CE - 012333000201900049011SENTENCIA20230417072413

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020)

Demandante: Catalina Giraldo Vélez Demandado: La Nación, Procuraduría General de la Nación Temas: Oportunidad legal para decretar la nulidad del proceso disciplinario - principio de imparcialidad y de la doble instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la s partes demandante y demandada contra la sentencia p roferida el 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Quindío,1 por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de n ulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Adm inistrativo y de lo Contencioso Administrativo2, Catalina Giraldo Vélez presentó demanda en orden a que se declare la nulidad de l os fallos disciplinarios de l 22 de junio 3 y 25 de

Contencioso Administrativo2, Catalina Giraldo Vélez presentó demanda en orden a que se declare la nulidad de l os fallos disciplinarios de l 22 de junio 3 y 25 de septiembre4 de 2018 , proferidos por la Procur aduría Provincial de Armenia y la

1 Visible a folio 598 del expediente, cuaderno principal. 2 En adelante CPACA. 3 Visible a folio 41 del expediente, cuaderno principal 1. 4Visible a folio 72 del expediente, cuaderno principal 1.2

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez Procuraduría Regional del Quindío, respectivamente, por medio de los cuales fue sancionada con suspensión en el ejercicio del cargo de Personera Municipal de La Tebaida, Quindío, por el término de seis (6) meses, convertidos en multa.

Como consecuen cia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se or denara (i) levantar las sanciones y medidas impuestas ; (ii) desanotar del sistema SIRI la sanción impuesta, sin que quede antecedente alguno de su existencia; (iii) cesar el cobro de la suma determinada como sanción y el archivo de cualquier procedimiento de cobro coactivo ; (iv) pagar por concepto de daño emergente la suma de $4.000. 000, por los honorarios profesion ales pagados a su abo gada; (v) pagar por concepto de perjuicio moral la suma de 100 SMLMV; (vi) actualizar los dineros que se causen con la respectiva indexación, de conformidad con el artículo 187 del CPACA; (vii) dar cumplimiento a la sentencia

SMLMV; (vi) actualizar los dineros que se causen con la respectiva indexación, de conformidad con el artículo 187 del CPACA; (vii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 de dicha ley; y (viii) condenar en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

La Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada en la demanda, así:

Catalina Giraldo Vélez , en su calidad de personera municipal de La Tebaida, Quindío, emitió el Oficio 032 con radicado 2013-00217 del 9 de enero de 2013, por medio del cual solicitó permiso y puso en conocimiento de la Mesa Directiva del Concejo de esa municipalidad los estudios de especialización qu e realizaría en la ciudad de Bogotá, sin que hubiese obtenido respuesta.

El concejo municipal de La Tebaida remitió a la Procuraduría General de la Nación el 25 de febrero de 2013, copia de un documento en el que requería a la accionante, en su condición de personera municipal, para que aclarara si obtuvo o no su pe rmiso para des plazarse a a la ciudad de Bogotá a realizar estudios de especialización durante cuatro (4) días, una vez al mes.3

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20)

Demandante: Catalina Giraldo Vélez

El concejal de ese municipio, Diego Fernando Arias Uribe , presentó queja el 1 de abril de 2013 5, en la cual expuso unos hechos p resuntamente irregular es -la

Demandante: Catalina Giraldo Vélez

El concejal de ese municipio, Diego Fernando Arias Uribe , presentó queja el 1 de abril de 2013 5, en la cual expuso unos hechos p resuntamente irregular es -la personera municipal se desplazó sin permiso a la ciudad de Bogotá por 4 días, ausentándose de su cargo -. Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Armenia profirió auto de apertura de indagación preliminar en contra de la demandante el 3 de may o6 del a ño en cita, en el se que ordenó , entre otras pruebas, solicitar certificación al presidente del Concejo Municipal con el fin de verificar si la personera solicitó el respectivo permiso.

