CE - 012333000201400369011SENTENCIA20230208075404

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 17001 -23 -33 -000 -2014 -00369 -01 (0997 -2016)

Accionante: Jorge Hernán Sánchez

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional Temas: Pago de salarios y prestaciones por reintegro al cargo. Revocatoria directa de sanción disciplinaria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 23 de noviembre de 2015, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas 1 negó las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2

2. El señor Jorge Hernán Sánchez, por intermedio d e apoderado judicial, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA , solicitó la nulidad de los siguientes actos

administrativos:

(i) Oficio 348133 de 26 de noviembre de 2013, mediante el cual se accede parcialmente a su petici ón de reconocimiento de derechos laborales. (ii) Oficio 2014 -031996 de 31 de enero de 2014, mediante el

(i) Oficio 348133 de 26 de noviembre de 2013, mediante el cual se accede parcialmente a su petici ón de reconocimiento de derechos laborales. (ii) Oficio 2014 -031996 de 31 de enero de 2014, mediante el cual la Policía Nacional le envió respuesta a mi demandante, negándole el reconocimiento de sus derechos laborales. (iii) Oficio 053056 de 17 de febrero de 2014 mediante el cual la Dirección de Talent o Humano de la Policía Nacional, a través de su jefe de Retiros, en cumplimiento al fallo de tutela suministró respuesta su petición de reconocimiento de derechos laborales, negándola. (iv) Oficio de 053800 de 18 de febrero de 2014, a través del cual se le negó una solicitud de reconocimiento de derechos

1 Con ponencia del magistrado Dr. Augusto Ramón Chávez Marín. 2 f. 67 y s.s. Fue corregida a folios 90 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

Dem andante: Jorge Hernán Sánchez

laborales por el tiempo en que estuvo retirado del servicio activo de la Policía Nacional de Colombia.

3. A título de restablecimiento del derecho formuló las siguientes

pretensiones:

• Pretensión principal. Condenar a la demandada a que le reconozca y pague los salarios, las vacaciones, las cesantías, las primas de navidad, vacaciones y de servicios y demás emolumentos laborales, correspondi entes al periodo transcurrido entre el 19 de septiembre de 2008 y el 27 de agosto de 2013 , en un monto de $124777.263.

las primas de navidad, vacaciones y de servicios y demás emolumentos laborales, correspondi entes al periodo transcurrido entre el 19 de septiembre de 2008 y el 27 de agosto de 2013 , en un monto de $124777.263. • Primera pretensión subsidiaria . Se le reconozca y pague el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2009 y el 15 de julio de 2013 , co n inclusión de los salarios, vacaciones, cesantías, las primas de navidad, vacaciones y de servicios y demás emolumentos laborales, en un monto de $103010.222. • Segunda pretensión subsidiaria . Se le reconozca y pague el periodo transcurrido entre el 15 de julio de 2010 y el 15 de julio de 2013 , con inclusión de los salarios, vacaciones, cesantías, las primas de navidad, vacaciones y de servicios y demás emolumentos laborales, en un monto de $77257.666. Igualmente solicitó que, para todos los efectos salari ales, prestacionales y especialmente para el reconocimiento de su pensión, se entienda como efectivamente laborado el tiempo reconocido en la sentencia y, que se dé cabal cumplimiento al fallo en los términos establecidos en los artículos 187, 192 y 195 de l CPACA.

2.2. Supuestos fácticos

4. Como sustento de las pretensiones indicó lo siguiente:

5. El demandante ingresó a laborar a la Policía Nacional el 18 de febrero de 1991, donde prestó sus servicios hasta el 19 de septiembre de 2008, cuando fue retir ado mediante la Resolución 04122 de esa fecha, por encontrarse inmerso en la causal de inhabilidad

febrero de 1991, donde prestó sus servicios hasta el 19 de septiembre de 2008, cuando fue retir ado mediante la Resolución 04122 de esa fecha, por encontrarse inmerso en la causal de inhabilidad contemplada en el numeral 2.º 3 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, es decir, por ser sancionado 3 veces durante los últimos cinco años.

