CE - 010325000201900514001AUTOQUEDISPON20230525074255

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24 ) de mayo de dos mil veintitrés (2023 )

Referencia: NULIDAD Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: DORA MARÍA RODRÍGUEZ TOVAR

Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,

COMISIÓN NACI ONAL DEL SERVICIO CIVIL –

CNCS

Tema: Ley 1437 de 2011. Auto que prescinde de la audiencia inicial en aplicación del numeral 1.º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, resuelve excepciones, decide sobre pruebas y fija el litigio.

AUTO INTERLOCUTORIO - PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA

Con el propósito de continuar con la etapa procesal siguiente, le corresponde al despacho ponente decidir si en el sub examine se convoca a audiencia inicial o se pr escinde de la misma para proferir sentencia anticipada de conformidad con lo establecido en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

sentencia anticipada de conformidad con lo establecido en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

I. DE LA SENTEN CIA ANTICIPADA

La Ley 2080 de 2021 1, a través de su artículo 42 , adicionó al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el artículo 182 A, cuyo texto establece lo siguiente:

«Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial: a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas;

1 «Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposicione s en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.»Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

2

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean

Bogotá D.C. – Colombia c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inút iles. El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anter ior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de com ún acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la

Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o re solver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o tra nsacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En es te caso continuará el trámite del proceso. »Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

3

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

3

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Bajo tales supuestos, debe entenderse que el juez cuenta con la posibilidad de dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial siempre y cuando i) se trate de asuntos de puro derecho; ii) no haya prueb as que practicar; iii) cuando las partes solo pidan tener como tales las pruebas allegadas ya sea con la demanda o su contestación, siempre que no hayan sido tachadas o desconocidas; iv) cuando las pruebas pedidas sean impertinentes, inconducentes o inútil es.

II. ANTECEDENTES

II.1. Demanda.

Mediante demanda presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la señora Dora María Rodríguez Tovar , actuando en causa propia , ejerció el medio de control consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con el objeto de obtener la nulidad del Acuerdo 20191000002366 del 14 de marzo de 2019, «Por el cual se modifica el artículo 11 del Acuerdo 2019000009066 del 19 de diciembre de 2018 , a través del cual se establecen las reglas del primer concurso abierto de méritos para proveer de manera definitiva los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al sistema especial de c arrera administrativa de la POLICÍA NACIONAL, proceso de selección No. (sic) 632 de 2018 sector defensa ».

Al respecto, la parte accionante narró los siguientes «hechos»:

perteneciente al sistema especial de c arrera administrativa de la POLICÍA NACIONAL, proceso de selección No. (sic) 632 de 2018 sector defensa ».

Al respecto, la parte accionante narró los siguientes «hechos»:

El artículo 16 de l a L ey 909 de 2004 establece la existencia de «Las Comisiones de P ersonal», las cuales deben realizar sus funciones desde el momento en que se firma el acuerdo entre las partes para llevar a cabo todos los procedimientos establecidos por la ley.

En Sala Plena de Comisionados del 22 de mayo de 2018, la Comisión Nacional del Servicio Civil compiló y adoptó el «Criterio Unificado» titulado «Comisiones de Personal», en el marco de la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y los Decretos 1083 de 2015 y 051 de 2018.

En el mencionado «Criterio Unificado» se dispuso que p odían participar como electores de los miembros de la Comisión de Per sonal, todos los s ervidores que desempeñen un empleo público de aquellos que se clasifican como tales en el artículo 1°. de la Ley 909 de 2004, esto es: los de carrera, los de periodo, lo s de libre nombramiento y remoción , y los temporales en los casos en losNulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

4

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia cuales los servidores de carrera sean encargados en empleos de

4

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia cuales los servidores de carrera sean encargados en empleos de planta temporal.

En la Policía Nacional hay aproximadamente 13.000 servidores públicos civiles no uniformados perteneci entes a la Planta de Sanidad y Bienestar Social, de los cuales no debe haber personal nom brado en carrera administrativa teniendo en cuenta que se está «haciendo la selección para el primer concurso por méritos », como lo establece el acuerdo firmado, por l o tanto, debe entenderse que todos ellos deben participar de las elecciones para conformar la comisión de personal, sin embargo, este procedimiento no se ha llevado a cabo correctamente, toda vez que se tomó como votantes al personal que se encuentra en pr ovisionalidad, lo cual transgrede los derechos y vulnera la ley.

