CE - 010328000202300061001AUTOQUEADMITEADMITEDEM20231012155735

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Título
CE - 010328000202300061001AUTOQUEADMITEADMITEDEM20231012155735
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 11001-03-28-000-2023-00061-00

Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA

Demandados: WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT Y OTRA - MESA

DIRECTIVA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y

ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Temas: Estudio de admisión de la demanda y procedencia de la solicitud de suspensión provisional

AUTO

La Sala procede a pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad electoral presentada por el señor Harold Eduardo Sua Montaña contra el acto de elección de los señores Wadith Alberto Manzur Imbett y Olga Lucía Velásquez Nieto como presidente y vicepresidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, respectivamente; así como de la vocación de prosperidad de la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la decisión cuya nulidad se pretende.

Acusación de la Cámara de Representantes, respectivamente; así como de la vocación de prosperidad de la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la decisión cuya nulidad se pretende.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del CPACA, solicitó:

Estando establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la procedencia de nulidad de los actos electorales o de contenido electoral a través del medio de control de nulidad electoral, se pretender entonces a través de dicho medio de control la nulidad del acto mediante el cual fue elegida la Mesa Directiva de la Comisión de Acusación deDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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la Cámara de Representantes 2023-2024 sin aún estar efectuada su publicación en la forma prevista en el inciso 1° del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y por la causal denominada “infracción de las normas en las cuales debe estar fundamentada” prevista en el inciso primero del artículo 137 del mencionado código en virtud de su remisión establecida en el inciso primero del artículo 275 de ese mismo código.

1.2 Hechos

El demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos:

inciso primero del artículo 137 del mencionado código en virtud de su remisión establecida en el inciso primero del artículo 275 de ese mismo código.

1.2 Hechos

El demandante sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos:

Señaló que la declaración política del Partido Conservador frente al orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público fue modificada a independencia mediante Resolución 3916 de 2023 del Consejo Nacional Electoral.

Indicó que quienes actualmente integran la Comisión Legal de Investiga ción y Acusación de la Cámara de Representantes eligieron para la Presidencia de aquella durante el período 2023 -2024 a uno de los ciudadanos del Partido Conservador y en la Vicepresidencia a una congresista de un a de las agrupaciones políticas que presentó candidatos en representación del más del 30% de las circunscripciones territoriales existentes.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora alegó que el acto acusado vulneró los artículos 112 y 209 de la Constitución Política y el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 junto con los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 649 de 2001.

Como fundamento de lo anterior, sostuvo, en resumen, lo siguiente:

Explicó que en la Sentencia C-122 de 2011 se dijo que en la composición de las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República se debe aplicar el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 con el fin de que sus mesas directivas estén compuestas por un miembro de un partido mayoritario y otro de un partido minoritario de coalición o por dos miembros de partidos

aplicar el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 con el fin de que sus mesas directivas estén compuestas por un miembro de un partido mayoritario y otro de un partido minoritario de coalición o por dos miembros de partidos minoritarios, siempre y cuando sean de distintos partidos o movimientos políticos.

Recordó que el artículo 3 de la Ley 5 de 1 992 dispone que cuando en ese reglamento no se encuentre una disposición aplicable se debe acudir a las normas que regulen casos o procedimientos semejantes o, en su defecto, a la jurisprudencia y doctrina constitucional.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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Sostuvo que, en consecuencia, an te la falta de norma que garantice la participación de partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica en la elección de las mesas directivas de las comisiones legales del Congreso de la República se debe acudir a la protección de la declaratoria política de independencia prevista en el inciso primero del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018.

Manifestó que la palabra minorías contenida en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 debe ser interpretada conforme lo dispuesto e n los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 649 de 2001, toda vez que carece de una definición expresa en la legislación.

de la Ley 5 de 1992 debe ser interpretada conforme lo dispuesto e n los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 649 de 2001, toda vez que carece de una definición expresa en la legislación.

