CE - 010326000202000112001AUTOQUERESUEL20230324093204

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Radicación: 11001-03-24-000-2020-00112-00

Demandante: Fulgerman Ortiz Jaimes, Luis Eduardo Muñoz Ballesteros y Mauricio

Chinchilla Pineda

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS

Tercero: CANNAVIDA S.A.S.

Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución DLG 987 de 9 de diciembre de 2019. No se observa que el acto acusado incurra en la causal de falta de motivación . Niega medida cautelar conservativa. La solicitud excede la tipología de declaratorias que caracterizan el presente medio de control judicial

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución DLG 000987 de 9 de diciembre de 2019 , expedida por la Corporación Autónoma Regional de Santander1. También se pronunciará sobre la medida cautelar orientada a declarar la suspensión de la s obras de adecuación, y de las activida des de extracción de las aguas concesionadas a la empresa CANNAVIDA S.A.S.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Fulgerman Ortiz Jaimes, Lui s Eduardo Muñoz Ballesteros y Mauricio Chinchilla Pineda , en ejercicio del medio de control previsto en el

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Fulgerman Ortiz Jaimes, Lui s Eduardo Muñoz Ballesteros y Mauricio Chinchilla Pineda , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentaron demanda ante esta Co rporación, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones:

[…] Se está demandando la NULIDAD de la Resolución DGL No 000967 de 2019, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS por medio de la cual se otorga una concesión de a guas subterráneas y se dictan otras disposiciones, para el pozo profundo localizado en el predio rural denominado Lote No. 2 La Floresta, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 302 -15669 y ubicado en la Vereda Santa Helena en jurisdicción del municipio de Barichara. Esta concesión se le otorgó a CANNAVIDA S.A.S identificada con NIT 900.915.180 -1 y representada legalmente por el señor Yaron Marzel identificado con cedula de extranjería No 584.946 […].

1 Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas subterráneas y se dictan otras disposiciones.2

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Demandante: Fulgerman Ortiz Jaimes, Luis Eduardo Muñoz Ballesteros

y Mauricio Chinchilla Pineda

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander

2. Este Despacho, mediante auto de 3 de dicie mbre de 2021, inadmitió la

y Mauricio Chinchilla Pineda

Demandado: Corporación Autónoma Regional de Santander

2. Este Despacho, mediante auto de 3 de dicie mbre de 2021, inadmitió la demanda por cuanto la parte actora no aportó los documentos que acreditaban la calidad con la que acudía al proceso2. La parte demandante, dentro del término procesal que le fue conferido, subsanó el error advertido en el auto inadmisorio de la demanda.

3. A través de auto de 25 de marzo de 20223, este Despacho admitió el medio de control de nulidad.

I.2. Solicitud de medida cautelar

4. En un acápite independiente de la demanda, la parte actora requirió la suspensión provisional de la Resolución DLG 00 0987 de 9 de diciembre de 2019 , por la configuración de la causal de nulidad de falta de motivación.

5. Al respecto, explicó que : «desde el punto de vista interno se adujo haber tenido en cuenta por la CAS los potenciales daños ambientales en relación con la disponibilidad de oferta hídrica para los habitantes aledaños al predio cuya concesión de aguas se controvierte . (Sin embargo) (…) atendiendo a las manifestaciones oportunas que las comunidades campesinas hi cieron dentro del trámite administrativo, se advirtió el desconocimiento real, potencial, actual y futuro de los impactos que la concesión de aguas tendrá sobre el ambiente».

6. Además, señaló lo siguiente:

«[…] Desde el punto de vista abiótico, la falta de información acerca de las disminuciones del caudal de agua interconectada del pozo afectado con

6. Además, señaló lo siguiente:

«[…] Desde el punto de vista abiótico, la falta de información acerca de las disminuciones del caudal de agua interconectada del pozo afectado con la sustracción del líquido hacia otras fuentes de abastecimiento subterráneo y superficial aledañas los predios denominados “Lote y Lote dos La Floresta”, ver eda Santa Hel ena, municipio de BaricharaSantander, especialmente en las quebradas: “Los Fiques”, “La Cristalina”, “Monte Alto”, “Santa Helena”, así como y otras de origen “innominado” contiguas al área en donde se pretende establecer el proyecto de “CANNAVIDA S.A.S.” (Páginas 12 y 13) podría exponer el ecosistema acuífero local a un proceso de desabastecimiento y con ello a los demandantes, habida cuenta del reconocimiento por la CAS de una situación de cambio climático que originó la declaratoria de calam idad pública y alerta roja por escasez de agua , entre otros, en el municipio de Barichara, lo que obliga a la administración a mantener especial cuidado de los elementos de la naturaleza que como el agua, ya no es abundante ni renovable indefinidamente, sino escaso, costoso, preciado y vital.

