CE - 110010306000202200262001AUTOQUERESUELDECISIONC20230418114615

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Número único: 11001-03-06-000-2022-00262-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Alcaldía de Bucaramanga - Oficina de Control Interno

Disciplinario, y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Asunto: Autoridad competente para co ntinuar con actuación disciplinaria contra comisario de familia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2° y 19 d e la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación que hace parte del expediente 2, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al asunto en estudio:

1. El 8 de mayo de 2021, el señor Jonathan Rodríguez Duarte instauró queja, ante la Oficina de Control Interno Disciplinario de Bucaramanga y la Personería de ese municipio, en contra de la comisaria de familia de Bucaramanga Turno 2, señora Claudia Ximena Melo Rincón, por presunta «falta de ética profesional por mal manejo de proceso de violencia intrafamiliar», iniciado el 11 de abril de 2021.

Claudia Ximena Melo Rincón, por presunta «falta de ética profesional por mal manejo de proceso de violencia intrafamiliar», iniciado el 11 de abril de 2021.

2. El 12 de mayo de 2021 , la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Bucaramanga ordenó abrir indagación preliminar en contra de Claudia Ximena Melo Rincón, comisaria segunda de familia de Bucaramanga.

3. El 21 de junio de 2021, la personera delegada para la vigilancia administrativa y asuntos disciplinarios consideró no ser competente para conocer del pro ceso disciplinario en contra de la comisaria de familia de Bucaramanga turno 2, toda vez que «el ejercicio del control disciplinario en el Estado Colombiano le compete en primer término a las oficinas especializadas del mas alto nivel de la propia administración» y, en consecuencia, señaló que la autoridad competente es la

Oficina de Control Interno Disciplinario de Bucaramanga.

4. El 11 de agosto de 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga resolvió «remitir la queja instaurada por el señor Jonathan Rodríguez Duarte, en contra de la c omisaria de familia de la joya Turno 2, Claudia

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente digital SamaiRadicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 2 de 23

en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente digital SamaiRadicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 2 de 23

Ximena Melo Rincón, con radicado 4715 -2021, a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE SANTANDER[…] ». Lo anterior, por considerar que al tratarse de un caso de violencia intrafamiliar, la autoridad administrativa está en ejercicio de funciones jurisdiccionales, y, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 2 ° de la Ley 1952 de 2019 es la mencionada comisión la autoridad competente para continuar con la investigación disciplinaria3.

5. El 31 de agosto de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander consideró que «al ser la misma Constitución la que fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial y está circunscrita netamente a los funcionarios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, no es posible tramitar un proceso adelantado contra un comisario de familia que ni es funcionario ni empleado judicial», razón p or la cual remitió a la Oficina de Control Interno

Disciplinario de Bucaramanga.

6. En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga dispuso remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que resuelva el conflicto negativo de competencias suscitado con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

I. ACTUACIÓN PROCESAL

del Consejo de Estado, para que resuelva el conflicto negativo de competencias suscitado con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

I. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijo edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto4. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto 5 a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga , a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Personería Municipal de Bucaramanga , a la Comisaría de Familia de la Joya Turno 2 (Bucaramanga), a la señora Claudia Ximena Melo Rincón, comisaria de familia.

Según informe secretarial del 18 de noviembre de 2022 , consta que, dentro del término de fijación, mediante correo electrónico el doctor Jorge Iván Atuesta Cortés, en calidad de jefe de oficina de control interno disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga, presentó consideraciones en dos archivos en formato pdf con cinco y cinco folios, respectivamente. Asimismo, la doctora María Helena Berbeo Medina, en calidad de personera delegada para la vigilancia administrativa y asuntos disciplinarios de instrucción de la Personería de Bucaramanga, presentó consideraciones en un archivo en formato pdf con cuatro folios. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

disciplinarios de instrucción de la Personería de Bucaramanga, presentó consideraciones en un archivo en formato pdf con cuatro folios. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

II. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

3 Expediente digital Samai. 4 Expediente digital Samai 5 Expediente digital SAMAI, PDF 11 Informe de comunicaciones, folio 1.Radicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 3 de 23

1. Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga

Manifestó que, de acuerdo con el esc rito de queja, los he chos expuestos refieren presuntas irregularidades en el marco de un procedimiento de violencia intrafamiliar, e indicó que, la Ley 2126 de 2021 6 que modificó la Ley 1098 de 2006 7, en lo que respecta al diseño institucional de las comisarías de familia, precisa la naturaleza jurídica de estas entidades, como dependencias de car ácter administrativo con funciones jurisdiccionales.

Adujo que, el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política faculta a algunas autoridades de naturaleza administrativa , para dictar actos y conocer asuntos jurisdiccionales como excepción al principio de separación de poderes.

Agregó, que en el marco de la Ley 2094 de 2021 que modificó la Ley 1952 de 2019m8, la titularidad de la potestad disciplinaria interna de la administración municipal de Bucaramanga está reglamentada en el Decreto 042 de 2022 , por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos del municipio.

municipal de Bucaramanga está reglamentada en el Decreto 042 de 2022 , por el cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos del municipio.

