad y efectiva a partir del 1.º de octubre de 2006.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos2:

• El Decreto 929 de 1976 es aplicable en el presente asunto, dado que María Vianey

del 1.º de octubre de 2006.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos2:

• El Decreto 929 de 1976 es aplicable en el presente asunto, dado que María Vianey Garzón Horta al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad y 15 años laborados en la Contraloría General de la República, es decir, resultó beneficiaria del régimen de transición estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

-Respecto de la fecha de vinculación a la Contraloría General de la República , se tendrá en cuenta la Resolución 01464 del 31 de marzo de 1975 en la cual indica que la fecha de posesión es el 21 de abril de ese año, en calidad de mecanógrafa, puesto que en la certificación expedida por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la entidad aparece que fue desde el 21 de abril de 197 5 y en las resoluciones de reconocimiento y de reliquidación de la pensión de vejez dan cuenta como tiempo de ser vicio a partir del 21 de abril de 1978, situación que al no ser objeto de controversia tampoco será objeto de estudio.

2 Folios 179 al 195 del expediente digital, índice 38.4

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP -El artículo 17 del Decreto 929 indicó que «En cuanto no se oponga el texto y la finalidad del presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República» , motivo por el cual los aspectos

del presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República» , motivo por el cual los aspectos no regulados, tales como, el concepto de salario y los factores salariales, se tendrá en cuenta lo previsto en los Decretos 1 045 y 720 de 1978, en ese orden ; para determinar la base de liquidación se tomarán todas las sumas percibidas periódicamente por el trabajador como contraprestación por el servicio prestado durante el último semestre.

-En consonancia con lo anterior, la sentencia del 19 de junio de 2008 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que “para efectos de determinar la base de liquidación pensional de los empleados de la Contraloría general (sic) de la República debe acudirse a los factores salariales previstos en los artículos 45 del Decreto 1045 de 1978 y el 40 del Decreto 720 del mismo año, sin perjuicio de todos aquellos que de manera habitual y periódica recibe el empleado como contraprestación por sus servicios”, de tal suerte que María Vianey Garzón Horta tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez en cuantía equivalente al 75% del promedio de los factores salariales como el sueldo, las bonificaciones especial y por servicios y las primas de vacaciones, de servicios y de navidad, que fueron devengados durante el último semestre de servicios, es decir, entre el 1.º de abril y el 30 de septiembre de 2006, con excepción del monto devengado por concepto de compensación de vacaciones en dinero. En cuanto a la bonificación esp ecial debe contabilizarse en su totalidad, puesto que corresponde al quinquenio del 11 de mayo

septiembre de 2006, con excepción del monto devengado por concepto de compensación de vacaciones en dinero. En cuanto a la bonificación esp ecial debe contabilizarse en su totalidad, puesto que corresponde al quinquenio del 11 de mayo de 2001 hasta el 10 de mayo de 2006, los demás factores deben calcularse según las sextas partes de todos los devengados y adicionarse a la asignación mensual.

-Ahora, como la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal dejó de existir legalmente desde el 12 de junio de 2013 , el cumplimiento de la sentencia corresponde a la UGPP, entidad que asumió sus funciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y el Decreto 4269 de 2011.

1.2. Las causales de revisión invocadas5

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,3 para lo cual expuso los siguientes argumentos4:

1. Se configura la causal a), dado que la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación del causante en los términos ordenados no le corresponde, puesto que lo correcto era que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al ingreso base de liquidación ( IBL) y los factores que deben ser valorados al momento de liquidar la prestación.

A pesar de encontrarse probado en el proceso que la pensionada era beneficiaria

100 de 1993 respecto al ingreso base de liquidación ( IBL) y los factores que deben ser valorados al momento de liquidar la prestación.

A pesar de encontrarse probado en el proceso que la pensionada era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los jueces de conocimiento accedieron a reliquidar la pensión de manera contraria a lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia, pues otorgó un aumento en la mesada pensional que compromete recursos públicos, sin que medie una causa legítima.

