CE - 012333000202300039011SENTENCIA20230414215211

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 13001 23 33 000 2023 00039 01

Demandante: Orlando José Mier Cerpa

Demandados: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué,

Municipio de San Martín de Loba

Temas: Presunta vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Solicitudes de impulso procesal. Mora judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que interpone la parte demandante contra la sentencia del 10 de febrero de 202 3, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señ or Orlando José Mier Cerpa, por medio de apoderado, promueve acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué y el municipio de San Mar tín de Loba (Bolívar) para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

1.2. Pretensiones

municipio de San Mar tín de Loba (Bolívar) para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

Que se AMPARE[N] los derechos fundamentales vulnerados por el [m]unicipio de San Mar tín de Loba – Bolívar y el Juzgado Administrativo de Magangué. En consecuencia, como mecanismo de protección transitoria hasta tanto la jurisdicción competente dirime el conflicto de manera definitiva, que suspenda los [e]fectos de la [R]esolución […] 389 d e noviembre 15 de 2018 «por medio de la cual se cede a título gratuito un bien fiscal del municipio de San Martín de [L]oba [B]olívar», cedió a título gratuito la parte restante de mayor extensión a favor del señor Blasminio Cerpa Ospino.2

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado del accionante señala los siguientes:

1. Por medio de la Resolución 282 del 28 de julio de 1987, se adjudicó a la señora Adriana Ospino de González un lote con los siguientes linderos, por el sur traspatio del señor Tito Jiménez; oriente casa en construcción de Cayetano Cadrasco Mejía ; y occidente, traspatio de los señores Adalberto González Ríos y Teodora Paternina.

1. Mediante Escritura 176 del 19 de agosto de 1987, el municipio de San Martín d e

occidente, traspatio de los señores Adalberto González Ríos y Teodora Paternina.

1. Mediante Escritura 176 del 19 de agosto de 1987, el municipio de San Martín d e Loba (Bolívar) le vendió el referido inmueble a la señora Ospino de González.

Actualmente en ese predio está ubicada la torre de la emisora comunitaria de la que es representante legal.

1. En Oficio del 16 de octubre de 2007, el director de Desarroll o Aeroportuario de la Aeronáutica Civil le informó al Ministerio de Comunicaciones la aprobación de la solicitud que elevó en su calidad de representante legal de la Corporación Cultural de San Martín de Loba (CORPOSAM), para la instalación de las redes radioeléctricas de la Emisora de San Martín de Loba en la vereda Los Héroes (Bolívar), en la frecuencia longitud 08º 56 12, 22 N y longitud 74 A 02 04, 52 W. La torre de transmisión se ubicó en e se inmueble , pues era de propiedad de su abuela, la señora Adriana Ospino, quien ya falleció y que verbalmente lo autorizó.

1. No obstante, el bien donde se halla la antena de la emisora de la que es propietario y a su vez representante legal , el ente territorial con violación del debido proceso, sin notificarl o en debida forma, expidió la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018 «por medio de la cual [cedió] a título gratuito un bien fiscal del municipio de San Martín de Loba» a favor del señor Blasminio Cerpa Os pino, sin tener en cuenta que sobre ese terreno ejerce la posesión.

noviembre de 2018 «por medio de la cual [cedió] a título gratuito un bien fiscal del municipio de San Martín de Loba» a favor del señor Blasminio Cerpa Os pino, sin tener en cuenta que sobre ese terreno ejerce la posesión.

1. A través de apoderado presentó solicitud de conciliación, la cual se celebró sin que la parte accionada compareciera. Igualmente, presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que fue repartido por la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Cartagena el 9 de octubre de 2020, al Juzgado

Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.3

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

1. Por auto del 29 de noviembre de 2020, el juzgado consideró que no era competente para conocer del asunto y ordenó el envío del expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar , corporación que en providencia adiada el 14 de abril de 2021, declaró su falta de competencia y dispuso la devolución al despacho de origen.

1. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena rechazó por caducidad la demanda, decisión contra la que interpuso recurso de apelación. A través de providencia del 13 de mayo de 2022, el Tribunal revocó el auto del 4 de agosto de 2021 y ordenó realizar el estudio de admisión de la demanda.

