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Demandante: Luis Humberto Guidales García

Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad: 11001-03-28-000-2023-00059-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Radicación: 11001-03-28-000-2023-00059-00

Demandante: LUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Requisitos para el reconocimiento de personería jurídica a partidos políticos – efectos de la figura de la adhesión

AUTO QUE DECIDE MEDIDA CAUTELAR

Decide la Sala respecto de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, presentada por el ciudadano Luis Humberto Guidales García, en nombre propio y en la condición de veedor de Transparencia Electoral, en contra de la Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023, expedida por el Consejo Nacional Electoral, «por medio de la cual se reconoce personería jurídica al partido político Creemos».

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos

Como supuestos fácticos de las pretensiones narró, en síntesis, los siguientes:

jurídica al partido político Creemos».

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.1.1 Hechos

Como supuestos fácticos de las pretensiones narró, en síntesis, los siguientes:

Indicó que el grupo significativo de ciudadanos Creemos obtuvo el número de apoyos requeridos para inscribir a Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como candidato a la Presidencia de la República, periodo 2022-2026.

Manifestó que el comité inscriptor, de manera unilateral, participó en la consulta popular interpartidista denominada Equipo por Colombia, en la que fue elegido Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como candidato único con un total de 2.161.686 votos.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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Sostuvo que el GSC Creemos no recolectó firmas para inscribir listas de candidatos para las elecciones al Congreso de la República, periodo 2022-2026, y, en esa medida, no conformó ninguna coalición para ese fin.

Expresó que el 29 de mayo de 2022, la fórmula presidencial inscrita por la coalición Equipo por Colombia, conformada por Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y Rodrigo Lara Sánchez, no obtuvo los votos suficientes para pasar a la segunda vuelta presidencial.

coalición Equipo por Colombia, conformada por Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y Rodrigo Lara Sánchez, no obtuvo los votos suficientes para pasar a la segunda vuelta presidencial.

Señaló que el 10 de febrero de 2023, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, en calidad de fundador, Verónica De Vivero Acevedo, María Fernanda Galeano Rojo y Orlando Uribe Villa, como cofundadores del GSC Creemos, solicitaron al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de la personería jurídica, con fundamento en que para las elecciones al Congreso de la República adhirieron a las candidaturas de Juan Espinal Ramírez y Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, quienes resultaron electos representante a la Cámara y senadora, respectivamente.

Adujo que el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 2239 de 2023 reconoció la personería al partido político Creemos, en aplicación de la figura de la adhesión, pues , según el organismo, quedó demostrado el apoyo que dicha agrupación realizó a congresistas electos en el año 2022, inscritos mediante listas del partido Centro Democrático. Asimismo, para la expedición del acto administrativo aplicó los principios democráticos y de representatividad, así como los lineamientos derivados del acuerdo final para la paz, los cuales ya habían servido de sustento para anteriores decisiones.

1.1.2 Concepto de la violación

Como fundamento de las pretensiones, expuso que el acto demandado es nulo por infracción de las normas en las que debía fundarse, para lo cual alegó la vulneración de los artículos 1º, 29, 83 y 108 de la Constitución Política; el artículo

por infracción de las normas en las que debía fundarse, para lo cual alegó la vulneración de los artículos 1º, 29, 83 y 108 de la Constitución Política; el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 . Adicionalmente, propuso el cargo de falsedad en los motivos.

Arguyó que, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado1, los grupos significativos de ciudadanos no tienen vocación de permanencia, por lo tanto, la elección de candidatos inscritos por ese mecanismo de participación democrática no puede ser contabilizada para una siguiente elección y, menos aún, para las de diferente circunscripción.

Advirtió que el GSC Creemo s participó en las elecciones de Presidencia de la República, periodo 2022 -2023, pero no recolectó firmas para la inscripción de

1 No se refirió a una providencia en particular.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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candidatos al Congreso de la República ni tampoco tenía la capacidad jurídica para adherirse a ninguna candidatura.

Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la figura de la adhesión o apoyo únicamente aplica para los partidos y movimientos con personería a favor de candidatos de coalición.

Sostuvo que, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, la figura de la adhesión o apoyo únicamente aplica para los partidos y movimientos con personería a favor de candidatos de coalición.