El 18 de julio de 2006, el Congreso de la República aprobó la Ley 1033 de 2006, «por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados (sic) Públicos (sic) no unifo rmados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares de la Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conce den unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política», en consecuencia, para enero de 2008, tuvo que hacerse la convocatoria pa ra proveer los empleos vacantes, y no once años después, cuando la mayoría de los que

conce den unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política», en consecuencia, para enero de 2008, tuvo que hacerse la convocatoria pa ra proveer los empleos vacantes, y no once años después, cuando la mayoría de los que integran dicho personal pasan de cuarenta años y con m ás de veinte años de servicio, y además, «al dejar de laborar en esta institución, por no pasar la prueba de selección ya ninguna empresa por fuera les dará trabajo por lo que sus derechos adquiridos relacionados en el sistema de prestación laboral se verán vulnerados».

El artículo 6 .° de la Ley 1033 de 2006, señala en su literal c) que el Ministerio de Defensa o en su efecto, a quien el ministro desi gne, debe tener ya el plan estratégico para proteger los derechos adquiridos por el personal de planta que participa en el concurso .

De otro lado, el Decreto Ley 894 de 2017 dispuso que el mencionado ministerio o la dirección de la Policía Na cional en su proyecto de profesionalización de la fuerza, debió prever el plan de «profesionalización» del personal que lo integra para mayor calidad del servicio público de los civiles no uniformados de la Policía Nacional, no obstante, hasta la fecha de presentación de la demanda no se ha implementado dicha medida . Por todo lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, tenían un plazo de 24Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

5

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

5

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia meses para realizar la convocatoria, por lo tanto, no se exp lica por qué después de 11 años, realizan modificaciones en la plataforma y llevan a cabo otra convocatoria.

El Decreto Ley 091 de 2007 establece que para el personal civil y no uniformado del sector defensa, se creó un sistema especial de carrera, en con secuencia, sus prerrogativas frente al concurso de méri tos son diferentes a los demás concursos de carrera.

Por último, manifestó que «ante la incertidumbre de los empleados públicos que se encuentran laborando en el sector defensa y a quienes les ofertaron sus puestos de trabajo, realizaron un derecho de petición a las instituciones del sector defensa» así:

«Copia de los mecanismos de protección de especial a la maternidad, a los servidores públicos desplazados por razones de violencia, a las madres o padres cabezas de familia y a los funcionarios que posean disc apacidades físicas, psíquicas o sensoriales, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con su condición sin desmejorar las condiciones laborales contempladas en la Ley 909 de 2004, a las víctimas del conflicto armado (esposas y esposos del personal de agente de policía y civiles muertos por la acción del enemigo) y a quienes están próximos a consolidar el status pensional ».

las víctimas del conflicto armado (esposas y esposos del personal de agente de policía y civiles muertos por la acción del enemigo) y a quienes están próximos a consolidar el status pensional ».

La anterior petición fue respondida en los siguientes términos:

«Me permito manifestarle que para dar respuesta a este punto, me remito a lo reiterado anteriormente frent e a que la Policía Nacional es una institución garante del cumplimiento del régimen normativo, máxime si se trata de preceptos constitucionales como lo instituido en el artículo 125 de la C.P.C; en ese orden de ideas, es preciso indicar que la Comisión Nac ional del Servicio Civil, frente a la distinción especial de los funcionarios con condiciones de protección constitucional, expresó mediante comunicado del 29 de abril de 2019, Rad. No. 20192010218351 lo siguiente: “Bajo el escenario planteado, los empleos desempeñados en provisionalidad por servidores en condición especial (prepensionados, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad o con enfermedades calificadas como catastróficas) del Sector Defensa, serán provistos mediante las lista s de elegibles que se conformen dentro de las respectivas convocatorias». ❖ Fundamentos de derecho. Normas violadas y concepto de violación.

La demandante sostuvo que el acto administrativo acusado se expidió con infracción de l as normas en que debía fund arse y, por lo tanto, vulneró los artículos 1.° , 11, 13, 25, 29, y 53 de laNulidad

expidió con infracción de l as normas en que debía fund arse y, por lo tanto, vulneró los artículos 1.° , 11, 13, 25, 29, y 53 de laNulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

6

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Constitución P olítica, 16 de la Ley 909 de 20 04, 4 .° (Parágrafo) y 6.° (Literales C y D) de la Ley 1033 de 2006 .