3 «ARTÍCULO 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades par a desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las s iguientes:

[…]

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última san ción.»Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

Dem andante: Jorge Hernán Sánchez

6. Por lo anter ior, presentó ante la Procuraduría General de la Nación petición de revocatoria directa de las sanciones disciplinarias por violación de sus derechos fundamentales.

7. A través de auto de 16 de julio de 2013 el procurador general de la Nación revocó l a sanción disciplinaria de 10 días de multa que le había sido impuesta por la Oficina Disciplinaria de la Policía Nacional, dentro del proceso disciplinario DECAL 2007 -119, al determinar que en la investigación le habían sido vulnerados derechos fundamenta les, por lo que lo absolvió de toda responsabilidad disciplinaria.

dentro del proceso disciplinario DECAL 2007 -119, al determinar que en la investigación le habían sido vulnerados derechos fundamenta les, por lo que lo absolvió de toda responsabilidad disciplinaria.

8. El 6 de agosto de 2013 el accionante solicitó a la Policía Nacional el reintegro y el reconocimiento de sus derechos y acreencias laborales, petición que fue resuelta a través de la Resolución 3303 de 27 de agosto de 2013, en la que se ordenó su reintegro a la Institución y el reconocimiento del tiempo de servicios por el periodo comprendido entre el 16 de julio de 2013 al 2 de septiembre de 2013, fecha en que reinició sus labores a l a institución.

9. El 12 de septiembre de 2013 le fue enviada comunicación en la que se le informó que había sido proferida la decisión de reintegro.

10. El 16 de septiembre de 2013 radicó ante la entidad el reconocimiento de los derechos y acreencias lab orales dejados de incluir.

11. La Policía Nacional profirió la Resolución 04248 de 1.º de noviembre de 2013 en la que, señaló que la Resolución 03303 omitió en su parte considerativa el reconocimiento de los haberes y emolumentos causados por el periodo c omprendido entre el 16 de julio de 2013 a la fecha de notificación de dicho acto administrativo, en consecuencia, se modificó el numeral 2.º ordenando dicho reconocimiento.

12. A través de Oficio 348133 de 26 de noviembre de 2013 la Inspección General de la Policía Nacional suministró respuesta al numeral 3.º de la petición presentada por el accionante, en la cual

reconocimiento.

12. A través de Oficio 348133 de 26 de noviembre de 2013 la Inspección General de la Policía Nacional suministró respuesta al numeral 3.º de la petición presentada por el accionante, en la cual negó el reconocimiento de los emolumentos laborales dejados de percibir desde el momento en que fue retirado del servicio y hasta el reintegro.

13. Por Oficio 014601 de 17 de enero de 2014 la Inspección General remitió al área de administración salarial la Resolución 0448 de 1.º de noviembre de 2013 para que diera cumplimiento a lo allí dispuesto.

Y con Oficio 2014 -031996 de 31 de enero de 2014 l e negó el pago de la totalidad de los emolumentos laborales dejados de percibir a partir del 19 de septiembre de 2008 y hasta la fecha de reintegro.

14. Teniendo en cuenta que no recibió respuesta completa a su petición interpuso acción de tutela, por lo que, en cumplimiento delNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

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fallo, se profirió el Oficio 053056 DITAH GRUPE de 17 de febrero de 2014, por parte del grupo de retiros de la Policía Nacional donde se negó la entrega de la relación del personal reintegrado en iguales condiciones del accionante a los cuales se les reconocieron y pagaron sus derechos laborales dejados de percibir.

15. En el mismo sentido, en cumplimiento del fallo de tutela, la Inspección General mediante Oficio 053800 de 18 de febrero de 2014

condiciones del accionante a los cuales se les reconocieron y pagaron sus derechos laborales dejados de percibir.

