CE - 010325000202100249001AUTOQUERESUEL20231120125156

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021) Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y otros

AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR __________________________________________________________________

Asunto

El de spacho pr ocede a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los siguientes actos administrativos:

 Acuerdo 7926 del 7 de diciembre de 2018 expedido por la CNSC, «por el cual se convoca y establecen las reg las para el concurso abierto para proveer de manera definitiva los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Florencia-Caquetá, proceso de selección 862 de 2018, municipios priorizados para el pos tconflicto (municipios de 1ª a 4ª categoría)».

 Acuerdo 040 del 27 de febrero de 2020 , proferido por la CNS C, «por el cual se modifican los artículos 1 , 2 , 3 , 11 , 14 y 25 del Acuerdo 20181000007926 del 7 de diciembre de 2018, de la Alcald ía de Florencia -Caquetá, en el marco del proceso de

modifican los artículos 1 , 2 , 3 , 11 , 14 y 25 del Acuerdo 20181000007926 del 7 de diciembre de 2018, de la Alcald ía de Florencia -Caquetá, en el marco del proceso de selección 862 de 2018, municipios priorizados para el postconflicto (municipios de 1ª a 4ª categoría)».

1.- Argumentos de la demanda y de la solicitud de medida cautelar

1. Contra el Acuerdo 7926 del 7 de diciembre de 20 18, que es el que contiene las bases del concurso, la parte demandante aleg ó la violación del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que establece, que la convocatoria debe estar suscrita por el presidente de la CNSC y por el jef e de la entidad u organismo beneficiario del concurso, mientras que el mencionado acuerdo fue suscrito por el presidente de la CNSC y por el secretario de Medio Ambiente del municipio, que no es el representante legal de la entidad territorial , razón por l a que los accionantes consideran que se encuentra viciado de nulidad.

2. La segu nda inconformidad planteada en la demanda alude a que la CNSC, a través del Acuerdo 040 del 27 de febrero de 2020 , realizó las siguie ntes modificaciones s in la autorización del alcalde de Florencia, vulnerando los principios de coordinación, colaboración interinstitucional, legalidad, transparencia, publicidad y confianza legitima, así como los derechos a la igualdad, dignidad y al

trabajo:

 Modificó el número de empleos a ofrecer, ya que en el Acuerdo 7926 del 7 de

publicidad y confianza legitima, así como los derechos a la igualdad, dignidad y al trabajo:

 Modificó el número de empleos a ofrecer, ya que en el Acuerdo 7926 del 7 de diciembre de 2018 se ofrecieron 254 y en el Acuerdo 0040 del 27 de febrero de 2020 256.Radicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021)

Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros

 Se incluyó como lugar de aplicación de prueb as el municipio de Puerto Leguízamo.

 Se indicó que l a entidad responsable para ade lantar el concurso sería la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

 Se modificó el articulo 1 parágrafo 2° del Acuerdo 7926 del 7 de diciembre de 2018, para señalar que : «la OPEC registrada en el aplicativo SMI O (sic) forma parte integral del presente acuerdo, ha sido su ministrada por la Alcaldía de FlorenciaCaquetá y es de responsabilidad exclusiva de ésta, por lo que, en caso de presentarse diferencia por error de digitación, de transcripción o de omisión de palabras de ésta y la información contenida en el Manual de Funciones y Competencia Laborales y/o demás actos administrativos que al (sic) determinaron, puntualmente en lo relacionado con la denominación, código y grado del empleo ofertado, la disciplina académica exigida, la asignación salarial vigente, el propósito principal y las funciones a ejercer, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el art ículo 45 de l Código de Procedimiento Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 del

exigida, la asignación salarial vigente, el propósito principal y las funciones a ejercer, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el art ículo 45 de l Código de Procedimiento Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 del presente Acuerdo. Así mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes, recaerán en la entidad que efectuó el reporte».

