CE - 012333000201400307011SENTENCIA20231017120252

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

Demandante: MARTHA LIBIA SALGADO RODRÍGUEZ

Demandada: MUNICIPIO DE EL ROBLE, SUCRE

Temas: Pensión de sobrevivientes por muerte de origen laboral.

Desaparición y homicidio de alcalde causante de la prestación Revoca parcialmente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el veinticuatro (24) de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Martha Libia Salgado Rodríguez, instauró demanda contra el Municipio

de El Roble, Departamento de Sucre, en ejercicio del medio de control de nulidadRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, con el fin de que se acceda a la siguientes:

PRETENSIONES

Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo surgido con ocasión de la petición presentada el 28 de diciembre de 2011, mediante el cual el ente demandado negó la pensión de sobreviviente a la demandante.

A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Municipio de El Roble el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por muerte de origen laboral, en los términos de la Ley 776 de 2002, a la cual tiene derecho la señora Martha Libia Salgado Rodríguez, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Eudaldo León Díaz Salgado. Que la tasa de reemplazo pensional sea del 75% del Ingreso Base de Liquidac ión, para lo cual deberán tenerse en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el tiempo de servicio, tales como asignación básica y gastos de representación, efectiva a partir del 10 de abril de 2003 (fecha de consolidación del estatus).

Condenar al ente territorial demandado a pagar el retroactivo pensional a partir del 28 de diciembre de 2008, por efectos de la prescripción trienal de mesadas. Asimismo, ordenar el pago de intereses moratorios conforme lo prevé el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-367 de 2005.

28 de diciembre de 2008, por efectos de la prescripción trienal de mesadas. Asimismo, ordenar el pago de intereses moratorios conforme lo prevé el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C-367 de 2005.

Efectuar los ajustes de valor con el IPC según lo regula el artículo 187 del CPACA y dar cumplimiento a la sentencia en el término que refiere el artículo 192 ibidem. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, se deberán liquidar los intereses moratorios según el artículo 195 ejusdem.Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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Pretensiones subsidiarias:

En caso de que no se pruebe que el origen del deceso del señor Eudaldo León Díaz Salgado fue de carácter laboral, condenar al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes de origen común, a favor de la señora Martha Libia Salgado Rodríguez conforme el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Y ordenar al Municipio de El Roble el reconocimiento pensional en cuantía del 45% del IBL , para lo cual deberán tenerse en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el tiempo de servicio, tales como asignación básica y gastos de representación, efectiva a partir del 10 de abril de 2003.

HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el causante y la señora Martha Libia Salgado Rodríguez, contrajeron matrimonio el 29 de diciembre del año 2000. Que el señor Eudaldo León Díaz

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el causante y la señora Martha Libia Salgado Rodríguez, contrajeron matrimonio el 29 de diciembre del año 2000. Que el señor Eudaldo León Díaz Salgado fue elegido popularmente como alcalde municipal de El Roble, Sucre para el período 2001 a 2003.

Que el día 10 de abril de 2003, fue asesinado el señor Díaz Salgado . La Fiscalía General de la Nación desplegó la investigación pertinente, la cual cu lminó en sentencia de única instancia del 3 de diciembre de 2009, emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.

Que existió relación de causalidad entre la muerte del señor Eudaldo León Díaz Salgado y los factores de riesgo que manejaba por ser alcalde del municipio de El Roble, entre ellos, el deber de denunciar lo que pasaba en el departamento de SucreRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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y en s u ente territorial, al no pertenecer al grupo parapolítico que dominaba e n el primero de ellos. Todo lo cual desencadenó su muerte de origen laboral.

Que el ente demandado no realizó la respectiva afiliación del señor Díaz Salgado a la administradora de riesgos profesionales (hoy laborales), por lo que debe asumir directamente la prestación.