De conformidad con lo anterior, la presidencia del Con cejo Mu nicipal emitió una certificación en la que indicó que la personera no había formulado dicha solicitud. Posteriormente, Juan Carlos Hoyos -presidente de dicha corporación para la épocaen su declaración afirmó haber recibido en la pre sidencia del concejo e l oficio 032, con el cual la encartada puso en conocimiento su ausencia, pero para el momento de la recepción no se encontraban sesionando, por lo que el debate fue llevado a cabo cuando entraron en sesiones en el mes de febrero de 2013.

Catalina Giraldo Vélez rindió su versión libre el 14 de agosto de 2013 7, en la que allegó como prueba documental el Oficio n.º 079 CMT-13 de 30 de mayo de 2013, firmado por el concejal José Alirio López Aguirre -para la época de los hechos era el Segundo Vicepresidente-, quien señaló en el inciso segundo: «la mesa directiva ha considerado conceder dicho permiso (…)».

firmado por el concejal José Alirio López Aguirre -para la época de los hechos era el Segundo Vicepresidente-, quien señaló en el inciso segundo: «la mesa directiva ha considerado conceder dicho permiso (…)».

La Procuraduría Provincial de Armenia , mediante auto de l 27 de septiembre de 20138, ordenó la apertura de la investigación disciplinari a en contra de la demandante, en su condición de personera municipal de La Tebaida, Quindío 9; el

5 Visible a folio 183 del expediente, cuaderno 1. 6 Visible a folio 188 del expediente, cuaderno 1. 7 Visible a folio 216 del expediente, cuaderno 2. 8 Visible a folio 236 del expediente, cuaderno 2. 9 Providencia dentro de la cual se ordenó la práctica de los testimonios de: i) Jhon Harvey Pinzón, asesor del Procurador General de la Nación; ii) Mónica Andrea Z apata Parra, secretaria de la Personería Municipal; iii) Juan Carlos Hoyos Serna, presidente del Concejo del citado municipio; iv) Gustavo Adolfo Mafla, vicepresidente del mismo Concejo; v) Diego Fernando Arias Uribe, concejal de este municipio, quien presentó la queja que dio origen a la acción disciplinaria.4

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez 21 de agosto de 2015, profirió pliego de cargos 10, en el que le endilgó, a título de dolo, haber incurrido en la falta grave prevista en el numeral 1 del artícu lo 34 y numeral 1 d el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, esto , por cuanto «en su calidad

dolo, haber incurrido en la falta grave prevista en el numeral 1 del artícu lo 34 y numeral 1 d el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, esto , por cuanto «en su calidad de Personera del Municipio de La Tebaida, Quindío, inició el día 23 del mes de enero de 2013, estudios de especial ización en derecho sancionatorio en la Universidad Mi litar Nueva Granad a en la ciudad de Bogotá D.C., para lo cual debía desplazarse una vez al mes durante tres días hábiles laborales, sin contar con el permiso previo de la mesa directiva del Concejo Munic ipal del citado municipio, el cual se obtuvo el 30 de l mes de mayo de 2 013, con lo cual presuntamente desatendió lo estipulado en el inciso final del artículo 172 11 de la Ley 136 de 1994, (…), incurriendo aparentemente en la falta prevista en el artículo 34 numeral 1(…)».

La investigada presentó el 11 de septiembre de 2015 sus descargos, una solicitud probatoria y declaratoria de nulidad de la actuación, la cual fue resuelta de manera negativa a través del auto de l 18 de septiembre del año en cita, y decret ó la prueba testimonial solicitada12.

