CE - 012333000202100137011AUTOQUERESUEL20230509144150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos Radicación: 19001-23-33-000-2021-00137-01

Demandante: María Teresa Vásquez y otros Demandada: Agencia Nacional de Tierras -ANTVinculados: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC-, municipio de Santander de Quilichao y Resguardo Indígena de Munchique - Los Tigres Tema: Perturbación de la posesión e impactos ambientales ocasionados a un bien inmueble objeto de adjudicación a una comunidad indígena

Auto que resuelve un recurso de apelación contra una medida cautelar

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, en contra del auto de 22 de septiembre de 2022, mediante el cual el magistrado a cargo de la sustanciación del proceso decretó la medida cautelar consistente en que dicha autoridad estableciera vigilancia en el predio denominado «La Esmeralda», a fin de neutralizar los actos invasión y perturbación, hasta que se defina el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los ciudadanos María Teresa Vásquez, Norena Vásquez, Yamileth Manzano, Jorge Enrique Bonilla, Oscar Darío Montoya, Andrea López, Henry A. Gil, Jhoan Estiven Gil,

I.1. La demanda

1. Los ciudadanos María Teresa Vásquez, Norena Vásquez, Yamileth Manzano, Jorge Enrique Bonilla, Oscar Darío Montoya, Andrea López, Henry A. Gil, Jhoan Estiven Gil, Nubia Cosme, María Luisa Holguín Camayo, David Camayo Ramos, Álvaro Camayo Ramos, Melba Betancourth, Carmen Vásquez Santa, Bertha Chagüendo, James Darío Sarria G, Yeins Aldevier Sarria C., Freeman Stiven Salazar, María de los Ángeles Salazar, Mónica Ramírez, Jhuliana García, Leidy Carolina Granobles, Juan Camilo Toro Holguín, Lina Marcela Chavio, Gustavo A. González T., Valentina Ramos, Amanda Yadira Dagua D., Daniel Stiven Menza, Derian J. Ramirez, Angelica María Aranda, Beatriz Montenegro, Katherine Ascue Yosando, Ruthbi Dulfay Sarria Santacruz, Kelly Johanna Galvis, Karen Corrales, Julissa Corpus Ramos, José Alejandro Nache, Andrés Galindo Findlay, Pedro Felipe Vergara M., Bernardo Herrera, Nury Janeth Cabrera Ocampo, Carlos Arturo Chaves Cabrera, María Yenny Marín Giraldo, Helmer Javier Quintero, Víctor Manuel Ortegón Hilamo, Elber Tróchez Arango, María Teresa Acevedo Rodríguez, Christopher Keller Echeverri, Luis Antonio Gil Hurtado, Sandra Inés Gil Medina, Ángela María Gil Medina, Consuelo Valencia Vasco, Rosario Medina Cifuentes, Yamileth Cifuentes Medina, José Rafael Cifuentes Muñoz, Ana Yanet Vásquez León,

María Margarita Londoño Vélez, Ferley García González, Diana Patricia Cárdenas2

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00137-01

María Margarita Londoño Vélez, Ferley García González, Diana Patricia Cárdenas2

Radicación: 19001-23-33-000-2021-00137-01

Demandantes: María Teresa Vásquez y otros Demandados: Agencia Nacional de Tierras y otros

Escobar, Sandra Liliana Mera Mera, Ligia Echeverri Vélez, Darío Palacios Lasso, Henry

A. Henao, Rosalba Acosta, Heidi Fernanda Ortega Medina, Dayli Tatiana Solarte, Diana Maryuri Velasco, Gonzalo Pérez Fernández, Lida Inés Valencia Medina, Paola Andrea Tascón Paz, Jorge Alberto Holguín González, Omar Fernández González, Raimundo Pérez Erazo, Fanny Plaza, Marino Arias Londoño, Juan David Patiño Fernández, Ana

Cristina Fernández Fernández, Mercedes Cuetia de Fernández, Jorge Andrés Fernández Fernández, Belizabeth Fernández Cuetia, Juan Sebastián Fernández Fernández, Luis Fernando Arboleda Agredo, Milena Yuquilema Medina y Héctor Fabio Flórez Hernández, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 5 de agosto de 19981 y 1437 de 18 de enero de 20112, presentaron demanda3 en contra de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos al goce un medio ambiente sano, a la moralidad administrativa y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

2. Los demandantes indicaron que tales derechos se ven perturbados en razón de que el proceso de compra y posterior entrega a la comunidad indígena «Resguardo

ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales.