Afirmó que elegir en la presidencia de una comisión legal del Senado de la República o de la Cámara de Representantes a cualqui er congresista de un partido cuya declaración política sea de independencia afecta la imparcialidad de la función administrativa.

Adujo que, en ese mismo orden de ideas, en la vicepresidencia no puede estar un ciudadano cuyo partido haya presentado candidatos en más del 30% de las circunscripciones territoriales existentes teniendo o no menos del 70% de la sumatoria de su votación en todo el país en su votación mayoritaria dentro de un mismo departamento o circunscripción territorial , para el caso concreto Alianza Verde.

Recordó que el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 indica que se debe reservar a las minorías un espacio en las mesas directivas.

1.4. La solicitud de suspensión provisional.

La parte actora, en acápite de la demanda, solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la elección de la señora Olga Lucía Velásquez Niego como vicepresidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la cual tiene sustento en los mismos fundamentos expuestos en dicho escrito inicial.

Agregó que, en este caso, con base en los argumentos esgrimidos y las pruebas aportadas se puede corroborar preliminarmente la vulneración normativa invocada.

En consecuencia, pidió que se suspenda provisionalmente la elección en

Agregó que, en este caso, con base en los argumentos esgrimidos y las pruebas aportadas se puede corroborar preliminarmente la vulneración normativa invocada.

En consecuencia, pidió que se suspenda provisionalmente la elección en cuestión y con ello trasladar dicho cargo a manos de un representante de unDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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partido o movimiento político que hubiese presentado candidatos a esa cámara en menos de un 30% de las circunscripciones territoriales y su votación mayoritaria en un mismo departamento o circunscripción territorial sea menor del 70% de la sumatoria de su votación en todo el país, hasta tanto se dicte sentencia.

1.5 Traslado de la medida cautelar.

Por auto del 13 de septiembre de 20231, se ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar a los demandados, a los representantes a la Cámara que integran la Comisión de Investigación y Acusación de esa cámara y a la agente del Ministerio Público, por el término común de cinco (5) dí as. Al respecto, se tiene que los citados sujetos procesales se pronunciaron así:

1.5.1 Wadith Alberto Manzul Imbett2

El demandado3 – a través de apoderado judicial – se opuso a la prosperidad de la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado, con base en los siguientes argumentos:

1.5.1 Wadith Alberto Manzul Imbett2

El demandado3 – a través de apoderado judicial – se opuso a la prosperidad de la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado, con base en los siguientes argumentos:

Recordó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es necesario que con la demanda y la solicitud de medida cautelar se allegue el acto acusado con el fin de realizar la confrontación de las normas vulneradas.

Señaló que en este caso la parte actora n o identificó correctamente el acto demandado, no lo allegó y tampoco demostró que haya intentado obtenerlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso por lo que la demanda debe ser inadmitida.

Adujo que el actor no d eterminó cuál norma fue inobservada durante el procedimiento de elección del presidente y vicepresidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para configurar el vicio de expedición irregular.

Manifestó que el a rtículo 40 de la Ley 5 de 1992 invocado en la solicitud de suspensión, sólo dispone la composición, período y las condiciones subjetivas de

1 Actuación 16 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI. 2 Actuación 24 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI. 3 Pese a que la medida no se dirigió en contra de su elección.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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los miembros del Congreso de la República para ser elegidos o reelegidos en las mesas directivas de las cámaras y sus comisiones.

Afirmó que, por lo tanto, no es posible entrar a revisar la prosperidad de la medida cautelar toda vez que el demandante no planteó cuál norma ni de qué forma fue desconocido el procedimiento administrativo de elección.

Expuso que la demanda se limitó a cuestionar que los partidos a los que pertenecen los señores Manzur Imbett y Velásquez Nieto les impedían ser elegidos en la Mesa Directiva de la Comisión Legal.

Agregó que tampoco cumplió con la sustentación necesaria pare revisar la juridicidad del acto desde el punto de vista de la infracción de las normas en que debía fundarse.

