CE - 012333000201900069021AUTOQUERESUEL20230622140020
Detalles
- Título
- CE - 012333000201900069021AUTOQUERESUEL20230622140020
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Radicación: 68001-2333-000-2019-00069-01 (incorporado al radicado 2019-00069-02)
Actor: Pedro Nilson Amaya Martínez
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Tema: Recurso de apelación contra el auto que decreta medida cautelar
AUTO RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandada, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, contra el auto de 27 de febrero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander1, mediante el cual se ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución número 68 -000-052-2018 del 19 de diciembre de 2018, “Por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana del Municipio de Bucaramanga producto del proceso de actualización de la formación del catastro y se determina la vigencia fiscal de los avalúos resultantes”, expedida por el Director de la Territorial Santander del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
1.- Antecedentes
de la formación del catastro y se determina la vigencia fiscal de los avalúos resultantes”, expedida por el Director de la Territorial Santander del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
1.- Antecedentes
El demandante Pedro Nilson Amaya, actuando en nombre propio, formuló demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución número 68-000-052-2018 del 19 de diciembre de 2018, “Por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana del Municipio de Bucaramanga producto del proceso de actualización de la formación del catastro y se determina la vigencia fiscal de los avalúos resultantes”, expedida por el Director de la Territorial Santander del
1 Cuaderno de medidas cautelares, folios 17 a 22. 2 Cuaderno principal, folios 1 al 15.Radicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez
2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En el mismo escrito de la demanda3 solicitó la suspensión provisional de los efectos de la resolución demandada, la cual establece:
“RESOLUCIÓN NÚMERO 68-000-052-2018
(DICIEMBRE 19)
Por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 24 y 5 de la zona urbana del
(DICIEMBRE 19)
Por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 24 y 5 de la zona urbana del Municipio de Bucaramanga producto del proceso de actualización de la formación del catastro y se determina la vigencia fiscal de los avalúos resultantes.
EL DIRECTOR DE LA TERRITORIAL SANTANDER DEL INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI,
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas por el artículo 104 de la Resolución número 70 de 2011 de la Dirección General del Instituto, modificado por el artículo 9 de la Resolución Número 1055 de 2012 de la Dirección General del Instituto, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección Territorial Santander del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” e xpidió la Resolución número 68 -000-034-2017 (01 -08-2017), Ordenando la actualización de la formación catastral de los predios de los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43, 98, 99 100 de la Resolución Número 70 de 2011 de la Dirección General del Instituto, vigente al momento de su expedición.
Que por medio de la Resolución Número 68 -000-050-2018 (19-12-2018), Previo concepto favorable Número 048-2018 del 19 de diciembre de 2018 de la Subdirección de Catastro, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución Número 1332 de 2014 de la Dirección General del Instituto,
Previo concepto favorable Número 048-2018 del 19 de diciembre de 2018 de la Subdirección de Catastro, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución Número 1332 de 2014 de la Dirección General del Instituto, la cual modifica parcialmente el inciso 2 del artículo 93 de la Resolución número 70 de 2011 de la Dirección General del Instituto, ese despacho aprobó el estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas, el valor de los tipos de construcciones y/o edificaciones, ordenó la liquidación de los avalúos y la elaboración de la lista de propietarios o poseedores de los predios de los sectores 2, 4 y 5 de l a zona urbana del Municipio de Bucaramanga.
Que el artículo 104 de la Resolución número 70 de 2011 de la Dirección General del Instituto, modificado por el artículo 9 de la Resolución Número 1055 de 2012 de la Dirección General del Instituto, establece que el proceso de actualización de la formación catastral termina con la expedición de la resolución por medio de la cual la autoridad catastral, a partir de la fecha de dicha providencia, ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido actualizados y determina que la vigencia fiscal de los avalúos resultantes es el 1° de Enero del año siguiente a aquel en
3 Ibídem, folios 4.Radicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez 3 que fueron ejecutados, según lo determina el artículo 8 de la Ley 14 de 1.983 y que en aplicación a los principios de tr ansparencia y publicidad, esta providencia debe ser publicada, sin que por este hecho pierda su
3 que fueron ejecutados, según lo determina el artículo 8 de la Ley 14 de 1.983 y que en aplicación a los principios de tr ansparencia y publicidad, esta providencia debe ser publicada, sin que por este hecho pierda su carácter de acto de trámite y sin que se afecte la vigencia fiscal de los avalúos. Para el caso del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” la publicación se har á en el Diario Oficial y para las demás autoridades catastrales se hará en el medio autorizado por la Ley.
