CE - 012333000201400401011SENTENCIA20230130091153

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. dieci nueve (1 9) de enero de dos mil veinti trés (202 3)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación : 23 001 -23 -33 -000 -2014 -00 401 -01 ( 1140 -2017)

Demandante: Salim Bernardo Incer Covo

Demandado: Municipio de San Andrés de Sotavento

Temas: Sanción Moratoria - Cesantías DefinitivasPrescripción Extintiva

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 17 de noviembre de 2016 , por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba 1, negó las súplicas de la demanda instaurada en contra del municipio de Sa n Andrés de Sotavento .

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2.

2. El señor Salim Bernardo Incer Covo , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

2.1. La demanda 2.

2. El señor Salim Bernardo Incer Covo , por intermedio de apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del

CPACA , solicitó lo siguiente:

(i) La declaración de nulidad del Oficio sin número, de 26 de agosto de 2014 suscrito por el alcalde del municipio de San

1 Con ponencia del magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves. 2 f. 2 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 Andrés de Sotavento por medio del cual se le negó su solicitud de 6 de agosto de 2014 de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas. (ii) Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la demandada a reconocerle y pagarle :

«[…] la Sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo por el no pago dentro de los 45 (sic) , después de haber sido notificado la resolución N°061 de fecha 16 de Enero del 2008, el día 15 de febrero del año 2010, para el pago de las cesantías definitivas y quedado en firme el acto

después de haber sido notificado la resolución N°061 de fecha 16 de Enero del 2008, el día 15 de febrero del año 2010, para el pago de las cesantías definitivas y quedado en firme el acto administrativo que ordeno la liquidación de mis cesantías definiti vas así como lo establece el art 2 de la ley 244 de 1995 y el art 5 de la ley 1071 del 2006, como consecuencia de haber sostenido una relación laboral, en el Municipio de San Andrés de Sotavento Córdoba, cargo de Tesorero Municipal desde el 8 de Enero del año 2004 hasta el 31 de Diciembre de 2007 » […] « la sanción equivale a 1342 días de salario por un valor de ($45.692.26) Debido a que su último salario era de ($1.370.768), quiere decir que se le adeuda la suma de ($ 61.319.012) Sesenta y un millones trescientos diecinueve mil doce pesos ».

2.1.1. Supuestos fácticos.

3. Como sustento de las pretensiones se indicó lo siguiente:

• El señor Salim Bernardo Incer Covo estuvo vinculado laboralmente en la Alcaldía Municipal de San Andrés de Sotaven to , desde el 8 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 , con un salario final de $1370.768. • El alcalde municipal de San Andrés de Sotavento , expidió la Resolución 061 de 16 de enero de 2008 por medio de la cual reconoció y ordenó el pago definitivo de sus prestaciones sociales, decisión que le fue notificada al demandante el 15

Resolución 061 de 16 de enero de 2008 por medio de la cual reconoció y ordenó el pago definitivo de sus prestaciones sociales, decisión que le fue notificada al demandante el 15 de febrero del año 2010, en la respuesta a la petición radicado el 25 de enero de 2010 de reconocimiento y pago de las prestaciones sociales . • El municipio de San Andrés de Sotavento omitió su obligación de efectuar el pago dentro de los 45 días después de la notificación y firmeza del acto administrativo que ordenó la li quidación de las cesantías definitivas. • El 5 de septiembre de 2012 el ente territorial se acogió a un acuerdo de reestructuración de pasivos establecido en la Ley 550 de 1999 y el 2 de octubre de 2013 se firmó el acuerdo deNulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 acreedores, quedando dentro de las acreencias las prestaciones sociales que se le adeudan al demandante. • La entidad territorial canceló las acre encias el 9 de enero de 2014, a través del Acuerdo de Reestructuración de pasivos establecido con el Ministerio de Hacienda, por valor de $11 229.845, suma que no incluye a la sanción moratoria. • La fiducia BBVA le canceló un total de $12186.112 debido a

establecido con el Ministerio de Hacienda, por valor de $11 229.845, suma que no incluye a la sanción moratoria. • La fiducia BBVA le canceló un total de $12186.112 debido a que se indexó la suma desde el 1 .° de septiembre de 2012 hasta la fecha del pago. • El 6 de agosto de 2014, a través de apoderado presentó solicitud ante el ente accionado a efectos de que le reconociera y cancelara la sanción moratoria prevista en el art ícul o 2.° de la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006. • Mediante Oficio sin número de 26 de agosto de 2014 , comunicado el 2 de septiembre de l mismo año, el alcalde del municipio de San Andrés de Sotavento le negó su solicitud con base en que era ex temporánea e improcedente porque tenía que formularla dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación.