Expresó que si bien, en principio, corresponde a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la alcaldía ejercer la potestad disciplinaria respecto de los servidores de municipio, debe tenerse en cuenta que, el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019 establece el alcance de la función jurisdiccional disciplinaria, entre otros, tratándose de autoridades que administran justicia de manera excepcional, temporal o permanente, como ocurre con los comisarios de familia en asuntos de violencia intrafamiliar.

Concluyó que, «pese a que la queja instaurada por JONATHAN RODRGIGUEZ DUARTE, se dirige contra servidores públicos de la administración municipal de Bucaramanga», el comisario de familia está en ejercicio de funciones jurisdiccionales y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial .

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander

Señaló que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política, la Comisión solo tiene competencia para adelantar investigaciones disciplinarias contra funcionarios y empleados de la Rama Judicial y contra abogados en ejercicio de la profesión. Sobre el particular señaló:

En conclusión, al ser la misma Constitución la que fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial, y esta ella circunscrita netamente a los

abogados en ejercicio de la profesión. Sobre el particular señaló:

En conclusión, al ser la misma Constitución la que fija la competencia de las Comisiones de Disciplina Judicial, y esta ella circunscrita netamente a los funcionarios y empleados judiciales y abogados en ejercicio de la profesión, no es posible dar trámite a un proceso adelantado contra un Comisario de Familia que ni es funcionario ni empleado judicial, del cual debe seguir conociendo la Oficina de

6 Por la cual se regula creación, conformación y funcionamiento de las comisar ías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. 7 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 8 Por medio la cual se expide el Código General Disciplinario.Radicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 4 de 23

Control Interno y cualquier disposición que nos asigne una competencia diferente resultaría contraria a la Constitución y por el principio de jerarquía de las normas siempre que exista una disposición contraria a la Carta Constitucional, la misma resulta inaplicable por el operador judicial o administrativo como lo dispone precisamente el artículo 4 de la misma, que establece claramente el principio de supremacía constitucional y que determina que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales.

Lo procedente entonces es remitir las presentes diligencias a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal, para lo de su competencia, en caso de no estar conforme con los argumentos esbozados se propone desde ya la colisión negativa de competencia.

3. Personería de Bucaramanga

Interno de la Alcaldía Municipal, para lo de su competencia, en caso de no estar conforme con los argumentos esbozados se propone desde ya la colisión negativa de competencia.

3. Personería de Bucaramanga

La personera delegada para la vigilancia administrativa y asuntos disciplinarios en instrucción señaló que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, la autoridad competente para conocer de la investigación disciplinaria es la Oficina de Control Interno Disciplinario , toda vez que la comisaria de familia de es una funcionaria adscrita a la Alcaldía de Bucaramanga y está en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración9

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por la norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (C ódigo General Disciplinario), que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, al no existir un superior común inmediato, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011 (Código d e Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA),

9 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-03-06000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán; entre otras.Radicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 5 de 23

particularmente, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Reiteración10

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 11 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021:

Administrativo que en su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 11 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la person a interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

[…]

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administra tivo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40)

o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administra tivo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha prec isado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

10 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 26 de enero de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2021-00145 M.P. María del Pilar Bahamón Falla. 11 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se est ablece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta parte primera del Código.Radicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 6 de 23

El asunto discutido es de naturaleza administrativa y versa sobre un asunto particular y concreto: la continuación del trámite de la queja presentada por el señor Jonathan Rodríguez Duarte contra la señora, Claudia Ximena Melo Rincón , comisaria de familia de Bu caramanga turno 2 , por presunta «falta de ética profesional por mal manejo de proceso de violencia intrafamiliar», iniciado el 11 de abril de 2021.

comisaria de familia de Bu caramanga turno 2 , por presunta «falta de ética profesional por mal manejo de proceso de violencia intrafamiliar», iniciado el 11 de abril de 2021.

1. que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

Tanto la oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander , negaron tener la competencia para conocer del asunto.

1. que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia s administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

El presente caso involucra a una autoridad del orden nacional, esto es, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Seccional de Disciplina Judicial de Santander, y una autoridad del orden municipal , como lo es la Alcaldía de Bucaramanga (Oficina de Control Interno Disciplinario).

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»12.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están

decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con lo s artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

12 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015Radicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 7 de 23

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las autoridades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios

puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las autoridades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamen tos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problemas jurídicos

El presente conflicto versa sobre una queja en contra de la comisaria de familia de Bucaramanga, por la presunta falta de ética profesional por mal manejo de un proceso por violencia intrafamiliar.

La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander , manifestaron no ser competentes para conocer del asunto.

De conformidad con los antecedentes descritos en el presente asunto, y en atención a que se trata de un asunto similar, la Sala reitera su decisión del 13 de diciembre de 2022, Rad. 2022-00257.