1. Se configura la causal contenida en el literal b) ibidem, por cuanto la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación con el promedio de lo devengado en el último semestre de servicios, evidentemente en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Asimismo, para la reliquidación de María Vianey Garzón Horta es correcto aplicar el Decreto 929 de 1976 respecto de la edad, del t iempo de servicios y del monto y para el ingreso base de liquidación, aplicar el 75% del promedio de lo devengado durante los 10 años o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho como, en efecto, lo dispone el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues este aspecto no está sujeto a la transición, al entenderse como una parte de la tasa de remplazo que conti núa rigiendo y, en cuanto, a los factores salariales , la norma

3 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

remplazo que conti núa rigiendo y, en cuanto, a los factores salariales , la norma

3 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nac ión. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo códig o y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». 4 Folios 153 al 164.6

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP vigente es el Decreto 1158 de 1994, pues el estatus de pensionada fue adquirido durante su vigencia.

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP vigente es el Decreto 1158 de 1994, pues el estatus de pensionada fue adquirido durante su vigencia.

La Corte Constitucional ha trazado una línea pacífica y clara (C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, entre otras) respecto de la manera en que se debe liquidar la pensión sometida al régimen de transición, para lo cual se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, se conservan los requisitos de edad, de tiempo de servicios y de monto (tasa de reemplazo) del régimen anterior.

En ese orden de ideas, la sentencia objeto de revisión incurrió en la causal invocada al proferirse con absoluto desconocimiento de las normativa s y los preceptos jurisprudenciales vigentes para la época y en detrimento de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues contribuye al aumento de un 44% de la mesada de la causante.

Concluyó que se configuró un abuso palmario del derecho con el reconocimiento pensional de la causante, al desconocer que lo correcto era aplicar el promedio de los 10 últimos años o del tiempo que le hiciere falta, con base en los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, en virtud del artículo 21 y 36 de la Ley 100.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

María Vianey Garzón Horta no se pronunció en esta etapa del proceso.

1.4. El Ministerio Público

Ley 100.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

María Vianey Garzón Horta no se pronunció en esta etapa del proceso.

1.4. El Ministerio Público

No emitió pronunciamiento en esta oportunidad.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2 del CPACA5.

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conoc erán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.» [Resalta la Sala].7

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018)

Demandante: UGPP

Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 20196, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Los problemas jurídicos

Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿ la sentencia proferida por el T ribunal Administrativo de l Huila se profirió con vulneración al debido proceso y, en consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede

consecuencia, está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ii) ¿la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre la acción especial de revisión

De conformidad con lo dispuesto en e l artículo 20 7 de la Ley 797 de 2003 8 las providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser

6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado». 7 artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública . <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o

Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. 8 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímene s Pensionales exceptuados y especiales.8

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias.

En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido proceso , o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se config ura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido

revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se config ura cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso », la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen9.

Ahora bien, esta corpor ación ha precisado que si bien la Ley 797 de 2003 indica que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de 2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han definido los siguientes10:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

1. Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

1. Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la p rotección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,

prestación y su legalidad, además de velar por la p rotección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

1. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de

9 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00. 10 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733 -2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001 -03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William Hernández Gómez.9

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debi do proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

1. Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión

reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse fr ente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»

Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales»11.

En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación12 han admitido expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los

se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»

Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»13.

2.3.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Mediante la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos

11 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 1100103-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.10

Radicado: 11001032500020180156700 (5122-2018) Demandante: UGPP adquiridos de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma (1 de abril de 1994), se estipuló un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció que:

«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años si es hombre o iii) 15 años o más

trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes requisitos: i) 35 años de edad o más si es mujer, ii) 40 años si es hombre o iii) 15 años o más de servicios cotizados, e s decir, es suficiente reunir uno solo de estos para gozar de esa expectativa legítima.

2.3.3. Régimen pensional aplicable a los beneficiari os del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El régimen de transición no solo aplica para l os regímenes que regulan el sistema prestacional a gran escala como la Ley 6 de 1945, el Decreto 3135 de 1968, la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, sino que también procede para los regímenes de orden concentrado, como son los Decretos 546 de 1971 referente a los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, 929 de 1976 y 720 de 1978 referentes a los empleados de la Contraloría General de la República, entre otros.

Por su parte el Decreto 929 de 1976 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares), en el artículo 7 dispone que los trabajadores vinculados a esa entidad tendrían derecho al recon ocimiento de la pensión de vejez siempre