CE - 110010306000202300106001AUTOQUERESUELABSTENERSE20230918202020

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00106-00

Referencia: presunto conflicto negativo de competencia administrativa

Partes: Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta - Regional Santander y Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja (Santander) Asunto: Competencia para continuar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de un adolescente

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas referido.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de noviembre de 2020 3, la señora I.B.M.Z. 4, migrante venezolana, se presentó con su hijo menor de edad G.A.L.M.5, ante la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta - Regional Santander. Lo anterior, con el fin de dejar a su hijo al cuidado del ICBF, pues, según informó, se trasladaría a Ecuador y Perú, en busca de otro de sus hijos, y realizó el compromiso de mantener contacto y regresar por él.

hijo al cuidado del ICBF, pues, según informó, se trasladaría a Ecuador y Perú, en busca de otro de sus hijos, y realizó el compromiso de mantener contacto y regresar por él.

1 Ley 1431 de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». 2 Ley 2080 de 2021, «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción». 3 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.3_organized, folios 1 a 2. 4 A fin de proteger el derecho a la intimidad y los demás derechos fundamentales del menor de edad, se omitirá en esta decisión su nombre completo y el de sus familiares y allegados, por lo que la Sala se restringirá a referir las iniciales de los nombres de las partes involucradas en el proceso. 5 El menor de edad G.A.L.M. nació el 7 de a bril de 2010, es decir, cuenta a la fecha con 13 años y padece parálisis infantil con retardo psicomotor, según consta en SAMAI, expediente digital, archivo 3, carpeta L. 3_organized, documento 1, folios 1 y 2.Radicación: 11001030600020230010600 Página 2 de 19

2. El 19 de noviembre de 20206, la citada defensoría de familia dictó el Auto 044, por el cual inició el PARD en favor del menor de edad G.A.L.M. y ordenó su ubicación en hogar sustituto, como medida provisional.

3. El 12 de abril de 20217, la defensoría declaró la vulneración de los derechos de G.A.L.M., confirmó su ubicación en hogar sustituto y ordenó al equipo biopsicosocial, el seguimiento por un término de seis meses en aras de un posible reintegro o prórroga de las medidas.

4. El 6 de octubre de 2021 8, mediante Resolución 346, la Defensoría de Familia del ICBF – Centro Zonal La Floresta, Regional Santander prorrogó la et apa de seguimiento del PARD, en vista de una comunicación de la Cruz Roja Internacional, del 30 de septiembre de 2021, que informó de un contacto con la progenitora del menor de edad, quien confirmó su voluntad de hacerse cargo de su hijo, dejando un

teléfono para mantener comunicación.

La prórroga fue del 13 de octubre de 2021 hasta el 12 de abril de 2022.

5. El 13 de enero de 2022 9, la Defensoría de Familia - Centro Zonal La FlorestaRegional Santander, tras advertir que el término máximo de dieciocho meses de duración del PARD estaba por agotarse, sin poder aun definir la situación jurídica del menor de edad , por cuanto el área psicosocial adscrita a esta defensoría, no había podido vincular y empoderar a la progenitora, frente a su ejercicio del rol materno, lo cual ha sido difícil dada su actual condición de migrante en otro p aís, en donde

menor de edad , por cuanto el área psicosocial adscrita a esta defensoría, no había podido vincular y empoderar a la progenitora, frente a su ejercicio del rol materno, lo cual ha sido difícil dada su actual condición de migrante en otro p aís, en donde tampoco ha podido asentarse. Por tales motivos solicitó la prórroga del PARD, de que trata la Resolución 11199 del 2 de diciembre de 2019 del ICBF10.

6. El 24 de enero de 202211, la Dirección Regional de Santander del ICBF, mediante la Resolución 000041 autorizó la prórroga del seguimiento, por un término máximo de 6 meses, contado a partir del 12 de abril de 2022 hasta el 13 de octubre de 2022.