Con todo, señaló que el actor considera que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 5 de 1992 en armonía con lo reglado en los artículos 112 y 209 de la Ca rta Política; 27 de la Ley 1909 de 2018 y los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 649 de 2001 porque el señor Manzul Imbett pertenece al Partido Conservador que se declaró como independiente de la Rama Ejecutiva y la señora Velásquez Nieto pertenece al Partido Verde el cual no corresponde a una agrupación política minoritaria.

Partido Conservador que se declaró como independiente de la Rama Ejecutiva y la señora Velásquez Nieto pertenece al Partido Verde el cual no corresponde a una agrupación política minoritaria.

Indicó que de la confrontación del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 con los reparos propuestos por el demandante, no se constata la vulneración alegada.

Manifestó que en ninguno de los apartes del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 se prohibió que los miembros de las mesas directivas de las comisiones del Congreso de la República fueran integrantes de un partido político independiente o no minoritario.

Adujo que de la lectura de la norma se evidencia que únicamente fueron postulados como prohibiciones para ser elegidos como integrantes de las mesas directivas de las comisiones la reelección en un mismo cuatrienio constitucional y que el presidente electo no sea del mismo partido que el vicepresidente.

Afirmó que, en consecuencia, la interpretación propuesta por el demandante escapa de la mera confrontación entre los argumentos que sustentan la solicitud de medida cautelar y la norma presuntamente infringida.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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Expuso que el planteamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C -122 de 2011 fue descontextualizada por el actor, toda vez que esa Corporación no

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Expuso que el planteamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C -122 de 2011 fue descontextualizada por el actor, toda vez que esa Corporación no condicionó la composición de las mesas directivas de las comisiones más allá de las prohibiciones planteadas expresamente en el artículo 40 de la Ley 5 de 1992; las fórmulas de agrupación se circunscribieron a meros ejemplos; la exequibilidad de la norma no fue condicionada y simplemente se hizo un llamado al Congreso de la República para que se in cluyeran a los miembros de los partidos minoritarios en las distintas mesas directivas de las comisiones.

Mencionó que el artículo 40 de la Ley 5 de 1992 no está incompleto por lo que no es necesario acudir a los artículos 112 y 209 de la Constitución Política; 27 de la Ley 1909 de 2018 ni a los literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 649 de 2001 para resolver lo referente a los requisitos de elección de los miembros de las mesas directivas de las comisiones.

Agregó que no se logra comprender en el escrito de demanda, respecto del señor Manzur Imbett, la supuesta vulneración del artículo 27 de la Ley 1908 de 2018 toda vez que el Partido Conservador al cual pertenece se declaró políticamente como independiente.

Explicó que no existe duda de que ninguno de los supuestos de la norma resulta aplicables al caso concreto ni guardan relación con el objeto de controversia, por cuanto el señor Manzur Imbett no fue designado en un cargo de autoridad política, civil o administrativa del Gobierno Nacional.

aplicables al caso concreto ni guardan relación con el objeto de controversia, por cuanto el señor Manzur Imbett no fue designado en un cargo de autoridad política, civil o administrativa del Gobierno Nacional.

Por lo tanto, solicitó negar la solicitud de suspensión provisional.

1.5.2 Ministerio Público4

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, rindió concepto en relación con la solicitud cautelar objeto de análisis en los siguientes términos:

Señaló que de conformidad con la normativa que rige la materia y la Sentencia C-122 de 2011 en sede de mesas directivas no existe ningún requisito adicional a que el presidente y el vicepresidente de la respectiva comisión no sean del mismo partido o movimiento político, tal como se señala el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992.

4 Actuación 26 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI .Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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Aclaró que, en todo caso, tal como lo establece la Corte Constitucional, es claro que en las mesas directivas de las comisiones constituci onales y legales del Congreso de la República consideradas en su conjunto, tendrán derecho a participar, de acuerdo con su representación, los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, incluidos los de oposición.