Al respecto, le corresponde a la Sala resolver dos problemas jurídicos, a saber:

a) Si puede y debe ser aplicado lo dispuesto en los artículos 2.° y 239 de la Ley 1952

de 2022, Rad. 2022-00257.

Al respecto, le corresponde a la Sala resolver dos problemas jurídicos, a saber:

a) Si puede y debe ser aplicado lo dispuesto en los artículos 2.° y 239 de la Ley 1952 de 2019 , en cuanto a las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus respectivas comisiones seccionales, para investigar disciplinariamente a las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales de manera excepcional, ya sea en forma temporal o permanente, pese a que el artículo 257A de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, solo otorgó a dicho organismo , facultades para ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los servidores de la Rama Judicial, y sobre los abogados en ejercicio de su profesión; o si, por el contrario, las mencionadas normas legales deben ser inaplicadas por la Sala, en el marco de la denominada excepción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 4.º de la Carta.

b) Definir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria contra la señora Claudia Ximena Melo Rincón, en su calidad de comisaria de familiaRadicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 8 de 23

de Bucaramanga, por la conducta arriba mencionada, y presuntamente constitutiva de falta disciplinaria.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) La potestad disciplinaria de la administración. Reiteración; ii) Las funciones disciplinarias de la Comisión Nacio nal de Disciplina Judicial y sus comisiones

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará referencia a los siguientes temas: i) La potestad disciplinaria de la administración. Reiteración; ii) Las funciones disciplinarias de la Comisión Nacio nal de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales. Reiteración; iii) La función de control interno disciplinario de la Alcaldía de Bucaramanga . Reiteración ; iv) La excepción de inconstitucionalidad y su aplicación frente a normas de rango legal que amplían indebidamente las competencias establecidas en la Constitución Política. Reiteración; v) Las funciones jurisdiccionales asignadas a las comisarías de familia. Reiteración ; y vi) el caso concreto.

6. Análisis de la normativa aplicable al caso concreto

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración13

La Sala ha sostenido que «la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos se justifica por la necesidad de garantizar que estos, en el ejercicio de sus funciones, den cu mplimiento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que deben guiar la función administrativa»14.

La Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) en su artículo 23, dispuso que, con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes,

neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

En este contexto, se concibe, entonces, el control disciplinario como un presupuesto imperioso de la Administración Pública, no solo para garantizar el buen nombre y la eficiencia de esta 15, sino también para lograr que la función pública se ejecute en beneficio de la comunidad, y se protejan los derechos y libertades de los asociados16.

Como lo ha manifestado esta Sala en varias ocasiones, dentro del marco constitucional que actualmente nos rige17:

El control disciplinario sobre los servidores públicos se ejerce en dos niveles:

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 2 de junio de 2022, radicación núm. 11001-03-06-000-2022-00026-00, decisión del 16 de mayo de 2018, radicación núm. 11001030600020170020000, y decisión del 18 de junio de 2019, radicación núm. 11001030600020190006300. 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1787 del 27 de octubre de 2006 y Decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación núm. 110010306000201700200 00. 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787, citado.

Decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación núm. 110010306000201700200 00. 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1787, citado. 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046 del 3 de marzo de 2011. 17 Constitución Política. Artículos 209 (Control Interno) y 277 (Procuraduría General de la Nación).Radicación: 11001 03 06 000 2022 00262 00 Página 9 de 23

(i) el control interno, a cargo de las oficinas, grupos o unidades de control disciplinario de las ramas, entidades, órganos y organismos del Estado, y

(ii) el control externo, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías municipales y distritales, ya sea en virtud del poder disciplinario preferente que la Constitución Política y la ley conceden a dichos órganos, o de la cláusula general de competencia en materia disciplinaria que la misma Carta reconoce a la Procuraduría General18.

Con la expedición de la Ley 200 de 1995 19, se introdujo, en su artículo 48, la figura de la unidad u oficina de control interno disciplinario. De acuerdo con dicha norma, toda entidad u organismo del Estado, salvo la Rama Judicial, estaba obligada a constituir una unidad u oficina del más alto nivel, encargada de conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios contra sus propios servidores. Es decir, esa oficina tenía asignado por ley, el ejercicio de la función disciplinaria en cada una de las entidades estatales.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 734 de 2002, se avanzó en el diseño del

oficina tenía asignado por ley, el ejercicio de la función disciplinaria en cada una de las entidades estatales.

Posteriormente, con la expedición de la Ley 734 de 2002, se avanzó en el diseño del control disciplinario interno. Conforme lo establecido por el artículo 2 ° de dicha ley, correspondía a las oficinas de control di sciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus respectivas entidades, órganos o dependencias.

En la misma línea, la Ley 1952 de 2019 en el artículo 93 (modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021), dispuso lo siguiente, sobre el control disciplinario interno:

Control disciplinario interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competenc ias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores.

Si no f uere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación de acuerdo con sus competencias.

En aquellas entidades u organismos en donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control