15. En el mismo sentido, en cumplimiento del fallo de tutela, la Inspección General mediante Oficio 053800 de 18 de febrero de 2014 dio respuesta a los numerales 2.º, 4.º y 5.º de la petición negando la entrega de la estadística solicitada.

2.3. Normas violadas y concepto de violación

16. En la demanda se citaron como disposiciones vulneradas los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º, 13, 25, 29, 53, 83, 90, 125, 209 y 218 de la Constitución Política; 3.º, 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, la Ley 1395 de 2010 y los Decretos 1213 de 1990 y 1791 de 2000.

17. Como concepto de violación se explicó lo siguiente:

18. El Consejo de Estado sostiene que la acción o med io de control procedente para reclamar la indemnización de perjuicios causados con la expedición de un acto administrativo ilegal que es revocado en sede administrativa es la nulidad y restablecimiento del derecho, como se dijo en sentencias dictadas dentr o de los procesos 76001233100019950162801 y 25000232600019980128601.

19. Se le deben reconocer y pagar los perjuicios que le fueron causados con el retiro ilegal del que fue objeto por parte de la Policía Nacional, reconociéndole su tiempo en la instituci ón, al igual que los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que permaneció retirado, los cuales de

Nacional, reconociéndole su tiempo en la instituci ón, al igual que los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir durante el tiempo que permaneció retirado, los cuales de manera intencional se están desconociendo.

20. La entidad ignoró el pronunciamiento del Ministerio de Def ensa Nacional, proferido a través del coordinador del Grupo de Negocios Generales quien señaló que los efectos del acto administrativo que declara la pérdida de la fuerza ejecutoria por una ilegitimidad sobreviniente son retroactivos e implican el reconoci miento de los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir durante el tiempo en que el policía estuvo desvinculado de la institución.

21. Explicó que la jurisprudencia citada por la Policía Nacional referente a casos de actos de carácter general no puede aplicarse al sub lite por tratarse de una situación diferente; ya que, éste se refiere al reconocimiento de los derechos laborales de u n servidor público que fue retirado del servicio con fundamento en una sanción disciplinaria impuesta por la entidad, sanción que dio lugar a su retiro por incurrir en la inhabilidad contemplada en el numeral 2.º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, pero que fue revocada por elNulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

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procurador general de la Nación al encontrar que había sido impuesta con violación del debido proceso.

22. Por tanto, al ser impuesta esa sanción de manera ilegal, se le deben reconocer y pagar los perjuicios causados con el fall o

procurador general de la Nación al encontrar que había sido impuesta con violación del debido proceso.

22. Por tanto, al ser impuesta esa sanción de manera ilegal, se le deben reconocer y pagar los perjuicios causados con el fall o disciplinario pues de no haberse proferido tal decisión sancionatoria en la forma como se hizo, el demandante jamás hubiera sido retirado del servicio.

23. En este caso no se trata del decaimiento de una norma por derogatoria o ilegalidad, sino el decai miento de un acto administrativo que había definido una situación laboral particular y concreta.

24. La motivación empleada en los actos administrativos por parte de la Policía Nacional, según la cual, la negativa obedece a preservar la seguridad jurídica, no es aplicable al caso concreto ya que no nos encontramos en el escenario de nulidad de una norma de carácter general. Al contrario, la doctrina ha señalado que el acto que declara el decaimiento jurídico tiene efectos retroactivos pues no hace sino reconocer una situación determinada por la ley, al prohibir su aplicación cuando tengan ocurrencia las causales a que se refiere el artículo 66 del CCA.