Como sustento de lo anterior desarrolló los siguientes cargos :

• «NULIDAD POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13, 29 Y 53

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 16 DE LA LEY 909 DE

2004, POR VIOLACIÓN A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO

Y PRINCIPIOS MÍNIMOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES PARA LOS TRABAJADORES».

Los servidores púb licos civiles y no uniformados que hacen parte del Ministerio de Defensa y sus entidades descentralizadas y adscritas, venían siendo vinculados y regidos por el Decreto 1214 de 1990 en todas sus características, entre ella s los ascensos y remuneraciones ha sta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El artículo 152 de la Constitución Política de Colombia contempla que todos los empleos públicos deben ser de carrera por lo que a ciencia cierta es constitucional que los servidores públicos no

remuneraciones ha sta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. El artículo 152 de la Constitución Política de Colombia contempla que todos los empleos públicos deben ser de carrera por lo que a ciencia cierta es constitucional que los servidores públicos no uniformados que hacen parte del Ministerio de Defensa deban obtener sus cargos por el concurso de méritos establecidos por la carta magna.

El Ministerio de Defensa Nacional venía vinculando a este personal, aún después de la entrada en vigencia de la Cons titución de 1991, en la clasificación de «libre nombramiento y remoción consagrados en la Ley 443 de 1998, Decreto Ley 1792 de 2000 y ratificada el 23 de septiembre en la Ley 909 de 2004 […]».

Hasta la fecha de presentación de la demanda, todos los servidores públicos no uniformados del sector defensa eran de libre nombramiento y remoción, por tratarse de un personal escogido en confianza por los administradores de cada tiempo, pues muchos de el los prestaron su servicio militar en cada una de las instituciones que conforman el mencionado sector , otros son familiares de oficiales, suboficiales, soldados, entre otros.

Sin embargo, muchos de los que eran de libre nombramiento y remoción fueron re -categorizados y cambiados a provisionalidad sin cumplir con el debido proceso, comoquiera que nunca fueron informados sobre lo que representaba ese cambio, tampoco notificados como lo ordena la ley, sino que por orden de los altos mandos militares y de pol icía se les entregó un acta de posesión como nombramiento provisional, sin hacer previamente la renuncia al cargo anterior de libre nombramiento y remoción.Nulidad

notificados como lo ordena la ley, sino que por orden de los altos mandos militares y de pol icía se les entregó un acta de posesión como nombramiento provisional, sin hacer previamente la renuncia al cargo anterior de libre nombramiento y remoción.Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

7

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Ahora bien, la Ley 909 de 2004 en su artículo 16 hace referencia a que el Ministerio de Defensa Na cional debe tener ya elegida la Comisión de Personal en cada una de sus dependencias, regiones o seccionales donde se encuentran los servidores públicos no uniformados pertenecientes a dicho Ministerio, que sus cargos en provisionalidad están siendo oferta dos por la Comisión Nacional del Servicio Ci vil con el objeto de que el proceso se realice conforme a la ley, según el Acuerdo 20191000002366 del 14 de marzo de 2019 .

No obstante lo anterior, dentro d el «Proceso de Selección No. 632 de 2018 sector defensa » no se ha elegido el personal que debe conformar la Comisión de Personal como lo ordena la ley.

Por último arguyó lo siguiente:

«Este proceso de selección según el acuerdo en mención es el primero en desarrollarse en el Ministerio de Defensa, según respuesta obtenida por vía de derecho de petición , que varios servidores públicos no uniformados del sector defensa le han hecho a su director o comandante de fuerza. Sin embargo, se aduce supuestamente que ya existen en el sector defensa más

respuesta obtenida por vía de derecho de petición , que varios servidores públicos no uniformados del sector defensa le han hecho a su director o comandante de fuerza. Sin embargo, se aduce supuestamente que ya existen en el sector defensa más de cien servi dores públicos no uniformados en el sistema especial de carrera, de los cuales se eligió la comisión de personal que estará velando por el proceso de selección. Si esto resulta ser cierto, que para lo cual solicito a los señores magistrados del Consejo de Estado buscar la verdad sobre lo relacionado; se convertiría esta acción en la vulneración a los artículos 13 y 53 de la carta magna, la ley (sic) 909 de 2004 y la ley (sic) 1033 de 2006 ya que indican que los nombramientos de estos cargos en carrera se ha rán en concurso abierto y bajo la supervisión de la CNSC.»