En ese orden, la Resolución 2239 de 2023 adolece de falsedad en los motivos, toda vez que el legislador no habilitó que los grupos significativos de ciudadanos inscriban candidatos sin antes haber recolectado los apoyos suficientes ni que puedan adherir a otras candidaturas.

Manifestó que el hecho de que los congresistas Paola Holguín, Juan Fernando Espinal Ramírez y Christian Garcés Aljure tengan afinidad política con el GSC Creemos, no desvirtúa su militancia en el Partido Centro Democrático, organización política que avaló sus inscripciones para las elecciones al Congreso de la República. Por consiguiente, los únicos apoyos registrados fueron para la inscripción de Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como candidato a la Presidencia de la República y no para inscribir o adherir aspirantes al Congreso.

Acotó que, aun en el evento en que el GSC Creemos hubiera recaudado apoyos para la inscripción de una lista de candidatos para el Congreso por la circunscripción electoral de Antioquia, lo cierto es que por ese mecanismo de participación solo podían apoyar a esos aspirantes, luego no era viable que adhirieran a otros candidatos, si se tiene en cuenta que la figura de la adhesión está consagrada únicamente para las organizaciones políticas con personería jurídica.

Precisó que la tesis empleada por el CNE para reconocer la personería jurídica al partido Creemos genera como consecuencia que cualquier movimiento

está consagrada únicamente para las organizaciones políticas con personería jurídica.

Precisó que la tesis empleada por el CNE para reconocer la personería jurídica al partido Creemos genera como consecuencia que cualquier movimiento ciudadano sin personería alegue que, indistintamente de la elección, adhirió a otras candidaturas para el Congreso de la República, y de esta forma incumplir los requisitos constitucionales que regulan el reconocimiento de la personería de las organizaciones políticas.

Resaltó que el partido Centro Democrático no suscribió ningún acuerdo de coalición para la inscripción de candidatos para la elección de Congreso de la República, y que el GSC Creemos no recolectó apoyos a favor de los congresistas Paola Holguín, Juan Fernando Espinal Ramírez y Christian Garcés Aljure, razón por la cual no se le pueden atribuir los votos de otras organizaciones políticas con el fin de acreditar el cumplimiento del requisito exigido en el artículo 108 constitucional para el otorgamiento de la personería jurídica, esto es, haber obtenido una votación no inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado de la

República.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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Refirió que la decisión administrativa objeto de cuestionamiento es discriminatoria con los demás movimientos sociales que se someten a los

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Refirió que la decisión administrativa objeto de cuestionamiento es discriminatoria con los demás movimientos sociales que se someten a los requisitos constitucionales y legales para participar en las elecciones en igualdad de condiciones. Además, pone en riesgo la democracia y genera un desequilibrio en el sistema de partidos políticos, toda vez que con este precedente se permitirá que dos o tres congresistas puedan avalar que se reconozca personería jurídica a cualquier movimiento social, lo que conlleva una gran desestabilidad política.

1.2. La solicitud de suspensión provisional

En escrito separado de la demanda se solicitó como medida provisional la suspensión de los efectos de la Resolución 2239 del 23 de marzo de 20232.

Para tal propósito , esbozó fundamentalmente los mismos argumentos del concepto de la violación de la demanda, además de poner de presente que es suficiente con comparar los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política para advertir que el Partido Creemos no los cumplió, en orden a la obtención de la personería jurídica.

Sostuvo que la Ley 1475 de 2011 habilita a los grupos significativos de ciudadanos para llevar a cabo consultas populares con otras organizaciones políticas y unirse en coaliciones una vez que sus candidaturas estén confirmadas. Sin embargo, dichos movimientos polític os deben recolectar los apoyos necesarios para inscribir de manera válida a sus candidatos para poder participar en las elecciones.

Aseveró que el propósito del constituyente al fijar el requisito para la obtención de la personería jurídica es garantizar un mínimo de respaldo popular a los

en las elecciones.

Aseveró que el propósito del constituyente al fijar el requisito para la obtención de la personería jurídica es garantizar un mínimo de respaldo popular a los programas ideológicos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos; por consiguiente, la adquisición de este estatus está condicionada a alcanzar el porcentaje de votación establecido en la norma o, en el caso de las minorías étnicas y políticas, a lograr representación en el Congreso.