La Procuraduría Provincial de Armenia profirió fallo disciplinario de primera instancia el 31 de diciembre de 201513, que declaró disciplinariamente responsable a la actora y le impuso una sanción de suspensión en el ej ercicio del cargo por el término de cinco (5) meses , decisión esta que f ue recurrida; la Procuraduría Regional del Quindío , a través del fallo de segunda instancia de l 1 de junio de

término de cinco (5) meses , decisión esta que f ue recurrida; la Procuraduría Regional del Quindío , a través del fallo de segunda instancia de l 1 de junio de 201614, confirmó parcialmente la decisión, al modificar la sanción de suspe nsión, en el sentido de que sería por el término de t res (3) meses. Por lo anterior, la alcaldía de La Tebaida emitió la Resolución 17 de l 25 de julio de 2016 15, con la que ejecutó la sanción, esto es, ordenó el pago del valor correspondiente a tres meses de salario devengados por la demandante como personera municipal para

10 Visible a folio 267 del expediente, cuaderno 2. 11 Estipula que, “compete a l a mesa directiva del concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero”. 12 Se decretó la prueba testimonial de Jhon Harvey Pinzón Navarrete. 13 Visible a folio 328 del expediente, cuaderno 2. 14 Visible a folio 361 (reverso del expediente, cuaderno 2. 15 Visible a folio 382 (reverso) del expediente, cuaderno 2.5

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez el 2013, en razón de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo impuesta por dicho término.

La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación resolvió, en auto de l 11 de noviembre de 2016 16, la solicitud de revocatoria directa interpuesta por la demandante, ordenó revocar los fallos

la Nación resolvió, en auto de l 11 de noviembre de 2016 16, la solicitud de revocatoria directa interpuesta por la demandante, ordenó revocar los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia referidos y decretó la nulidad de lo actuado a partir de la fo rmulación del pliego de cargo s, por existir un error en la adecuación típica de la conducta, ya que se le estaba reprochando un deber que le era exigible a la Mesa Directiva del Concejo Municipal , pues es el órgano que tenía la competencia para aceptar ren uncias, conceder licencias, vacaciones y permisos al personero.

La Procuraduría Provincial de Armenia, en atención a lo ordenado por el superior, formuló nuevamente pliego de cargos en contra de la demandante en auto del 9 de agosto de 201717, le endilgó haber incurrido, a título de «culpa gravísima» en la falta grave dispuesta en los numerales 1 del artículo 34 y 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos, «la señora Catalina Giraldo Vélez en su calidad de Personera del municipio d e La Tebaida, Quindío, inició el día 23 de enero de 20 13, estudios de Especi alización en Derecho Sancionatorio en la Universidad Militar Nueva Granada en la ciudad de Bogotá D.C., para lo cual debía desplazarse una vez al mes durante tres días hábiles labo rales, sin contar con el permiso previo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, el cual estuvo el día 30 del mes de mayo de 2013, con lo cual presuntamente incurre en incumplimiento de deberes y violación del régimen de prohibiciones establecido en

con el permiso previo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, el cual estuvo el día 30 del mes de mayo de 2013, con lo cual presuntamente incurre en incumplimiento de deberes y violación del régimen de prohibiciones establecido en los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, ya que conforme a lo estipulado en el inciso final del artículo 172 de la Ley 136 de 1994 “Compete a la mesa directiv a del Concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión de lic encias, vacaciones y permisos al person ero” Así las co sas, la Personera investigada debía acudir previamente a la mesa directiva del Concejo Municipal de la Tebaida para obtener e l permiso referenciado, lo cual

16 Visible a folio 390 del expediente, cuaderno 2. 17 Visible a folio 398 (reverso) del expediente, cuaderno 2.6

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez aparentemente no hizo, con lo cual presuntame nte se configura el incumplimiento de deberes legales y violación al régimen de prohibiciones descrito». (sic)