2. Los demandantes indicaron que tales derechos se ven perturbados en razón de que el proceso de compra y posterior entrega a la comunidad indígena «Resguardo Munchique Los Tigres», del predio rural denominado «La Esmeralda» -ubicado en la vereda La Corona del municipio de Santander de Quilichao-, además de desconocer lo dispuesto en el plan básico de ordenamiento territorial -PBOTsobre el uso del suelo para la preservación y conservación de las áreas forestales protectoras o de manejo especial, estaría ocasionando un perjuicio irremediable al permitir un asentamiento humano en una zona de área protegida.

2.1. Los demandantes expusieron que el predio rural denominado La Esmeralda, ubicado en la vereda La Corona del Municipio de Santander de Quilichao - Cauca, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 132-7322 y con el código catastral número 19698000400051182, antes de propiedad del señor Julio César Triviño Peláez, tiene una extensión de 136 hectáreas y 9523 metros cuadrados (136 ha + 9.523 m2).

2.2. Mencionaron que, de esas 136 hectáreas con 9.523 metros cuadrados (área que convertida en su totalidad a metros cuadrados equivale a 1’369.523 m2), un 6,98% (9 hectáreas y 5.708 m2) corresponde a ronda hídrica, circunstancia que, de acuerdo con el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, implica su inalienabilidad.

2.3. Indicaron que, según el PBOT del municipio de Santander de Quilichao, un

el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, implica su inalienabilidad.

2.3. Indicaron que, según el PBOT del municipio de Santander de Quilichao, un equivalente cercano al 80% del predio denominado La Esmeralda está integrado por bosque seco tropical, catalogado como reserva forestal protectora, en los términos de los artículos 202 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974 y 204 de la Ley 1450 de 2011.

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 3 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 19001-23-33-000-2021-00137-01 María Teresa Vásquez y otros contra Agencia Nacional de Tierras y otros. Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “descripción del documento: ED_01DEMANDAANEXOS(.pdf) NroAc tua 2”. Folios 1 y ss. Demanda presentada el 27 de abril de 2021 por conducto del abogado Carlos Jorge Collazos Alarcón.3

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Demandantes: María Teresa Vásquez y otros Demandados: Agencia Nacional de Tierras y otros

2.4. Afirmaron que desde el año 2015 se interpusieron quejas ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRCsobre infracciones ambientales cometidas por asentamientos humanos establecidos en la zona del predio rural 11, denominado

2.4. Afirmaron que desde el año 2015 se interpusieron quejas ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRCsobre infracciones ambientales cometidas por asentamientos humanos establecidos en la zona del predio rural 11, denominado Hacienda San Vicente del municipio de Santander de Quilichao, predio que contiene parte de la zona de reserva forestal que integra el ecosistema también presente en cerca del 80% del área del predio La Esmeralda.

2.5. También informaron que el 5 de marzo de 2015 la CRC emitió informe técnico de visita en el cual corroboró la infracción ambiental consistente en la tala de la totalidad de especies vegetales sin autorización por parte de los miembros de la comunidad indígena de Canoas.

2.6. Adujeron que desde el 2017 el predio pasó a ser objeto de negociación dentro del procedimiento venta voluntaria contemplado en la Ley 160 de 1994, para su adquisición por la ANT, con miras a su posterior entrega a la comunidad indígena conocida como Resguardo Munchique Los Tigres.

2.7. Señalaron que el 24 de mayo de 2017 se celebró reunión con la ingeniera Edna Grijalba Moncayo, secretaria de Fomento Económico y Agroambiental de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao. En esta reunión se resaltó el impacto negativo que se está generando por los asentamientos humanos en la zona de reserva forestal, debido a la tala indiscriminada y no autorizada por el ordenamiento jurídico.

2.8. Mencionaron que, mediante escrito de 16 de abril de 2019, la sociedad Agrícola San

debido a la tala indiscriminada y no autorizada por el ordenamiento jurídico.

2.8. Mencionaron que, mediante escrito de 16 de abril de 2019, la sociedad Agrícola San Vicente SAS solicitó ante la autoridad nacional de Parques Nacionales, el registro de la reserva natural de la Sociedad Civil que constituye el ecosistema comprendido por parte de los predios Hacienda Japio, Hacienda Los Mangos, predio El Cucho y predio Bonanza, todos ubicados en la misma región de inmediaciones del municipio de Santander de Quilichao. Aseguró que el bosque tropical seco, que también se encuentra dentro del predio la Esmeralda, hace parte de aquel ecosistema.

