CE - 012333000201400179021SENTENCIA20231009113458

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1

Demandado: Teresa de Jesús Dajome de Segura

Temas: Pensión gracia reconocida en cumplimiento de una tutela.

Devolución de sumas adquiridas con buena fe

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

La UGPP presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de la R esolución RDP039718 del 28 de agosto de 2013, a

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de la R esolución RDP039718 del 28 de agosto de 2013, a través de la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar), la entidad reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia a favor de Teresa de Jesús Dajome de Segura.

1 En lo que sigue UGPP. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021)

Demandante: UGPP

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que: i) se ordenara a Teresa de Jesús Dajome de Segura la devolución de las sumas pagadas por concepto del «ilegal» reconocimiento de la pe nsión gracia; y ii) se indexaran los valores reconocidos y las sumas adeudadas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• Teresa de Jesús Dajome de Segura nació el 15 de julio de 1950 y entre el 1° de septiembre de 1971 y el 1° de junio de 2005 prestó sus servicios como docente en propiedad del orden nacional en la Institución Educativa Santa Teresita de Tumaco

(Nariño), es decir «nunca prestó sus servicios como docente» en una plaza territorial.

• Con escritos del 3 de octubre de 2000, 2 de agosto de 2001 y 6 de diciembre de

(Nariño), es decir «nunca prestó sus servicios como docente» en una plaza territorial.

• Con escritos del 3 de octubre de 2000, 2 de agosto de 2001 y 6 de diciembre de 2002, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL E.I.C.E.) 3 el reconocimiento de la pensión gracia de que tra ta la Ley 114 de 1913. Estas peticiones fueron resueltas de manera desfavorable con la Resolución 3338 del 16 de febrero de 2001, y los autos 1017820 del 28 de febrero de 2002 y 11235 del 9 de septiembre de 2003, respectivamente, por no cumplir con los req uisitos para su reconocimiento.

• Inconforme con lo anterior, Teresa de Jesús Dajome de Segura y otros accionantes, instauraron una acción de tutela cuyo objeto era la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y a la «pensión de jubilación».

• Mediante providencia del 6 de octubre de 2006 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué (Bolívar) tuteló los derechos fundamentales de los accionantes.

• A través de la Resolución RDP 039718 del 28 de agosto de 2013, la UGPP di o cumplimiento a la orden de tutela y en consecuencia ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de Teresa de Jesús Dajome de Segura.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 13, 29 y 128 de la Constitución Política; las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 33 de 1937 y 91 de 1989; y el Decreto 2277 de

Como tales, se señalaron los artículos 13, 29 y 128 de la Constitución Política; las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 33 de 1937 y 91 de 1989; y el Decreto 2277 de 1979.

3 En adelante CAJANAL.3

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021)

Demandante: UGPP

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:

• El reconoc imiento pensional de la docente demandada no cumple con los requisitos previstos por la ley, toda vez que su vinculación fue del orden nacional.

• La prestación fue adquirida de mala fe y por tanto debe devolver los dineros percibidos de manera fraudulenta por concepto de pensión gracia.

1.2. Contestación de la demanda

Teresa de Jesús Dajome de Segura se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación5:

• Accedió al reconocimiento de la prestación de buena fe y acorde con los lineamientos dispuestos por la Constitución y la ley, pues su vinculación como docente fue de carácter territorial.

• La decisión del juez de tutela le otorgó el derecho por encont rarse ajustado a las normas legales y reglamentarias aplicables.

Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) caducidad; ii) prescripción de la acción; iii) cosa juzgada; y iv) falta de legitimación en la causa para demandar.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia proferida el 6 de noviembre de

acción; iii) cosa juzgada; y iv) falta de legitimación en la causa para demandar.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño en sentencia proferida el 6 de noviembre de 20196 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada.

Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los precepto s legales y jurisprudenciales aplicables al asunto negó la pretensión de nulidad por «inexistencia del acto demandado» y concluyó lo siguiente:

• Si bien la UGPP reconoció pensión gracia a Teresa de Jesús Dajome de Segura, también es cierto que, en cumpl imiento de «un fallo judicial proferido por el Tribunal

4 Samai, índice 2, documento: 6_ED_01. 2014-0179 Cuaderno Principal Folios 0 a 305.pdf(.PDF) NroActua 2 Folios 7 al 29. 5 Samai, índice 2, documento: 6_ED_01. 2014-0179 Cuaderno Principal Folios 0 a 305.pdf(.PDF) NroActua 2 Folios 277 al 293. 6 Samai, índice 2, documento: 6_ED_01. 2014-0179 Cuaderno Principal Folios 0 a 305.pdf(.PDF) NroActua 2 Folios 583 al 596.4

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: UGPP Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal» esa entidad con Resolución RDP037366 del 4 de octubre de 2016 revocó la Resolución RDP 39718 del 28 de

Demandante: UGPP Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Penal» esa entidad con Resolución RDP037366 del 4 de octubre de 2016 revocó la Resolución RDP 39718 del 28 de agosto de 2013 mediante la cual se reco noció la prestación, razón por la cual se estructura «una carencia actual de objeto del litigio, lo que implica que el análisis solo se centre en lo que atañe» a la pretensión de restablecimiento del derecho «alusiva a la devolución de dineros».

• La docente adquirió el beneficio pensional favorecida de la mala fe, toda vez que, sin reunir los requisitos previstos por la ley para su reconocimiento, decidió acudir a un juez de tutela diferente del de su domicilio o lugar donde prestó su labor docente.

• El beneficio pensional estuvo precedido de un «actuar fraudulento» del juez de tutela el cual fue condenado penalmente por haber beneficiado a un «gran número de personas sin requisitos para acceder a la pensión gracia».

Por último, con fundamento en lo s artículos 188 del CPACA, 365 y 365 del CGP, condenó en costas a la parte demandada.

1.4. El recurso de apelación

Teresa de Jesús Dajome de Segura interpuso recurso de apelación 7 y lo sustentó así:

• La pretensión de restablecimiento que ordenó el reintegro de las sumas percibidas por concepto de pensión gracia es accesoria a la de la de nulidad, por tanto, si no se decretó la nulidad del acto demandado, tampoco era posible ordenar el restablecimiento.

• Un año antes de presentar la demanda, la UGPP había suspendido el pago de la

se decretó la nulidad del acto demandado, tampoco era posible ordenar el restablecimiento.

• Un año antes de presentar la demanda, la UGPP había suspendido el pago de la prestación y tres años después con la Resolución RDP037366 del 4 de octubre de 2016 revocó el acto administrativo de manera arbitraria.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La UGPP guardó silencio.

7 Samai, índice 2, documento: 6_ED_01. 2014-0179 Cuaderno Principal Folios 0 a 305.pdf(.PDF) NroActua 2 Folios 601 al 611.5

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: UGPP 1.5.2. Teresa de Jesús Dajome de Segura reafirmó lo expuesto en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación 8.

1.6. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, en razón a que no existe medio probatorio que desvirtué que la demandada haya actuado de mala fe para obtener su pensión gracia9.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

2.1.1. Control jurisdiccional de legalidad del acto revocado

Esta Corporación ha previsto que «la circunstancia que el acto administrativo demandado haya sido derogado o hubiere operado la figura del decaimiento, no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto este debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su

Esta Corporación ha previsto que «la circunstancia que el acto administrativo demandado haya sido derogado o hubiere operado la figura del decaimiento, no impide el juicio de legalidad del mismo, en tanto este debe realizarse según las circunstancias vigentes al momento de su expedición»10. A dicha conclusión se llega, comoquiera que i) los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, la cual solo puede ser desvirtuada por el juez competente, y ii) los efectos del decaimiento, la derogatoria y la perdida de ejecutoria del acto administrativo tiene efectos ultractivos y no afectan su validez, pues este puede seguir produciendo efectos, razón por la cual es válido el estudio de su legalidad.

En efecto, pese a que un acto administrativo que crea, extingue o modifica una situación jurídica particular sea retirado del ordenamiento jurídico, comoquiera que las repercusiones de dicho acto tienen efectos únicamente hacia el futuro, esto es, ex nunc11 los efecto s de su revocatoria directa, decaimiento, o pérdida de fuerza ejecutoria no puede proyectarse de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado o ex

8 Samai, índice 15, documento: 8_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF) NroActua 15. 9 Samai, índice 13, 18_MemorialWeb_Concepto(.pdf) NroActua 16.

