CE - 012333000201400064011SENTENCIA20231122223622

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-2017)

Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

Demandado: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral subyacente o encubierta, solución de continuidad, prescripción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA _________________________________________________________________

Decide la Sala l os recursos de apelación interpuestos por la Dirección Distrital de Liquidaciones y el Distrito Especial de Barranquilla, contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2016, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla , mediante2

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla , mediante2

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso -administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio 2948 del 25 de julio de 201 3, expedido por el jefe de la oficina jurídica del Distrito de Barranquilla, por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad social reclamados, así como la existencia de una relación laboral entre el demandante y la entidad.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar que entre aquel y la referida entidad existió una relación laboral producto de la subordinación a que fue sujeto en la ejecución de los contratos de prestación de servicios; ii) reconocer una indemnización equivalente a los salarios dejados de pagar por la Secretaría de «salud», el Instituto de Recreación y Deporte, en adelante IRD, la Corporación Distrital de Recreación y Deporte, en adelante Cordeportes, y la Secretaría Distrital de Recreación y Deporte correspondientes a los años en los cuales laboró; así como las primas de navidad, servicios, vacaciones y cesantías con sus respectivos intereses y demás derechos laborales que en igualdad de condiciones tenían los empleados de las referidas entidades ; i ii) cancelar las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del empleador al sistema integral

con sus respectivos intereses y demás derechos laborales que en igualdad de condiciones tenían los empleados de las referidas entidades ; i ii) cancelar las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del empleador al sistema integral de seguridad social, en la cuota parte que se dejó de trasladar a las entidades en las que estuvo afiliado ; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los término s de l artículo 187 del CPACA; y v) condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

1. El señor Ricardo Antonio Quesada Padilla fue vinculado «laboralmente» a la Secretaría de Educación, al IRD y a Cordeportes mediante órdenes de prestación de servicios. En los cargos desempeñados existían funciones asignadas de manera continuada, con subordinación , cumplimiento de horarios y remuneración económica. Las actividades, concretamente, fueron las siguientes:3

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)

Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla Fecha Dependencia Funciones 1994 - 1996 Secretaría de Educación Digitador del departamento de educación especial 1997 - 2004 IRD Coordinador auxiliar de los programas deportivos con personas con discapacidad 2005 – enero 2008 Cordeportes Coordinador auxiliar de los programas deportivos con personas con discapacidad Marzo – Dic 2008 Cordeportes Digitador de información de los juegos intercolegiales 2009 – 2012 Secretaría de Recreación y

Deporte

1. Durante el tiempo que prestó servicios a las entidades distritales mencionadas

Marzo – Dic 2008 Cordeportes Digitador de información de los juegos intercolegiales 2009 – 2012 Secretaría de Recreación y Deporte

1. Durante el tiempo que prestó servicios a las entidades distritales mencionadas no le fueron reconocidas o canceladas ninguna de las prestaciones sociales.

1. El artículo 14 del Decreto 0258 de 2004 dispuso la liquidación del IRD y creó Cordeportes. Posteriormente, esta última entidad fue liquidada el 30 de noviembre de 2009. El proceso de liquidación estuvo en cabeza de la Dirección Distrital de

Liquidaciones.

1. El 19 de junio de 2013, solicitó el reconocimiento de los derechos deprecados ; sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio 2948 del 25 de julio de 2013, dio respuesta negativa a su petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1 3, 53, y 211 de la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo; 12 y 18 del Decreto 1333 de 1986 y 44 y 76 de la Ley 715 de 2001.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los argumentos que se resumen a continuación:

1. El acto administrativo demandado transgrede los derechos del demandante, toda vez que las labores para las cuales se contrató encuadran dentro de una clara relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente aparecen los4

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)

Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente aparecen los4

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el artículo 23 del Código

Sustantivo del Trabajo.

1. El Distrito de Barranquilla delegó en el IRD y en Cordeportes competencias en materia de recreación y deporte, y posteriormente liquidó dichas dependencias, luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, reasumió la responsabilidad consiguiente lo que implica la asunción de las funciones delegadas y de las obligaciones laborales pendientes con sus extrabajadores.

1. Así las cosas, al negar el Distrito los derechos reclamados violó ostensiblemente las garantías y derechos fundamentales del actor.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y expuso las siguientes razones de defensa:

1. Cordeportes antes de ser liquidada era una entidad descentralizada del orden territorial, con autonomía administrativa, patrimonio propio y capacidad jurídica propia, es decir, era una entidad completamente independiente del Distrito, de manera que este último no se encuentra obligado a responder o asumir obligación alguna en relación con los hechos y la causa petendi de la demanda.

