CE - 010328000202200323001AUTOQUEDECIDE20230416205727

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

Demandantes: Corporación Justicia y Democracia y otro

Demandado: Álvaro Hernán Prada Artunduagamagistrado del CNE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 ppal 11001-03-28-000-2022-00328-00 acumulado Demandantes: Corporación Justicia y Democracia y otro Demandado: Acto electoral de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, como magistrado del Consejo Nacional Electoral

Temas: Excepciones previa s y/o mixtas. Fijación del litigio.

Decisión sobre las pruebas. Sentencia anticipada.

AUTO QUE RESUELVE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y/O MIXTAS, FIJA EL

LITIGIO, DECRETA PRUEBAS Y DISPONE DICTAR SENTENCIA ANTICIPADA

Sería del caso fijar fecha para celebrar la audiencia inicial dentro del proceso de la referencia, de no ser porque se cumple con todos los requisitos para dictar sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 175 1 y el numeral 1° del

Sería del caso fijar fecha para celebrar la audiencia inicial dentro del proceso de la referencia, de no ser porque se cumple con todos los requisitos para dictar sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 175 1 y el numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Para ello, se deberá decidir de forma previa sobre la fijación del litigio, las excepciones, el decreto de pruebas y disponer el traslado para alegar de conclusión.

I. ACTUACIONES PROCESALES

1.1 Demanda presentada en el expediente 2022-00323-002

1. El señor Víctor Javier Velásq uez Gil, en nombre de la Corporación Justicia y Democracia3, presentó demanda de nulidad electoral 4 contra el acto electoral del señor Álvaro Hernán Prada Artunduaga, como magistrado del Consejo Nacional Electoral, periodo 2022-2026.

1.1. 1 Hechos

2. Relató que el 30 de agosto de 2022, en la programación de la plenaria del Congreso, se definió la mencionada data como fecha para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, -CNE-, periodo 2022-2026.

1 Modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021. 2 M.P: Rocío Araújo Oñate. 3 Con Nit. 901378250-6 tal y como consta en el certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, del 16 de agosto de 2022. En esta reposa que el demandante es su representante legal.

2 M.P: Rocío Araújo Oñate. 3 Con Nit. 901378250-6 tal y como consta en el certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, del 16 de agosto de 2022. En esta reposa que el demandante es su representante legal. 4 Medio de control establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. La demanda se radicó el 12 de octubre de 2022.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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3. Refirió que, en el orden del día, se determinó como otro de los puntos a tratar, la verificación documental de las hojas de vida allegadas por los aspirantes al cargo de magistrado del Consejo Nacional Electoral.

4. Aseguró que la Comisión de Acreditación Documental del Congreso, estableció que el deman dado cumplía con los requisitos constitucionales y legales para el desempeño del empleo señalado.

5. No obstante, afirmó que el señor Prada Artunduaga, fue calificado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia 5, como presunto cómplice del delito de soborno a testigo en una actuación penal, cuando se desempeñaba como representante a la Cámara, circunstancia que implica para el caso concreto, que no se ha ejercido la profesión con buen decoro.

del delito de soborno a testigo en una actuación penal, cuando se desempeñaba como representante a la Cámara, circunstancia que implica para el caso concreto, que no se ha ejercido la profesión con buen decoro.

1.1.2 Concepto de la violación

6. Como fund amento de lo anterior, señaló que el demandado se encuentra inmerso en la causal de nulidad , contenida en el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 20116, toda vez que no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 232.4 y 264 constitucionales, necesarios para ostentar el cargo de magistrado del CNE.

7. De acuerdo con ello, señaló que el artículo 264 7 superior indica que los miembros del Consejo Nacional Electoral deberán tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

8. Además, el artículo 232.4 8 de la Carta Política de 1991, refiere que uno de los requisitos para ser magistrado del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es «haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito, por el mismo tiempo la profesión de abogado o catedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente (…)».

