CE - 012333000202300025011SENTENCIA20230424082718

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Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01

Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 47 001 2333 000 2023 00025 01

Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

Demandado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta

Temas: Acción de Tutela contra providencia judicial dictada en medio de control de cumplimiento. Ausencia del defecto procedimental , en la modalidad de exceso ritual manifiesto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 28 de febrero de 202 3, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01, por medio de la cual negó el amparo solicitado por la parte actora.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Miguel Ignacio Martínez Olano promueve acción de tutela en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta por la expedición del auto del 2 de febrero de 2023 en el medio de control de cumplimiento con radicado

El señor Miguel Ignacio Martínez Olano promueve acción de tutela en contra del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta por la expedición del auto del 2 de febrero de 2023 en el medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023 00015 00 , con el cual considera que aquel vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.2

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1.1.1. Las pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

Por lo anterior, solicitamos (sic) respetuosamente CONCEDER la protección a los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y debido proceso en conexidad con la igualdad, y en consecuencia, DECLARAR LA NULIDAD de la decisión de fecha dos (02) de febrer o de dos mil veintitrés (2023), que rechaza de plano la acción de cumplimiento y darle el trámite correspondiente o en su defecto vincular al Comisionado (sic) de paz.

1.1.2. Los hechos

La parte actora narró como supuestos fácticos los siguientes:

1. Instauró medio de control de cumplimiento contra la Fiscalía General de la Nación, para que acatara la Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2023, a través de la cual el presidente de la República suspendió la orden de captura al señor Fredy

para que acatara la Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2023, a través de la cual el presidente de la República suspendió la orden de captura al señor Fredy Castillo Carillo, la Ley 2272 de 2022 y el Decreto 2659 de 2022 . El anterior proceso correspondió, por reparto, al Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual lo remitió por competencia a la ciudad de Santa Marta.

1. El 2 de febrero de 2023 el Ju zgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta rechazó de plano la demanda , al considerar que no aportó la prueba de la satisfacción del requisito de procedibilidad de que trata el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 ni tampoco demostró que se configurara la excepción para su inobservancia, esto es, el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable.

1.1.3. Los defectos invocados

En criterio del accionante, en el auto del 2 de febrero de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta aplicó rigurosamente el derecho procesal , renunció conscientemente a la verdad jurídica objetiva e incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por las siguientes razones:

1. No tuvo en cuenta que sí satisfizo el requisito de la renuencia, pues con la demanda aportó la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la Nación a la3

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demanda aportó la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la Nación a la3

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solicitud elevada por el alto comisionado de Paz sobre e l cumplimiento de las normas, sin que el hecho de que no haya formulado directamente la petición resulte relevante, en el entendido que lo exigido en el ordenamiento jurídico es la oposición de la entidad para acatar la orden emanada de la ley , no quién es el demandante en el medio de control de cum plimiento o el solicitante de la aplicación normativa. En esa medida, agregó requisitos adicionales a lo s previstos en la Ley 393 de 1997 , lo que resulta desproporciona do, máxime cuando la supuesta falencia hubiera podido subsanarse con la vinculación del alto comisionado para la Paz.

1. Inobservó la imposibilidad de cumplir con el requerimiento impuesto en el artículo 8.° de la Ley precitada , dado que la Resolución núm. 002 de 2023 expedida por el presidente de la República tiene un término de vigencia de 15 días , aspecto que fue informado en el numeral 16 de los hechos de la demanda.

1.2. Actuación Procesal

El 16 de febrero de 2023, la magistrada María Victoria Quiñones Triana del Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01, admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al juez noveno administrativo del circuito

Administrativo del Magdalena, Despacho 01, admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al juez noveno administrativo del circuito de Santa Marta y al agente del ministerio público delegado ante esa corporación , para que , dentro del término d e dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.3. Contestación de la acción

1.3.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta , mediante la jueza Dayana Paola Touriño Uribe, expone que consideró que debía rechazar de plano el medio de control de cumplimiento, comoquiera que no se superó el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997.

Al respect o, aclara que si bien se evidenció que en el expediente digital obraba la Solicitud OFI23-00004277/GFPU13020000 del 11 de enero de 2023 dirigida al fiscal general de la Nación, en la que se peticionó suspender las órdenes de captura contra miembros representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada4

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(ACNS), y la respectiva respuesta negativa, aquella fue elevada por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rued as Rodríguez, y no por el accionante, como se exige en la mencionada norma.

Así mismo, precisa que no obraba poder especial que facultara al señor Miguel

comisionado para la Paz, Danilo Rued as Rodríguez, y no por el accionante, como se exige en la mencionada norma.

Así mismo, precisa que no obraba poder especial que facultara al señor Miguel Ignacio Martínez Olano para actuar en nombre y representación del alto funcionario , por lo cual esti mó que dicha petición y la contestación no constituían prueba de la renuencia que necesitaba el primero de los mencionados para demostrar haber pedido el cumplimiento de la Ley 2272 de 2022, del Decreto 2659 de 2022 y de la Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2022.