La Procuraduría Provincial de Armenia profirió fallo disciplinario de primera instancia el 22 de junio de 2018 18 y declaró disciplinariamente res ponsable a la actora, le impuso la sanción de suspensi ón en el ejercicio del cargo por seis (6) meses, la cual fue objeto de recurso; la Procuraduría Regional del Quindío resolvió el recurso mediante fallo de segunda instancia de l 25 de septiembre del mism o

meses, la cual fue objeto de recurso; la Procuraduría Regional del Quindío resolvió el recurso mediante fallo de segunda instancia de l 25 de septiembre del mism o año19 y confirmó la decisión apelada. Por lo anterior , el Concejo municipal remitió a la alcaldía de La Tebaida, con la Resolución 05520 del 8 de noviembre de 2018, copia de los fallos disciplinarios para que se realizara el cobro de los dineros que por co ncepto de la sanción de suspensión en el ejer cicio del cargo fueron convertidos al pago de una multa, equivalente a los 6 meses de salarios devengados por la demandante como personera municipal para el año 2013.

El 23 de octubre de 2018, la demandante rad icó de nuev o una solicitud de revocatoria de los fallo s disciplinarios de p rimera y seg unda instancia ante la Procuraduría General de la Nación , en consideración a que ese órgano de control ya se hab ía pronunciado y por consiguiente solicitó el archivo def initivo del proceso -solicitud que a la fecha de prese ntación de la demanda no ha sido resuelta por el órgano encargado-.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como disposiciones violadas se invocaron los artículos 2, 6, 23, 29, 83 y 125 de la CP.; 4, 6, 12, 21, 23, 27, 34 numeral 1, 35 numeral 1, 43, 48 numeral 35, 50 , 90,

92, 94, 123, 129, 130, 141, 142, 150 parágrafo 1, 162, 16 3 y 170 del CDU; y 14, 16, 17, 20, 137 y 138 del CPACA.

18 Visible a folio 469 (reverso) del expediente, cuaderno 3. 19 Visible a folio 500 del expediente, cuaderno 3. 20 Visible a folio 533 del expediente, cuaderno principal.7

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez En cuanto al concepto de violación, expuso que la autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso y la garantía de defensa de la disciplinada, en atención a los

siguientes argumentos:

La autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso y la presunción de inocencia de la investigada debido a la falta de análisi s y ponderación de las pruebas aportadas dentro del tr ámite, por lo que no s e logró demo strar el cargo que se le imputó, razón por la cual no procedía la sanción.

La Procuraduría General de la Nación, en sus dos instancias y al valorar sobre las pruebas, inobservó los hechos constitutivos de la verdad material, obviando así las circunstancias fácticas y procesales q ue los rodearon, por lo que la imputación efectuada fue distante de esa realidad; además, configuró como un hecho cierto la inexistencia del pe rmiso para que se ausentara de sus labores propias com o personera municipal con el fin de realizar estudios d e especialización en Bogotá una vez al mes durante tres días hábiles, sin tener en cuenta el oficio Nº 032 de 8

inexistencia del pe rmiso para que se ausentara de sus labores propias com o personera municipal con el fin de realizar estudios d e especialización en Bogotá una vez al mes durante tres días hábiles, sin tener en cuenta el oficio Nº 032 de 8 de enero de 2013, radicado por la e ntonces personera ante la mesa directiva del Concejo Municipal de La Tebaida.

Si bien en el oficio 032 refe rido no señaló de forma expresa que se solicitaba permiso y tampoco fue radicado como un derecho de petición, era suficiente con haber informado me diante escrito -tal como sucedió - su intención de desp lazarse durante tre s d ías hábiles a Bogotá con fines académicos en procura del buen servicio del despacho a su cargo, confiando en los principios de lealtad, buena fe, economía, eficacia, celeridad y moralidad.