1. El municipio no adelantó el trámite liquidatario ni suprimió la planta de personal ni liquidó en forma definitiva a Cordeportes, ni tampoco asumió obligación

alguna en relación con los hechos y la causa petendi de la demanda.

1. El municipio no adelantó el trámite liquidatario ni suprimió la planta de personal ni liquidó en forma definitiva a Cordeportes, ni tampoco asumió obligación alguna frente a la liquidación ni por disposición legal, ni por voluntad propia. Fue la Dirección Distrital de Liquidaciones, en su calidad de agente liquidador quien realizó los activos y pagó los pasivos de dicha entidad.

1 Folios 271 al 287.5

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla iii) Así las cosas, no es posible acceder a la petición de restablecimiento del derecho referida al pago de las sumas adeudadas por concepto de acreencias laborales, teniendo en cuenta que entre el accionante y el ente territorial no existió vínculo laboral alguno (Secretaría de Educación). Adicionalmente, en el proceso no se encuentra prueba sumaria que acredite la existencia de una subordinación laboral, un horario de trabajo que fuera de obligatorio cumplimiento para el actor entre otros aspectos de vital imp ortancia para comprobar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad, prescripción y compensación.

1.2.2. Dirección Distrital de Liquidaciones

La litisconsorte necesaria, vinculada al proceso de oficio mediante el auto del 23 de septiembre de 2015,2 se pronunció en los siguientes términos:3

1. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda por cuanto aquellas

La litisconsorte necesaria, vinculada al proceso de oficio mediante el auto del 23 de septiembre de 2015,2 se pronunció en los siguientes términos:3

1. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda por cuanto aquellas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos, en atención a que la vinculación de esa dirección debió realizarse en calidad de tercero especializado por haber asumido la administración de las situaciones jurídicas no definidas por el extinto IRD en liquidación (liquidado finalmente el 27 de diciembre de 2007) y Cordeportes en liquidación.

1. Respecto de las funciones asignadas al demandante en su carácter de contratista, estas hacían parte de la esencia de la contratación. En cuanto al elemento de la subordinación, este no se puede confundir con la facultad de que goza la administración para vigilar, supervisar y controlar la labor contratada.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva por

2 Folios 365 al 370. 3 Folios 378 al 393.6

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla independencia entre la Dirección Distrital de Liquidaciones y el IRD y Cordeportes, inexistencia de la obligación demandada por cuanto el contrato de prestación de servicios no genera vínculo laboral entre las partes, y prescripción del término para reclamar ante la administración el reconocimiento y pago de los derechos prestacionales pretendidos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Atlántico, mediante sentencia escrita proferida el 25

reclamar ante la administración el reconocimiento y pago de los derechos prestacionales pretendidos.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Atlántico, mediante sentencia escrita proferida el 25 de julio de 201 6,4 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:

1. Del material probatorio aportado emerge con claridad que el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla prestó sus servicios como digitador entre 1994 y 2010, de la siguiente manera: en la Secretar ía de Educación Distrital de Barranquilla entre 1994 y 1996; en el Instituto de Recreación y Deportes , entre 1997 y 2004; en Cordeportes, entre 2005 y 2008; «en la Secretaría de Recreación y Deportes, entre 2009 y 2010; y en la Secretaría de Recreación y Deportes entre 2011 y septiembre de 2012».

1. Se advierte que el actor suscribió varias órdenes de prestación de servicio de manera sucesiva con el objeto de prestar sus servicios en la oficina de atención a personas con necesidades educativas especiales en la Secretaría de Educación Distrital durante el período comprendido entre el 14 de julio de 1996 hasta el 30 de noviembre de 1998; así como en el IRD desde el 30 de agosto de 2001 hasta el 30 de julio de 2004; y en Cordeportes desde el 2 de mayo de 2005 hasta el 30 de noviembre de 2008.

1. Del referido material probatorio también se puede inferir que el demandante prestó de manera personal sus servicios como digitador por períodos y que por dicha labor recibió el pago de una remuneración . El elemento de la subordinación

noviembre de 2008.

1. Del referido material probatorio también se puede inferir que el demandante prestó de manera personal sus servicios como digitador por períodos y que por dicha labor recibió el pago de una remuneración . El elemento de la subordinación

4 Folios 565 al 598. Con ponencia del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo.7

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla deviene claro de la prueba testimonial, toda vez que el señor Quesada Padilla para desarrollar la actividad de apoyo para la que fue contratado sucesivamente se encontraba sujeto al cumplimiento de horario, y a la supervisión permanente de las tareas realizadas, teniendo en cuenta que su trabajo estaba supeditad o a la información que le proporcionaran los diferentes coordinadores de los programas creados por cada una de las entidades en las que prestó servicios . Asimismo, lo contratado corresponde a una función permanente, inherente a la esencia y objeto de la entidad demandada.