4. En la demanda se citaron como disposiciones violadas los artículos 2.°, 13, 23, 25 y 53 de la Constitución Política y el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, así como la Ley 1071 de 2006 .

5. Al explicar el concepto de violación el libelista sostuvo, en síntesis, que todo servidor público al ser desvinculado del respectivo ente estatal tiene derecho a que se le reconozcan y paguen , entre otras prestaciones , las cesantías definitivas dentro de los 45 días siguientes a la notificación del acto administrati vo en

síntesis, que todo servidor público al ser desvinculado del respectivo ente estatal tiene derecho a que se le reconozcan y paguen , entre otras prestaciones , las cesantías definitivas dentro de los 45 días siguientes a la notificación del acto administrati vo en el que se ordene su reconocimiento y si la administración no procede así está obligada a reconocer un día de salario por cada día de retardo hasta que se produzca el pago definitivo de las cesantías, o sea que el pago tardío de las mismas debe ir aco mpañado del reconocimiento de la indemnización moratoria.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 2.2. Contestación 3.

6. La entidad accionada contestó la demanda a través de apoderado judicial, oponiéndose a las pretensiones.

7. Como argumento principal de defensa manifestó que la sanción moratoria, dada su naturaleza no es automática ni inexorable sino que se causa cuan do el empleador obra de mala fe por no pagar oportunamente el auxilio, al momento de terminar la relación laboral.

8. En este caso la no cancelación oportuna de las cesantías definitivas del accionante obedeció a la difícil situación financiera que atraviesa el municipio de San Andrés de Sotavento desde el año 2009 con ocasión de la segregación territorial y presupuestal

definitivas del accionante obedeció a la difícil situación financiera que atraviesa el municipio de San Andrés de Sotavento desde el año 2009 con ocasión de la segregación territorial y presupuestal del municipio de Tuchín, situación que generó un desequilibrio fiscal y financiero, lo que originó una parálisis de sus obligaciones, especialmente , las de carácter laboral, por lo que el municipio entró en el proceso de reestructuración de pasivos estable cid os en la Ley 550 de 1990.

9. En virtud de lo anterior las prestaciones sociales reconocidas al

demandante fueron incluidas en el grupo no. 1 del listado de acreencias del acuerdo y dicho pago se efectuó en enero de 2014, de forma indexada, a fin de no afectar el poder adquisitivo del beneficiario.

10. Según el apoderado, la pretensión del accionante es extemporánea por cuanto buscó la inclusión de una nueva acreencia a cargo de la entidad territorial, que no fue registrada en la etapa de aprobación del acuerdo de reestructuración y que no puede ser atendida por el municipio antes de la finalización del citado, previa verificación sobre su legalidad y exigibilidad como lo dispone la normatividad.

11. Propuso las excepciones de «caducidad del medio de control» e «inexistencia de la obligación» .

3 Ff. 36 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 2.3. La sentencia de primera instancia 4.

12. El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia el 17 de noviembre de 2016 en la cual negó las pretensiones de la demanda.

13. En primer lugar, el Tribunal realizó una extensa exposición del marco jurídico del reconocimiento de las cesantías en el sector público, a partir de lo cual, explicó que en este caso el demandante prete nde el pago de la sanción moratoria por el retardo en el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a que se refiere la Ley 244 de 1995 , donde se fijó un término perentorio de 15 días hábiles contados desde la fecha de la presentación de la solici tud de las cesantías definitivas para que se efectuara la liquidación; de igual forma se estableció el término de 45 días hábiles para pagar el monto de las cesantías liquidadas y la mora en el cumplimiento de estos términos genera la obligación de sufrag ar al trabajador un día d e salario por cada día de retardo hasta que se realice el pago efectivo de las cesantías.

14. Posteriormente se refirió a la Ley 1071 de 2006 y a la figura de la prescripción y coligió que el auxilio de cesantías definitivas como

efectivo de las cesantías.

14. Posteriormente se refirió a la Ley 1071 de 2006 y a la figura de la prescripción y coligió que el auxilio de cesantías definitivas como obligación principal y las obligaciones que se ellas se derivan, tal como la sanción moratoria, se someten a las reglas de la prescripción extintiva de los derechos del régimen prestacional de los servidores públicos, consagrada en el art ículo 41 del Decret o 3135 de 1968 , como se indicó por parte del Consejo de Estado en sentencia de 22 de enero de 2015 en el proceso 08001233100020120038801 5.