2.9. Especificaron que, mediante oficio de 16 de mayo de 2019, se puso en conocimiento de la CRC la ocupación de hecho del predio La Esperanza (Los Mangos) por parte de personas pertenecientes a comunidades indígenas, así como las afectaciones ambientales que, a través de holladuras y rocerías, estaban causando en las zonas de amortiguación y protección del ecosistema comprendido entre los predios la Esperanza, Loma de San Vicente, Loma de San Pablo, Hacienda Japio, entre otros que constituyen una unidad ecológica de aproximadamente 600 hectáreas.

2.10. Manifestaron que el municipio de Santander de Quilichao dirigió oficio al Ministerio del Interior, con copia al Ministerio de Ambiente, en el cual resalta la importancia ambiental del bosque tropical seco de cerca de 514 hectáreas ubicado en los predios La Esperanza (Los Mangos, hoy llamado La Esmeralda), Loma de San Vicente, Loma de San Pablo, Hacienda Japio, entre otros, caracterizando el área efectiva de esta

La Esperanza (Los Mangos, hoy llamado La Esmeralda), Loma de San Vicente, Loma de San Pablo, Hacienda Japio, entre otros, caracterizando el área efectiva de esta reserva y explicando sus servicios ecosistémicos.4

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Demandantes: María Teresa Vásquez y otros Demandados: Agencia Nacional de Tierras y otros

2.11. Añadieron que en la Escritura Pública N.º 650 de 21 de febrero de 2020, otorgada ante la Notaría 21 del Círculo de Santiago de Cali, se evidencia que la ANT efectuó la compra del predio rural La Esmeralda. Allí se estableció que la adquisición del predio tiene por objeto entregarlo a título gratuito a la comunidad indígena Munchique Los Tigres, para la constitución-ampliación de su resguardo.

2.12. Frente a ello, aseguraron que la ANT no tuvo en cuenta que el predio La Esmeralda hace parte de un área que, según el PBOT de Santander de Quilichao –Acuerdo 022 de 2002-, fue designada para protección y como una sub área de ordenamiento forestal y de manejo especial, no siendo apto para asentamientos humanos, ni para garantizar la seguridad alimentaria ni otras necesidades. Agregó que tampoco se tuvo en cuenta el detrimento ambiental y de los servicios ambientales que presta dicha reserva y sus suelos circundantes.

2.13. Mencionaron que, mediante Oficio 4 de julio de 2020, la ANT le indicó al municipio de Santander de Quilichao que la adquisición del predio La Esmeralda se hizo conforme con las normas que regulan la materia, atendiendo, además, lo dispuesto por los

de Santander de Quilichao que la adquisición del predio La Esmeralda se hizo conforme con las normas que regulan la materia, atendiendo, además, lo dispuesto por los artículos 3 y 25 del Decreto 2164 de 1995, así como por la Ley 21 de 1991, la Ley 99 de 1993 y la Constitución Política.

2.14. Por último, explicaron que el citado municipio, a través de Oficio de 14 de septiembre del mismo año, respondió a la ANT que no existe oposición a la adjudicación del predio a comunidades indígenas, siempre y cuando dicha entrega no riña o vaya en contravía del marco legal establecido en relación con el instrumento de planificación.

3. Las siguientes fueron las pretensiones de la demanda:

«[…]. PRIMERA: Que se declare que, con la conducta referida en el acápite de Hechos de la presente demanda, la Agencia Nacional de Tierras está amenazando y vulnerando los derechos colectivos contenidos en los literales a), b) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 […], así como todo aq uel derecho colectivo que el Despacho considere que también resulta amenazado o vulnerado por la parte demandada con ocasión de los hechos que motivan la presente demanda […].

SEGUNDA: Que en virtud de la anterior declaración, se ordene a la entidad demandada abstenerse de hacer la entrega del predio denominado La Esmeralda, ubicado en la ubicado en la vereda La Corona del Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 132-7322 y con el código catastral número 19698000400051182, a la comunidad indígena, por

Departamento del Cauca, distinguido con el número de matrícula inmobiliaria 132-7322 y con el código catastral número 19698000400051182, a la comunidad indígena, por tratarse de un predio afecto a protección y conservación forestal, así como de manejo especial y no ser un predio apto ni física ni jurídicamente para asentamientos humanos, extracción ni explotación agrícola.