Desde el punto de vista biótico, se requiere la elaboración de estudios de impacto ambiental integral sobre las especies de fauna silvestre que dependen de la disponibilidad de agua, particularmente, en las quebradas antes mencio nadas antes de que las condiciones físico químicas y la disponibilidad del agua del demandante y la localidad, así

2 Índice 10 del expediente digital. 3 Índice 17 del expediente digital del aplicativo Samai.3

químicas y la disponibilidad del agua del demandante y la localidad, así

2 Índice 10 del expediente digital. 3 Índice 17 del expediente digital del aplicativo Samai.3

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como aquella necesaria para la reproducción del ecosistema . Y desde el punto de vista antrópico, que tiene que ver con la afecta ción ambienta l concreta en lo atinente a los der echos de la comunidad y el aquí demandante, las garantías relativas a la participación, debido proceso administrativo, derecho de audiencia y defensa, no han sido observados debidamente en la producción del acto demandado.

Dicho lo anterior, la medida de prevención de los efectos de la resolución demandada guarda estrecha relación con la necesidad de evitar los daños irreversibles como los derivados de la sobreexplotación del agua con fines agroindustriales en perjuicio de las actividades humanas […]».

7. En segundo lugar, solicitó al juez ordenar a la empresa CANNAVIDA S.A.S. que no realice obras de adecuación ni extraiga el agua autorizada en la concesión de aguas subterráneas, mientras se resuelve de forma definitiva e l litigio, con el objetivo de mante ner « las características físicas, bioquímicas, hidrológicas y de relación entre los ecosistemas hídricos y terrestres, tanto superficiales como subterráneos interdependientes y afectados entre sí al pozo objeto de la concesión

objetivo de mante ner « las características físicas, bioquímicas, hidrológicas y de relación entre los ecosistemas hídricos y terrestres, tanto superficiales como subterráneos interdependientes y afectados entre sí al pozo objeto de la concesión de aguas, con la mayor cercanía posible a su estado natural original».

II. TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

8. De la solicitud de la medida cautelar se corrió traslado 4 a la Corporación Autónoma Regional de Santander , para que se pronunciara sobre la misma, en el término de cinco días (5) días , de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

9. La apoderada judicial de la Corporación Autónoma Regional de Santander

(CAS), mediante escrito de 8 de abril d e 20225, afirmó que la petición cautelar no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 231 del CGP porque el demandante no precisó la forma en que la Resolución DLG 000987 desconoce el ordenamiento jurídico, ni desvirtuó la presunción de legalidad que la cobija.

10. Puso de presente que la CAS adelantó to das las evaluaciones y los análisis pertinentes antes de expedir el acto administrativo acusado, tal y como puede observarse en el expediente administrativo adjunto.

11. Afirmó que en el evento en que el Despacho acceda a la solicitud de suspensión provisional del acto que a utorizó a la empresa CANNAVIDA S.A.S. la concesión de aguas subterráneas y, posteriormente, concluye que dicho acto administrativo fue expedido en cumplimiento de todos los requis itos de orden

suspensión provisional del acto que a utorizó a la empresa CANNAVIDA S.A.S. la concesión de aguas subterráneas y, posteriormente, concluye que dicho acto administrativo fue expedido en cumplimiento de todos los requis itos de orden legal, la mencionada empresa sufriría un daño patrimonial que t endría que ser reparado por la entidad que adoptó tal determinación, « máxime si tenemos en cuenta que los demandantes basan sus afirmaciones en posibilidades y no en

4 Índice 18 del expediente digital del aplicativo Samai. 5 Índice 27 del expediente digital del aplicativo Samai.4

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hechos cierto s, lo cual ha ce más riesgoso concluir que se debe suspender la concesión».