9. Indicó que, siguiendo el uso de las palabras en su sentido natural, la expr esión crédito a la que se alude en la norma superior, según la Real Academia Española

5 Indicó que ello ocurrió mediante auto del 24 de julio de 2021, por la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

5 Indicó que ello ocurrió mediante auto del 24 de julio de 2021, por la Sala de Instrucción No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 6 ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nul os en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad. 7 ARTICULO 264. <Artículo modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 1 de 2003 . El nuevo texto es el siguiente: <Inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nue vo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 8 ARTICULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado

se requiere: 4. <Numeral modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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de la Lengua, hace referencia a la “ reputación, fama, autoridad ”. Es decir, que acredita a la persona, por eso, significa “que tiene crédito o reputación”.

10. Manifestó que la jurisprudencia9 ha entendido que: «… en cada caso concreto el análisis de los elementos objetivos deben llevar a colegir que un determinado profesional ha ejercido con buen crédito, cuando el mismo ha estado libre de señalamientos, imputaciones, censu ras públicas, privadas o sectoriales que hayan conducido a procesamientos éticos, disciplinarios con una sanción, siempre que la

profesional ha ejercido con buen crédito, cuando el mismo ha estado libre de señalamientos, imputaciones, censu ras públicas, privadas o sectoriales que hayan conducido a procesamientos éticos, disciplinarios con una sanción, siempre que la conducta por la que se ha generado tal imputación y eventual condena guarde relación con el ejercicio profesional».

11. En virtud de ello, adujo que,

a. Los hechos objeto de acusación se circunscriben a que Carlos Eduardo López Callejas le solicitó mediante mensajes de texto y voz a Juan Guillermo Monsalve Pineda que grabara un video retractándose de las declaraciones judiciales que había dado en los procesos adelantados contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez, señalando además que tales declaraciones eran falsas y que habían sido realizadas por virtud de los ofrecimientos de beneficios jurídicos o prebendas que le h iciera Iván Cepeda; a cambio de su retractación, Monsalve Pineda recibiría beneficios (pág. 2, auto de acusación).

b. En los mensajes, López Callejas informó que la petición la hacía PRADA ARTUNDUAGA de parte de Álvaro Uribe Vélez.

c. Acreditada la veracidad del mensaje transmitido a Monsalve Pineda por múltiples elementos de prueba, también se acreditó que la relación entre PRADA ARTUNDUAGA y López Callejas era real.

d. Finalmente, se acreditó que la participación de PRADA ARTUNDUAGA fue a título de cómplice, p ues contribuyó a la realización de la conducta antijurídica por concierto previo o concomitante a la misma (art. 30 de la Ley 599).

de cómplice, p ues contribuyó a la realización de la conducta antijurídica por concierto previo o concomitante a la misma (art. 30 de la Ley 599).

12. De cara a lo relatado y conforme con la jurisprudencia citada, indicó que, en este caso, el hecho que la Corte Suprema de J usticia, al valorar la conducta del demandado encuentre mérito para abrir una investigación penal y, por ende, vincularlo formalmente para llevarlo a juicio mediante acusación, tiene la suficiencia para afectar su crédito profesional.

13. Finalmente, señaló q ue el ser miembro del Congreso de la Repúblicarepresentante a la Cámara -, ha sido entendido por el Consejo de Estado, como ejercicio de funciones que se concretan en experiencia profesional 10, razón por la cual, la investigación que cursa en contra del de mandado y, que a juicio del demandante implica que carezca de buen crédito, fue en el ejercicio de la profesión, aspecto que materializa el vicio que se aduce.

1.1.3 Medida cautelar

9 Sin indicar el radicado de la jurisprudencia transcrita. 10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia proferida dentro del radicado 1628 del 18 de abril de 1997, M. P. Luis Eduardo Jaramillo Mejía.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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14. Por las mismas razones expuestas, solicitó la suspensión provisional del acto acusado.

1.1.4 Trámite procesal

1.1.4.1 Admisión de la demanda

15. En decisión del 7 de diciembre de 2022, la Sala admitió la demanda y denegó la suspensión provisional de los efectos del acto demandado 11 y ordenó los traslados de rigor.