1. El 26 de julio de 2022, mediante Oficio M1262-JRGL-d005 se remitió el expediente digital al juzgado de origen. El 10 de agos to de 2022, se solicitó al Juzgado Quinto

1. El 26 de julio de 2022, mediante Oficio M1262-JRGL-d005 se remitió el expediente digital al juzgado de origen. El 10 de agos to de 2022, se solicitó al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena que diera el trámite respectivo a lo dispuesto por el Tribunal.

1. El 19 de agosto de 2022, presentó solicitud de impulso para que se procediera a la instrucción del pro ceso. El 26 de agosto de 2022, nuevamente se requi rió a la autoridad judicial para que le imprim iera el trámite procesal a la demanda. El 9 de septiembre pidió al juzgado diera curso a lo pertinente.

1. El 4 de octubre de 2022, a través de correo electrónico el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena le informó que el proceso se había enviado al Juzgado Primero Administrativo de l Circuito de Magangué, conforme con lo dispuesto en el

Acuerdo CSJBOA22-427 del Consejo Superior de la Judicatura.

1. El señor Blasminio Cerpa Ospino , a quien el municipio le adjudicó el inmueble , presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de Loba (Bolívar), proceso verbal reivindicatorio de dominio de mínima cuantía en su contra, el que fue admitido y se encuentra en trámite bajo el radicado 13667 40 89 001 2022 00111 00.

1. A la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Juzgado Primero Administrativo de Magangué dentro del medio de control que impetró.4

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1. A la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Juzgado Primero Administrativo de Magangué dentro del medio de control que impetró.4

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01

Demandante: Orlando José Mier Cerpa

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la vulneración de su s derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por lo siguiente:

1. En el presente caso si bien tiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto que viola sus garantías fundamentales, dicho mecanismo se ejerció desde el 6 de julio de 2020, sin que hasta la fecha haya sido admiti do, mucho menos se ha resuelto sobre la suspensión provisional solicitada con la demanda, por tanto, en la actualidad no es idóneo , porque han transcurrido más de dos años sin que se hubiese decidido la me dida cautelar.

1. Por lo anterior, es menester qu e se proceda al estudio de fondo de la acción, al encuadrarse la situación bajo una de las excepciones establecidas por la Corte Constitucional, esto es, la de encontrarse acreditado que los me dios existentes no proporcionan una protección eficaz y pronta a los derechos que se pretend en salvaguardar.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 31 de enero de 2023, que se ordenó notificar a l Juzgado Primero Administrativo Oral del Circ uito de Magangué y al municipio de San Martín de Loba (Bolívar) , como demandados, para que dentro del

notificar a l Juzgado Primero Administrativo Oral del Circ uito de Magangué y al municipio de San Martín de Loba (Bolívar) , como demandados, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas , y en uso de su derecho de defensa, rindiera n el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Magang ué. El juez Sharib David Carrillo Roldán solicita desestimar las pretensiones de la demanda; en consecuencia, se deniegue el amparo deprecado, por los siguientes motivos:

1. Las actuaciones adelantadas en el proceso impetrado por el accionante se han surtido con absoluta diligencia y oportunidad, al punto que se admitió el medio de5

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 13001 33 33 005 2020 00134 00, lo que evidencia que no existe causa fáctica ni jurídica que sustente la pres entación de la acción constitucional, la cual no puede convertirse en una herramienta de impulso procesal, máxime cuando se han resuelto las pretensiones en un plazo razonable, los cuales no constituyen incumplimiento o dilación injustificada.

1. Comoquiera que no se encuentra acreditada conducta a la que se le pueda atribuir la presunta amenaza o violación de un derecho debe declararse improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de l as garantías fundamentales invocadas.

1. Comoquiera que no se encuentra acreditada conducta a la que se le pueda atribuir la presunta amenaza o violación de un derecho debe declararse improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de l as garantías fundamentales invocadas.

1.6.2. El ente territorial demandado, pese a que fue debidamente notificado, guardó silencio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante fallo de l 10 de febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela , con fundamento en los siguientes argumentos:

1. El accionante pide como mecanismo de protección transitoria que se ordene al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué que hasta tanto se dirima de fondo el asunto, suspenda los efectos de la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018, por medio de la cual el municipio de San Martín de Loba (Bolívar) cedió a título gratuito un bien fiscal.