Que surtidas todas las etapas de actualización de la formación catastral antes mencionado, previo el cumplimiento de las normas técnicas y procedimientos legales de conformidad con la Resolución Número 70 de 2011 de la Dirección General del Instituto y Resolución Número 1055 de 2012 de la Dirección General del Instituto, es procedente ordenar la inscripción en el catastro de los predios de los sectores 2, 4 y 5 de la Zona Urbana del Municipio de Bucaramanga que han sido formados y la renovación de la inscripción de los predios que han sido actualizados y determinar la vigencia de los avalúos restantes.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Ordenar la renovación de la inscripción en el catastro de los predios de los sectores 2, 4 y 5 de la zona u rbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, actualizados de conformidad con la parte motivada de la presente providencia.
ARTÍCULO 2°. Declarar vigentes los avalúos resultantes de la actualización de la formación catastral de los predios de los sectores 2, 4 y 5 de la zona
con la parte motivada de la presente providencia.
ARTÍCULO 2°. Declarar vigentes los avalúos resultantes de la actualización de la formación catastral de los predios de los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana del Municipio de Bucaramanga, Departamento de Santander, a partir del 1º de enero de dos mil diecinueve (2019).
ARTÍCULO 3°. Remitir copia de esta providencia a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, a la Subdirección de Catastro y a la Imprenta Nacional, para su publicación en el Diario Oficial de conformidad con la Ley 489 de diciembre 29 de 1998.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días de diciembre de 2018.
Director Territorial Santander”
2. La providencia recurrida
Mediante auto de 27 de febrero de 2019 , el Tribunal Administrativo de Santander ordenó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución número 68 -000-052-2018 del 19 de diciembre de 2018, al estimar que desconoce los principios de igualdad y equidad tributaria por presentarse los supuestos previstos en la sentencia C-060 de 2018 , en razón a que la renovación de la inscripción en el catastro de los prediosRadicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez 4 ubicados en los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana del municipio de Bucaramanga, i) se realizó de forma parcializada sin una justificación
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez 4 ubicados en los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana del municipio de Bucaramanga, i) se realizó de forma parcializada sin una justificación razonable más allá de un límite temporal ; y ii) generó que la liquidación del impuesto predial fuera diferente en situaciones jurídicas análogas, en la medida en que beneficia a los propietarios de los predios ubicados en los sectores del área urbana que no están cubiertos por el acto acusado; específicamente, los propietarios de los predios ubicados en los sectores 2, 4 y 5 cuentan con un avalúo catastral mayor, el cual, al ser la base de la liquidación del impuesto predial , gener a un pago mayor al que les corresponde a aquellos propietarios que no se encuentren en tales sectores.
Afirmó que el acto demandado, al ordenar la renovación de la inscripción en catastro so lamente de algunos sectores y de forma parcial en e l municipio de Bucaramanga, trasgrede la normativa que regula la función catastral, la cual pretende tener un censo o inventario nacional de predios públicos y pr ivados actualizados, meta que só lo se logra con una formación y actualización de la totalidad de los bienes en cada una de las unidades catastrales (municipios).
El magistrado Milciades Rodríguez Quintero salvó su voto frente a la anterior decisión 4, pues, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Santander no es competente para conocer la nulidad del acto acusado, en razón a que los actos administrativos expedidos por las Direcciones Territoriales se entienden proferidos por el IGAC, entidad del orden
Santander no es competente para conocer la nulidad del acto acusado, en razón a que los actos administrativos expedidos por las Direcciones Territoriales se entienden proferidos por el IGAC, entidad del orden nacional que pertenece a la Rama Ejecutiva del Poder Público, por lo que la competencia para conocer el medio de control de nulidad de dichos actos es el Consejo de Estado en única instancia. Agregó que, en todo caso, tampoco procede la suspensión de los efectos del acto c ensurado, pues no se advierte que contravenga de manera clara e inequívoca la norma superior.
3.- El recurso de apelación.
La parte demandada , Instituto Geográfico Agustín Codazzi, interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, con el fin de que se revoque y en su lugar se niegue la suspensión de los efectos jurídicos del acto acusado, para lo cual señala , en primer lugar, que no es cierto que el escrito por medio del cual se descorrió el traslado de la medida cautelar se hubiese presentado de forma extemporánea, toda vez que el correo electrónico que notificó el auto admisorio de la demanda y que ordenó correr traslado de la medida cautelar fue enviado el 15 de febrero de 2019 a las 16:05 p.m., es decir, en horario no hábil, ya que los despachos judiciales en Bucaramanga trabajan en jornada continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la Territorial Santander del IGAC tiene horario de 7:15 a.m. a 4:00 p.m., conforme la certificación de Talento Humano que adjunta.