III. CONSIDERACIONES

12. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrat ivo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo (iii) y de la medida cautelar tendiente impartir órdenes o imponerle a c ualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer; para posteriormente (iv) resolver el caso concreto.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

imponerle a c ualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer; para posteriormente (iv) resolver el caso concreto.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

13. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencios o Administrativo C PACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativo s, y en su artícul o 229 l e da una ampl ia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para “ proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

14. En esta última disposición (art. 2 29) se indica que las med idas cautelar es proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

15. En cuanto al compend io de medidas caut elares que hace en e l CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvag uardar un statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del

statu quo ; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.6

16. Los artículos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares;

6 Artículo 230 del CPACA5

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normas que son aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las cautelas enunciadas en el artículo 230.

17. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, c omo ya se anunció, éste cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que “ podrá decretar las que considere necesarias ”7. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “ documentos, informacione s,

Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad , si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “ documentos, informacione s, argumentos y ju stificaciones que pe rmitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses , que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. (negrillas fuera del texto)

18. Sobre este asunto, la Sala Ple na de lo C ontencioso Ad ministrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 201403799, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

«[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deb en tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora . El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho . El segundo , o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho […]»8 (negrillas del Despacho).

19. Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015

(Expediente núm. 2015 -00022, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

19. Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015

(Expediente núm. 2015 -00022, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

«[…] Lo anterior quiere significar que el marco de di screcionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comp rensible inte rsubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares , el Juez se enfre nta a la e xposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora , debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradore s d e idone idad,

7 Artículo 229 del CPACA 8 Providencia de 17 de marzo de 2015, Expediente n úm. 20 14-03799, consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.6

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necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que

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necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad […]9 (negrillas del Despacho)

20. Así las cosas, en el examen de procedibilidad de la medida solicitada, de conformidad con la juris prudencia de esta Corpo ración, deberá verificarse la concurrencia de los elementos tradicionales que ameritan la imposición de la cautela, a saber: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, y (iii) la ponderación de intereses.

III.1.1. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

21. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso adminis trativo10, se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 23 1 y siguientes del

CPACA.

22. Entre sus características princi pales se destaca su na turaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se h ubiere decretado tal medida. Por lo que su finalidad está dirigida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un

constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se h ubiere decretado tal medida. Por lo que su finalidad está dirigida a « evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».11

23. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión pro visional, esta Sección

9 Sobre la aplicación de la proporcionalidad, la misma providencia indicó: « Se ha sostenido en anteriores ocasiones: (…) Allí donde el Juez Ad ministrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible e s que l a actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. (…) En consecuencia, la observancia de este razonamiento tripartito conlleva a sostener que en la determinación de una medida cautelar, que no es más que la adopción de u na medida de protección a un derecho en el marco de un proceso judicial, el Juez debe tener en cuenta valoraciones de orden fáctico referidas a una estimación de los medios de acción a ser seleccionados, cuestión que implica i) que la medida decretada sea adecuada para hacer frente a la situación de amenaza del derecho del afectado ( idoneidad); ii) que, habida cuenta que se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exi sta un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco

se trata de una decisión que se adopta al inicio del proceso judicial o, inclusive, sin que exi sta un proceso formalmente establecido, la medida adoptada sea la menos lesiva o invasora respecto del marco competencial propio de la administración pública ( necesidad) y, por último, es necesario iii) llevar a cabo un razonamiento eminentemente jurídico de ponderación , en virtud del cual se debe determinar de manera doble el grado de afectación o no satisfacción de cada uno de los principios contrapuestos». 10 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “ una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “ vulnerante o amenazante ”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o preve nir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5 ) Impar tir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. 11 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.7

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recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o

y Mauricio Chinchilla Pineda

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recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de bu en d erecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas 12. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202113, precisó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de bu en derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 23 1 del CPACA), (…) basta que, como consecuen cia de la argumentación jurídica plan teada p or el peticionario , el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] 14 (negrillas fuera del texto original)

III.1.2. La medida cautelar consistente en impartir ó rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

fuera del texto original)

III.1.2. La medida cautelar consistente en impartir ó rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

24. El numeral 1° del artículo 230 de la Ley 1437 consagró que es posible solicitar al juez que en imparta órdenes o imponga a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer, en los siguientes términos:

«[…] ARTÍCULO 230. C ONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las prete nsiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: […]

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. (…)

PARÁGRAFO. Si la m edida cautelar implica el ejercicio de una facultad que com porte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que debe rá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en ate nción a la urgencia o

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 110010324000201600295-00.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 13 Sala de l o Contencioso Administrativo, Se cción Primera, número único de radicación 54001 -2333-000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 14 Criterio que la Sala ya había sostenido en provide ncia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001 -03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánc hez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el jue z administrativo determin a, dentro de un p roceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las norma s superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.8

Radicación: 11001-03-24-000-2020-00112-00

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necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente […]» (negrillas del Despacho)

25. Esta tipología de cautela busca, de forma temporal y accesoria, la adopción de una conducta conservativa que evite una sentencia nugatoria mientras la autoridad judicial adelanta el trámite procesal y adopta la decisión definitiva.