La autoridad disciplinaria, al proferir el pliego de cargos y los fallos sancionatorios, incurrió e n atipicidad de la conducta reprochada, dado que se le endilgó el numeral 1 del artículo 34 del CDU que obedece a un deber y no se ajusta a una falta; además, tampoco señaló bajo qué criterios o normas calificó la co nducta como falta grave a título de culpa gravísima.8

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez Aunado a lo anterior, el instructor del proceso incurrió en ambigüedades al proferir el pliego de cargos, comoquiera que imputó para la misma conducta y dentro del

Demandante: Catalina Giraldo Vélez Aunado a lo anterior, el instructor del proceso incurrió en ambigüedades al proferir el pliego de cargos, comoquiera que imputó para la misma conducta y dentro del único cargo el numeral 1 del art ículo 35 del CDU -que corresponde a una prohibición-, es decir, condensó para la misma conducta dos cargos, violando el principio de legalidad, pues se trataba de una sola conducta desplegada; la autoridad disciplinaria no tuvo en cuenta que para endilgar un cargo se d ebe realizar la descripción de cada conducta con la respectiva falta de manera individual y no agrupada y ambigua como es el caso.

La autoridad disciplinaria realizó una errada i nterpretación del numeral 1 del artículo 34 del CDU, en tanto lo endilgó y elevó a tipo disciplinario, descon ociendo que dicho artículo no tiene esa connotación, pues el contenido del mismo no reúne los requisitos dogmáticos que definan a este como tipo, e s decir, no contiene una descripción objetiva y material de una conducta prohibida, ni contiene ingredientes normativos y subjetivos para que reciba la categoría de tipo disciplinario, por lo tanto, la entidad demandada hizo mal en darle al mencionado prec epto normativo un alcance sin que contenga los req uisitos y presupuestos par a que se le dé la categoría que se pretende.

La Procuraduría no fue precisa en la construcción, elaboración, aplicación y congruencia lógica y técnica respecto del cargo, y natura leza jurídica de las normas presuntamente violadas , da das sus ambigüedades e imprecisiones de orden técnico y legal al no señalar de manera concreta en cuál de los tipos

congruencia lógica y técnica respecto del cargo, y natura leza jurídica de las normas presuntamente violadas , da das sus ambigüedades e imprecisiones de orden técnico y legal al no señalar de manera concreta en cuál de los tipos disciplinarios estaba incursa, lo que hace que dicha conducta sea atípica; aunado a lo anterior, dentro del proceso discipl inario no se logr ó demostrar que el comportamiento realizado por la ahora demandante fuese contrario a las normas que debía observar dadas las falencias argumentativas, y a la falta de certeza más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad disciplinaria.

1.2. Contestación de la demanda9

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a

continuación21:

La encartada no sol icitó en ningún momento permiso, sol o se limitó a info rmar y poner en conoci miento su ausencia del trabajo con motivo de la iniciación de sus estudios en Bogotá.

El proceso disciplinario adelantado fue tramitado de conformidad con las reglas previstas en la Ley 734 de 2002 , g ozó de todas las garantías proces ales y sustanciales qu e le asistían ; en ese sentido, pudo conocer de todas las actuaciones que se adelantaron en el proceso, solicitó, aportó y controvirtió las pruebas, las cuales fueron valoradas de m anera integral y bajo las reglas de la sana crítica al momento de proferir fallo de primera instancia, y sus argumentos de

actuaciones que se adelantaron en el proceso, solicitó, aportó y controvirtió las pruebas, las cuales fueron valoradas de m anera integral y bajo las reglas de la sana crítica al momento de proferir fallo de primera instancia, y sus argumentos de defensa no se consideraron suficientes para desvirtuar el cargo único que le fue endilgado. En el plenario s í obró plena prueba que p ermitía sancionar a la encartada, pues conducían, sin lugar a duda, a demostrar la existencia de la falta reprochada y su responsabilidad disciplinaria.

La autoridad disciplinaria no incurrió en indebida valoración probatoria ni falsa motivación, puesto q ue en el fallo de primera instancia se realizó un ampl io análisis probatorio que se basó en los elementos materiales allegados al plenario durante el trámite del proceso.