6 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A EX PEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.3_organized, folios 21 a 25. 7 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.4_organized, folios 42 a 55. 8 SAMAI, expediente digital, archivo 4A, carpeta L. 5, folios 50 a 52. A 9 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.5_organized, folios 87 a 91. 10 «Por la cual se reglamenta el mecanismo para dar el aval de ampliación del término de segu imiento

(2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.5_organized, folios 87 a 91. 10 «Por la cual se reglamenta el mecanismo para dar el aval de ampliación del término de segu imiento de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD)» . ARTÍCULO 5o. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROCESOS QUE SERÁN PUESTOS A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL. 11 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, c arpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.5_organized, folios 93 a 96. Los argumentos jurídico de fondo que respalda esta extensión de plazo para resolver de fondo el PARD en este caso señaló lo siguiente:Radicación: 11001030600020230010600 Página 3 de 19

7. El 29 de junio de 2022 12, la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta - Regional Santander solicitó a la directora de Protección de la Dirección General del ICBF una nueva prórroga de seis mes es, en razón a que se perdió contacto con la madre de l menor de edad, y la imposibilidad de ubicar al menor de edad con algún miembro de su familia extensa, en vista de la falta de datos de contacto como lo ha señalado el Comité Internacional de la Cruz Roja , entidad que ha colaborado en este proceso.

8. No obstante, el 27 de septiembre de 2022 13, la directora de Protección de la Dirección General del ICBF, mediante Resolución 4598, negó la petición de prórroga.

colaborado en este proceso.

8. No obstante, el 27 de septiembre de 2022 13, la directora de Protección de la Dirección General del ICBF, mediante Resolución 4598, negó la petición de prórroga.

Según indicó, no se cumplían los requisitos establecidos para el efecto, por el artículo 5 de la Resolución 11199 de 201914, en particular los referidos en los numerales 2, 4 y 5, al evidenciar el inc umplimiento de la notificación en debida forma del auto de

[…] En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 208 de la ley 1955 de 2019, el ICBF emite la resolución No. 11199 de 2 de diciembre de 2019 mediante la cual reglamenta el mecanismo para dar aval de ampliación del término de seguimiento de los Procesos Adminis trativos de Restablecimiento de Derechos, siempre y cuando se reúnan los requisitos contenidos en la misma. En el caso que nos ocupa, la ley 1098 de 2018 en el artículo 4 advierte que la ley de infancia y adolescencia colombiana también se aplica a los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentran en territorio nacional, también es cierto que para ellos solo es permitida la declaración de vulneración de derechos, no así la declaratoria de adoptabilidad, en atención a que no existe un registro civil colombiano en el que se pueda hacer la respectiva anotación, situación que solo aplica para los nacionales colombianos. La convención de los Derechos del Niño en su artículo 2 y la Constitución Nacional en su artículo 13 refieren la tarea que tiene los Estados para garantizar la protección y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en su territorio nacional, sin discriminación por nacionalidad.

La convención de los Derechos del Niño en su artículo 2 y la Constitución Nacional en su artículo 13 refieren la tarea que tiene los Estados para garantizar la protección y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en su territorio nacional, sin discriminación por nacionalidad. 12 SAMAI, expediente digital archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., documento L.6_organized, folios 49 a 52. 13 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta CARPETA G.L., 4598, documento único, folios 1 a 18. 14 ARTÍCULO 5o. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROCESOS QUE SERÁN PUESTOS A CONSIDERACIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL. Para que un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos pueda ser analizado por el Director Regional para el otorgamiento del aval, deberá cumplir con los siguientes requisitos:[…]

2. El auto de apertura del PARD debe haber sido notificado a las personas que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 3o de la Ley 1878 de 2018, tienen que ser citadas para que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer.[…]

4. Debe evidenciarse que el PARD contó con las notificaciones consagradas en el Código de la Infancia y la Adolescencia para las diferentes etapas.

5. El proceso no puede estar incurso en ninguna causal de nulidad. […]Radicación: 11001030600020230010600 Página 4 de 19

y la Adolescencia para las diferentes etapas.

5. El proceso no puede estar incurso en ninguna causal de nulidad. […]Radicación: 11001030600020230010600 Página 4 de 19

apertura del PARD a las personas señaladas en el artículo 99 15 del Código de la Infancia y la Adolescencia, tal y como indica el artículo 102 de la Ley 1098 de 200616.

9. Debido a lo anterior, mediante Auto del 12 de octubre de 2022 17, la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta - Regional Santander ordenó «remitir al Juez Promiscuo de Familia de esta ciudad – reparto - el proceso de restablecimiento de derechos adelantado en f avor del adolescente G.A.L.M. , para lo que estime conveniente resolver », ante la p érdida de competencia de esa autoridad administrativa.

10. El 13 de octubre de 202218, la defensoría dirigió un escrito al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, a quien fue repartido el proceso, en el que le solicitó (i) declarar que NO había irregularidad procesal y por lo mismo, que no existía nulidad de lo actuado que deba subsanarse; (ii) ordenar a la Directora de Protección Nacional del ICBF avalar una nueva prórroga; y, (iii) si en efecto operó alguna nulidad, que esa instancia judicial continúe el trámite y defina la situación jurídica del menor de edad.