III.2. Del caso concreto

una conducta conservativa que evite una sentencia nugatoria mientras la autoridad judicial adelanta el trámite procesal y adopta la decisión definitiva.

III.2. Del caso concreto

26. En el asunto sub e xamine, los ciudadanos Fulgerman Ortiz Jaimes, Luis Eduardo Muñoz Ballesteros y Mauricio Chinchilla Pineda solicitaron dos medidas cautelares. En primer lugar, requirieron la suspensión provisional de la Resolución DLG 000987 de 9 de diciembre de 2019 y, e n segundo lugar , solicitaron la suspensión de las obras de adecuación, así como de las actividades de extracción de aguas concesionadas a la empresa CANNAVIDA S.A.S. -mientras que el proceso se resuelve de forma definitiva-.

27. En este orden de ideas , y por razones m etodológicas, el Despacho resolverá cada solicitud cautelar de forma independiente.

III.2.1. De la solicitud de suspensión prov isional de los efectos de la Resolución DLG 000987 de 2019

28. Respecto de su pri mer planteamiento , la parte actora alegó que la CAS, al momento de expedir la Resolución DLG 000987 de 9 de diciembre de 2019 , incurrió en la causal de «falta o ausencia de motivación (…) toda vez que la CAS (…) adujo haber tenido en cuenta (…) los potenciales daños ambien tales en relación con la disponibilidad de oferta hídrica para lo s habitantes aledaños al predio cuya concesión de aguas se controvierte. (Sin embargo) (…) atendiend o a las manifestaciones oportunas que las comunidades campe sinas hicieron dentro del trámite administrativo, se advirtió el desconocimiento real, potencial, actual y

predio cuya concesión de aguas se controvierte. (Sin embargo) (…) atendiend o a las manifestaciones oportunas que las comunidades campe sinas hicieron dentro del trámite administrativo, se advirtió el desconocimiento real, potencial, actual y futuro de los impactos que la concesión de aguas tendrá sobre el ambiente».

29. En su criteri o, «faltó información acerca de la s disminuciones del caudal de agua interconectada del poz o afectado con la sustracción del líquido hacia otras fuentes de abastecimiento subterráneo y superficial aledañas los predios».

30. También al egó que: «el proyecto de CANNAVIDA S.A.S. podría exponer el ecosistema acuífero local a un proceso de desabastecimie nto y con ello a los demandantes, habida cuenta del reconocimient o por la CAS de una situación de cambio climático que originó la declarator ia de calamidad pública y alerta roja por escasez de agua».

31. Concretamente, los demandantes afirmaron que: (i) « se requiere la elaboración de estudios de impacto ambiental integral sobre las especies de fauna silvestre9

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que dependen de la disponibilidad de agua, particularmente, en las quebradas antes mencionadas antes de que las condiciones fisicoquímicas y la disponibi lidad del agua del demandante y la localidad, así como aquella ne cesaria para la reproducción del ecosistema », y agregaron que: (ii) «las garantías rel ativas a la

antes mencionadas antes de que las condiciones fisicoquímicas y la disponibi lidad del agua del demandante y la localidad, así como aquella ne cesaria para la reproducción del ecosistema », y agregaron que: (ii) «las garantías rel ativas a la participación, debido proceso administrativo, d erecho de audiencia y defensa, no han sido observados debidamente en la producción del acto demandado».

32. Ahora bien , a efe ctos de emitir un pronunciamiento preliminar, es p ertinente mencionar que la motivación de los actos administrat ivos ha sido entendida como el conjunto de razones de hecho y de der echo que justi fican la a dopción del acto y, e n consecuenci a, debe ser «clara, punt ual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción d e los mismos 15».

Adicionalmente, la motivación es un elemento necesario para la validez del acto, según lo dispuest