TERCERA: Que se le ordene a la Agencia Nacional de Tierras garantizar la destinación del predio denominado La Esmeralda a la protección y conservación de la reserva forestal de bosque seco tropical que en él existe, impidiendo los asentamientos humanos y la explotación agrícola o comercial de dicha reserva como de los terrenos y franjas que lo circundan, por ser de amortiguación del ecosistema, de acuerdo c on las restricciones contenidas en la normativa vigente sobre la materia.5

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CUARTA: Que se le ordene a la Agencia Nacional de Tierras desarrollar todas las gestiones administrativas y obras físicas necesarias para garantizar la restauración del medio ambie nte y la mitigación de cualquier afectación de que haya sido objeto el ecosistema del que hace parte la porción correspondiente del predio denominado La Esmeralda, y concretamente la reserva forestal de bosque seco tropical presente en los predios atrás mencionados, entre los que se cuenta La Esmeralda, recientemente adquirido por la Agencia Nacional de Tierras.

QUINTA: Que se declare que el ecosistema conformado por la reserva forestal a la que

los predios atrás mencionados, entre los que se cuenta La Esmeralda, recientemente adquirido por la Agencia Nacional de Tierras.

QUINTA: Que se declare que el ecosistema conformado por la reserva forestal a la que se ha hecho referencia en la presente demanda, conformada por bosque seco tropical, es sujeto de derechos y por ende de especial protección, dada la importancia que comporta para la zona y para los habitantes del Municipio de Santander de Quilichao,

Cauca».

I.2. Solicitud de medida cautelar

4. Los ciudadanos Andrés Galindo F., Ángela María Gil y Luis Felipe Caicedo – integrantes de la parte demandante-, mediante memorial de 25 de noviembre de 20214 y con base en registros fotográficos, solicitaron al despacho sustanciador del

proceso, entre otras cosas, que:

«[…] destine una persona natural o jurídica responsable de hacer vigilancia y la administración del predio mientras se falla la acción popular . Ahora bien, si no está dentro de las competencias legales del Tribunal, pedimos respetuosamente que inste a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que ellos destinen a ese responsable con el fin de evitar que se siga deteriorando el predio, al igual que la ocupación indebida que se está presentando. […]».

5. Dicha solicitud se fundamentó en que, entre agosto y septiembre de 2021, han venido presenciando las siguientes acciones lesivas del orden jurídico dentro del predio La Esmeralda: invasión por parte de personas extrañas; acciones de pesca y tala ilegal del bosque seco tropical y de guadua; caza de especies silvestres; saqueos de bienes públicos; hurtos de bienes privados; fumigación de árboles de mango; disposición de

del bosque seco tropical y de guadua; caza de especies silvestres; saqueos de bienes públicos; hurtos de bienes privados; fumigación de árboles de mango; disposición de desechos peligrosos en el bosque, los cuales generan riesgo de contaminación de los recursos naturales, entre otras.

6. Agregaron que cuando se cuenta con la presencia de la Fuerza Pública hay un mejor control de las personas que ingresan al predio La Esmeralda. Sin embargo, cuando no está la Fuerza Pública, se han presentado conflictos con Julio César Triviño Peláez –anterior propietario del inmuebley su mayordomo, «señor Alexander», en razón a los actos de señor y dueño que estos continúan desplegando.

7. También indicaron que un «señor Estiven», junto con un grupo de trabajadores, ejercen actividades de cultivo de árboles frutales en el predio en cuestión, según este, en virtud de un contrato que ostenta con el señor Triviño Peláez. Aseguran que esta presencia constante de personas en el predio ha generado problemas de seguridad y dificultades de convivencia, dado que, ante los reclamos presentados, los demandantes reciben tratos irrespetuosos y amenazantes.

4 Ibid., Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “Descripción del documento: ED_15INTERVENCIONHABITA(.pdf) NroActua 2”.6

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8. Así pues, en consideración a los referidos acontecimientos que evidencian el estado

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8. Así pues, en consideración a los referidos acontecimientos que evidencian el estado de abandono en que se encuentra el predio La Esmeralda, la parte demandante solicitó la intervención judicial.