15. Explicó que, en virtud de solicitud elevada por el demandante, mediante Resolución 061 de 16 de enero de 2008, el municipio de San Andrés de Sotavento reconoció y liquidó el auxilio de cesantías definitivas al demandante, acto que fue notificado e l 15 de febrero de 2010.

16. Para establecer el momento en que se hizo exigible el derecho del demandan te a reclamar la sanción moratoria, es preciso realizar el c ómputo del término que tenía la administración para efectuar el pago oportuno del auxilio de cesantías definitivas, a partir de la fecha de radicación de la petición por parte del actor y no desde la fecha de expedición del acto que reconoció las

4 Ff. 200 y s.s. 5 Con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

5 Con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 prestaciones sociales o de su ejecutoria, como se in dicó en sentencia de 17 de septiembre de 2015 por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso radicado 27001233100020110015701, con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve y de 27 de marzo de 2007 con pon encia del Consejero Jesús María Lemos Bustamante

17. Estimó que en este caso no existía prueba en el plenario de la fecha cierta en que e l demandante presentó la solicitud de reconocimiento de prestaciones sociales definitivas, razón por la cual , a efectos de realizar el respectivo conteo de términos «se tomará como fecha cierta el 16 de enero de 2008, fecha en la cual la Alcaldía de San And rés de Sotavento atendió tal solicitud.»

18. Aclaró entonces que como no se controvert ía la expedición en oportunidad del acto que reconoció las cesantías, el término de 45 días hábiles que tenía el ente territorial para realizar el pago del auxilio empezó a contabilizarse desde la ejecutoria de la Resolución 061 de 16 de enero de 2008, por lo que el municipio tenía hasta el

días hábiles que tenía el ente territorial para realizar el pago del auxilio empezó a contabilizarse desde la ejecutoria de la Resolución 061 de 16 de enero de 2008, por lo que el municipio tenía hasta el 31 de marzo de 2008 para realizar el pago de las cesantías definitivas al señor Incer Covo y desde el 1.° de abril de esa anualidad se hizo exigible el derecho del demandante para reclamar la sanción moratoria.

19. Explic ó además, que en virtud de la suscripción del acuerdo de reestructuración de pasivos por parte del Municipio de San Andrés de Sotavento, la prescripción de los derechos, incluyendo el pago del auxilio de cesantías definitivas del actor, qued ó suspendida e n virtud de lo dispuesto en el artículo 58 numeral 13 de la Ley 550 de 1999, razón por la cual entre el 5 de septiembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013 no corrió el término prescriptivo, reanudándose a partir del 3 de octubre de 2013, una vez suscrito el acuerdo de reestructuración .

20. Por tanto , el demandante contaba con el término de 3 años para reclamar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas. Sin embargo, en este caso, la petición se presentó el 5 de agosto de 2014, cuando ya había operado el fenómeno de la prescripción, toda vez que el término prescriptivo transcurr ió entre el 1.° de abril de 2008 y el 1.° de abril de 2011 (antes de que se iniciara el proceso de reestructuración de pasivos que suspendió la prescripción ).

el 1.° de abril de 2008 y el 1.° de abril de 2011 (antes de que se iniciara el proceso de reestructuración de pasivos que suspendió la prescripción ).

21. En conclusión, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la parte demandada, declaró probadaNulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 de oficio la excepción de prescripción extintiva, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

2.4. Recurso de apelación 6.

22. El apoderad o del accionante presentó escrito de apelación en el cual señaló que el Consejo de Estado ha precisado que para lograr la efectividad de la previsión contemplada en el parágrafo del artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, el momento a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria por el no pago de las cesantías definitivas es, transcurridos los 45 días hábiles una vez quede en firme el acto administrativo de reconocimiento .

23. En este caso , de acuerdo con lo probad o se tiene que la Resolución 061 de 16 de enero de 2008 por medio de la cual se

transcurridos los 45 días hábiles una vez quede en firme el acto administrativo de reconocimiento .

23. En este caso , de acuerdo con lo probad o se tiene que la Resolución 061 de 16 de enero de 2008 por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de las prestaciones sociales definitivas le fue notificada personalmente sólo hasta el 15 de febrero de 2010, por lo que no se puede tomar a efectos de establecer el conteo la fecha de expedición de la resolución (16 de enero de 2008) sino el día en que quedó en firme el acto administrativo, como lo señala la Ley 244 de 1995, además, por que los efectos del acto administ rativo una vez proferido, empiezan a tener repercusión legal después de la publicación o notificación, porque si la decisión se profiere pero no se da a conocer, no produce efectos jurídicos.