• «NULIDAD POR VIOLACIÓN ARTÍCULO 11, 25 Y 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1033 DE 2006, LITERALES C Y D

DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1033 DE 2006».

El 17 de ene ro de 2007, fecha en que se reglamentó la Ley 1033 de 2006 por medio de los Decretos 091 y 092, el Ministerio de Defensa Nacional tenía dos años para haber lanzado a concurso de méritos, cada uno de los cargos en provisionalidad disponibles.

El personal p ara ese tiem po del Ministerio de Defensa estaba conformado por un 50% que pertenecía al régimen especial de la Ley 1214 y el otro 50% por el régimen general de la Ley 100 de

El personal p ara ese tiem po del Ministerio de Defensa estaba conformado por un 50% que pertenecía al régimen especial de la Ley 1214 y el otro 50% por el régimen general de la Ley 100 de 1993, por lo tanto los de l régimen especial no tenían nada que ver en la convocatoria porque su denominación era de libre nombramiento y remoción, pero el otro personal que fuese convocado hasta el momento solo tenía un máximo de 14 años deNulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

8

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia servicio, comoquiera que ingresaron al Ministerio de Defensa el 1 de abril de 1 994 «y sus edades se podría decir que eran aceptables ante cualquier empresa que se presentaran si llegaran a perder sus puestos por no obtener buenos resultados en el concurso de méritos, deduciendo que se comprendía n entre los 33 y los 38 años. Sin embargo, el Ministerio de Defensa omitió este parágrafo y solo hasta el año mediatamente anterior oficializo (sic) lanzar estos cargos a concurso, doce (12) años después, donde ya los que tienen esos cargos pasaron de la e dad para poder ser contratados en alguna otra empresa».

La mayoría de estos servidores públicos ya cuentan con m ás de 45 año s de edad, algunos han tenido enfermedades laborales debido al estrés en el empleo , accidentes, entre otras situaciones que los mar ginan de participar nuevamente en la vida laboral.

año s de edad, algunos han tenido enfermedades laborales debido al estrés en el empleo , accidentes, entre otras situaciones que los mar ginan de participar nuevamente en la vida laboral.

El servicio que prestan los «civiles o no uniformados» es esencial para el cumplimiento de las funciones básicas del Ministerio de Defensa, tal y como se establece en los literales c) y d) del artículo 6 de la Ley 1033 de 2006 , asimismo, la mencionada entidad debe conservar los derechos adquiridos por el personal de servidores públicos no uniformados y , a su vez , adoptar los mecanismos de estabilidad laboral reforzada a cada uno de los servidores que no lo gren pasar la prueba de concurso de m éritos.

Dado lo anterior, se deno ta la violación del artículo 1.° d e la Constitución Política, pues el acto demandado va en contra d el Estado Social de Derecho y el respeto de la dignidad humana, también, se vulneran los artículos 25 y 53 de la Carta P olítica, teniendo en cuenta que muchos de los que salgan del proceso de selección se quedarían sin trabajo , dejarían de recibir remuneración alguna y no podrían cotizar al sistema de salud ni de pensión, por lo cual se ver ía afectado en igua l sentido el artículo 11 de la Carta Magna.

Finalmente, el despido de este personal en las circunstancias que están estos momentos constituye un crime n de lesa humanidad debido a la tortura psicológica para ellos .

II.2. Contestación de la demanda.

❖ Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.Nulidad

están estos momentos constituye un crime n de lesa humanidad debido a la tortura psicológica para ellos .

II.2. Contestación de la demanda.

❖ Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

9

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Por conducto de apoderado judicial, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional 2 contestó la demanda de la referenci a y se opuso a las pretensiones bajo los siguientes argumentos:

• Las normas invocadas en el acto acusado se encuentran ajustadas a la Constitución Política, así como las aplicables para la materia, las cuales se encuentran vigentes. • La expedición del acto d emandado fue sin ningún tipo de irregularidad, sin desconocimiento de algún derecho de audiencia y defensa, más cuando el acuerdo no es un acto sancionatorio que deba estar sujeto a las garantías constitucionales del debido proceso, por el contrario fue ex pedido y publicado por los funcionarios competentes. • No existe prueba en el escrito de demanda que establezca que el acto administrativo se expidió alejado de las atribuciones propias de quien lo profirió o con intereses personales y no generales.