I.3. La providencia impugnada

9. El magistrado del Tribunal Administrativo del Cauca a cargo de la sustanciación del proceso, en consideración a los hechos y petición anteriormente expuestos por los ciudadanos Andrés Galindo F., Ángela María Gil y Luis Felipe Caicedo, mediante auto de 22 de septiembre de 20225, estimó procedente imponer la medida cautelar consistente en ordenar a la ANT establecer vigilancia del predio La Esmeralda, a fin de neutralizar los actos invasión y perturbación del derecho de propiedad de dicho predio, hasta que se defina el asunto de la referencia.

10. El referido magistrado señaló que algunos de los demandantes denuncian que la ANT ha dejado en total abandono el inmueble mencionado, por lo cual ha sido objeto de distintas transgresiones, como talas, caza de especies nativas (guatines, armadillos y serpientes), y destrucción y hurto a la casona que allí se sitúa. Añadieron que el anterior propietario del predio, usurpando los derechos de la ANT, promueve actos de apropiación por parte de terceros, como la siembra de árboles frutales y la asperja de veneno, lo cual afecta los suelos, las aguas subterráneas y el ecosistema.

11. En tal virtud, el mismo magistrado consideró que, en aras de prevenir un daño y

veneno, lo cual afecta los suelos, las aguas subterráneas y el ecosistema.

11. En tal virtud, el mismo magistrado consideró que, en aras de prevenir un daño y proteger el objeto del proceso, resultaba indispensable emitir órdenes para que la ANT adopte medidas tendientes a evitar que el predio objeto de la acción popular se vea afectado por parte de personas inescrupulosas.

12. El magistrado también precisó que la ANT debe solicitar el apoyo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para preservar la integridad del inmueble propiedad del Estado y, en armonía con ello, resolvió lo siguiente:

«[…]. QUINTO. - ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras, que en el lapso de diez (10) días establezca vigilancia en el predio “La Esmeralda”, para evitar el ingreso de personal que no pertenezca a esa entidad y neutralizar así los abusos que se están cometiendo y las posibles invasiones al mismo, hasta tanto se defina este asunto. […]».

5 Ibid., Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “Descripción del documento: ED_18AUTOORDENAVINCULAR(.pdf) NroActua 2”. Providencia suscrita por el magistrado David Fernando Ramírez Fajardo.7

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I.4. Fundamentos del recurso de apelación6

13. El jefe de la Oficina Jurídica de la ANT, mediante escrito de 29 de septiembre de

Demandantes: María Teresa Vásquez y otros Demandados: Agencia Nacional de Tierras y otros

I.4. Fundamentos del recurso de apelación6

13. El jefe de la Oficina Jurídica de la ANT, mediante escrito de 29 de septiembre de 20227, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, solicitando que se revoque la orden impartida en el ordinal quinto del auto de 22 de septiembre de 2022, con fundamento en que, conforme con el artículo 25 del Decreto 2363 de 2015, la ANT no cuenta con rubros para contratar la vigilancia del predio La Esmeralda.

14. El abogado informó que la vigilancia de los bienes de propiedad de la ANT es ejercida por la Policía Nacional en virtud del principio de colaboración armónica entre entidades públicas previsto en el artículo 113 de la Constitución Política.

15. Agregó que, mediante comunicación de 6 de septiembre de 2022, puso en conocimiento de las autoridades policivas las situaciones de orden público que han venido perturbado la propiedad del predio La Esmeralda, con el fin de que esas autoridades desplieguen las acciones respectivas de cuidado, protección, preservación y salvaguarda.

16. Adujo que es importante recordar que el predio mencionado fue adquirido por la ANT en 2020 para ser destinado a la comunidad indígena Resguardo Munchique Los Tigres. Sin embargo, señaló que esta comunidad desistió de recibir el predio y, actualmente, es la que perturba de manera arbitraria la propiedad.

17. Indicó que la ANT está en imposibilidad material de cumplir con la medida cautelar de vigilancia del predio La Esmeralda, por lo cual solicitó que se vincule a la Policía

actualmente, es la que perturba de manera arbitraria la propiedad.

17. Indicó que la ANT está en imposibilidad material de cumplir con la medida cautelar de vigilancia del predio La Esmeralda, por lo cual solicitó que se vincule a la Policía Nacional para que sea esta la que brinde vigilancia permanente al predio.

18. Finalmente reiteró que, desde que se tuvo conocimiento de la perturbación del predio, la ANT ha desplegado todas las acciones tendientes a que cese de manera inmediata, en el marco de la Ley 1801 de 2016 y la Constitución Política.