25. A otros miembros de la Policía Nacional que fueron retirados por la misma causal del demandan te sí les fueron reconocidos los derechos salariales y prestacionales dejados de cancelar; ya sea que se haya utilizado la figura de la revocatoria directa del acto administrativo o la pérdida de fuerza ejecutoria, lo que se debe tener en cuenta es que al demandante le fueron causados unos perjuicios al sancionársele disciplinariamente con vulneración del debido proceso, lo que hace que tenga que ser indemnizado con el

administrativo o la pérdida de fuerza ejecutoria, lo que se debe tener en cuenta es que al demandante le fueron causados unos perjuicios al sancionársele disciplinariamente con vulneración del debido proceso, lo que hace que tenga que ser indemnizado con el reconocimiento de los salarios, prestaciones y demás emolumentos que dejó de percibir du rante el tiempo que estuvo retirado de la institución.

2.2. Contestación 4

26. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a través de apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, con

base en los siguientes argumentos:

27. La Re solución 04122 de 19 de septiembre de 2008 por la cual se retiró al demandante del servicio activo de la Policía Nacional por la figura establecida en el artículo 38, numeral 2.º de la Ley 734 de 2002, cumplió todos los requisitos legales de existencia, va lidez, eficacia y firmeza. Tal decisión no es inexistente puesto que no fue revocada o derogada en sede administrativa ni fue anulada en sede jurisdiccional.

4 Ff.136 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

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28. Al no ser atacada esa decisión en sede judicial la presunción de legalidad de la misma perman ece incólume, máxime cuando los efectos jurídicos de la revocatoria directa que produjo el decaimiento del acto son ex nunc , comoquiera que rigen hacia futuro tal como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 10 de mayo de 2012 con

efectos jurídicos de la revocatoria directa que produjo el decaimiento del acto son ex nunc , comoquiera que rigen hacia futuro tal como lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 10 de mayo de 2012 con ponencia la consej era dra. Claudia Rojas Lasso (no indicó número del proceso).

29. Afirmó que dicha entidad cambió su postura en el sentido de sólo reconocer como tiempo de servicio el periodo comprendido entre la fecha de la revocatoria y la notificación de la resolución por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria, esto con base en la tesis del Consejo de Estado según la cual los actos administrativos por medio de los cuales se configure el decaimiento son válidos y sus efectos, al no haber sido controvertidos e n sede judicial permanecen vigentes salvo que se hayan declarado nulos ante la jurisdicción contencioso administrativa.

2.3. La sentencia de primera instancia 5

30. El 23 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de forma escrita donde negó las pretensiones de la demanda.

31. En primer lugar, señaló que los oficios demandados constituyen un acto complejo por unidad de contenido y que todos y cada uno de ellos dieron respuesta a una misma petición, razón por la cual el término de caducidad se contabiliza desde el último pronunciamiento, esto es, desde el Oficio 053800 de 18 de febrero de 2014 y, por ello no habría ocurrido dicho fenómeno, atendiendo a la interrupción de los términos generada por el trámite de la conciliación prejudicial 6.

32. Precisó que no era necesario que el demandante hubiera incluido

no habría ocurrido dicho fenómeno, atendiendo a la interrupción de los términos generada por el trámite de la conciliación prejudicial 6.

32. Precisó que no era necesario que el demandante hubiera incluido como acto atacado la Resolución 4122 de 2008 con la cual fue retirado del servicio activo, por cuanto la PGN expidió la Resolución de 16 de julio de 2013 que resolvió la solicitud de revoc atoria directa formulada a petición de parte, acto en el que indicó que la sanción impuesta al demandante incurrió en violación al debido proceso por lo que decidió revocar la decisión proferida por la Oficina de Control Interno Disciplinario impuesta.