2.- La oposición

3. La CNSC y la Alcaldía de Florencia acudieron al proceso a defender la legalidad de los actos demandados, en opo sición a las pr etensiones y argumentos de la demanda y de la solicitud de medida cautelar, con los siguientes razonamientos:

3.1. El estudio de mera legalidad es insuficiente, pues la regulación expuesta en el artículo 31 de la ley 909 de 2004 debe entenderse en su alcance hermenéutico más amplio. En consecuencia, es inconstitucional depender la oponibilidad jurídica de los actos de convocatoria a la firma del jefe de la entidad en cuya planta de personal se encuentran los empleos ofertados en el concurso , debido a que la CNSC es un órgano autónomo y en sus funciones no pueden intervenir otras autoridades estatales. En este punto aclara que: (i) la CNSC aprobó en sala plena del 4 de diciembre de 2018 que se adelantara el proceso de selecci ón para proveer lo s empleos en vacancia definitiva de la Alcald ía de Florencia , (ii) el Acuerdo 7926 fue efectivamente expedido el 7 de diciembre de 2018 , (iii) Luis Carlos Montoya Leyton, en su calidad de servidor del nivel directivo de la Alcald ía

Acuerdo 7926 fue efectivamente expedido el 7 de diciembre de 2018 , (iii) Luis Carlos Montoya Leyton, en su calidad de servidor del nivel directivo de la Alcald ía de Florencia, Secretario de Medio Ambiente, fue delegado el 13 de diciembre de 2018 por el alcalde de la época, Andrés Mauricio Perdomo Lara, para suscribir el acuerdo de convocatoria en el evento protocolario que se llevó a cabo en la ESAP el 20 de diciembre de 2018, (iv) el Acuerdo 7926 fue suscrito el 20 de diciembre de 2018, en el evento público que se lle vó a cabo en la ESAP y (v) Luis Carlos Montoya Leyton, ostentaba la calidad de secretario de despacho, y en virtud de la delegación, estaba facultado para el momento de la su scripción del Acuerdo de Convocatoria.

3.2. Para realizar el proceso de selección , la CNSC y el municipio de Florencia desarrollaron una etapa de planeación en la que, entre otras, se definieron los ejes temáticos de las pruebas y los compromisos presupuestales a cargo de la entidad territorial.Radicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021)

Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros

3.3. Los cambios efectuados a la convocatoria mediante el Acuerdo 040 del 27 de febrero de 2020, fueron realizados previo al inicio de la etapa de inscripciones de la Convocatoria, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 13 del Acuerdo que contiene las reglas del proceso de selecci ón, en concordancia con lo indicado en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 , que señala que antes de dar inicio a

contiene las reglas del proceso de selecci ón, en concordancia con lo indicado en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 , que señala que antes de dar inicio a la etapa de inscripciones, la Convocatoria podrá ser modificada o complementada, en cualquier aspecto por la CNSC y oportunamente divulgada.

Consideraciones

3.- Los problemas jurídicos

4. Se circunscriben a establecer lo siguiente:

4.1. ¿El Acuerdo 7926 del 7 de diciembre de 2018 expedido por la CNSC para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de la alcaldía de Florencia, debe suspenderse provisionalmente como medida cautelar, po rque presuntamente fue expedid o de manera irregular por la CNSC, en contravía del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 que establece que la convocatoria y en general todo los documentos que la soportan, deben estar suscritos por el presidente de la CNSC y por el jefe de la entidad u organismo beneficiario del concurso?

4.2. ¿Es procedente la suspensión provisional del Acuerdo 7926 del 7 de diciembre de 2018 expedido por la CNSC, porque al parecer la CNSC realizó modificaciones extemporáneas al proceso de selección?

5. Con miras a resolver l os anteriores planteamientos, el despacho precisará algunos aspectos relativos a las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.- Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo

6. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares

contencioso administrativo.

4.- Las medidas cautelares en la jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo

6. El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señala, que las medidas cautelares proceden incluso antes de que se notifique el auto admisorio y en cualquier etapa del proceso para «proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

7. En aten ción al artículo 230 ejusdem, las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas, o de suspensión; la competencia para dictarlas es del juez o magistrado ponente; pueden decretarse una o varias en un mismo proceso; y se estableció un listado enunciativo de aquellas, entre las cuales

se encuentra al tenor literal las siguientes:

«1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicaráRadicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021) Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros las condiciones o se ñalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición

que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer».

8. Esta misma normativa, en el artículo 231, señala los requisitos para decretar las medidas cautelares. Para el caso de l a suspensión provi sional de los efectos del acto administrativo demandando establece una diferenciación, en atención a si en la demanda se pretende únicamente la nulidad del acto administrativo para lo cual solo debe acreditarse la violación de las normas s uperiores, o si se pretende además de la nulidad el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios además deberán prob arse estos. La norma señala expresamente lo

siguiente:

«Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo , la suspensión provisional de sus efectos procederá por violaci ón de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisi s del acto demandado y su confrontación con las n ormas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el rest ablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedente s cuando concurran

adicionalmente se pretenda el rest ablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedente s cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado , así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permi tan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que re sultaría más gravo so para el interés público negar l a medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.».