No se presentó incongruencia del cargo endilgado en relación con los h echos, ya que una lectura armónica del pliego de cargos y de los fa llos disciplinarios de primera y segunda instancia se observa claramente que a la demandante , en su calidad de personera municipal de La Tebaida, Quindío, le fue reprochado el hecho de haberse ausentado del cargo por 3 días laborales al mes, entre el día 2 3 de enero y el 30 de mayo de 2013, para iniciar estudios de especialización en Derecho Sancionatorio en la Universidad Militar Nueva Granada en la ciudad de Bogotá, sin haber tram itado y obtenido el co rrespondiente permiso por parte de la

21 Visible a folio 156 del expediente, cuaderno principal.10

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20)

Demandante: Catalina Giraldo Vélez

21 Visible a folio 156 del expediente, cuaderno principal.10

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez mesa directiva del Concejo Municipal d el referido ente territorial, situación que no logró ser desvirtuada con las actuaciones adelantadas en la investigación disciplinaria, pues el hecho de haber radicado el oficio 032 de 8 de enero de 2013, ante el Concejo Municipal de la l ocalidad, informan do que iniciaría los referidos estudios por lo que se ausentaría del despacho durante 4 días durante el mes, no equivale a solicitar un permiso.

En la valoración jurídica del carg o se incluyó el análisis de los numeral es 1 del artículo 34 y 1 del artículo 35 del CDU, -los cuales fueron vulnerados por la encartada-; la formulación del cargo estipulado en el pliego de cargos fue clara, expresa y concisa, en cuanto a la determinación de la conducta reprochada, así como de las circunstanc ias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los mismos, sin que haya lugar a ambigüedades, la imputación jurídica se realizó acorde con las reglas qu e rigen para la determinación del tipo discipli nario; en el fallo disciplinario -acápite de Análisis y Valoración Jurídica del Cargo Único - se realizó un amplio estudio que no da cabida a dudas respecto de la conducta irregular de la encartada que dio orig en a la actuación disciplinaria, concluyendo que el tipo disciplinario fue escogi do y determinado de manera correcta, siguiendo la regla de numerus apertus.

irregular de la encartada que dio orig en a la actuación disciplinaria, concluyendo que el tipo disciplinario fue escogi do y determinado de manera correcta, siguiendo la regla de numerus apertus.

De conformidad con lo expuesto, en los fallos disciplinarios existió una cor recta formulación y apreciación en la imputación jurídica, no se incu rrió en ambigüedades en la construcción, determinación o estructuración del tipo disciplinario y del cargo formulado, ni se puede predicar que existió una errada concepción respecto del t ipo del numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, comoquiera que en el fallo de pr imera instancia de l 22 de julio de 2018, los artículos 3 4 numeral 1 y 35 numeral 1 ídem, se refirieron en cuanto al incumplimiento de deberes legales, en concordan cia con la obligación por pasiva que le imponía el inciso tercero del art ículo 172 de la Ley 1 36 de 1994, a la encartada en su calidad de personera m unicipal de La Tebaida, Quindío, en el entendido de que si la competencia para conceder permisos al person ero está en cabeza de la mesa directiva del Concejo Municipal, correlativa mente impone un deber en cabeza del personero, que no es otro que acudir ant e esa instancia a11

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez solicitar el respectivo permiso cuando lo requiere, lo que no se hizo, tal como quedó probado en el expediente, pues se limitó a poner en conocimiento acciones que no corresponden a solicitar la autorización.

Demandante: Catalina Giraldo Vélez solicitar el respectivo permiso cuando lo requiere, lo que no se hizo, tal como quedó probado en el expediente, pues se limitó a poner en conocimiento acciones que no corresponden a solicitar la autorización.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2019, accedió parcialmen te a las pretensiones de la demanda , así: (i) declaró la nulidad de los ac tos administrativos d emandados; (ii) ordenó a la demand ada garantizar la elimi nación de cualquier registro o anotación disciplinaria nega tiva que exista en el sistema SIRI derivada de las decisiones sancionatorias que se anulan; (iii) dejó sin efectos el a cto administrativo de ejecución c ontenido en las Resoluciones Nº. 017 de 25 de julio de 2016 y 055 del 8 de noviembre de 2018, y ordenó la terminación del procedimiento de cobro coactivo que dispuso iniciar las acciones a la Secretaría de Hacienda de La Te baida; (iv) denegó las demás pretensiones, al no encont rar probados los perjuici os materiales por concepto de honorarios, ni acreditarse el perjuicio moral.