1.4. Sentencia impugnada

El 28 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01, negó el amparo deprecado en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los siguientes argumentos:

1. La procedencia del medio de control de cumplimiento se supedita a la constitución de la renuencia , esto es, que el demandante haya reclamado previamente el cumplimiento del deber legal o administrativo, pero esta no fue demostrada por parte del señor Miguel Ignacio Martínez Olano , comoquiera que , si bien al proceso allegó la Solicitud OFI23 -00004277/GFPU 13020000 del 11 de enero de 2023 dirigida al fiscal general de la Nación y la respectiva respuesta de la entidad con radicado 20232000000071 del 13 de enero de 2023, lo cierto es que la primera fue interpuesta por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez y la segunda le fue contestada a este. Además, en el expediente no obra poder que faculte al accionante para actuar en nombre y representación del funcionario precitado.

por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez y la segunda le fue contestada a este. Además, en el expediente no obra poder que faculte al accionante para actuar en nombre y representación del funcionario precitado.

1. El señor Miguel Ignacio Martínez Olano tampoco acreditó un inmine nte peligro de sufrir un perjuicio irremediable , con el fin de que pudiera configurarse la excepción para no demostrar el cumplimiento de la constitución de la renuencia.5

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1.5. Impugnación

La parte actora impugna la decisión de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones, para lo cual expone:

1. No resulta relevante establecer si la solicitud de cumplimiento de la ley la efectuó él directamente, en su condición de accionante, pues lo importante es que se encuentra constituida la renuencia con la respuesta de la Fiscalía General de la Nación mediante el Oficio DVGN-2000, radicado 2023200000007.

1. El juez colegiado de primera instancia no analizó la excepción dispuesta en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 , según la cual es posible, excepcionalmente, prescindir de l requisito de la renuencia cuan do el cumplirlo genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable , lo cual fue debidamente sustentado en la

prescindir de l requisito de la renuencia cuan do el cumplirlo genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable , lo cual fue debidamente sustentado en la demanda, al indicar que el límite temporal para la existencia y efectos jurídicos de la Resolución núm. 002 del 11 de enero de 2023 te nía vigencia de 15 días hábiles, plazo que se venció el 1.° de febrero de esta anualidad , a pesar de lo cual no fue tenido en cuenta por la autoridad judicial accionada.

1. En ese entendido, concluye que debe examinarse: 1) la idoneidad de dicha respuesta para encontrar superado el requisito del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, 2) la necesidad de vincular al trámite del medio de control de cumplimiento al alto comisionado de Paz, para subsanar la falencia, en atención a la naturaleza pública y constitucional de esa acción y 3) la estructuración de la excepción para la constitución de la renuencia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y el inciso 2 del artículo 25 del Acuerdo n úm. 080 de 2019 1, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.6

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someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir el auto del 2 de febrero de 2023 proferido por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta dentro del medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023 000 15 00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad del accionante y se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

En el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, se estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e7

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independencia judicial y las normas de competencia que se fijan en la Constitución Política.

No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la

actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 2 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas par a su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 2005, 3 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas d e procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio ius fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específ icas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política; resaltando el hecho de que para que

sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política; resaltando el hecho de que para que

2T-079 de 1993, T -158 de 1993, T -173 de 1993, T -231 de 1994, T -11se8 de 1995, T -492 de 1995, T567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

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proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de proveídos que resulten violatorios de derechos funda mentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y la jurisprudencia.

relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales s e ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

Del expediente del medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023 000 15 006, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 26 de enero de 2023, se efectuó el reparto del medio de control de cumplimiento instaurado por el señor Miguel Ignacio Martínez Olano contra la Fiscalía General de la Nación , representada legalmente por el señor Francisco Roberto Barbosa Delgado, con el fin de que se diera plena aplicación al parágrafo 2.° del artículo 8.° de la Ley 2272 de 2022, en el que se dispuso que una vez iniciado el proceso de d iálogo, negociación o firma de acuerdos de paz, las autoridades judiciales suspender ían las órdenes de captura en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas organizadas de crimen de alto

4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García

judiciales suspender ían las órdenes de captura en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas organizadas de crimen de alto

4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 5Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 6 Expediente en copia digital obrante en el índice 2 de SAMAI.9

Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01

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impacto con las que se adelanten conversacio nes o se suscriban términos de sometimiento a la justicia; el artículo 2.° del Decreto 2659 de igual anualidad, a través del cual se previó la suspensión de operativos policiales en contra de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACN S); y la Resolución núm. 002 del 2023, mediante la que el presidente de la República reconoció al señor Fredy Castillo Carrillo como miembro de las ACN S y ordenó suspender la orden de su captura por el término de 15 días calendario.

2.4.2. El 30 de enero de 20 23, el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el

captura por el término de 15 días calendario.