Que el 28 de diciembre de 2009 la señora Martha Libia Salgado Rodríguez elevó petición con el fin de que le fuera reconocida pensión de sobreviviente por muerte de origen laboral como consecuencia del deceso de su cónyuge, subsidiariamente

Que el 28 de diciembre de 2009 la señora Martha Libia Salgado Rodríguez elevó petición con el fin de que le fuera reconocida pensión de sobreviviente por muerte de origen laboral como consecuencia del deceso de su cónyuge, subsidiariamente solicitó ser beneficiara de la mentada prestación pero por origen común de que trata el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; empero la entidad demandada no emitió respuesta alguna.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida me diante auto d el 3 de marzo de 2.015 , notificada a l demandado, ente territorial que no contestó la demanda (f. 104).

Se celebró la audiencia inicial el 22 de septiembre de 2.015, dentro de la cual se fijó el litigio y, luego de practicarse las pruebas decretadas, se corrió traslado de 10 días a las partes para alegar de conclusión. Se dictó sentencia el 1 de junio de 2.022, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Sucre, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con base en los siguientes argumentos, en su orden según la sentencia.Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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Sobre la pretensión subsidiaria, que se probó que el señor Eudaldo León Díaz Salgado ejerció como alcalde del Municipio de El Roble durante el 1.° de enero de 2001 hasta el 19 de diciembre de 2002. Al momento de su muerte se encontraba

Salgado ejerció como alcalde del Municipio de El Roble durante el 1.° de enero de 2001 hasta el 19 de diciembre de 2002. Al momento de su muerte se encontraba suspendido en el desempeño de sus funciones como burgomaestre del aludido ente. Y que no estuvo afiliado al Sistema General d e Seguridad Social durant e el lapso que se desempeñó como tal. Lo cual lleva a concluir que el causante ejerció como “servidor público” por 118,41 semanas.

Que se encuentra demostrado que la señora Martha Libia Salgado Rodríguez, contrajo matrimonio civil con el causante, el 29 de diciembre de 2000. Y que el día 28 de diciembre de 2011, esta solicitó al Municipio de El Roble el reconocimiento y pago de una pe nsión de sobreviviente, por la muerte de su cónyuge. Que los testimonios declararon conocer a la demandante, su núcleo familiar, desde antes del deceso del señor Díaz Salgado y que su sustento provenía de su cónyuge. En ese orden de ideas, en virtud de que la demandante convivía con el causante para el día de su deceso según lo relataron los testigos, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por tanto , debe declararse la nulidad del acto administrativo presunto.

Aclaró que el s eñor Díaz Salgado, al momento de su deceso, se encontraba suspendido del ejercicio de funciones como alcalde municipal, lo cual transcurrió entre el 18 de diciembre de 2002 y el 18 de marzo de 2003 y dado que su muerte acaeció el 10 de abril de 2003, a ese momento no existe en el expediente pruebas

suspendido del ejercicio de funciones como alcalde municipal, lo cual transcurrió entre el 18 de diciembre de 2002 y el 18 de marzo de 2003 y dado que su muerte acaeció el 10 de abril de 2003, a ese momento no existe en el expediente pruebas de que estuviese separado de su cargo legalmente, ni qu e tuviera una sanción disciplinaria de destitución que estuviera ejecutoriada antes de su muerte. Por tanto, el hecho de que hubiese permanecido suspendido en el ejercicio de sus funciones por el término de 3 meses, no repercute en la sumatoria de las semanas que se debían cotizar al SGSS puesto que, existió continuidad en el vínculo laboral.

A continuación, señaló que lo pretendido por la demandante es que se le otorgue laRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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pensión de sobreviviente por considerar que la muerte del señor Díaz Salgado fue un accidente de trabajo, expuso que no se había probado que el fallecimiento hubiese sido como consecuencia de su investidura, como tampoco que existiera un «complot» para separarlo del cargo por parte de la Procuraduría Provincial con el fin de que se ejecutara el delito de homicidio porque fue sancionado por contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes y violación a los principios de la gestión fiscal, conducta que no se relaciona con su muerte.