1.1.4.2 Contestaciones

16. El demandado12, a través de a poderada judicial solicitó se denieguen las pretensiones de la demanda al considerar que el presente medio de control se presentó por fuera del término legalmente establecido, esto es, excediendo los términos consagrados en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011; por lo que existe caducidad.

17. Se sustentó la defensa, en que la elección se adelantó en audiencia pública del 30 de agosto de 2021 y, aunque en la sesión electoral no hubo participación de la ciudadanía, ello no conlle va de suyo a que no fuera pública, en tanto fue ampliamente difundida, trasmitida en vivo y en directo por diferentes medios por lo que, a su juicio, se satisfizo el requisito de enteramiento.

18. A reglón seguido, sostuvo que no se concretó la causal de ine legibilidad alegada por la parte demandante, por cuanto le correspondía al actor señalar y

que, a su juicio, se satisfizo el requisito de enteramiento.

18. A reglón seguido, sostuvo que no se concretó la causal de ine legibilidad alegada por la parte demandante, por cuanto le correspondía al actor señalar y probar que el demandado no ejerció con “ buen crédito” la profesión de abogado y, no quedar en manifestaciones que parten de su criterio personal y subjetivo, como lo es estar vinculado a una actuación penal.

19. Por el contrario, debió probar que pesan sobre él sanciones por conductas de tipo penal o disciplinario , lo cual no fue acreditado con la demanda, n i podría «probarse tampoco, pues no existe sanción alguna de aq uellas, en cabeza de nuestro representado, aunado a que el proceso que supuestamente se sigue en su contra no corresponde a los tipos penales relacionados con el patrimonio económico, abuso de confianza ni que atentan contra la fe pública que puedan tener como sujeto activo al profesional del derecho contra quien se insiste, no existe fallo penal que lo condene, como tampoco decisión disciplinaria en su contra».

20. Refirió que cualquier persona inocente puede ser vinculada a una actuación

11 El sustento de la decisión fue que d el análisis de los documentos que acompañan el escrito de la demanda y que soportan la solicitud de suspensión provisional, se puede indicar que no tienen la entidad para demostrar que el demandado no ejerció la profesión de abogado con buen crédito, y con ello, careciera del mencionado atributo para acceder al empleo de magistrado del CNE; aspecto fundamental para acceder al decreto de la presente medida cau telar. Lo anterior,

no ejerció la profesión de abogado con buen crédito, y con ello, careciera del mencionado atributo para acceder al empleo de magistrado del CNE; aspecto fundamental para acceder al decreto de la presente medida cau telar. Lo anterior, comoquiera que únicamente allegó las peticiones que elevó para obtener copia del acto acusado, esto es, de circunstancias que no están dirigidas a desvirtuar el ejercicio de la profesión del señor Prada Artunduaga con buen crédito, es d ecir no resultan ser pertinentes para probar la carencia del mencionado requisito 12 El 31 de enero de 2023.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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de tipo penal y, sól o el fallo condenatorio lo puede llevar a incurrir en la falta de requisitos aducida; por lo que, mientras no exista ese elemento objetivo, se debe presumir su inocencia en garantía de los derechos fundamentales del elegido.

21. Indicó que la parte actora ni siquiera señaló y menos aún, acreditó que los hechos por los que supuestamente se le acusa al señor Prada Artunduaga, tengan relación con el ejercicio de su profesión, como lo exige la jurisprudencia 13; es decir, omitió acreditar i) la existencia del proce so en contra de l demandado, ii) la

relación con el ejercicio de su profesión, como lo exige la jurisprudencia 13; es decir, omitió acreditar i) la existencia del proce so en contra de l demandado, ii) la sentencia definitiva de la condena14, iii) la relación de los hechos del proceso penal con el ejercicio de la abogacía y, iv) tampoco demostró que restando el tiempo en que supuestamente ejerció sin “buen crédito” la profe sión, no se cumplían los 15 años de experiencia.