11. Por auto del 24 de octubre de 2022 19, el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia

de Barrancabermeja resolvió lo siguiente:

jurídica del menor de edad.

11. Por auto del 24 de octubre de 2022 19, el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia

de Barrancabermeja resolvió lo siguiente:

15 Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa. El niño, la niña o adolescente, su representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, o cualquier persona, podrá solicitar ante el Defensor o Comisario de Familia, o en su defecto el Inspector de Policía la protección de los derechos de aquel cuando se encuentren vulnerados o amenazados. […] En el auto de apertura de investigación se deberá ordenar: La identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo. […] . 16 Ley 1098 de 2006, Artículo 102. Citaciones y notificaciones. La citación ordenada en la providencia de apertura de investigación se practicará en la forma prevista en la legislación de Procedimiento Civil vigente para la notificación personal, siempre que se conozca la identidad y la dirección de las personas que deban ser citadas. Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban ser citados, la citación se re alizará mediante publicación en una página de Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un término de cinco días y por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá una fotografía del niño, si fuere posible. La notificación en este último caso se entenderá surtida si transcurridos cinco (5) días, contados a partir del cumplimiento del término establecido para las publicaciones en los medios de comunicación, el citado no comparece. Las providencias que se

surtida si transcurridos cinco (5) días, contados a partir del cumplimiento del término establecido para las publicaciones en los medios de comunicación, el citado no comparece. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se consideran notificadas en estrados inmediatamente después de proferidas, aun cuando las partes no hayan concurrido. Las demás notificaciones se surtirán mediante aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizad o, acompañado de una copia de la providencia correspondiente. 17 SAMAI, expediente digital, archivo 4 A, EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta «CARPETA G.L.», documento «auto remite al juez», folio único. 18 SAMAI, expediente d igital archivo 4 A EXPEDIENTE 2022 -314, carpeta OneDrive_2023 -03-24 (2).zip, subcarpeta «CARPETA G.L.», documento «memorial G.L.», folios 1 a 27. 19 SAMAI, expediente digital, archivo 3, 2022-00314 avoca, documento único, folios 1 a 4.Radicación: 11001030600020230010600 Página 5 de 19

PRIMERO: DECLARAR LA PÉRDIDA DE COMPETENCIA por parte de la DEFENSORA DE FAMILIA para seguir conociendo el presente proceso.

SEGUNDO: Como consecuencia del numeral anterior AVOCAR el conocimiento de las presentes diligencias de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS de G.A.L.M.

TERCERO: SE ORDENA la verificación de los derechos fundamentales del adolescente G.A.L.M.; para tal fin se dispone la práctica de las siguientes pruebas:

las presentes diligencias de RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS de G.A.L.M.

TERCERO: SE ORDENA la verificación de los derechos fundamentales del adolescente G.A.L.M.; para tal fin se dispone la práctica de las siguientes pruebas:

1. OFICIAR a la «CANCILLERIA DE VENEZUELA EN COLOMBIA», para que en el término de un (01) día, informe si el niño G.A.L.M. de cuyo nacimiento se tiene el día 07/04/2010, hecho ocurrido en algún hospital de Barquisimeto Venezuela, según lo informado por la señora I .B.M.Z. identificada con cédula de ciudadana venezolana 18.439.776, quien dice ser la madre, en efecto nació en ese lugar. En caso afirmativo, remitir el acta de nacimiento debidamente apostillado. Así mismo, para que se sirva informar dentro del mismo término si el menor G .A.L.M. se encuentra registrado en Venezuela, y en caso de ser afirmativo, proceda a remitir el respectivo documento que así lo acredita debidamente apostillado. Por secretaría líbrese el correspondiente oficio.

CUARTO: ORDENAR al ICBF mantener las medidas de protección y seguimiento al niño G.A.L.M. hasta que esta autoridad judicial defina el asunto.