Congreso de la República consideradas en su conjunto, tendrán derecho a participar, de acuerdo con su representación, los partidos y movimientos políticos minoritarios con personería jurídica, incluidos los de oposición.

Concluyó que, analizadas las piezas procesales aportadas por el accionante en fase preliminar, no están dados los elementos de juicio para que se decrete la medida cautelar solicitada, toda vez que del contenido del Acta 11 del 2 de agosto de 2023 en la cual consta la elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes 2023 -2024 no se extrae la vulneración de las normas invocadas ni la configuración de las presuntas irregularidades esbozadas por el actor.

Por lo tanto, solicitó negar la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la elección de los señores Wadith Alberto Manzur Imbett y Olga Lucía Velásquez Nieto como presidente y vicepresidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes período 2023-2024.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver sobre la admisión de la demanda presentada contra el acto de elección de los señores Wadith Alberto Manzur Imbett y Olga Lucía Velásquez Nieto como presidente y vicepresidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la solicitud de suspensión provisional de esta última , con fundamento en lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 4° del artículo 149 del mismo estatuto5 y lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 80

la solicitud de suspensión provisional de esta última , con fundamento en lo dispuesto en el inciso final del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 4° del artículo 149 del mismo estatuto5 y lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado.

2.2 Estudio sobre la admisión de la demanda

5 Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asunt os: (…)

4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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2.2.1 En relación con el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en

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2.2.1 En relación con el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 162 – modificado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021 – y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentra qu e la demanda se ajusta a las exigencias de forma allí establecidas, comoquiera que: (i) se designaron las partes debidamente; (ii) se expresó con precisión y claridad lo pretendido; (iii) se determinaron los hechos y omisiones que sustentan las pretensiones; (iv) se explicaron los fundamentos de derecho y su concepto de violación; (v) se aportaron las documentales en poder de la parte actora; (vi) se indicó el lugar y dirección de notificaciones de las partes y, (vii) se acompañó la demanda con los anexos correspondientes.

Ahora bien, resulta oportuno precisar que algunos de estos aspectos de forma fueron modificados por el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020 6, en cuyo artículo 6º trajo consigo las siguientes cargas procesales:

(i) indicar el canal digital donde deben ser notificadas las partes, representantes y apoderados, testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso7; (ii) presentar la demanda en forma de mensaje de datos enviado a la dirección de correo electrónico de la sede judicial correspondiente, incluyendo los anexos debidamente digitalizados, según como se encuentren enunciados y enumerados en su cuerpo; y (iii) enviar a la dirección de correo electrónico de la parte demandada,

dirección de correo electrónico de la sede judicial correspondiente, incluyendo los anexos debidamente digitalizados, según como se encuentren enunciados y enumerados en su cuerpo; y (iii) enviar a la dirección de correo electrónico de la parte demandada, copia de los escritos de demanda – con sus anexos y de forma simultánea con la radicación virtual del escrito inicial – y de subsanación, según sea el caso, excepto cuando se soliciten medidas cautelares o se desconozca el canal digital donde los demandados recibirán notificaciones; en esta última hipótesis se debe acreditar su envío físico. Por último, vale la pena precisar que la norma en mención despoja al demandante de la obligación de aportar copia física o electrónica del libelo inicial y sus anexos para el archivo del juzgado o para el traslado , lo que varía el alcance del artículo 166, numeral 5º del CPACA8.

6 Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 7 El artículo 6º que contiene esta exigencia fue declarado exequible de manera condicionada, en el entendido de que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica d e los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión (Sentencia C-420 de 2020, Corte Constitucional). 8 ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse: (…)

demanda sin que ello implique su inadmisión (Sentencia C-420 de 2020, Corte Constitucional). 8 ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda deberá acompañarse: (…)

5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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Estas modificaciones relacionadas con los requisitos de forma de la demanda, fueron reivindicadas por el legislador ordinario, al expedir la Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción», en cuyo artíc ulo 35, modificó y adicionó el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, reproduciendo algunos aspectos del citado decreto legislativo así: Artículo 35. Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo debe proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.