5 ff. 156 y s.s. 6 Precisó el Tribunal que el lapso de4 meses a que alude el artículo 164 numeral 2 literal d) de la Ley 1437 de 2011, contado desde el 19 de febrero de 2014, día siguiente a la fecha de expedición del Oficio 053800 con el cual agotó el procedimiento administrativo, se tiene que el término de caducidad acaecería originalmente el 19 de junio de 20114. No obstante el 8 demar4zo de2014 el accionante presentó solicitud de conciliación prejudicial ( f. 66 C.1) suspendie ndo dicho lapso, diligencia que se llevó a cabo el 29 de julio de 2014 declarándose fallida ( f. 64 a 65 C. 1) por lo que una vez reanudado el cómputo de la caducidad desde el día siguiente se tiene que el accionante podía acudir a la jurisdicción

fallida ( f. 64 a 65 C. 1) por lo que una vez reanudado el cómputo de la caducidad desde el día siguiente se tiene que el accionante podía acudir a la jurisdicción hasta el 25 de septiembre de 2014 y la demanda fue presentada el 26 de agosto de ese mismo año.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

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33. Como consecuencia de ello, el director de la Policía Nacional profirió la Resolución 03303 de 27 de agosto de 2013 por la cual declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 04122 de 19 de septiembre de 2008, en tanto que al revocarse la sanci ón disciplinaria atrás mencionada desaparecieron los supuestos que sirvieron para motivar su retiro.

34. Entonces, explicó que la tercera sanción disciplinaria, necesaria para estar incurso el demandante en la causal de inhabilidad señalada en el artícul o 38 numeral 2.º de la Ley 734 de 2002 fue retirada de la vida jurídica y dejó sin sustento el retiro del servicio. Por esto, la Policía Nacional ordenó el reintegro del demandante en el grado de agente y dispuso reconocer como tiempo de servicio el period o comprendido entre la revocatoria directa del fallo dentro de la investigación DECAL 2007 -119 (el 16 de julio de 2013) y hasta la notificación del acto administrativo.

35. Dado que la administración solo reconoció dichos emolumentos desde el 16 de julio de 2013, fecha de la revocatoria de la sanción

notificación del acto administrativo.

35. Dado que la administración solo reconoció dichos emolumentos desde el 16 de julio de 2013, fecha de la revocatoria de la sanción disciplinaria por parte de la PGN, la pretensión principal era el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos laborales desde la fecha de retiro, 19 de septiembre de 2008, hast a la fecha de su reintegro (2 de septiembre de 2013), por tanto, como los efectos de la litis sólo versaban sobre el reconocimiento de los emolumentos correspondientes a dicho lapso, se debían estudiar en este caso los efectos de la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto de retiro conforme lo decidió la administración.

36. Dijo que en virtud de dicha figura el acto administrativo que ha perdido fuerza ejecutoria no desaparece del ordenamiento jurídico pues ello ocurre en virtud de pronunciamiento judici al, solo pierde la posibilidad de ser ejecutado y no se afecta su existencia ni la validez de los efectos que produjo mientras estuvo vigente 7.

37. En cuanto a los efectos de la revocatoria directa se refirió a la sentencia de la Subsección B de 15 de a gosto de 2013 8, a partir del cual coligió que los efectos de la revocatoria de un acto administrativo son ex nunc , hacia futuro en virtud del principio de legalidad con lo que el acto administrativo revocado produjo sus consecuencias durante el tiempo en que estuvo vigente. Esto porque el acto revocatorio estuvo vigente y constituye una nueva situación jurídica la cual surte efectos a partir de su existencia; que al no haberse

que el acto administrativo revocado produjo sus consecuencias durante el tiempo en que estuvo vigente. Esto porque el acto revocatorio estuvo vigente y constituye una nueva situación jurídica la cual surte efectos a partir de su existencia; que al no haberse sometido al examen de legalidad o inconstitucionalidad ante la jurisdicción comp etente su retiro del mundo jurídico se produce hacia

7 Citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 30 de octubre de 2008 dentro del proceso radicado 25000 -236 -27 -000 -2004 -02032 -01 (16062) con ponencia del consejero Héctor J. Romero Díaz y de la Sección Tercera 27 de septiembre de 2006 dentro del proceso radicado con el número 11001 -03 -27 -0002000 -00011 -01 (18136) con ponencia del consejero Ramiro Saavedra Becerra. 8 Con ponencia del consejero dr Gerar do Arenas Monsalve, dentro del proces o radicado 25000 -23 -25 -000 -2006 -0044 -01 (2166 -07).Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