24. Por tanto, la Resolución 061 de 16 de enero de 2008 quedó e n firme al 16 de febrero de 2010, día siguiente al de su notificación, a partir de esa fecha debe realizarse el respectivo con teo de términos de 45 días respecto de la obligación que tenía el municipio de San Andrés de Sotavento de efectuar el pago de las cesantías definitivas al demandante y a partir del vencimiento de esos 45 días (22 de abril de 2010), empieza a correr el término prescriptivo de 3 años establecido en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, es decir desde el 23 de abril de esa anualidad.

25. Finalmente con ocasión de la suscripción del Acuerdo de

años establecido en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, es decir desde el 23 de abril de esa anualidad.

25. Finalmente con ocasión de la suscripción del Acuerdo de Restructuración de Pasivos por parte del municipio de San Andrés de Sotavento, la prescripción de los derechos incluyendo el pago de las cesantías definitivas al demandante, quedó suspendida en

6 ff. 282 y s.s.Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 virtud de lo dispuesto en el artículo 58 numeral 13 7 de la Ley 550 de 1990, razón por la cual entre el 5 de septiembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013 no corrió el término prescriptivo.

26. Por ta nto, como el 5 de agost o de 2014 el demandante formuló el reclamo de pago de la sanción moratoria se tiene que lo hizo dentro del término de 3 años previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

2.5. Trámite en segunda instancia.

27. Por autos calendados el 14 de diciembre de 2017 8 y 30 de abril de 2018 9, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte

2.5. Trámite en segunda instancia.

27. Por autos calendados el 14 de diciembre de 2017 8 y 30 de abril de 2018 9, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, respectivamente.

28. Los apoderados de las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.

29 . Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir, previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

30. La Subsección A de la Sección Segunda del Con sejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 ( CPACA ).

7 « 13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho. » 8 F. 129 9 F. 135 .Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9

31. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

32. E n el presente caso, el demandante es apelante único, razón por la cual la competencia de la Sala de Subsección A se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de apelación.

3.2. Problema jurídico.

33. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y los fundamentos de la sentencia impugnada, a la Sala de Subsección le corresponde determinar si se encuentra acreditada en el sub lite la ocurrencia de la prescripción de la sanción por la mora en el pago definitivo del auxilio de cesantía al demandante.

3.3. Marco jurídico del reconocimiento de la sanción por mora con ocasión del pago tardío de las cesantías definitivas - Ley 244 de 1995.

34. En primer lugar, es menester indicar que la Sección Segunda en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 11, se refirió a la

con ocasión del pago tardío de las cesantías definitivas - Ley 244 de 1995.

34. En primer lugar, es menester indicar que la Sección Segunda en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 11, se refirió a la naturaleza de la sanción por mora en el pago de las cesantías, parciales o definitivas, en los siguientes términos:

10 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el ap elante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indis pensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencios o Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, Rad.: 73001 -23 -33 -000 -201400580 -01 (4961 -15).Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

00580 -01 (4961 -15).Nulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10

«[…] 182. Visto lo anterior, es preciso concluir que la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito.

183. Desde la óptica del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de dinero considerable, sucesiva mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia de la mora del empleador en cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el pago oportuno de l a prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador ampare en virtud de lo que ordena la ley.

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama concluir que se

en virtud de lo que ordena la ley.

184. De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa prestacio nal en la medida que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.

185. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo. […].» (Negrilla original)

35. Como se aprecia, en dicha oportunidad la Corporación precisó que la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías, prevista en la Ley 244 de 1995, no se trata de un derecho laboral, ni se trata de un derecho cierto e irrenunciable, sino que dejó en claro que corresponde a una penalidad de carácter económico, que no pretende compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo, como sí lo hacen las prestaciones sociales.

36. Ahora bien, la Ley 244 del 29 de diciem bre de 1995 «por medio

económico, que no pretende compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo, como sí lo hacen las prestaciones sociales.

36. Ahora bien, la Ley 244 del 29 de diciem bre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» señaló el procedimiento para la liquidación y pagoNulidad y Restablecim iento del Derecho Radicación : 23001233300020140040101 (1140 -2017 ) Dem andante: Salim Ber nar do Incer Covo

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 601 ) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11 de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2.° estableció la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las mismas 12.

37. A través de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, se adicionó y modificó la citada norma, a efectos de reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación, tal como se determinó en su artículo 1.°. Así mismo, en sus artículos 4.° y 5.° señaló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la

sanción moratoria:

en sus artículos 4.° y 5.° señaló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria:

«Artículo 4o. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedi r la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al rec ibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5o. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor públic o, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario

el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pa go de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artíc