22. Contrario a lo expuesto, ilustró que , de los antecedentes administrativos de la designación, se evidencia no solo que cumplió con la experiencia requerida y que la misma fue ejercida con el mencionado calificativo, pues las certificaciones expedidas por las diferentes autoridades evidencian que no existen sanciones de tipo disciplinario ni penal en su contra.

23. Concluyó que la parte actora no manifestó cuál es la causa que se sigue en contra del demandado ; no obstante, «aunque pudiera existir un proceso penal en contra del señor Prada Artunduaga, que ni siquiera ha sido acompañado con la demanda, la acusación por la presunta comisión del delito que se señala en la demanda, no hay una sentencia condenatoria, po r manera que se debe tener por inocente hasta que se demuestre lo contrario».

24. En ese orden, coligió que la carencia absoluta de elementos objetivos, impiden afirmar que el demandado no cumplía con el requisito de l ejercicio profesional de abogado con “buen crédito”, bajo la óptica de un parámetro neutral e impersonal.

25. Concluyó que limitar el derecho político del demandado a ocupar un empleo,

abogado con “buen crédito”, bajo la óptica de un parámetro neutral e impersonal.

25. Concluyó que limitar el derecho político del demandado a ocupar un empleo, cuando no existe una decisión judicial en firme, contaría los pronunciamientos de la Corte Constitucional 15, en dond e ha determinado que «el derecho a ocupar un cargo público es fundamental para toda persona y que no puede ser restringido al ser investigado por la jurisdicción penal, aún ante la existencia de una acusación, también se sustenta que el legislador puede es tablecer límites o requisitos para ciertos casos de manera taxativa, pero siempre garantizando el derecho a ocupar un cargo público como

13 Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de junio de 2014, dentro del expediente de radicado 1100103-28000-2013-00024-001. 14 Sobre el particular añadió que la Corte Constitucional en sentencia C -276 de 2019, señaló que: “El inciso 4º del artículo 29 Superior prevé la presunción de inocencia como una institución que supone que mientras que ésta no se desvirtúe a través de las formalidades propias de cada juicio, deberá entenderse que el sujeto que se juzga no cometió el hecho ilícito que se le imputa. En este sentido, se trata del derecho que resguarda a las personas de la posible arbitrariedad de las actuaciones del Estado cuando ej erce el ius puniendi y, por lo tanto, constituye una garantía para el ejercicio de otros derechos fundamentales que podrían resultar afectados, como la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre. En consecuencia, a partir de tal presunción el funcionario judicial tendrá como cierto que el sujeto a quien se imputa una

derechos fundamentales que podrían resultar afectados, como la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre. En consecuencia, a partir de tal presunción el funcionario judicial tendrá como cierto que el sujeto a quien se imputa una falta no la ha cometido, hasta tanto las pruebas demuestren otra cosa y sea vencido en un proceso judicial con todas las garantías del derecho de defensa. Así pues, se trata de una presunción que sólo se desvirtúa cuando existe una sentencia definitiva. 15 Corte Constitucional, sentencia C-176 de 23 de marzo de 2017, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, en donde se señaló que “El principio de presunción de inocencia. Esta Corporación consideró que la presunción de inocencia configura uno de los diversos límites con que cuenta el legislador al momento de establecer un régimen de inhabilidades para acceder a cargos públicos, es decir, que aquélla no se limita al ámbito penal.”Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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fundamental, pese a la existencia de una vinculación a una investigación penal».

26. En lo que hace al cargo de no contar con los 15 años de experiencia, aportó la

siguiente información:

27. Las razones expuestas fueron los fundamentos de defensa para sustentar la petición de negar las pretensiones.

26. En lo que hace al cargo de no contar con los 15 años de experiencia, aportó la

siguiente información:

27. Las razones expuestas fueron los fundamentos de defensa para sustentar la petición de negar las pretensiones.

1.2. Demanda presentada en el expediente 2022-00328-0016

28. El 27 de octubre de 20 2217, Guisselle Valentina Rodríguez Hormechea solicitó la nulidad del acto de elección de Álvaro Hernán Prada Artunduaga , como

magistrado del Consejo Nacional Electoral.