1. En ese orden, si bien se puede concluir que resulta procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas por la relación laboral que sostuvo el actor con la entidad demandada, tal reconocimiento solo podrá hacerse frente a los períodos comprendidos entre 1996 y 2008 , pues no existen elementos probatorios que permitan determinar que para los años 2009 a 2012 el señor Quesada Padilla prestó sus servicios a la Secretaría de Recreación y

Deportes del Distrito de Barranquilla.

1. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las entidades demandadas se determina que el llamado a cubrir la

Deportes del Distrito de Barranquilla.

1. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las entidades demandadas se determina que el llamado a cubrir la condena impuesta es la Dirección Distrital de Liquidaciones, por cuanto, tanto el IRD como Cordeportes fueron liquidadas y la referida dirección estuvo encargada de ese proceso, luego resulta evidente que está legitimada para actuar dentro del proceso y asumir la condena en lo que respecta al período 2001 – 2008.

1. Se precisa que el señor Quesada Padilla laboró al servicio de la Secretaría de Educación Distrital entre 1996 y 1998 por lo tanto los emolumentos y prestaciones ocasionados deben ser cancelados por dicha dependencia.

1. En cuanto al fenómeno de la prescripción, dispone el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 que los derechos prescribirán en tres años contados desde el momento en que la obligación se haga exigible , pero teniendo en cuenta que esta8

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla sentencia tiene carácter de constitutiva no hay lugar a ordenar su aplicación , carácter determinante también para abstenerse de reconocer la sanción moratoria.

1. Finalmente, referente a las prestaciones compartidas (vr. gr. pensión y salud) se ordena a la demandada el pago a favor del demandante de los porcentajes de cotización que le correspondían de conformidad con la Ley 100 de 1993, pagos que en virtud de las órdenes de prestación de servicios fueron asumidos totalmente por el contratista. No obstante, en caso de que estos no se hubieran efectuado la

cotización que le correspondían de conformidad con la Ley 100 de 1993, pagos que en virtud de las órdenes de prestación de servicios fueron asumidos totalmente por el contratista. No obstante, en caso de que estos no se hubieran efectuado la demandada deberá realizar las cotizaciones respectivas a los dos sistemas, descontando de las sumas que se adeudan al señor Quesada Padilla el porcentaje que a este le corresponde, y en todo caso, el tiempo efectivamente laborado se computará para efectos pensionales.

1. En suma, declaró la nulidad del acto administrativo demandado , ordenó al Distrito de Barranquilla – Dirección Distrital de Liquidaciones pagar las prestaciones sociales y demás emolumentos reclamados correspondientes al período en el cual se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, desde el 14 de julio de 1996 hasta el 30 de diciembre de 2008, y se abstuvo de condenar en costas.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Dirección Distrital de Liquidaciones

El apoderado de la litisconsorte necesaria interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar absolver a la entidad de toda condena. Como sustento de su petición expuso lo siguiente:5

1. Si bien es cierto , como lo afirm ó el Tribunal en el fallo , tanto el IRD como Cordeportes fueron liquidados y la Dirección Distrital de Liquidaciones fungió como ente liquidador , también lo es que el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla no estuvo en el proceso liquidatorio de tales entidades y , por tanto, las pretensiones

5 Folios 605 al 611.9

ente liquidador , también lo es que el señor Ricardo Antonio Quesada Padilla no estuvo en el proceso liquidatorio de tales entidades y , por tanto, las pretensiones

5 Folios 605 al 611.9

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla aquí reclamadas no fueron estudiadas por el liquidador y mucho menos incluidas en el pasivo de los entes demandados.

1. Con todo es claro que existía para el demandante la carga procesal de hacerse parte dentro del trámite de liquidación de manera oportuna a efectos de tener la satisfacción del derecho que reclama, y en caso de no hacerlo, debe asumir las consecuencias que se derivan de su omisión.

1. Sumado a lo anterior el artículo 46 del Decreto 2211 de 2004, derogado por el Decreto 2555 de 2010, señala que tratándose de gestiones judiciales existe para la liquidación la obligación de provisiona r los recursos para garantizar el pago de sentencias que hubieran sido notificadas antes de la terminación del proceso de liquidación. Una vez terminada la liquidación las provisiones deben ser entregadas por el liquidador a un tercero especializado que estará a cargo del título de administración de las situaciones jurídicas no definidas. De suerte que en este caso por negligencia del actor al haber iniciado el trámite judicial luego de terminado el proceso de liquidación de las referidas entidades no fueron constituidas las provisiones por parte del girador.

1. Así las cosas, e l pago de acreencias por fuera del trámite liquidatorio como pretende el a quo a través del fallo que se impugna desconoce el principio de la

provisiones por parte del girador.