Que se observa de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 3 de diciembre de 2009 que el exgob ernador Salvador Arana Sus realizó el injusto de concierto para delinquir en la modalidad agravada que se

Que se observa de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 3 de diciembre de 2009 que el exgob ernador Salvador Arana Sus realizó el injusto de concierto para delinquir en la modalidad agravada que se le imputó e n la acusación, quien en asocio con el grupo ilegal liderado por alias Cadena, se impartió la orden de privar de la libertad al alcalde municipal, siendo desaparecido el 5 de abril de 2003, lo que culminó con su muerte. Sin embargo, no existe prueba que dicho homicidio fuese por el hecho de ser el alcalde del Municipio de El Roble.

Que en la demanda se sostiene que el homicidio del señor Díaz Salgado fue porque era miembro del Polo Democrático; sin embargo, en la investigación disciplinaria se adjuntó acta de escrutinio donde se le identifica como electo por el movimiento «Vía Alterna» y no estaba como alcalde en la obligación de denunciar hechos diferentes a los ocurridos en su municip io, no significa esto que como ciudadano no podía hacer todas las denuncias respectivas, que posteriormente lo llevaron a la muerte, pero para que exista un accidente de trabajo debe existir una relación directa entre la «función y la muerte», esto es, no existió una relación directa entre la función y el fallecimiento.

Conforme a lo anterior, denegó la pretensión principal y accedió a la subsidiaria en el sentido de ordenar la pensión de sobrevivientes por riesgo común prevista en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 . Declaró probada la excepción de prescripción,Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 . Declaró probada la excepción de prescripción,Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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toda vez que el causante falleció el 10 de abril de 2003 y la petición tendiente al reconocimiento pensional se elevó el 28 de diciembre de 2011, por lo que las mesadas causadas con anterioridad al 28 de diciembre de 2008 se encontraban prescritas.

De esta forma, el tribunal de primera instancia dictó sentencia que se resume así: i) acogió la pretensión subsidiaria y en consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo ficto negativo demandado; ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó al Municipio de El Roble reconocer y pagar a la señora Martha Libia Salgado Rodríguez la pensión de sobrevivientes a partir del 10 de abril de 2003, en un monto del 45% del último sueldo percibido por el señor Eudaldo León Díaz Salgado debidamente indexado; iii) declaró probada de oficio la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 28 de diciembre de 2008; iv) denegó la pretensión principal de reconocimiento de la pensión por origen profesional y; v) condenó en costas al ente territorial demandado.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, afirmando que el estudio probatorio por parte del a quo en cuanto a la procedencia de la pensión de sobrevivientes de origen laboral fue escaso, omisión que , de no haberse dado, hubiere permitido el

La demandante interpuso recurso de apelación, afirmando que el estudio probatorio por parte del a quo en cuanto a la procedencia de la pensión de sobrevivientes de origen laboral fue escaso, omisión que , de no haberse dado, hubiere permitido el reconocimiento a favor de la libelista de la pensión prevista en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, tal y como lo consideró el delegado del Ministerio Público.

Que se prescindió del estudio de la sentencia del 3 de diciembre de 2009 proferida por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se condenó al exgobernador de Sucre por la muerte del exalcalde Eudaldo León Díaz Salgado, habida cuenta que , en dicha providencia, claramente se señalaron los móviles para que se cometiera el homicidio.Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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Que el movimiento político «Vía Alterna» al cual pertenecía el causante, fue un partido de izquierda fundado en ese entonces, por los senadores Antonio Navar ro Wolf y Gustavo Petro, que posteriormente, se denominó Polo Democrático Alternativo, lo cual prueba que resultaba un obstáculo para el paramilitarismo qu e finalmente lo asesinó.

Sobre el argumento esbozado por el tribunal de primera instancia en el se ntido de que el exalcalde no estaba en la obligación de denunciar hechos diferentes a los acaecidos en su municipalidad, arguyó que El Roble es un municipio de l departamento de Sucre y por ende el mentado ente territorial se afectaba con los hechos que en su momento se denunciaron y ocurrieron en el mencionado

acaecidos en su municipalidad, arguyó que El Roble es un municipio de l departamento de Sucre y por ende el mentado ente territorial se afectaba con los hechos que en su momento se denunciaron y ocurrieron en el mencionado departamento. En todo caso, sol o basta con recordar el deber de denuncia que tipifica el Código Penal en su artículo 417 como abuso de autoridad por omisión de denuncia.