2.4.2. El 30 de enero de 20 23, el Juzgado Cincuenta Administrativo del Circuito de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el expediente, de forma inmediata, a los juzgados administrativos de Santa Marta (reparto), lo cual se llevó a cabo al día siguiente.

2.4.3. El 31 de enero de 2023, se efectuó el reparto y se asignó el proceso al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Santa Marta.

2.4.4. El 2 de febrero de 2023, el Juzgado precitado rechazó de plano el medio de control, al considerar que el demandante no cumplió con el requisito de procedibilidad consistente en la constitución de renuencia de que trata el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997.

2.5. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedibilidad

Esta Sala considera cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciale s, con base en los siguientes razonamientos:

1. El caso bajo estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en tor no a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a la igualdad ,7 pues,

7 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 ( IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 ( IJ),unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso10

Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01

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según los alegatos de la parte actora expuestos en el recurso de impugnación, la litis fue resuelta con incursión en un defecto procedimental, evento que, de encontrarse acreditado, conduciría a conside rar lesionado s los derechos previamente mencionados.

1. Se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada es un auto que puso fin al medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023 000 15 00 , frente al cual no procede ningún recurso, en los términos del artículo 16 de la Ley 393 de 19978.

1. Se satisface la exigencia de la inmediatez, pues el auto objeto de censura data del 2 de febrero de 2023 y la presente acción de tutela fue instaurada el 16 de igual mes y año, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.9

mes y año, esto es, en el término de los seis meses señalados por esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.9

1. En el asunto «se cuestiona una irregularidad procesal» que podría tener un efecto decisivo en la decisión judicial que se discute y afectar los derechos fundamentales reclamados en protección por la parte actora.

1. Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de manera clara los supuestos fácticos sujetos a examen, identificó los derechos que estima vulner ados y adecuó sus desacuerdos a la configuración del defecto procedimental.

a la administra ción de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. 8 Artículo 16: «Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentenci a, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente ». 9 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso , como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.11

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1. En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino un auto proferido dentro del medio de control de cumplimiento con radicado 47 001 33 33 009 2023 000 15 00.

En ese orden de ideas, la Sala responde de forma afirmativa al interrogante que se planteó primigeniamente y continúa con la solución del segundo problema, para lo cual efectuará el estudio del defecto invocado por la parte actora.

2.6. Análisis de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela

2.6.1. Desarrollo normativo y jurisprudencial del defecto procedimental

La Corte Constitucional ha señalado que el defecto procedimental ocurre cuando el juez se aparta de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables al caso concreto, lo cual genera una transgresión de los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes en determinado trámite10.

Esta causal específica de p rocedencia de la acción de tutela en contra de

caso concreto, lo cual genera una transgresión de los derechos fundamentales de los sujetos intervinientes en determinado trámite10.

Esta causal específica de p rocedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales tiene dos modalidades : 1) defecto procedimental absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial no observa el procedimiento dispuesto, bien sea, porque siguió un trámite totalm ente distinto o porque pretermitió etapas, y 2) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que acontece en el evento en que el juez, por un apego extremo , renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva e incurre con su actuar en la inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial, en detrimento de los derechos de las partes 11. En relación con este último, la Corte Constitucional precisó los eventos en que puede ocurrir, así:

Esta Corporación (sic) ha identificado algunos escenarios en los que puede configurarse, entre los que se cuentan:

“(i) aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; ( ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre

10 Ver entre otras Sentencias: T-781 de 2011, T-429 de 2016 y T-398 de 2017. 11 Ver entre otras: Sentencia SU238/2019, T950/2011.12

Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01

Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

11 Ver entre otras: Sentencia SU238/2019, T950/2011.12

Radicado: 47 001 2333 000 2023 00025 01

Demandante: Miguel Ignacio Martínez Olano

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comprobada; o ( iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.”

3.3.1. La jurisprudencia constitucional también ha concluido que una autoridad judicial puede incurrir en un error procedimental por exceso ritual manifiesto cuando profiere, de manera injustificada, un fallo inhibitorio. Así, por ejemplo, en la Sentencia T -024 de 2017 se advirtió que el juez incurre en este defecto cuando al proferir una providencia judicial, actúa con excesivo apego a las ritualidades, perdiendo de vista que la finalidad del procedimiento es lograr la efectividad de los derechos, por lo tanto, en sus actuaciones el fallador debe procurar:“(i) impartir justicia, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad jud icial que se acerque lo más posible a la verdad real, y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia (sic) y de los derechos materiales.”

En todo caso, esta Sala precisa que no todo fallo inhibitorio configura un defecto de este tipo, como se dijo, dicha decisión debe ser injustificada. Por ejemplo, esta Corporación (sic) ha tutelado “los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia ante las decisiones de los ju eces, que sin haber agotado todas las opciones

este tipo, como se dijo, dicha decisión debe ser injustificada. Por ejemplo, esta Corporación (sic) ha tutelado “los derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justi