Tales decisiones se basaron en los siguientes argumentos:

La imputación de la conducta que cumple con los elementos necesarios es la referida a «omitir el trámite legal del permiso»22, por lo que, es este el que se debe estudiar como único cargo formulado.

22 Refirió que el pliego de cargos formulado por la autori dad discip linaria no posee la claridad

estudiar como único cargo formulado.

22 Refirió que el pliego de cargos formulado por la autori dad discip linaria no posee la claridad necesaria frente a la conducta que se le imputó a la actora, pues en principio se determina como un cargo único -una sola conducta - y en unos apartes de l pliego s e imputa como, i) “debía acudir previamente a la mesa d irectiva d el Concejo Municipa l de la Tebaida, Quindío para obtener el permiso referenciado, lo cual apa rentemente no hizo”; ii) “… con lo cual aparentemente omitió el trámite legal establecid o de solic itud de permiso al que estaba obligada…”; iii) “al pres untamente omitir el trámite l egal del permiso para ausentarse de su despacho tres días labor ales a part ir del 23 de enero de 2013…”; sin embargo, en otros apartes se le imputa el ausentarse s in permiso previo así: 1) “… sin contar con el permiso previo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de La Tebaida, Quindío, el cual se obtuvo el día 30 de mayo de 2013…”; 2) “… la cual se traduce en una obligación en cabeza de la investigada (solicitar y obtener permiso)”. De lo anterior, concluyó que, el pliego de cargos fu e desarrollado de f orma incoherente al imputarse en unos apartes como solicitar y obtener el permiso, y en su mayoría como solicitar previamente, pero en el ap arte de la imputación jurídica solo desarrolló el aspecto de omitir el trámite legal.12

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20)

Demandante: Catalina Giraldo Vélez

imputación jurídica solo desarrolló el aspecto de omitir el trámite legal.12

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-20) Demandante: Catalina Giraldo Vélez El cargo referido a la violación del debido proceso por indebido análisis de la prueba o por hab er expedido los actos sancionatorios con falsa motivaci ón no tiene vocación de p rosperar, dado que, con base en el material probatori o recopilado, se acreditó la responsabilidad disciplinaria de la encartada; además, en los fallos demandados sí se valoró y se le dio el alcance probatorio que tiene el Oficio 032 de 8 de enero de 2013, esto es, un escrito de comunicación, en el cual, la investigada no solicitó el respectivo permiso para ausentarse en razón de sus estudios de especialización en Bogotá.

La autoridad disciplinaria , al tramitar el proceso con poster ioridad al fallo de segunda instancia del 1 de junio de 2016 -revocado por el Pr ocurador General de la Nación -, vulneró el principio de legalidad y el debido proceso, en tanto la revocatoria directa t iene efectos hacia futuro y no otorga competencia para adoptar la decisión de r eemplazo23, es decir, revivió de manera irregular un proceso legalmente concluido a través de una figura que no lo habilita (revocatoria directa), y declara nulidades en una etapa procesal inexistente.

Aunado a lo anterior, la autoridad disciplinaria tornó más gravosa la situación de la encartada cuando reanudó el proceso des pués de la revocatoria y nulidad decretada, al aumentar la sanción que se había impuesto con anterioridad, esto es

Aunado a lo anterior, la autoridad disciplinaria tornó más gravosa la situación de la encartada cuando reanudó el proceso des pués de la revocatoria y nulidad decretada, al aumentar la sanción que se había impuesto con anterioridad, esto e