1.2.1 Hechos18

29. La demandante sustenta sus pretensiones, como se resumen a continuación:

a) El 11 de agosto de 2022, la mesa directiva del Congreso de la República, mediante las Resoluciones 43 y 53, convocó a los partidos políticos con personería jurídica para que postularan sus candidatos a ocupar las plazas de magistrados del CNE (período 2022 -2026), inscripciones que se surtieron entre el 12 al 17 de agosto del presente año.

b) El 17 de agosto de 2022, el partido Centro Democrático postuló ante el Congreso de la República al accionado, junto a otro ciudadano.

c) El 24 de agosto de 2022, la Comisi ón de Acreditación Documental del

16 M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil. 17 La demanda se inadmitió con auto del 2 de noviembre de 2022 , para que informará la dirección física y electrónica del demandado o indicar su desconocimiento. 18 Tomados del auto del 15 de diciembre de 2022.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00

demandado o indicar su desconocimiento. 18 Tomados del auto del 15 de diciembre de 2022.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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Senado de la República y la Cámara de Representantes informó los candidatos que cumplieron los requisitos, entre ellos, el demandado.

d) El 30 de agosto de 2022, el Congreso de la República eligió al demandado como magistrado del CNE (periodo 2022 a 2026).

1.2.2. Concepto de la violación

30. La accionante sostuvo que se configuró la causal de anulación del ordinal 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto el el egido no cumple con los requisitos constitucionales para el cargo y, adicionalmente, se encuentra inhabilitado.

31. Frente a la causal de inelegibilidad, indicó que fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Huila , periodo 2018 a 2022, por el partido Centro Democrático; es decir, dentro de los dos años anteriores a su designación, cargo que ejerció hasta el 21 de abril de 2021, fecha en la que renunció.

32. También fue directivo de dicha colectividad, de acuerdo con los artículos 30 y 44 d e los Estatutos del partido, razón por la que se afirmó que se dan los

que ejerció hasta el 21 de abril de 2021, fecha en la que renunció.

32. También fue directivo de dicha colectividad, de acuerdo con los artículos 30 y 44 d e los Estatutos del partido, razón por la que se afirmó que se dan los presupuestos de la inhabilidad del artículo 17 del Código Electoral19.

33. Lo anterior denota para la demandante que, el señor Prada Artunduaga logró el empleo del que se cuestiona su leg alidad, con el favor de sus ex compañeros de bancada y dirección, lo que vulnera los principios de igualdad y moralidad pública.

34. En segundo lugar, afirmó que el accionado no cumple con el tiempo de experiencia profesional que exige el artículo 264 de la C onstitución Política, en armonía con el artículo 232.4 superior, para ser magistrado del CNE, esto es, los 15 años de ejercicio de la profesión de abogado.

35. Lo anterior, por cuanto la hoja de vida que presentó el Centro Democrático para su inscripción da cuenta de un total de experiencia de 18 años, 9 meses y 18 días, de los cuales se deben descontar 3 años, 9 meses y 4 días que certificó la empresa «AT HLETIC C.M.D» 20, dado a que ese ejercicio fue en calidad de gerente de un gimnasio ; por lo tanto, no corre sponde a experiencia profesional de abogado.

36. Así mismo, la parte actora cuestionó el tiempo de experiencia (1 año, 3 meses y 13 días) certificado por «SALUD VITAL HUILA S.A.S.», como asesor jurídico de otro gimnasio, pues el tiempo que duró su vínculo, e sto es, entre el 5 de mayo de

y 13 días) certificado por «SALUD VITAL HUILA S.A.S.», como asesor jurídico de otro gimnasio, pues el tiempo que duró su vínculo, e sto es, entre el 5 de mayo de 2021 hasta el 17 de agosto de 2022, no se reflej aron cotizaciones al sistema de salud como vinculado ; por el contrario, solo le aparecen 29 días en calidad de