El 17 de octubre de 2023, el actor radicó un documento denominado «escrito complementario de medida cautelar de urgencia/suspensión provisional de la Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023», en el que insistió en que no se puede permitir que el acto de reconocimiento de personería jurídica al Partido Político Creemos siga surtiendo efectos, porque se trata de una decisión arbitraria que atenta contra el derecho a la igualdad de otras colectividades.

2 La solicitud de medida cautelar se allegó el 5 de octubre de 2023, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda, según la anotación 15 del sistema SAMAI. Asimismo, por auto del 13 de 2023, no se accedió al trámite de urgencia de la solicitud de suspensión pr ovisional, razón por la cual se dispuso correr traslado de esta al Ministerio Público, al CNE y al representante legal del partido político Creemos.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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1.3 El trámite de la solicitud

Luego de admitida la demanda3, mediante auto del 13 de octubre de 2023, se corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional presentada por el actor al Consejo Nacional Electoral , al representante legal de la agrupación política Creemos y al agente del Ministerio Público, con el fin de que manifestaran lo que consideraran pertinente.

1.4. Traslado de la solicitud de suspensión provisional

Surtido el traslado de que trata el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.4.1. Consejo Nacional Electoral

A través de apoderada, pidió que se niegue la medida de suspensión provisional del acto administrativo demandado, por cuanto, si bien fueron señaladas las normas que se consideran quebranta das, el actor no expuso las razones concretas de dicha violación, como lo exige el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

Esgrimió que el acto administrativo demandado fue expedido con sujeción a la normatividad y jurisprudencia aplicables, así como a lo dispuesto sobre reconocimiento de personería jurídica a partidos políticos en el acuerdo de paz.

Señaló que el decreto de la medida cautelar conllevaría una vulneración mayor de los derechos fundamentales de los 2.019 candidatos inscritos por el partido

reconocimiento de personería jurídica a partidos políticos en el acuerdo de paz.

Señaló que el decreto de la medida cautelar conllevaría una vulneración mayor de los derechos fundamentales de los 2.019 candidatos inscritos por el partido Creemos a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, quienes gozan del derecho adquirido de contar con el aval de una organización reconocida como partido político.

Se refirió al principio pro homine, desarrollado por la Corte Constitucional, para significar que los jueces deben acoger aquella interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos.

En relación con la figura de la adhesión, expresó que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 prevé que el candidato de la coalición será el único de los partidos y movimientos con personería jurídica que, aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar, disposición que resulta vinculante hasta el punto que la militancia y los simpatizantes de la colectividad que decide adherir despliegan actos positivos para apoyar las listas de su candidato y lograr el mayor número de votos a favor.

3 La demanda se admitió por auto del 30 de agosto de 2023.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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Resaltó que la votación que impulsa el partido que adhiere a la campaña principal aporta un incremento en la votación y, por ende, de ese respaldo electoral

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Resaltó que la votación que impulsa el partido que adhiere a la campaña principal aporta un incremento en la votación y, por ende, de ese respaldo electoral devienen los efectos jurídicos propios de una candidatura coaligada, consistente en hacer extensivo los derechos de la colectividad principal, como lo es el reconocimiento de la personería jurídica a todas las organizaciones políticas que conformaron la coalición.

Acotó que el órgano electoral valoró toda la trayectoria política de la colectividad política Creemos desde su participación en las elecciones en los Consejos Municipales de Juventudes, celebrados en 1999 ; las elecciones al Concejo de Medellín; l a adhesión a campañas para Congreso en 201 4; la elección de Federico Gutiérrez Zuluaga como alcalde de Medellín en 2015; las adhesiones para el certamen de 2019; los “debates” electorales legislativos de 2018 y 2022 y, finalmente, la participación en la consulta interpartidista para la escogencia del candidato a la Presidencia de la República en la coalición denominada Equipo por Colombia, que legitimó al mencionado para ser candidato a dicho cargo.

Precisó que se analizó que las listas del partido Centro Democrático cumplieron lo dispuesto en el artículo 108 constitucional, al participar en la contienda para Congreso de la República y superar el 3% de los votos válidos a nivel nacional, pues obtuvo 1.949.905 votos al Senado, y 424.828 y 123.504 votos a la Cámara de Representantes por los departamentos de Antioquia y Valle, respectivamente.

pues obtuvo 1.949.905 votos al Senado, y 424.828 y 123.504 votos a la Cámara de Representantes por los departamentos de Antioquia y Valle, respectivamente.