10 Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de julio de 2006, radicado 25000 -2326-000-1999-00482-01 (21051) M.P. Ruth Estella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de diciembre de 2016, radicado 11001-03-25-000-2012-00571-00 (21392012) M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otras. 11 Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (https://dpej.rae.es/lema/ex-nunc): «Gral. Desde ahora. Expresión utilizada para determinar que las leyes, los contratos y los actos no tienen, ordinariamente, eficacia hacia el pasado. […]».6

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: UGPP tunc12, pues esta decisión produce nuevas situaciones jurídicas pero solo a partir de su existencia. Sobre el particular, esta Corporación, en sentencia del 15 de agosto de

2013, señaló lo siguiente13:

«Lo anterior, esto es en relación con los efectos de la revocatoria de un acto administrativo, no puede ser entendido de otra manera, toda vez que el acto administrativo revocado ha producido sus efectos durante el tiempo en que se encontró vigente, en virtud al principio de legalidad y a la ejecutividad y ejecutoriedad, estas últimas características intrínsecas al acto administrativo. Así las cosas, resulta innegable entonces la obligación a la que se enfrenta la administración y el administrado de cumplir lo dispuesto en un acto administrativo, en tanto conserve la presunción de legalidad, la cual únicamente

acto administrativo. Así las cosas, resulta innegable entonces la obligación a la que se enfrenta la administración y el administrado de cumplir lo dispuesto en un acto administrativo, en tanto conserve la presunción de legalidad, la cual únicamente desaparece con ocasión de su revocatoria directa o en virtud de una decisión judicial.

Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la revocatoria directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera retroactiva, esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio, o a través del cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas, lo que implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el futuro y, en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que el acto administrativo ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y ejecutoriedad, entendidas éstas como la eficacia que el acto comporta de cara a su cumplimiento, así como la capacidad que tiene la administración para hacerlo cumplir sin necesidad de la intervención de autoridad distinta».

Por lo expuesto, esta Subsección ha señalado14 que la revocación, el decaimiento, o pérdida de fuerza ejecutoria del acto es una decisión administrativa que rige hacia el futuro, por lo que la recuperación de los dineros indebidamente paga dos solo es posible lograrlo por conducto del juez contencioso -administrativo, que es el competente para definir sobre la procedencia del restablecimiento del derecho invocado, cuya decisión comporta efectos retroactivos al ordenar volver las cosas al estado en el que inicialmente se encontraban15.

competente para definir sobre la procedencia del restablecimiento del derecho invocado, cuya decisión comporta efectos retroactivos al ordenar volver las cosas al estado en el que inicialmente se encontraban15.

Así las cosas, en el subjudice la Sala encuentra que el Tribunal no realizó un estudio de legalidad del acto administrativo por considerar que existía una aparente carencia actual de objeto que hacía inane cualquier consideración adicional, pues, si bien la entidad realizó el reconocimiento de la prestación a favor de Teresa de Jesús Dajome de Segura, dicho acto fue revocado con la Resolución RDP037366 del 4 de octubre de 2016. Sin embargo, en el marco de lo expuesto en párrafos anteriores, se

12 Ibidem (https://dpej.rae.es/lema/ex-tunc): «Gral. Desde el inicio, desde entonces. Expresión que se utiliza para determinar el tiempo que comprende la eficacia de determinadas normas, actos o contratos». 13 Ver fallo de 15 de agosto de 2013, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, radicación 25000-23-25-000-2006-00464-01 (2166-07). 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado 41001-23-33-000-2018-00314-01 (3448-2020), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 15 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, C. P. Ana Margarita Olaya Forero,

sentencia de 16 de julio de 2002, expediente 23001-23-31-00019978732-02 (IJ 029).7

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: UGPP recuerda que, los efectos jurídicos de la resolución a través de la cual la UGPP, en cumplimiento de una orden de tutela, reconoció la pensión gracia de la demandada se extendieron en el tiempo, en la medida que causaron una erogación económica, la cual es reclamada por la demandante como pretensión de restablecimiento del derecho.

En tal virtud, para la Sala es innegable que las disposiciones contenidas en la Resolución RDP 39718 del 28 de agosto de 2013, demandada en este proceso, consolidaron unas situaciones jurídicas que se encuentran vigentes pese a que fue revocada por la Resolución RDP037366 del 4 de octubre de 2016; lo cual impone al juez contencioso realizar un pronunciamiento en relación con su legalidad.