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y la Territorial Santander del IGAC tiene horario de 7:15 a.m. a 4:00 p.m., conforme la certificación de Talento Humano que adjunta.
4 Cuaderno de medidas cautelares, folios 26 y 27.Radicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez
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De otro lado, afirmó que el acto acusado puede ser controvertido por el propietario o poseedor afectado haciendo uso del procedimiento administrativo de revisión del avalúo catastral, lo que implica que dicha resolución es un acto de trámite que no contiene una decisión de fondo definitiva y, por tanto, no es susceptible de control judicial.
Indicó, respecto de la vulneración a los principios de equidad tribut aria, que no es competencia del IGAC adoptar determinaciones de tipo tributario, toda vez que en desarrollo de la función catastral se siguen procedimientos técnicos previstos para realizar la actualización y la conservación catastral, los cuales fueron seguidos a cabalidad, y respecto de ellos no se hacen cuestionamientos.
Señaló que el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 establece que la tarifa del impuesto predial unificado será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y osc ilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. Precisó que para el caso del municipio de Bucaramanga la tarifa del impuesto predial se fija en el Acuerdo No. 44 del 22 de diciembre de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga,
respectivo avalúo. Precisó que para el caso del municipio de Bucaramanga la tarifa del impuesto predial se fija en el Acuerdo No. 44 del 22 de diciembre de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, y no en el acto acusado ; por lo que , si se desea realizar un análisis de equidad tributaria del impuesto, se debe hacer sobre el acuerdo expedido por el Concejo municipal que es el que fija dicha tarifa.
Destacó que el IGAC no fue quien determinó sobre qué sectores se realiza la actualización catastral del municipio, sino que cumplió con lo acordado en el convenio interadministrativo No. 4831 de 2017 celebrado con el municipio de Bucaramanga, siendo decisión de la Alcaldía determinar las zonas a actualizar.
Agregó que la justificación para realizar la actualización parcial se encuentra en la Ley 44 de 1990, el Decreto 2456 de 2018 y la Resolución 070 de 2011, disposiciones que permiten que las actividades de actualización de la formación catastral se realicen en sectores determinados de una Unidad Orgánica Catastral. A gregó que el Decreto 2456 de 2018 dispone la manera de llevar a cabo el reajuste del avalúo catastral para predios actualizados durante la vigencia 2018 y para aquellos que no lo fueron.
Resaltó que la decisión del porcentaje del reajuste para predios urbanos no formados o con vigencia anterior a 2018, así como el no reajuste para predios actualizados durante el 2018, fue adoptada por la Presidencia de la República en el Decreto 2456 de 2018 en los artículos 2.2.10.1.1. y 2.2.10.1.3.
predios actualizados durante el 2018, fue adoptada por la Presidencia de la República en el Decreto 2456 de 2018 en los artículos 2.2.10.1.1. y 2.2.10.1.3.
4.- Trámite del recursoRadicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez 6 4.2. El magistrado sustanciador del proceso, en primera instancia, a través de proveído de 18 de marzo de 201 95, rechazó el recurso de apelación, razón por la cual la apoderada judicial del IGAC interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de queja6.
4.3. El a quo, mediante auto de 3 de abril de 20197, dispuso no reponer la anterior decisión y, en consecuencia, requirió a la entidad demandada para que aporte copia de las piezas procesales pertinentes para tramitar el recurso de queja.
4.4. Este Despacho, por medio de providencia de 10 de mayo de 20218, declaró mal denegado el recurso de apelación interpuesto por el IGAC en contra del auto de 27 de febrero de 2019 y, por tanto, admitió en efecto devolutivo el citado medio de impugnación.
4.5. Mediante auto de 30 de junio de 2022 este Despacho corrió traslado a las partes e intervinientes del recurso de apelación contra el auto de 27 de febrero de 2019.
4.6. El municipio de Bucaramanga presentó escrito dentro del término de traslado en el que manifiesta que coadyuva la solicitud del IGAC, para lo cual insistió que el acto demandado no es susceptible de control
de febrero de 2019.
4.6. El municipio de Bucaramanga presentó escrito dentro del término de traslado en el que manifiesta que coadyuva la solicitud del IGAC, para lo cual insistió que el acto demandado no es susceptible de control judicial.