Los resultados electorales determinaron el reconocimiento de la personería jurídica del Partido Político Creemos, con el fin de proteger y garantizar los derechos de sus simpatizantes y electores, para que puedan ejercer de manera eficaz una defensa de su plataforma programática con las mismas garantías que cualquier otro partido político con personería jurídica.

1.4.2. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y Partido Político Creemos

A través de apoderado, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y el partido político Creemos, representado legalmente por Manuel Villa Mejía, se opusieron al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado, contenido en la Resolución 2239 de 2023, en consideración a que se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico en materia electoral.

Para tal fin, indicaron que no es cierto que Creemos, en la condición de grupo significativo de ciudadanos sin personería jurídica , no pudiera adherir a las campañas de otros candidatos para el Congreso de la República, en tanto dicha figura está consagrada en los artículos 3 y 29 de la Ley 1457 de 2011.

Esgrimieron que del texto de la primera de las citadas normas se desprende que los grupos significativos de ciudadanos que hayan postulado candidatos podrán solicitar la personería jurídica como partidos o movimientos políticos, lo cual esDemandante: Luis Humberto Guidales García

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solicitar la personería jurídica como partidos o movimientos políticos, lo cual esDemandante: Luis Humberto Guidales García

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indicativo de que la postulación puede anteceder a la solicitud de personería jurídica.

Por su parte, del artículo 29 de la referida ley deviene la posibilidad de que se permite que los grupos significativos de ciudadanos participen en política a través de la figura de la adhesión, y que esta les da el derecho a que los candidatos a los que a dhirieron se entiendan como propios, y a que los votos de esos aspirantes se contabilicen para efectos del reconocimiento de la personería jurídica.

Adujeron que el demandante realizó una interpretación restrictiva de las normas, pues, en su criterio, el hecho de que no mencionen a los grupos significativos de ciudadanos en el último inciso del artículo 29 de la Ley 1475 de 20111, queda proscrita la posibilida d de que ese tipo de movimientos utilicen la figura de la adhesión.

No obstante, es claro que las normas en materia electoral deben ser interpretadas en forma armónica y garantizando el principio democrático y de pluralismo que rige en el estado colombiano, especialmente, las que se relacionan con la posibilidad de conformar y desarrollar actividades electorales por parte de los grupos significativos de ciudadanos, como lo es la adhesión a otros candidatos o movimientos políticos.

pluralismo que rige en el estado colombiano, especialmente, las que se relacionan con la posibilidad de conformar y desarrollar actividades electorales por parte de los grupos significativos de ciudadanos, como lo es la adhesión a otros candidatos o movimientos políticos.

Señalaron que el Consejo de Estado4 ha establecido que la figura de la adhesión puede ser utilizada por las colectividades políticas, incluso por los grupos significativos de ciudadanos, y que el hecho de que no esté regulada no tiene consecuencia alguna, en la medida en que el legislador pretendió darles a todas las agrupaciones una amplia autonomía en el uso de la adhesión, bajo la premisa de que las contiendas electorales son por naturaleza dinámicas y cambiantes.

Por consiguiente, el GSC Creemos tenía capacidad jurídica para adherirse a las campañas de los candidatos Paola Holguín -elegida senadora-, Juan Fernando Espinal Ramírez y Christian Garcés Aljure -elegidos representantes a la Cámara por los departamentos de Antioquia y Valle, respectivamente.

Aseguraron que no es cierto que el GSC Creemos tuviera que postular sus propios candidatos a la contienda para Congreso de la República 2022 -2026, con el fin de cumplir los requisitos para convertirse en partido político, por cuanto el artículo 108 constitucional no consagra como única regla para que a una colectividad política le sea reconocida la personería jurídica sea la obtención del 3% de los votos emitidos válidamente para las elecciones de Cámara de Representantes o Senado de la República, a través de la postulación de sus

4 Se refirió a las sentencias de la Sección Quinta del 21 de julio de 2016, exp. 05001 -23-33-000Representantes o Senado de la República, a través de la postulación de sus

4 Se refirió a las sentencias de la Sección Quinta del 21 de julio de 2016, exp. 05001 -23-33-0002015-02451-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, del 3 de febrero de 2022, exp. 47-0012333-000-2020-0008-01, MP Carlos Enrique Moreno Rubio.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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propios aspirantes, habida cuenta de que la expresión «postular» ni siquiera está consagrada en el texto ni tampoco de este se desprende que dicha actuación deba realizarse solamente respecto de candidatos propios.