19 Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requieren las mismas calidades que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia; no haber sido elegido para corporación popular ni haber actuado como miembro de directorio político, en los dos años anteriores a su nombramiento; ni ser él o su cónyuge pariente de alguno de los Consejeros de Estado que tengan derecho a intervenir en la elección hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 20 Según la demandante, laboró desde el 27 de octubre de 2000 hasta el 30 de julio de 2004.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

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cotizante, de los cuales 9 fueron subsidiados por el gobierno nacional, en atención al estado de emergencia declarado por la pandemia Covid -19. Como prueba de ello aportó los reportes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES.

al estado de emergencia declarado por la pandemia Covid -19. Como prueba de ello aportó los reportes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES.

37. En consecuencia, la demandante esgrimió que el accionado no cuenta con los 15 años de experiencia en cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, tampoco cumple el requisito de haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado, « pues dentro de lo por él mismo manifestado en su ho ja de vida, ejerció funciones que no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión de abogado y que dejan mucho que desear en lo que se refiere a sus calidades profesionales … » para concluir que « Resultan totalmente contrarios a los ideales del Estado Social de Derecho y a las exigencias propias de la digna función de administrar justicia, la falta de experiencia en el ejercicio profesional del señor ALVARO HERNÁN PRADA

ARTUNDUAGA».

1.2.3 Medida cautelar

38. Por las mismas razones expuestas, solicitó la sus pensión provisional del acto acusado.

1.2.4 Trámite procesal

1.2.4.1 Admisión de la demanda

39. Luego de subsanada la demanda, en decisión del 15 de diciembre de 2022 fue admitida y negada la petición cautelar21.

1.2.4.2 Contestaciones

40. El demandado22, a través d e apoderada judicial solicitó como argumento de defensa principal, se declare la prosperidad de la excepción de caducidad, bajo los mismos supuestos del proceso 2022-00323.

41. En lo que hace a la inhabilidad endilgada al demandado, señaló que el artículo

defensa principal, se declare la prosperidad de la excepción de caducidad, bajo los mismos supuestos del proceso 2022-00323.

41. En lo que hace a la inhabilidad endilgada al demandado, señaló que el artículo 17 del Código Electoral fue subrogado por el artículo 264 de la Constitución Política, en tanto, «Es decir, que la norma que contiene los requisitos y calidades para ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, es la que contiene la Carta Política que, con las modificaciones de dichos Actos Legislativos, derogó el artículo 17 del Código

Electoral, ...».

42. Con todo, señaló que la causal de inelegibilidad se predica de las personas que: i) resultaron elegidos para una corporación popular, ii) o haber actuado co mo miembro de directorio político, iii) en los dos años anteriores a su nombramiento.

21 Respecto de la inhabilidad del artículo 17 del CE, la sala determinó en una interpretación preliminar, que ésta fue subrogada por el artículo 264 de la CP y, frente a la falta de requisitos determinó que no se aportó la prueba que permita esclarecer el asunto. 22 El 14 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-28-000-2022-00323-00 11001-03-28-000-2022-00328-00

Demandantes: Corporación Justicia y Democracia y otro

Demandado: Álvaro Hernán Prada Artunduagamagistrado del CNE

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

43. Sostuvo que, del tenor literal de la norma, lo que inhabilita no es el hecho de

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43. Sostuvo que, del tenor literal de la norma, lo que inhabilita no es el hecho de ser congresista, sino la fecha en que se concretó la elección popular ; por ello, señaló que el demandado fue elegido representante a la Cámara el 11 de marzo de 2018 y, como magistrado del CNE el 30 de agosto de 2022, es decir con mas de dos años de diferencia.

44. Determinó que el señor Prada Artunduaga no fungió como miembro del directorio del partido Centro Democrático, conforme lo señalan los capítulos 2 y 3 de sus estatutos y fue certificado por la señora Nubia Stella Martínez Rueda, directora nacional de la colectividad.

45. De la experiencia, re