Alegó que la actualización catastral es un proceso dinámico, regulado mediante normatividad especial, en el que los procesos catastrales se determinan por predios, los cuales tienen una conformación, modificación y vida catastral diferente en la ciudad con el paso del tiempo, dado que, de manera independiente, se transforman, venden, compran o desaparecen conforme a la dinámica económica de la ciudad, por lo que no se le puede dar el tratamiento de acto administrativo con efectos de carácter general a la resolución acusada, pues cada predio del municipio debe ser tratado y analizado de manera individual. Con el escrito se allegó un informe de la Secretaría de Hacienda del municipio de Bucaramanga sobre el impacto de la medida cautelar en las finanzas del municipio.
4.7. El demandante, señor Pedro Nilson Amaya, solicitó se confirme la decisión apelada, al estimar que el acto acusado es susceptible de control judicial en la medida en que trasciende el interés particular y afecta derechos de un amplio sector de la comunidad, lo que legitima la acción de simple nulidad. Alega que en el presente caso no se discute la determinación del valor catastral de un bien inmueble en particular, sino que las pretensiones y su fundamento se dirigen a atacar la expedición del acto demandado en cuanto a sus efectos generales.
5 Cuaderno de medidas cautelares, folio 40. 6 Ibídem, folio 44.
que las pretensiones y su fundamento se dirigen a atacar la expedición del acto demandado en cuanto a sus efectos generales.
5 Cuaderno de medidas cautelares, folio 40. 6 Ibídem, folio 44. 7 Ibídem, folios 54 y 55. 8 Anotación No. 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI del Exp. 68001-2333-000-2019-00069-01Radicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez
7 Indicó que no es viable realizar una actualización del avalúo catastral de manera parcial por estar en contra de los principios en materia tributaria de equidad, justicia e igualdad, ya que sin razón justificada se genera un desbalance en las cargas públicas en detrimento de los ciudadanos a los que de forma parcial se les aplique la actualización catastral.
Señaló que, cuando el artículo 101 de la Resolución 70 de 2011 , modificado por la Resolución 1055 de 2012 , establece que para la realización de la actualización catastral no será necesaria la revisión de la totalidad de los predios de la unidad orgánica catastral , y que las actividades de actualización se podrá n realizar con la revisión de “parte de ella” – Unidad Orgánica Catastral, significa que se puede obtener una muestra siguiendo los procesos técnicos que sobre la materia ha determinado el IGAC, pero no que se pueda realizar la actualización catastral de forma parcial, aumentando el avalúo –base del Impues to Predialsólo a unos predios, creando un desequilibrio en las cargas públicas de aquellas personas a las que se les actualizó su formación
catastral de forma parcial, aumentando el avalúo –base del Impues to Predialsólo a unos predios, creando un desequilibrio en las cargas públicas de aquellas personas a las que se les actualizó su formación catastral.
5.- Consideraciones
5.1. Normatividad aplicable
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 2080 de 20219, disposición que establece el régimen de vigencia y transición de dicha norma, los recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes cuando éstos se presentaron. En el caso bajo estudio, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC interpuso el recurso de apelación el 5 de julio de 2019, esto es, antes de la entrada en vigencia de la citada normativa 10, el régimen aplicable es la Ley 1437 de 2011.
5.2. Competencia
9 “ARTÍCULO 86. RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. […] || De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. || En estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. || En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las dilig encias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audienc ias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.” (Subrayas fuera del texto original) 10 La Ley 2080 de 2021 fue p ublicada en el Diario Oficial No. 51.568 el 25 de enero de 2021, fecha en que entró a regir.Radicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez
8 De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y lo previsto en el inciso 2° del artículo 243 del citado estatuto11, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que el pronunciamiento por medio del cual se decret a una medida cautelar , en primera instancia, es susceptible de ser apelado ante el superior. La anterior decisión, conforme al artículo 125 del CPACA12, será adoptada por la Sala por estar prevista dentro de los numerales 1 a 4 del artículo del 243
C.P.A.C.A.
susceptible de ser apelado ante el superior. La anterior decisión, conforme al artículo 125 del CPACA12, será adoptada por la Sala por estar prevista dentro de los numerales 1 a 4 del artículo del 243
C.P.A.C.A.