Que se omitió de manera total y absoluta el estudio del testimonio del señor Aly Teherán Ricardo quien fungió como miembro del grupo de las autodefensas y explicó de manera detallada y precisa las circunstancias en que se presentó el asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz Salgado . Resalta que enfáticamente el testigo mani festó que fueron las denuncias reiteradas las que provocaron su muerte y que puso en conocimiento del presidente de la República de ese momento.

Adicionalmente anunció su oposición respecto a la decisión de declarar probada de oficio la excepción de prescripción, pero no señaló algún argumento respecto a ello.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del 25 de mayo de 2.017, se admitió el recurso de apelación interpuesto yRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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mediante providencia del 10 de agosto de 2.017 de ordenó correr traslado de alegatos de conclusión, sin que las partes se pronunciaran ni el representante del Ministerio Público.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

alegatos de conclusión, sin que las partes se pronunciaran ni el representante del Ministerio Público.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se deberá determinar si la señora Martha Libia Salgado Rodríguez en la calidad de cónyuge supérstite del señor Eudaldo León Díaz Salgado , tiene derecho a qu e el demandado le reconozca y pague una pensión de sobrevivientes de origen profesional prevista en el artículo 11 de la Ley 776 de 2002, con ocasión del homicidio del referido causante, quien se desempeñaba como alcalde del Municipio de El Roble.

Marco normativo y jurisprudencial

Sistema General de Riesgos Profesionales (actualmente laborales)

El siguiente marco normativo se desarrolla de acuerdo a las normas vigentes para la fecha del deceso del causante de la pensión de sobreviviente s que se reclama, ocurrida el 10 de abril de 2003 según el registro civil de defunción visible a folio 28, dicha aclaración se realiza en razón a que mediante la Ley 1562 de 2012 se modificó el Sistema de Riesgos Laborale s, que antes se denominaba Sistema de Riesgos Profesionales.

En primer lugar, el Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002 regulaba dicho sistema, el cual se defin ía como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedanRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedanRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Dentro de este se encuentran las Administradoras de Riesgos Profesionales (actualmente Administradoras de Riesgos Laborales) y según el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 776 de 2002 deben responder íntegramente por las prestaciones (asistenciales y económicas) derivadas de un accidente laboral o enfermedad profesional.

Por ende, resulta de vital importancia la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional del trabajador, pues es a partir de tal reconocimiento que el trabajador podrá hacer exigibles a su respectiva ARP (hoy ARL) las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar.

De otro lado, el artículo 13 del Decreto 1 295 de 1994 señala que son afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en forma obligatoria los servidores públicos y su artículo 21 del Decreto 1295 de 1994 indica que el empleador tiene a cargo entre otras, el pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio y trasladarlas a la ARP correspondiente.

Frente a la omisión del empleador de afiliar a sus trabajadores al Sistema de Riegos Profesionales (hoy Laborales), se debe afirmar que afecta gravemente los derechos de aquellos y compromete la responsabilidad directa de aquél, razón por la que debe asumir la totalidad de los costos inherentes a la preservación de la seguridad social de los trabajadores afiliados y de los beneficiarios de los trabajadores1.

de aquellos y compromete la responsabilidad directa de aquél, razón por la que debe asumir la totalidad de los costos inherentes a la preservación de la seguridad social de los trabajadores afiliados y de los beneficiarios de los trabajadores1.

Con ello, se pretende evitar que como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador se impida a los trabajadores recibir la atención integral en salud o reclamar las prestaciones asistenciales y económicas a las que tienen derecho, con ocasión de un accidente laboral o enfermedad de origen

1 Al respecto consultar la sentencia T-582 de 2013. Referencia: expediente T-3931965.Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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profesional. Adicionalmente el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994 determinó que la omisión de la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las sanciones previstas en la ley, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en dicha norma.