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el futuro y no hacia el pasado como ocurriría con la decisión judicial anulatoria que sí tiene efectos retroactivos o ex tunc

38. Además, consideró que la reparación directa es la vía judicial adecuada para reclamar el resarcimiento de los perjuicios causados durante la vigencia de un acto administrativo revocado y no pueden aparejarse los efectos de la revocatoria directa y la pérdida de fuerza ejecutoria, con los de la nulidad judicialmente declarada, esta última

durante la vigencia de un acto administrativo revocado y no pueden aparejarse los efectos de la revocatoria directa y la pérdida de fuerza ejecutoria, con los de la nulidad judicialmente declarada, esta última que si tiene efectos hacia el futuro. Por ende, no era viable acceder a los planteamientos del demandante.

39. Estableció entonces, que como la parte accionante no acudió a la vía judicial para cuestionar la legalidad de la decisión de retiro y en cambio esta cobró firmeza y mantuvo su validez en virtud del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, lo que no se afectó por el hecho de que posteriormente perdió su fuerza ejecutoria según el artículo 91, numeral 2.º del CPACA, sólo es a partir de allí que se deben reconocer los emolumentos laborales tal como lo hizo la entidad demandada.

Estimó que si de lo que se trataba era de obtener el reconocimiento de los perjuicios causados por el acto administrativo que fue revocado el 16 de julio de 2013 por la PGN y mientras el mismo estuvo vigente debió acudirse al medio de control de reparación directa.

2.4. Salvamento de voto 9

40. El Magistrado Augusto Morales Valencia presentó salvamento de voto en escrito en el cual señaló que disentía de la decisión mayoritaria toda vez que consideró que debió accederse a las pretensiones de la demanda . Al efecto, indicó en síntesis que el accionante fue sancionado en sede disciplinaria, dando lugar a la inhabilidad sobreviviente de que trata el artículo 38, numeral 2 .º de la Ley 734 de 2002 y que posteriormente como una de dichas sanciones

accionante fue sancionado en sede disciplinaria, dando lugar a la inhabilidad sobreviviente de que trata el artículo 38, numeral 2 .º de la Ley 734 de 2002 y que posteriormente como una de dichas sanciones fue revocada por la PGN desapareció uno de los presupuestos del acto por el cual fue retirado del servicio, con lo que la causa jurídica en la que se cimentó la decisión de retiro d esapareció y por ende dicho acto perdió, desde entonces, fuerza ejecutoria y no como lo declaró la Dirección General de la Policía Nacional a través de la Resolución 3303 de 27 de agosto de 2013. Por tanto, la pérdida de fuerza ocurrió, de pleno derecho, a partir del momento de la expedición del acto de remoción lo que obliga a acceder a las pretensiones de la demanda y, ante la vigencia del acto de reintegro y del pago de unos emolumentos, los efectos de la sentencia deben ser desde la fecha de desvinculac ión y la revocatoria de la sanción disciplinaria.

9 Ff.183 y s.s.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

Dem andante: Jorge Hernán Sánchez

2.5. Recurso de apelación 10

41. El apoderado del demandante señaló que en este caso no le asiste razón al Tribunal toda vez que la acción o medio de control de reparación directa no es procedente en este caso por cuanto a la luz del artículo 140 del CPACA únicamente procede demandar la reparación directa del daño cuando es causado por un hecho, una

razón al Tribunal toda vez que la acción o medio de control de reparación directa no es procedente en este caso por cuanto a la luz del artículo 140 del CPACA únicamente procede demandar la reparación directa del daño cuando es causado por un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble.