6 Mediante auto de 23 de noviembre de 2022, el magistrado sustanciador del proceso de la referencia resolvió, entre otras cosas: “[…]. No reponer para revocar el ordinal quinto del Auto Interlocutorio N° 406 del 22 de septiembre de 2022, que decretó una medida provisional dentro del presente asunto. […]. Conceder el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio N° 406 del 22 de septiembre de 2022, interpuesto por la Agencia Nacional de Tierras. […]. CONMINAR a la Agencia Nacional de Tierras para que dé estricto cumplimiento a la medida provisional decretada en el numeral quinto del Auto Interlocutorio N° 406 del 22 de septiembre de 2022 y adelante todas las actuaciones pertinentes para que el predio sea desalojado, preferiblemente de manera pacífica. […]”. Ibid., Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “Descripción del documento: ED_28AUTORESUELVERECURS(.pdf) NroActua 2”. Mediante Oficio N.º TCA-ORAL-LJ-563-22 de 6 de diciembre de 2022, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de del

2”. Mediante Oficio N.º TCA-ORAL-LJ-563-22 de 6 de diciembre de 2022, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de del Cauca remitió el proceso de la referencia a fin de consideración el recurso de apelación interpuesto por la ANT. Ibid., Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “Descripción del documento: ED_32REMISIONEFECTODEVO(.pdf) NroActua 2”. Mediante Acta Individual de Reparto de 6 de diciembre de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado repartió el proceso de la referencia al despacho ponente de la presente decisión. Ibid., Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “Descripción del documento: ED_2AP20210013701(.pdf) NroAct ua 2”. 7 Ibid., Registro N.° 2: “actuación: Expediente digital”, “Descripción del documento: ED_21RECURSOREPOSICIONA(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por el abogado Carlos Hernando Vivas Pérez.8

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Demandantes: María Teresa Vásquez y otros Demandados: Agencia Nacional de Tierras y otros

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia

19. De conformidad con lo establecido en los artículos 268 y 449 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, y 12510 y 24311 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, la Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el municipio de Ibagué, en contra del auto de 19 de julio de 2022, por medio del cual el magistrado sustanciador del

competente para resolver la impugnación presentada por el municipio de Ibagué, en contra del auto de 19 de julio de 2022, por medio del cual el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima decretó medidas cautelares de urgencia.

II.2. Las medidas cautelares en las acciones populares

20. La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resultan amenazados o vulnerados, existe peligro o agravio o un daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

21. Dicha acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de sus derechos colectivos, finalidad que no se restringe a la obtención de una sentencia estimatoria de las pretensiones, sino que, a su vez, se hace efectiva durante el trámite del proceso mediante la posibilidad de solicitar medidas cautelares.

22. Evidentemente, «[…] las medidas cautelares en los procesos judiciales están instituidas para evitar que la sentencia mediante la cual se decidan, resulte nugatoria por cuenta de las modificaciones que se puedan producir en la situación inicial como consecuencia del tiempo que se requiere para la tramitación del proceso, pues entre el momento en que el mismo se inicia y aquel en el que se puede materializar la sentencia, pueden suceder eventos que dificulten o imposibiliten, incluso, los efectos prácticos de la decisión. Es por ello que se conciben como “(…) precauciones inequívocamente diseñadas para garantizar que la solución que se adopte como resultado del proceso

pueden suceder eventos que dificulten o imposibiliten, incluso, los efectos prácticos de la decisión. Es por ello que se conciben como “(…) precauciones inequívocamente diseñadas para garantizar que la solución que se adopte como resultado del proceso judicial podrá ser materializada”12, brindándole a quien acude a la jurisdicción, la certeza de que el trámite del proceso en sí mismo, no va a obrar en contra de sus intereses y que los mismos serán protegidos aún antes de la decisión definitiva […]”13.

8 “Artículo 26.- Oposición a las Medidas Cautelares. El auto que decrete las medidas previas será notificado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los cursos de reposición y de apelación; los recursos se concederán en el efecto devolutivo […]”. 9 “Artículo 44.- Aspectos no Regulados. En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones”. 10 “Artículo 125. De la expedición de providencias. <modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […]. 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […]. h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. […]”. [Negrilla fuera del texto].

y las siguientes providencias: […]. h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. […]”. [Negrilla fuera del texto]. 11 “Artículo 243. Apelación. <modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: […]. 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar. […]. 8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial. […]”. [Negrilla fuera del texto]. 12 Rojas Gómez, Miguel Enrique, “La Teoría del Proceso”, Universidad