La pensión de sobreviviente en el anterior Sistema de Riesgos Profesionales

En el marco del aseguramiento laboral, la Ley 776 de 2002 contemplaba las siguientes prestaciones a favor de los beneficiarios en aquellos casos en donde el suceso ocasiona la muerte del empleado:

«ARTÍCULO 11. MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afil iado, o muere un pensionado por riesgos

«ARTÍCULO 11. MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afil iado, o muere un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.

ARTÍCULO 12. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. El monto mensual de la pensión de

sobrevivientes será, según sea el caso:

a) Por muerte del afiliado el setenta y cinco por ciento (75%) del salario base de liquidación; […]»

En consecuencia, se puede concluir que las administradoras de riesgos profesionales deben reconocer pensión de sobrevivientes, o en su defecto el empleador ante la omisión de afiliar al trabajador al Sistema General de Riesgos Profesionales, cuando la ocurrencia del siniestro tenga origen en el tra bajo o con ocasión de este.

Este p unto es precisamente sobre el cual se circunscribe el presente asunto en segunda instancia, por lo que resulta necesario determinar si la muerte del señorRadicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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Díaz Salgado acaeció como consecuencia de su labor, al ser es e únicamente el motivo de la alzada de la demandante como apelante única.

Accidente de trabajo en el Sistema de Riesgos Profesionales

El accidente de trabajo estaba definido en el artículo 9.° del Decreto 1295 de 1994,

motivo de la alzada de la demandante como apelante única.

Accidente de trabajo en el Sistema de Riesgos Profesionales

El accidente de trabajo estaba definido en el artículo 9.° del Decreto 1295 de 1994, vigente para la época del deceso del causante ocurrido el 10 de abril de 2003, de la siguiente forma:

«[…] Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.»

Es preciso indicar que el citado canon fue dec larado inexequible por la Corte Constitucional por vicios de forma, mediante sentencia C–858 del 18 de octubre de 2.006, cuyos efectos se ordenó diferir hasta el 20 de junio de 2007. Es decir, dicha derogatoria solo ocurrió con posterioridad a la muerte del señor Eudaldo León Díaz Salgado, por lo que sí resulta aplicable al presente asunto.

Bajo dicho entendido, se observa que el accidente de trabajo es aquel evento que afecta la salud física o psíquica del trabajador y que incluso puede conllevar a su muerte, siempre y cuando ocurra por causa o con ocasión del trabajo. Al respecto,

Bajo dicho entendido, se observa que el accidente de trabajo es aquel evento que afecta la salud física o psíquica del trabajador y que incluso puede conllevar a su muerte, siempre y cuando ocurra por causa o con ocasión del trabajo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el alcance de l accidente de trabajo, en el marco de la pensión de sobreviviente por muerte de origen laboral en un asunto de muerte violenta de trabajador por parte de delincuentes:Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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«[…] Adviértase, además, que el accidente que ocurre con causa del trabajo, se refiere a una relación directa derivada del desarrollo de la labor para la cual se contrató al trabajador y las actividades relacionadas con la misma; mientras que con ocasión del trabajo, plantea una causalidad indirecta, es decir, un vínculo de oportunidad o de circunstancias, entre el hecho y las funciones que desempeña el empleado.

Ahora, la Corte no desconoce que existen casos en los que se dan circunstancias externas que pueden romper el nexo de causalidad que debe establecerse entre el siniestro y el ámbito laboral, pero estas deben ser acreditadas en el proceso. […]»2

Ahora, acaecido el siniestro, se procede a la imputación jurídica del mismo para su resarcimiento. En esta materia, se ha previsto por la jurisprudencia que, en el Sistema de Riesgos Profesionales, la responsabilidad es objetiva respecto a la ARL (actualmente ARP) o el empleador, este último en el evento de no haber realizado la respectiva afiliación del trabaj ador a dicha administradora y, en consecuencia,

Sistema de Riesgos Profesionales, la responsabilidad es objetiva respecto a la ARL (actualmente ARP) o el empleador, este último en el evento de no haber realizado la respectiva afiliación del trabaj ador a dicha administradora y, en consecuencia, son quienes deben asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones contempladas en dicho sistema, entre ellas, la pensión de sobreviviente por muerte de origen laboral. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado3:

«[…] En el ámbito de la responsabilidad que puede generarse a raíz de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y los títulos de imputación con los que puede endilgarse, se ha distinguido entre aquella que le cabe al empleador, que en este caso es el Estado, y aquella que recae en las Administradoras de Riesgos Laborales.