9. De las normas antes analizadas 1 se desprende que los requisitos para decretar las medidas cautelares se pueden clasificar en tres categorías, a sabe r: (i) requisitos de proced encia, generales o comunes, de índ ole formal, (ii) requisitos de procedencia, generales o comunes, de índole material, y (iii) requisitos de

procedencia específicos2. Veamos:

9.1. Requisitos de procedencia, generales o comunes de índole formal. En el entendido que son «generales o comu nes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los

entendido que son «generales o comu nes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole formal», en la medida en que solo requieren una corroboración de aspectos de forma y no un análisis valorativo. Entonces, los requisitos de procedencia , generales o comunes, de índole formal, son: ( i) debe tratarse de procesos declarativos o en lo s que tienen por finalidad la defensa y

1 Ley 1437 de 2011, artículos 229, 230 y 231. 2 Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 6 de abril de 2015. Expediente 11001-03-25-000-2014-00942-00 (29052014). Demandante: Jairo Villegas Arbeláez. Demandado: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.Radicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021) Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros protección de derechos e intereses colectivo s que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo 3, (ii) debe existir solicitud de parte debi damente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protecci ón de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio4.

9.2. Requisitos de procedencia generales o co munes de índole material. En el entendido que son «generales o c omunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por

9.2. Requisitos de procedencia generales o co munes de índole material. En el entendido que son «generales o c omunes» porque se exigen para todas las medidas cautelares; y son de «índole material», en la medida en que exigen por parte del juez un análisis valor ativo. Entonces, los requisitos de pro cedencia, generales o comunes, de índole material, son: (i) que la medida cautelar solicitada debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia 5; y ( ii) que la medida cautelar solicitada debe tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda6.

9.3. Requisitos de procedencia específicos de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Estos se denominan «requisitos de procedencia específicos» porque s e e xigen de manera particular para cada una de l as categorías de medida cautelar e nlistadas, a modo enunciativo, en el CPACA. Entonces, en cuanto a los requisitos de procedencia específicos, si se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los e fectos del acto administrativo demandado -medida cautelar negativa-, se deben tener en cuenta otras exigencias adicionales que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda7 así: (i) si la demanda tiene únicamente la pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, se debe verificar que exista una violaci ón de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 8, y (ii) si la dema nda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización

normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud 8, y (ii) si la dema nda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios9.

9.4. Requisitos de procedencia específicos para las dem ás medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo. Finalmente, si se pretenden otras medidas cautelares diferentes -medidas cautelares positivas 10a la de suspen sión provisional de los efectos del acto administrativo demandad o, deben co ncurrir los siguientes requisitos adicionales: (i) que la demanda esté razonablemente fundada en derecho; ( ii) que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titul aridad del derecho o de los derechos invocados; ( iii) que el demandante haya pres entado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir,

3 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 4 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 5 Artículo 229, Ley 1437 de 2011. 6 Artículo 230, Ley 1437 de 2011. 7 Por esta razón en el ac ápite de antecedentes de e sta providencia se hiz o alusión al medio de control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar.

control ejercido por el demandante y a las pretensiones de la demanda, toda vez que el legislador en la Ley 1437 de 2011 puso estos como elementos determinantes para el tipo de requisitos que el juez debe analizar al momento resolver sobre el decreto de la medida cautelar. 8 Artículo 231, inciso 1°, Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 231, inciso 2°, Ley 1437 de 2011. 10 Ley 1437 de 2011, artículo 230, numerales 1, 2, 4 y 5.Radicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021) Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros mediante un juicio de ponderación de intereses, que resulta ría más gravoso para el inter és público negar la medida cautelar que concederla; y ( iv) que, al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable o que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse los efectos de la sentencia serían nugatorios11.

10. En este or den de ideas, debe tenerse en cuenta que lo antes de scrito corresponde a un estudio o análisis preliminar que versa sobre los planteamientos y pruebas que fundamenten la solicitud de la medida; es decir, se trata de una percepción inicial y sumaria que, por r egla general, se adopta en una etapa inicial del proceso. Entonces, la decisió n sobre la medida comporta un primer acercamiento al debate, en el que se realizan interpretaciones normativas y valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el conteni do de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artí culo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

valoraciones, pero sin que ello afecte o comprometa el conteni do de la sentencia que debe poner fin a la cuestión litigiosa. En efecto, el artí culo 229 del CPACA dispone que la decisión sobre la medida cautelar «no implica prejuzgamiento».