5.3. Cuestión previa
Previo a decidir el recurso de apelación, es preciso señalar que le asiste razón al recurrente al afirmar que el escrito por medio del cual se descorrió el traslado de la medida cautelar en primera instancia se presentó de forma oportuna. En efecto, se debe recordar que, de acuerdo con el a rtículo 106 del Código General del Proceso , “las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se adelantarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de los casos en que la ley o el juez dispongan realizarlos en horas inhábiles”, por lo que las notificaciones se entienden realizadas de forma oportuna si son adelantadas en los días y horas hábiles de funcionamiento del despacho ; en caso contrario, estarán llamadas a surtir efectos el día hábil siguiente.
En el caso concreto, el Acuerdo No. 2306 de 11 febrero de 2004, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 13, establece que los despachos judiciales de Bucaramanga laborarán de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., con horario de atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ; por lo que, al remitirse el correo electrónico que notificó el auto que corre traslado de la solicitud de suspensión provisional el 15 de febrero de 2019 a las 16:05 p.m., después
electrónico que notificó el auto que corre traslado de la solicitud de suspensión provisional el 15 de febrero de 2019 a las 16:05 p.m., después del horario de atención al público, se debe entender que, en garantía de los derechos al debido proceso y derecho de defensa , la notificación se surtió al día hábil siguiente, esto es, el 1 8 de febrero de 2019. Cabe señalar que, si bien los despachos judiciales laboran hasta las 4:30 p.m., lo cierto es que la atención al público es hasta las 4:00 p.m., por lo que
11 “[…] Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: […] 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite . […] || los autos a los que se refieren los numerales 1°, 2°, 3° y 4° relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. […]”. 12 “[…] Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia […]”.
13 https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-desantander/atencion-al-usuario/horario-de-atencion-al-publicoRadicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez 9 las partes tienen la expectativa de que las decisiones que les afecten sean notificadas dentro del horario de atención al público.
5.4. Delimitación del recurso
Tanto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como el municipio de Bucaramanga coinciden en señalar que la Resolución nro. 68 -000-0522018 del 19 de diciembre de 2018, “Por la cual se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 2 - 4 y 5 de la zona urbana del Municipio de Bucaramanga producto del proceso de actualización de la formación del cata stro y se determina la vigencia fiscal de los avalúos resultantes” , se trata de un acto administrativo de trámite, en tanto que no modifica, extingue o crea una situación jurídica, sino que constituye una de las etapas de estructuración del catastro.
Sobre este punto, la Sala estima importante destacar que no tiene competencia en segunda instancia para pronunciarse sobre el particular, por los siguientes motivos: i) el debate acerca de la naturaleza del acto objeto de suspensión provisional es un asunto q ue deberá ser resuelto por el Tribunal en el momento procesal oportuno, que no guarda relación con los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, en los términos del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, y ii) el argumento planteado por los recurrentes no controvierte el fundamento
con los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, en los términos del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, y ii) el argumento planteado por los recurrentes no controvierte el fundamento jurídico de la decisión recurrida, esto es, que, en criterio del a quo, el acto censurado desconoce los principios de igualdad y equidad tributaria en la medida en que la inscripción en el catastro de los predios se realizó de forma parcial y no total, generando que la liquidación del impuesto predial sea diferente para situaciones jurídicas similare s; lo que , además, trasgrede la normativa que regula la función catastral, que pretende tener un censo o inventario nacional de predios públicos y privados actualizados de la totalidad de los bienes en cada una de las unidades catastrales.
En primer lugar, en cuanto a los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, la Ley 1437 de 2011 estableció en el inciso primero del artículo 231 lo siguiente: “(…) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las norm as superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (…)” (Se destaca)
Como puede apreciarse, para la procedencia de la medida cautelar de
del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (…)” (Se destaca)
Como puede apreciarse, para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, se debe realizar una confrontación entre el acto que es objeto de control (o las pruebas allegadas con la solicitud) y lasRadicado: 68001-2333-000-2019-00069-01
Demandante: Pedro Nilson Amaya Martínez 10 normas superiores invocadas como vulneradas; no forma parte del análisis de esta etapa procesal determinar si el acto objeto de suspensión es de trámite o definitivo, pues, como se dijo, esto será un asunto que deberá examinar el a quo en la etapa procesal correspondiente.
En síntesis, a la luz de la norma que regula los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, resulta ajeno realizar un análisis sobre la naturaleza jurídica del acto suspendido, como lo solicita el recurrente.
En segundo lugar, de conformidad con el artículo 320 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, el recurso de apelación tiene por objeto “que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos co ncretos formulados por el apelante, para que el superior rev
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