1. Así las cosas, e l pago de acreencias por fuera del trámite liquidatorio como pretende el a quo a través del fallo que se impugna desconoce el principio de la concursalidad que rige los procesos liquidat orios, constituyéndose una violación al derecho a la igualdad con los demás acreedores.

1. Respecto de la prescripción, el Consejo de Estado desde el año 2009 unificó jurisprudencia en torno a este fenómeno bajo el entendido de que el carácter constitutivo de la sentencia en los procesos en que se pretenda la declaración de una relación laboral encubierta o subyacente no faculta al interesado para radicar su petición ante la administración en cualquier tiempo.

1. No se puede perder de vista que e l actor solicitó el reconocimiento de prestaciones sociales 11 años después de haberse terminado las órdenes de10

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla prestación de servicios suscritas con el IRD y 5 años después de la liquidación de Cordeportes, por lo tanto , el Tribunal sí debía realizar un análisis del fenómeno prescriptivo.

1.4.2. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

El apoderado de la demandada elevó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:6

1. La decisión del Tribunal resulta contraria a derecho y no se compadece con el acervo probatorio recaudado en el proceso , ya que no se logró acreditar la

de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:6

1. La decisión del Tribunal resulta contraria a derecho y no se compadece con el acervo probatorio recaudado en el proceso , ya que no se logró acreditar la existencia de la relación laboral alegada por el actor, ni se tuvo en cuenta que toda reclamación que por dicho sentido pudiese deprecar el ac cionante se torna improcedente habida cuenta el fenómeno de la prescripción . De ahí que no se hubiera derruido la presunción de legalidad que pesa sobre el acto acusado y menos sea procedente la condena impuesta.

1. El fallador no tuvo en cuenta que el plazo pactado de la última orden de prestación de servicios suscrita con la Secretaría de Educación finalizó el 30 de noviembre de 1998, por lo que a partir de ese momento tenía 3 años para reclamar la existencia del contrato laboral, por tal razón al elevarse la reclamación administrativa tan solo hasta el 19 de junio de 2013 (casi 12 años después de la vigencia del último contrato y/o, en gracia de discusión, 5 años después de que finalizara el último encargo con Cordeportes ), no resultaba procedente acceder a las pretensiones de la demanda por encontrarse prescrito cualquier derecho reclamado.

1. Contrario a lo manifestado por el a quo , no se acreditó ninguna relación laboral entre las partes entre 1996 y 1998, tampoco se demostró que de los contratos u órdenes de prestación de servicio s allegados se desprendiera la

6 Folios 659 al 668.11

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)

Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla

6 Folios 659 al 668.11

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla adecuación de una relación laboral que sustentara la anulación del Oficio demandado.

1. El hecho de que las pretensiones de la demanda se hubieran cimentado sobre la premisa de que el actor sostuvo una supuesta relación laboral con el IRD, Cordeportes y la Secretaría de Educación obligaba al a quo a constatar con las pruebas obrantes dentro del proceso, para cada una de dichas vinculaciones , que el actor efectivamente cumplía órdenes o fue objeto de memorandos, exigencias y demás elementos que pudieran evidenciar, sin lugar a dudas , que se configuró en algún momento una relación laboral con tales entidades.

1. No obstante, al Tribunal le bastó para condenar al Distrito y a la Dirección de Liquidaciones el hecho de que el accionante suscribió varios contratos, conclusión incorrecta que, se insiste, no se compadece con el material probatorio arrimado al dosier.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en los recursos de apelación, respectivamente.7

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

7 Folios 731 al 739 y 747 a786. 8 Folio 757.12

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17)

2.1. El problema jurídico

7 Folios 731 al 739 y 747 a786. 8 Folio 757.12

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:

1. Si está probado en el expediente que e ntre el señor Quesada Padilla y el Distrito de Barranquilla, Secretaría de Educación, Instituto Distrital de Recreación y Deportes y/o Corporación Distrital de Recreación y Deportes existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente y, de ser así,

2. Si operó el fenómeno jurídico de prescripción, y

3. Si la Dirección Distrital de Liquidaciones es la legitimada para asumir la condena respecto de la presunta relación laboral que pudiera surgir entre el actor y el Instituto Distrital de Recreación y Deportes y/o Corporación Distrital de Recreación y

Deportes.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y

normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y13

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25 . El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar

calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formale s de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-9 a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización10, en cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con obj eto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de

9 Aprobada el 11 de abril de 1919. 10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.14

Humanos (Pacto de San Jos é́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de

9 Aprobada el 11 de abril de 1919. 10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.14

Radicado: 08001-23-33-000-2014-00064-01 (3108-17) Demandante: Ricardo Antonio Quesada Padilla San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador 16 establecieron la obligación de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los derechos