11. Teniendo claridad en lo relacionado con las medi das cautelares en la Jurisdicción Contencioso -administrativa y su alcance en el CPACA para decretarlas, el despacho procede a estudiar los reparos expuesto en la demanda y en la solicitud de medida cautelar, en virtud de los cuales se formul aron los problemas jurídicos a resolverse en esta providencia.

5.- Estudio y resolución del primer problema jurídico

5.1.- Alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004

12. Para resolver el planteamiento expuesto, se considera pertinente transcribir la norma invocada por la demandante como vul nerada, a fin de tener total claridad sobre lo establecido en el tenor literal de dicho texto normativo:

«Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso . El proceso de selección comprende:

1. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo , es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los aspirantes.

(…)».

13. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC, como a la entidad que busca proveer mediante concurso de méritos, empleados idóneos que ocupen de forma permanente las vacantes de su planta de personal, la obligación de realizar todo el

13. La norma transcrita impone, tanto a la CNSC, como a la entidad que busca proveer mediante concurso de méritos, empleados idóneos que ocupen de forma permanente las vacantes de su planta de personal, la obligación de realizar todo el proceso de selección de madera conjunta y coordinada.

14. Hasta hace poco la inte rpretación del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era un tema que generaba amplia discusión, puesto que no resultaba clara su redacción, lo que generó múltiples dificultades para su interpr etación y para establecer si la convocatoria de un concurso de méritos debía es tar suscrita tanto por el presidente de la Comisión Na cional del Servicio Civil como por el jefe de la entidad beneficiaria del concurso de méritos. Para mayor claridad, a continuación,

11 Artículo 231, inciso 3, numerales 1 a 4, Ley 1437 de 2011.Radicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021) Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros se expondrán de manera resumida, las posiciones jurisprud enciales, así como la tesis finalmente vigente, sobre el sentido y alcance de la norma que se invoca como vulnerada en la demanda.

15. Inicialmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante concepto del 19 de agosto de 2016, identificado con el número 2307, proferido en el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-00,12 señaló que el requisito de la concurrencia de firmas contenido en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era

el expediente 1001 -03-06-000-2016-00128-00,12 señaló que el requisito de la concurrencia de firmas contenido en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 era obligatorio, pues «la expresión utilizada por el legislador (“deberá ser suscrita por” ) es imperativa y no admite en este punt o una interpretación diferente» . En atención al mencionado criterio de la Sala de Consulta, a manera de cautela, se ordenó l a suspensión de los siguientes procesos de selección: Convocatoria 328 de 2015 (SDH)13, Convocatoria 428 del 2016 (Entidades del Sector Nación),14 Convocatoria 429 de 2016 (Antioquia)15 y Convocatoria 434 de 2016,16 entre otros.

16. En un segundo momento, en auto de pone nte del 27 de junio de 2018 17, esta Corporación recalcó nuevamente que la suscripción de la convocatoria a concurso público por parte del presidente de la CNSC y el jefe de la entidad u organismo beneficiario del proceso de selección es un requi sito formal de obligatorio cumplimiento. No obstante, se indicó que la carencia de este no siempre tiene la virtualidad de invalidar el acto de llamado o de convocatoria a concurso.

17. En la mencionada providencia se indicó que al juez le corresponde dilucidar en cada caso concreto, la clas e de requisito formal cuyo cumplimiento se echa de menos y se aduce como causal de anulación de un acto administrativo. Precisó la providencia, además, que la competencia de la CNCS para convocar concursos no puede eje rcerse de maner a unilateral, primero, porque son las entidades las

menos y se aduce como causal de anulación de un acto administrativo. Precisó la providencia, además, que la competencia de la CNCS para convocar concursos no puede eje rcerse de maner a unilateral, primero, porque son las entidades las que, conocie ndo sus necesidades del servicio, reportan ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, y ante la CNCS, los empleos vacantes, y, en segundo lugar, porque los concursos, por su costo, afectan el presupu esto de las entidades beneficiarias. Y en esa medida, la convocatoria a proceso de selección es el resultado de toda una actuación administrativa compleja desarrollada de manera coordinada, entre la CNSC y l as entidades u organismos destinatarias de las listas de elegibles. De tal forma, que si b ien la exigencia contenida en el artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004 constituye una formalidad sustancial y no meramente accesoria, en virtud del principio del «efecto útil de la norma»18 no habría lugar a suspender el concurso, toda vez que, en ese c aso, se logró probar la coordinación institucional entre la CNSC y la entidad convocante, para la