QUINTO: se ORDENA como lo establece el art. 100 de la Ley 1098 de 2006, Oficiar a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION para que se promueva investigación disciplinaria a que haya lugar en contra de los Funcionarios del ICBF que tuvieron el trámite de la actuación administrativa, advirtiendo a dicho ente que la solicitud de las diligencias, deberá realizarla directamente al ICBF Centro Zonal La

investigación disciplinaria a que haya lugar en contra de los Funcionarios del ICBF que tuvieron el trámite de la actuación administrativa, advirtiendo a dicho ente que la solicitud de las diligencias, deberá realizarla directamente al ICBF Centro Zonal La Floresta de esta ciudad. […]

12. El Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja a pesar de que se refirió a la «Cancillería de Venezuela en Colombia» remitió las comunicaciones a la «Embajada de Venezuela en Colombia». Esta última autoridad presentó una solicitud de prórroga para dar respuesta a su requerimiento, pero a pesar de otorgarse un plazo de cinco días, no dio respuesta. Siguieron reiterados requerimientos a la embajada, así como una petición al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que por la vía diplomática ayudará en la consecución de la información con su homóloga de Venezuela y diera respuesta en un plazo de tres días. Esta petición a la Cancillería de Colombia se reiteró el 9 de diciembre de 2022 si recibirse respuesta alguna20.

13. La decisión fue confirmada por el mismo Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja al resolver un recurso de reposición, el 15 de noviembre de

202221. Según indicó:

20 SAMAI, expediente digital, archivo 14, folio 1 a 8. 21 SAMAI, expediente digital, archivo 18, documento único, folios 1 a 3.Radicación: 11001030600020230010600 Página 6 de 19

«[…] el Despacho al asumir la competencia, procedió al decreto de pruebas con el fin de poder determinar la individualización del menor G.A.L.M., con la finalidad de

«[…] el Despacho al asumir la competencia, procedió al decreto de pruebas con el fin de poder determinar la individualización del menor G.A.L.M., con la finalidad de establecer su plena identidad, pues en el control de legalidad ejercido por parte de esta autoridad judicial, se observa que el menor no se encuentra plenamente identificado, no se tiene la certeza de su filiación; en el expediente no obra documento que lo acredite y no se observan diligencias practicadas en dicho sentido a pesar que la Dirección de Protección ICBF efectuó sugerencias a la Defensora de la Familia en la Resolución 4598 del 27 de septiembre de 2022 y desde que se inició el PARD a la fecha en que se remiten las diligencias al respecto nada se hizo ante el Ministerio de Relaciones exteriores, máxime cuando se tenía presente de la posible nacionalidad que el niño ostentaba.

14. Posteriormente, en decisión del 13 de diciembre de 2022 22, el citado juzgado de

familia, resolvió lo siguiente respecto del PARD:

PRIMERO.- NEGAR la imposición de las medidas de restablecimiento consagradas en el art. 53 de la Ley 1098 de 2006, a favor del adolescente presuntamente llamado G.A.L.M., según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO.- EXHORTAR al Defensor de Familia para que verifique o establezca la identidad plena del adolescente llamado G.A.L.M., y una vez se logre ello se efectúe el correspondiente procedimiento administrativo de restablecimientos de derechos, todo ello dentro de los términos establecidos en la Ley 1098 de 2006, teniendo en cuenta las órdenes impartidas en las consideraciones de esta decisión.

el correspondiente procedimiento administrativo de restablecimientos de derechos, todo ello dentro de los términos establecidos en la Ley 1098 de 2006, teniendo en cuenta las órdenes impartidas en las consideraciones de esta decisión.

TERCERO: MANTENER la medida de protección provisional de ubicación en medio familiar en la modalidad de hogar sustituto ONG mientras se restablecen sus derechos.

CUARTO: INICIAR tramite incidental en contra de la EMBAJADA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA por incumplimiento a orden judicial y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

QUINTO: EJECUTORIADO el presente proveído, enviar el diligenciamiento al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, a efectos de que se dé cumplimiento a lo dispuesto por los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de esta providencia.

15. El 19 de enero de 2023, la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta – Regional Santander advirtió que, una vez la autoridad judicial avocó conocimiento en el PARD debió llevar el proceso hasta el final y definir la situación jurídica y, en caso de que vencieran los dos meses, remitirlo a otra autoridad judicial.

Debido a lo anterior, presentó una acción de tutela contra el Juzg ado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja.

22 SAMAI, expediente digital, archivo 27, 2022-00314 DECISION, documento único, folios 1 a 18.Radicación: 11001030600020230010600 Página 7 de 19

16. La acción de tutela fue negada en primera y segunda instancia 23. En efecto, mediante sentencia del 10 de marzo de 2023, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial d e Bucaramanga consideró que la decisión del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, consistente en adelantar un nuevo proceso administrativo de restablecimiento de derechos y la remisión el asunto, devuelta a la defensoría, era la correcta porque no había certeza plena de la identidad del menor de edad, en relación con quien se había adelantado hasta ahora el PARD, por lo cual, el desacuerdo de la defensoría respecto de la decisión adoptada no es fundamento suficiente para dejar de cumplir la decisión.