Sostuvieron que esa interpretación no se acompasa con lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-316 de 2021, el sentido de que el artículo 108 del texto superior establece que el Consejo Nacional Electoral reconocerá la personería jurídica a aquellos grupos que «participen» en las elecciones al Congreso y obtengan una votación no inferior al 3% de los votos válidamente emitidos en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado.

Manifestaron que no es cierto que el GSC Creemos no pudiera contabilizar los votos de otras campañas a las que adhirió para efectos de cumplir con el umbral exigido en el artículo 108 de la Constitución Política, pues la norma lo que

Manifestaron que no es cierto que el GSC Creemos no pudiera contabilizar los votos de otras campañas a las que adhirió para efectos de cumplir con el umbral exigido en el artículo 108 de la Constitución Política, pues la norma lo que contempla es la participación en la elección para Congreso, la cual puede darse a través de la figura de la adhesión.

En ese sentido, la resolución cuestionada no adolece de falsa motivación, aunado a que se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, por cuanto el CNE para su expedición acogió la interpretación de la normatividad en materia electoral que han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional , y cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento de personería jurídica a partidos políticos.

1.5. Concepto del Ministerio Público

La señora procuradora delegada ante esta corporación guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver sobre la solicitud de suspensión provisional planteada por el demandante en el proceso de nulidad de contenido electoral contra la Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023, por medio de la cual el CNE reconoció la personería jurídica al Partido Político Creemos, con fundamento en lo dispuesto en el literal f) del artículo 125 del CPACA y en armonía con el artículo 149 numeral 1° que otorga al Consejo de Estado el conocimiento en única instancia de la nulidad del acto expedido por autoridad nacional y el artícul o 13 del Acuerdo 080 de 2019.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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del Acuerdo 080 de 2019.Demandante: Luis Humberto Guidales García

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2.2. De la medida cautelar de suspensión provisional

En el Capítulo XI del Título V de la Parte Segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consagró la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro de todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, sin que dicho acto implique prejuzgamiento alguno.

El contenido de dicha regulación permite que el juez pueda decretar una amplia gama de medidas de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa y de suspensión, pero es claro que , frente a los actos administrativos, tanto de carácter general como particular, opera principalmente la suspensión provisional de sus efectos jurídicos.

A partir de las normas que regulan las medidas cautelares y según lo dispuesto en el artículo 229 del CPACA, la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo exige la “petición de parte debidamente sustentada”. Cuando se pretenda la suspensión provisional en ejercicio de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 231 del CPACA.

Según dicho precepto, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la

acreditar el cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 231 del CPACA.

Según dicho precepto, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, «cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud». En esos términos, su procedencia está determinada por la trasgresión del ordenamiento jurídico y la necesidad de protege r provisionalmente la legalida d mientras se profiere la decisión definitiva respecto del acto administrativo demandado.

El artículo 231 prevé lo siguiente:

«Requisitos para decretar las medidas cautelares . Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:Demandante: Luis Humberto Guidales García

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1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.»

Del texto transcrito se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de la medida cautelar: i) que se invoque a petición de parte, ii) que exista una violación que surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Lo anterior implica que el demandante debe sustentar su solicitud e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados y que el juez

que se alegan como causados.

Lo anterior implica que el demandante debe sustentar su solicitud e invocar las normas que considera desconocidas por el acto o actos acusados y que el juez o sala encargada de su estudio, realice un análisis de esos argumentos y de las pruebas aportadas con la misma para determinar la viabilidad o no de la medida.

No obstante, resulta del caso precisar que no cualquier desconocimiento normativo implica per se la suspensión provisional del acto acusado, por cuanto es claro que debe analizarse en cada evento en concreto la implicación del mismo, con el fin de determinar si tiene o no la entidad suficiente para a