1. En ese sentido, resulta improcedente la solicitud ante la existencia de otro medio de defensa judicial idóneo para controvertir el derecho discutido, pues , según la Sentencia T-082 de 2018, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela no son simples formalidades o injustificados elementos de los cuales los jueces pueden prescindir o interpretar laxamente, en particular, el de su carácter subsidiario.

Además, indicó que el proceso ordinario es el mecanismo principal e idóneo para cuestionar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos.6

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

cuestionar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos.6

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1. Si bien puede aducirse que las sentencias en primera y segunda instancia en los procesos en esta jurisdicción pueden estar sometidas a demoras originadas en alguna congestión de los despachos judi ciales y que, por ello, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo ni eficaz como lo sería la acción de tutela, lo cierto es que en dichos litigios pueden solicitarse las medidas cautelares definidas y reguladas en los artíc ulos 229 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1. Los artículos mencionados establecen un trámite más ágil, al punto que admite la solicitud y decreto de medidas preventivas de urgencia.

1. Examinada la demanda instaurada por el accionante se advierte que no ha pedido al Juzgado Primero Administrativo de Magangué el decreto de medi da cautelar, lo que desdibuja la procedencia de la acción de tutela, pues tiene ese recurso ordinario.

1. En suma, en el presente asunto, la acción de tutela es improcedente para acceder a la solicitud de suspensión de la Resoluc ión 389 del 15 de noviembre de 2018, pues no puede el juez constitucional desplazar al contencioso para resolver este tipo de controversias.

1. Ahora, aunque hubo una demora en la calificación de la demanda, dicha circunstancia ya fue superada, pues mediante auto del 1.º de febrero de 2023, se

este tipo de controversias.

1. Ahora, aunque hubo una demora en la calificación de la demanda, dicha circunstancia ya fue superada, pues mediante auto del 1.º de febrero de 2023, se admitió; por consiguiente, tampoco ha y violación del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia.

1.8. Impugnación

El accionante a través de apoderado impugna la decisión anterior, y como motivos de inconformidad alega lo siguiente:

1. El Tribunal yerra en el estudio del caso, en el entendido de que dentro de este mecanismo no se hace un análisis de legalidad, sino de derechos fundamentales .

Además, no se examinó que la tutela se presentó como mecanismo transitorio para7

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

evitar un perjuicio irremediable y más gravoso del que ya se gene ró, pues se inició trámite para la restitución del inmueble del que es poseedor.

1. Lo anterior, porque desde que se presentó la demanda ordinaria ha n transcurrido más de dos años y solo hasta después de la interposición de la solicitud de amparo, se logró su admisión, circunstancia que no se alcanzó antes a pesar del sinnúmero de peticiones de impulso proces al que elevó , lo que evidencia que el medio de control instituido para la declaración de nulidad de los actos particulares y concretos no ha sido eficaz ni idóneo, lo que torna procedente la acción.

1. Como se acredita en el plenario, la persona a la cual se le adjudicó el inmueble

control instituido para la declaración de nulidad de los actos particulares y concretos no ha sido eficaz ni idóneo, lo que torna procedente la acción.

1. Como se acredita en el plenario, la persona a la cual se le adjudicó el inmueble mediante la resolución cuya suspensión se pretende , inició las diligencias judiciales para la restitución del inmueble, lo que le generaría un daño irremediable si no se suspende el acto que se está tomando como prueba en el proceso civil.

1. Resulta un hecho notorio la congestión judicial que cubre a l a jurisdicción contencioso-administrativa; por tanto, en este m omento hace ineficaz el mecanismo natural para desatar la litis, más la demora injustificada en la que se ha incurrido en el trámite de proceso judicial que instauró.

1. En la Sentencia T-260 de 2018, la Corte indicó que la idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por sentadas ni descarta rse de manera general sin consideración a las circunstancias particulares del caso sometido a conocimiento del juez, en otros términos, no puede afirmarse que determinados recursos tienen esas características para lograr la satisfacción de las pretensiones.

1. Es por ello , que el Tribunal debió estudiar el daño irremediable que se expone para establecer su procedencia y no solo indicar que tiene las medidas cautelares, cuando la norma indica que si se pide como mecanismo transitorio debe hacerse un análisis de procedencia más profundo y no sumario como el expuesto en el fallo impugnado.