42. En este caso lo que se demanda es la nulidad de un acto administrativo expedido por la Policía Nacional y como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, que se condene al pago de unos perjuicios ocasionados, por lo tanto el med io de control es el contemplado en el artículo 138 y los actos demandados 11 son verdaderos actos administrativos en la medida en que negaron unos derechos laborales y prestacionales al demandante que fue retirado y luego reintegrado a la Policía Nacional.

43. Adujo que no debieron negarse las pretensiones de la demanda con base en la revocatoria directa cuando lo que se busca es que se paguen los haberes laborales negados por actos administrativos que devienen del decaimiento de un acto administrativo. Ade más, que a la demanda se le realizó un control de legalidad por parte del Tribunal para su admisión sin que se le hiciera algún reparo por lo que a estas alturas procesales no puede considerarse que el medio de control escogido fue errado. Además, a partir del 2009 el Consejo de Estado 12 ha dicho que la nulidad y restablecimiento del derecho, es procedente para reconocer la indemnización de perjuicios causados con la expedición de un acto administrativo ilegal que es revocado en sede administrativa.

44. Dijo que no debió demandar la Resolución 04122 de 19 de

para reconocer la indemnización de perjuicios causados con la expedición de un acto administrativo ilegal que es revocado en sede administrativa.

44. Dijo que no debió demandar la Resolución 04122 de 19 de septiembre de 2008 mediante la cual se le retiró del servicio toda vez que la misma lo único que hizo fue dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, c on lo que no tenía la posibilidad de obtener la declaración de nulidad, toda vez que ninguna de las sanciones fue demandada pues no se había agotado la vía gubernativa.

45. Por tanto, el único procedimiento que le quedaba al demandante era acudir, en vía administrativa, a la revocatoria directa contemplada en el artículo 122 ibidem tal como se realizó, donde se demostró la violación del debido proceso, en virtud de lo cual la sanción desapareció de la vida jurídica, fue absuelto del cargo y reintegrado al servicio nuevamente, de allí que lo que se demande es la decisión

10 ff.173 y s.s. 11 Oficio 348133 de 26de noviembre de 2013, 2014 -031996 de 31 de enero de 2014, 053056 de 17 de febrero de 2014 y 053800de 18 de febrero de 2014. 12 Citó las sentencias proferidas dentro de los procesos 760011 -23 -31 -000 -201100466 -01, 76001 -23 -31 -000 -1995 -01628 -01 (15652) y 25000 -23 -26 -000 -199801286 -01 (27422) y 11001 -03 -15 -000 -2012 -00803 -00.Nulidad y r establecimiento del der echo Radicación : 17001233300020140036901 (0997 -2016)

Dem andante: Jorge Hernán Sánchez

adoptada en los actos administrativos posteriores a su reintegro que negaron el reconocimiento y pago de los derechos laborales que le asistían al accionante.

46. Con respecto a que la pér dida de la fuerza ejecutoria y la revocatoria directa tienen efectos ex nunc , dijo que tal apreciación no aplica frente a los actos administrativos de carácter laboral donde prima la aplicación del artículo 53 constitucional por lo que no puede ser un pret exto para negar las pretensiones de la demanda. Además, la entidad ha retirado y luego reintegrado a por lo menos 100 uniformados de los cuales, a casi la totalidad, les ha reconocido los derechos laborales durante el tiempo que permanecieron retirados, po r lo que debe darse aplicación al derecho fundamental a la igualdad, así como a los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades y de progresividad y prohibición de regresividad.

2.6. Alegatos de segunda instancia

2.6.1. La apoderada de l a parte demandada 13 presentó alegaciones en las cuales manifestó que, una vez revocada la sanción disciplinaria por la PGN, el acto de retiro perdió obligatoriedad en tanto desaparecieron sus fundamentos, pero que dicha declaración no invalida los efectos surtidos y por lo mismo no puede prosperar la nulidad de los oficios demandados.

2.6.2. La parte demandante 14 reiteró que no existe lugar a duda de