12 Con ponencia del señor Consejero German Bula Escobar. 13 110010325000201601189 00 (5266-2016) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; demandante: Cla ra Cecilia López Barragán, Demandadas: Secretaría Distrital de Hacienda y CNSC.

14 Providencia de 23 de agosto de 20 18, C.P. William Hernández Gómez; expediente: 11001 -0325-000-2017-00326-00(15632017). 15 Providencia de 17 de mayo de 2018, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente: 1100103-25-000-2016-01071-00(4780-16). 16 Providencia de 7 de s eptiembre de 2018, C.P. César Palomino Cortés; Expediente: 11001 -0325-000-2018-00188-00(0690-18). 17 Auto interlocutorio por el cual se resolvió una solicitud de medida cautelar, en el expediente: 11001032500020170021200(1219-2017): Demandante: Pedro Emilio Rodríguez Velandia y otros Demandadas: CNSC y otros. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez 18 Ver Dueñas Ruíz, Óscar José. Lecciones de Hermenéutica Jurídica. Unive rsidad del Rosario. 4ª Edición. http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1010/Lec%20Hermeneutica%204.pdf?seq uence=1. Ver entre otras las sentencias T-001 de 1992 y C-499 de 1998.Radicado: 11001-03-25-000-2021-0249-00 (1477-2021) Demandante: Aura María Figueroa Melgar y otros realización de la etapa preliminar, de planeación y ejecución del proceso de selección.

18. Finalmente, el pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 201919, al resolver de fondo una demanda de nulidad de varios acuerdos de la CNSC, fijó su interpretación y alcance del artículo 31.1 de

sentencia del 31 de enero de 201919, al resolver de fondo una demanda de nulidad de varios acuerdos de la CNSC, fijó su interpretación y alcance del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. El cri terio vige nte de esta Corporación allí establecido, consiste en que si bien la norma obliga a que las convocatorias a concurso de méritos sean suscritas por la CNSC y las entidades beneficiarias de dichos procesos de selección, el he cho de que dichos actos ad ministrativos sólo sean firmados por la CNSC, en los eventos en los que se demuestre que las entidades que no firmaron, sí participaron en la etapa de planeación de la convocatoria, no constituye «per se» una irregularidad, pues, se entiende cumplido el fin de la norma, que está referido a garantizar que los conc ursos de méritos se desarrollen en un marco de coordinación interadministrativa20.

19. La mencionada sentencia comienza por señalar, conforme con la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional del artículo 130 de la Constitución, que las competencias con stitucionales de la CNSC no pueden compartirse con otros órganos21. Sin embargo, en razón a que estas competencias implican el ejercicio de funciones administrativas 22, corresponde aplicar tambi én los principios constitucionales que las rigen, previstos en e l artículo 209 ibidem y , en consecuencia, para efectos de la convocatoria al concurso converge, de manera coordinada, el ejercicio de diver sas funciones, tanto de la CNSC c omo de la entidad cu yos cargos se van a proveer por medio del concurso, por lo tanto, respecto del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. En la providencia se señala que

entidad cu yos cargos se van a proveer por medio del concurso, por lo tanto, respecto del artículo 31.1 de la Ley 909 de 2004. En la providencia se señala que «no ofr ece duda alguna que se establece a manera de nor ma imperativa el que, para efectos de lograr realizar la convocatoria del concurso de méritos, deben concurrir tanto la CNSC como la entidad u organismo, beneficiario de la provisión de los empleos, en su suscripción».

20. No obstante, la sentencia reconoce que la entidad beneficiaria d el concurso tiene, re specto de él, unas competencias que le son propias, las cuales debe ejercer de manera coordinada con las de la CNSC. Este ejercicio coordinado, a juicio de la sentencia, «se entiende cumplido en la medida en que firme el respectivo documento [de convocatoria] o ejecute actos inequívocamente dirigidos a participar activa y coordinadamente en la emanación del mismo». Sobre esta base: la convocatoria no requiere de d