1. Además, el municipio adjudicó el bien, sin que se desatara todo el trámite

análisis de procedencia más profundo y no sumario como el expuesto en el fallo impugnado.

1. Además, el municipio adjudicó el bien, sin que se desatara todo el trámite administrativo de manera adecuada, en el entendido, de que no se vinculó a los8

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

terceros con interés directo dentro del proceso, en su caso como poseedor, lo que demuestra la grave afectación al derecho fundamental al debido proceso.

1. En ese sentido , y ante las circunstancias descritas es procedente este mecanismo judicial para de manera transitoria y hasta tanto se resuelva la actuación judicial a través de sentencia definitiva, se suspendan los efectos del acto de que trata este proceso.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para conocer de la impugna ción, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si e l Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia a l señor Orlando José Mier Cerpa por la aparente mora en tramitar el

Corresponde a la Sala determinar si e l Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia a l señor Orlando José Mier Cerpa por la aparente mora en tramitar el medio de control de reparación directa con ra dicación 13001 33 33 005 2020 00134 00.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.9

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.

2.3.2. La mora judicial

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional ,2 señala que el derecho al debido proceso

1 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T -1268 de 2005, T972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras muchas. 2 Al respecto, ver entre otras la s sentencias de la Corte Constitucional, C -341 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicc ión, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios ad ecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un pro ceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables ; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es10

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a dilaciones injustificadas o inexplicables ; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es10

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte, el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a l os principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».

Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la obligación de cumplir los términos judiciales , so pena de incurrir en sanciones disciplinarias. Así mismo, prevé n el deber de dictar sentencias respetando el orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En es a lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello».3

actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello».3

Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes al despacho, salvo prelación legal.

efectivo cuando los servidores púb licos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberá n decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas». 3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.11

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las

violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten».4

Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores jurídicos incurren en mora judicial injustificada, 5 así: «(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».6

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —como el exceso de carga laboral de los despachos —, sino de la falta de diligencia y omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.7

2.4. Hechos probados

De con formidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede establecer lo siguiente:

2.4.1. El 6 de julio de 2020, el señor Orlando José Mier Cerpa, por medio de apoderado, impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara nula la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018, por medio de la cual

apoderado, impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara nula la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018, por medio de la cual se cedió a título gratuito un bien fiscal del municipio de San Martín de Loba (Bolívar).8

4 Sentencia T-297 de 2006. 5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007. 6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007. 7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Índice 2, del expediente electrónico.12

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01

Demandante: Orlando José Mier Cerpa

2.4.2. El 9 de octubre de 2020 , el proceso fue repartido al Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cartagena bajo la radicación 13001 33 33 005 2020 00134 00.9

2.4.3. El 13 de octubre de 2020 , la Secretaría pasó al despacho el expediente digitalizado para estudio de la admisión de la demanda.10

2.4.4. El 2 0 de noviembre de 202 0, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena remitió por competencia el proceso al Tribunal Administrativo de Bolívar.11

2.4.5. El 14 de abril de 202 0, el Tribunal declaró la falta de competencia de esa corporación para conocer del asunto y lo envió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena12

de Bolívar.11

2.4.5. El 14 de abril de 202 0, el Tribunal declaró la falta de competencia de esa corporación para conocer del asunto y lo envió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena12

2.4.6. El 4 de agosto de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena rechazó la demanda por caducidad según lo previsto en el artículo 169, numeral 1, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).13

2.4.7. El 11 de marzo de 2022, el accionante formuló solicitud de impulso procesal ante el Tribunal Administrativo de Bolívar , para que se pr onunciara respecto al recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda.14

2.4.8. El 4 de mayo de 2022, el señor Mier Cerpa reitera su petición para que se provea lo que corresponda en relación con la alzada contra el proveído del 4 d e agosto de 2021.15

9 Índice 2, del expediente electrónico. 10 Índice 2, del expediente electrónico. 11 Índice 2, del expediente electrónico. 12 Índice 2, del expediente electrónico. 13 Índice 2, del expediente electrónico. 14 Índice 2, del expediente electrónico. 15 Índice 2, del expediente electrónico.13

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01

Demandante: Orlando José Mier Cerpa

2.4.9. El 1 3 de mayo de 202 2, el Tribunal