Adicio nalmente, propuso las siguientes excepciones previas :

❖ «Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida individualización y/o inexistencia de los actos administrativos demandados».

personales y no generales.

Adicio nalmente, propuso las siguientes excepciones previas :

❖ «Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida individualización y/o inexistencia de los actos administrativos demandados».

Existe un error de individualización del acto administrativo demandado, p ues debió pretenderse la nulidad del Acuerdo 2018000009066, que fue el que modificó, extinguió y negó una situaci ón administrativa, más no del Acuerdo 20191000002366, e l cual nunca fue emitido por la CNSC ni por la Dirección General de la Policía Nacional.

Para sustentar lo anterior, citó un aparte de la sentencia del 25 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso radicado 05001333300420130016801.

❖ «Ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción».

Lo pretendido por la demandante es que se cumpla la ley, siendo conveniente la interposición de una acci ón de cumplimiento o de una acción de tutela, comoquiera que se invocan violaciones de derechos fundamentales .

2 Índice 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 y 45 de la plataforma para la gestión de los procesos judiciales SAMAI.Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

10

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

10

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Además, en el escrito demandantorio no se formuló ni explicó ninguna de las causales establecidas en el artículo 137 del CPACA.

Asimismo, la demandante al considera r que se le ha violado un derecho y que por el mismo efecto le ha causado un daño o perjuicio, deb ió invocar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

• Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC .

La Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC contestó la demanda de la referencia oponiéndose a las pretensiones y propendiendo las siguientes excepciones de mérito:

❖ «Inexistencia de acusación clara, cierta, concreta y verificable que permita al decisor judicial realizar un juicio abstracto de leg alidad».

Corresponde al demandante presentar l as razones concretas en virtud de las cuales un acto administrativo viola el sistema jurídico colombiano, sin que sean admisibles acusaciones como consecuencia de su aplicación o inaplicación, por lo tanto, en el escrito dem andantorio debe establecerse cuál o cuá les son las causales que se configuran y la correspondiente argumentación.

Así, la fundamentación de los hechos, la presentación de la violación y su desarrollo deben realizarse mediante un discurso ordenado, concadenado, claro, preciso y concreto, sin que exista campo para las especulaciones, las apreciaciones subjetivas o la interpretación acomodada de los textos normativos que se invocan

violación y su desarrollo deben realizarse mediante un discurso ordenado, concadenado, claro, preciso y concreto, sin que exista campo para las especulaciones, las apreciaciones subjetivas o la interpretación acomodada de los textos normativos que se invocan como violados.

Ahora bien, los hechos narrados en la demanda y el concepto de violación, se queda n en meras generalizaciones y en reproches aislados sobre las consecuencias del concurso en disfavor con el personal que se encuentra vinculado en el sector defensa en provisionalidad, sin que se haya realizado por cuenta de la parte una censura que esté acorde con las exigencias precedentes .

Por ejemplo, en los hechos segundo y tercero de la demanda se invocaron varias no rmas relacionadas con la Constitución y la Ley 909 de 2004, sin que se realizara una exposición factual y luego se dijo en el hecho cinco que en la planta de personal hay cerca de quince mil uniformados que pertenecen a las comisiones de personal.Nulidad Radicado: 11001 -03 -25 -000 -2019 -00514 -00 (3881 -2019 )

Demandante: Dora María Rodríguez Tovar

11

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7 -65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Luego, en la presentación del concepto de violación se afirmó que en los términos del acuerdo acusado, la Comisión de Personal debe estar integrada por todos los miembros que hagan parte de la planta de personal y no solo los que están en provisionalidad, frente a lo cual en caso de ser cierto violaría los artículos 13 y 53 del texto

estar integrada por todos los miembros que hagan parte de la planta de personal y no solo los que están en provisionalidad, frente a lo cual en caso de ser cierto violaría los artículos 13 y 53 del texto constitucional y la Ley 909 de 2004 .

Por lo demás, cuando presenta el cargo de nulidad por la presunta violación de los artículos 11, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia y el parágrafo del artículo 4.° de la Ley 1033 de 2006, aduce que, la convocatoria se hizo por fuera del plazo de dos años