En cuanto al cumplimiento de la exigencia contemplada en el numeral 8º, se tiene que el demandante no tenía la obligación de asumir dicha carga procesal al haber solicitado la adopción de una medida cautelar.

2.2.2 Frente al término de caducidad de 30 días del medio de control de nulidad electoral de que trata el numeral 2º, literal a) del artículo 164 del CPACA, se advierte que tratándose de actos de elección diferentes de aquellos que se declaran en audiencia pública, este plazo se contabiliza a partir del día siguiente al de su publicación, efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 del citado estatuto procesal.

declaran en audiencia pública, este plazo se contabiliza a partir del día siguiente al de su publicación, efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 del citado estatuto procesal. En el presente caso, se puede verificar que la demanda fue interpuesta en tiempo, pues, la parte actora afirma que el acto demandado no ha sido publicado y requerida la Cámara de Representantes mediante auto del 4 de septiembre deDemandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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20239 con el fin de que aportada copia de aquel junto con su constancia de publicación, se limitó a aportar el Acta 11 del 2 de agosto del presente año, sin hacer manifestación alguna a su publicación que desvirtuara la afirmación del demandante.

Ahora, contando el término de caducidad desde el día siguiente a la fecha de la elección, se tiene que el plazo previsto para incoarla vencería el 15 de septiembre y la demanda fue interpuesta el 28 de agosto del presente año10, es decir, antes de los 30 días consagrados en la norma. Por lo tanto, con mayor razón estaría en término si éste se cuenta desde la fecha de publicación, el cual se entiende es posterior.

2.2.3 En relación con el extremo pasivo de la litis, vale la pena precisar que, en materia electoral, la legitimación en la causa por pasiva únicamente se predica

es posterior.

2.2.3 En relación con el extremo pasivo de la litis, vale la pena precisar que, en materia electoral, la legitimación en la causa por pasiva únicamente se predica de las personas que resultaron electas o nombradas, quienes como titulares del derecho subjetivo a ser elegido que deviene del acto electoral cuy a validez se controvierte, les compete en forma exclusiva la defensa de aquel. Por consiguiente, se tendrá a los señores Wadith Alberto Manzur Imbett y Olga Lucía Velásquez Nieto como demandados.

Lo anterior, sin perjuicio de la vinculación especial que se hará de la autoridad que intervino en la adopción del acto acusado, esto es, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes , a través de sus miembros, quienes se deben integrar a esta litis por mandado expreso del artículo 277, numeral 2º del CPACA y podrá n actuar en defensa de su actuación en el marco de expedición del acto acusado si a bien lo tienen.

2.3 La suspensión provisional de los efectos del acto administrativo

El artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, establece una fórmula innominada para la adopción de medidas cautelares, clasificándolas en preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, admitiendo en esta tipología cualquier clase de mecanismo que el juez encuentre necesario para garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia e impedir que el ejercicio del medio de control respectivo pierda su finalidad.

9 Anotación 6 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI. 10 Actuación No. 1 del sistema de consulta SAMAI.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

que el ejercicio del medio de control respectivo pierda su finalidad.

9 Anotación 6 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI. 10 Actuación No. 1 del sistema de consulta SAMAI.Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña Demandados: Wadith Alberto Manzur Imbett y otro Radicado: 11001-03-28-000-2023-00061-00

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En este amplio catálogo, se contempló en el artículo 3º 11, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, como herencia del anterior estatuto, esto es, el Decreto 01 de 1984, el cual dedicaba el título XVII a regular esta figura, como la única cautela posible. Así las cosas, al coexistir en la actualidad, diferentes modalidades de medidas cautelares, concurren también distintos presupuestos para ordenarlas, teni

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