Precicesos que en esta oportunidad se revocó el acto

2.2. Problemas jurídicos

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: ¿el acto administrativo que reconoció la pensión gracia a Teresa de Jesús Dajome de Segura se encuentra viciado de nulidad por acceder al beneficio de la pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos previstos en Ley 114 de 1913 y demás normas que la regulan? y, si, en consecuencia, ¿es procedente el reintegro de las sumas de dinero pagadas a Teresa de Jesús Dajome de Segura en virtud de la Resolución RDP039718 del

si, en consecuencia, ¿es procedente el reintegro de las sumas de dinero pagadas a Teresa de Jesús Dajome de Segura en virtud de la Resolución RDP039718 del 28 de agosto de 2013 que le r econoció la pensión gracia en cumplimiento de un fallo de tutela?

Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo; (1.1) de la pensión gracia (1.2) de la buena fe; (2) caso concreto; (3) costas; y (4) conclusión.

2.3. Marco normativo

2.3.1 De la pensión gracia

La Ley 114 de 191316 creó la pensión gracia como un reconocimiento a la dedicación al servicio de la actividad educativa de los docentes territoriales de las escuelas primarias. El artículo 4 ibidem determinó que para gozar de dicha prestación era necesario que el educador cumpliera, entre otros requisitos, 20 años de servicios en establecimientos educativos oficiales del orden territorial, no recibiera otra pensión o recompensa de carácter nacional y alcanzara los 50 años de edad, siempre y cuando hubiese demostrado haber ejercido la docencia con honradez, consagración y que observara buena conducta.

16 «Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».8

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021)

Demandante: UGPP

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación17 señaló que «el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación17 señaló que «el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 3 9 de 1903, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

Posteriormente, las leyes 116 de 1928 18 y 37 de 1933 19, en sus artículos 6 y 3, respectivamente, extendieron l a pensión gracia a los maestros de secundaria, normalistas e inspectores de instrucción pública.

Al respecto, en sentencia del 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de esta Corporación, fijó algunos lineamientos relevantes sobre la pensión, así20:

«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe ‹Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional›. (En este apa rte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».

indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales».

Sin embargo, con el proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 197521 y en línea de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 91 de 198922, en la referida providencia de unificación se afirmó que la pensión gracia, debe reconocerse a los docentes nacionalizados, con el fin de «colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980».

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C -489 de 2000 23 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia SUJ11 -S2 del 21 de junio de 2018, radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 18 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 19 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado No. S-699. 21 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 22 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 23 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C489 del 4 de mayo de 2000.-9

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: UGPP 1980», en el entendido que, comoquiera que constituyen derechos adquiridos que no podían ser desconocidos por el legislador, las situaciones jurídicas concretadas antes de la entrada en vigencia de la normativa deman dada quedarían a salvo, es decir que tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio.

Puntualmente, en cuanto a las vinculaciones nacionales y la imposibilidad de computar los tiempos laborados en tal virtud para la pensión gracia, es pertinente mencionar que la jurisprudencia de la Sala24 ha explicado lo siguiente:

«Sobre los tiempos nacionales. (…) La ley 114 de 1913 que creo (sic) la pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa nacional.

requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa nacional.

Artículo 4º. - Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: (…)

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.” (Resalta la Sala) El artículo 1º de la Ley 91 de 1989 25 clasificó a los docentes para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramient o de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»

[…]

24 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.»

[…]

24 Sentencia del 17 de noviembre de 2016, exp. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 25 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».10

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021) Demandante: UGPP Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional , pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio.» (negrillas fuera de texto original).

Aunado a lo anterior, para determinar la plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en este punto, se recuerdan las reglas que fijó esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de junio de 201826, así:

«(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886 como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los

como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente ha ya intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente d e las rentas de la respectiva localidad, o de lassituado fiscalcuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda estab lecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial».

En la misma línea, esta Sección en la sentencia de unificación del 11 de agosto de 202227, explicó lo siguiente:

26 Radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). 27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).11

Radicado: 52001-23-33-000-2014-00179-02 (0108-2021)

Demandante: UGPP

«[…] la línea jurisprudencial del Co nsejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales».28

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se i mpuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de

momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el único límite temporal que se i mpuso consistió en que los docentes territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al ma