En lo que respecta a las ARL la responsabilidad es objetiva puesto que se genera por la sola materialización del riesgo asegurado (accidente de trabajo o enfermedad laboral) y da lugar al suministro de las prestaciones asistenciales y económicas del Sistema General de Riesgos Laborales. […]

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL2582 de 2019. 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 24 de agosto de 2017, Exp. Nº 50001-23-31-000-2004-40643-01(3499-14). Igualmente ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de abril de 2018, Exp. Nº 47001-23-31-000-2005-00701-01(4763-13)Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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Es de vital importancia señalar que este tipo de responsabilidad radica, en principi o, en cabeza del empleador, sin embargo, el ordenamiento jurídico dispuso la creación de un régimen aseguraticio para que, a través de la afiliación obligatoria del empleado al Sistema General de Riesgos Laborales, el empleador pueda desprenderse del riesgo trasladándolo a la Administradora de Riesgos Laborales, quien en adelante lo asume plenamente. […]» (negrita fuera del texto original)

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral ha sostenido:

«[…] De hecho, la Corte ha elaborado una profusa línea jurisprudencial (CSJ SL 17429, 19 feb. 2002, CSJ SL 21629, 29 oct. 2003, CSJ SL 23202, 29 ag. 2005, 25986, 4 abr. 2006, CSJ SL 24924, 12 sep. 2006, CSJ SL 28841, 5 jun. 2007, CSJ SL 29156, 4 jul. 2007, CSJ SL 36922, 16 mar. 2010, CSJ SL351 -2013 y CSJ SL417 -2018), según la cual, la responsabilidad que se establece al empleador frente a los infortunios que ocurren en su esfera, o la administradora de riesgos laborales que asume ese mismo riesgo, es objetiva ; que la causalidad que debe haber entre el siniestro y la actividad laboral contratada, puede ser directa (con causa del trabajo) o indirecta (con ocasión del trabajo), y que no se rompe por un hecho del trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito. […]»4 (Negrita fuera del texto original)

contratada, puede ser directa (con causa del trabajo) o indirecta (con ocasión del trabajo), y que no se rompe por un hecho del trabajador, de un tercero o por fuerza mayor o caso fortuito. […]»4 (Negrita fuera del texto original)

En virtud de los precedentes expuestos, el título jurídico de responsabilidad objetiva en materia de riesgos profesionales (actualmente laborales) se justifica en la medida en que es el empleador el que crea el riesgo derivado de la actividad que desarrolla el trabajador, lo que podría denominarse, el factor de riesgo asociado al trabajo. Por ende, el primero es quien debe precaver su protección y el aseguramiento frente a las contingencias que puedan ocu rrir en la esfera o ámbito laboral , por cuanto el trabajador se encuentra bajo una subordinación como elemento innato de la relación de trabajo.

Al ser imputable de forma objetiva la responsabilidad de la ocurrencia de un accidente laboral, no hay lugar a definir si medió culpa por parte del trabajador, a contrario sensu de considerar el empleador o la ARL que existieron circunstancias

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL2582 de 2019.Radicado: 70001-23-33-000-2014-00307-01 (4059-2016)

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que rompen el nexo de causalidad entre el siniestro y la prestación de la labor, corresponderá a estos demostrarlos, esto es, se invierte la carga de la prueba.

Resolución del caso concreto.

Para saber si el anterior el marco normativo y jurisprudencial es aplicable al caso concreto, se debe analizar si el deceso del señor Eudaldo León Díaz Salgado tuvo

Resolución del caso concreto.

Para saber si el anterior el marco normativo y jurisprudencial es aplicable al caso concreto, se debe analizar si el deceso del señor Eudaldo León Díaz Salgado tuvo origen laboral, específicamente en el desempeño de su cargo como alcalde del en