La sentencia de primera instancia fue confirmada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 29 de marzo de 202324.

17. El 15 de febrero de 2023 25, la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta - Regional Santander, promovió el presente conflicto de c ompetencias, al considerar que no es la autoridad competente para continuar con el PARD iniciado en favor del menor de edad G.A.L.M. , pues luego de haber per dido la competencia por vencimiento de té rminos, éste no le puede ser asignado de nuevo por orden del juzgado, quien, en este caso, actúa en ejercicio de funciones administrativas.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, el 24 de marzo de 2023, se fijó el edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, el 24 de marzo de 2023, se fijó el edicto

23 Se pudo establecer igualmente, que el expediente de tutela en cuestión, e identificado con el radicado núm. 68001 -22-13-000-2023-00025-01, fue remitido el pasado 24 de abril de 2023 a la Corte Constitucional y fue radicado el 3 de mayo con el núm. T -9391513, para que se surtiera el trámite de eventual revisión, dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Consultado el canal de YouTube de la Corte Constitucional, el día 30 de junio de 2023, en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=n3sbsTZGF4I, se llevó a cabo la audiencia de la Sala de Selección núm. 06 del 2023 de la Corte Constitucional, y se pudo confirmar que la acción de tutela de la referencia no fue objeto de selección para su revisión. a «Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 24 Debe indicarse que la acción de tutela tuvo una primera etapa en su trámite en la que el Tribunal Superior de Bucaramanga dictó sentencia el 3 de febrero de 2023 . Sin embargo, el 24 de febrero de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de lo actuado por no haberse notificado y vinculado al proceso, a varias entidades que habían intervenido en el PARD. Con posterioridad a la

2023, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de lo actuado por no haberse notificado y vinculado al proceso, a varias entidades que habían intervenido en el PARD. Con posterioridad a la anterior decisión, la acción de tutela se rehízo en su trámite, profiriéndose sentencia de primera instancia, el 10 de marzo de 2023 por parte del Tribunal Superior de Bucaramanga. Esta decisión que fue impugnada y el 29 de marzo del mismo año, se dicta la sentencia de segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, se reitera lo señalado en la nota a pie de página núm. 23, en el que se señala que la tutela fue remitida a la Corte Constitucional, y en Sala de Selección del 30 de junio de 2023 fue excluida de revisión. 25 SAMAI, expediente digital, archivo CONFLICTO RADICADO.pdf, documento único, folios 1 a 15.Radicación: 11001030600020230010600 Página 8 de 19

núm. 09926 en la Secretaría de la Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta en el expediente que el conflicto fue comunicado a la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta, Regional Santander; al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja; al Ministerio de Relaciones Exteriores; al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); a la Dirección Regional de Santander del ICBF; a la Coordinación del Centro Zonal Floresta (Santander) del ICBF; a la Dirección de Protección del ICBF; al Tribunal Superior de Bucaramanga; a

Santander del ICBF; a la Coordinación del Centro Zonal Floresta (Santander) del ICBF; a la Dirección de Protección del ICBF; al Tribunal Superior de Bucaramanga; a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; a la Procuraduría General de la Nación; a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia ; a la Cancillería de Venezuela ; a la Oficina Nacional de Registro Civil del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; al Hospital Universitario de Pediatría de Barquisimeto Venezuela; y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Informa la Secretaria de la Sala que el 23 de marzo de 2023, a las 4:30 PM se intentó contactar con la madre del menor de edad mediante un número de celular registrado en el expediente, pero la llamada se desviaba a buzón de mensajes27.

Dentro del término de fijación del edicto , presentaron alegatos e intervenciones el Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado y el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

El 27 de abril de 2023 se recibió una comunicación suscrita por el Jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.

Mediante auto del 19 de mayo de 2023 28, el despacho sustanciador consideró necesario conocer el sentido de los fallos proferidos en el trámite de la acción de tutela promovida por la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta, Regional Santander.

Por lo anterior, la magistrada sustanciadora solicitó a la Sala de Casación Civil de la

promovida por la Defensoría de Familia del ICBF - Centro Zonal La Floresta, Regional Santander.

Por lo anterior, la magistrada sustanciadora solicitó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 29, a través de la Secretaría de la Sala , que pusiera a disposición de la Sala de Consulta y Servicio Civil, copia del expediente de la acción de tutela con radicado con el núm. 68001-22-13-000-2023-00025-01.

En oficio del 31 de mayo de 2023, la Secretaría re cibió el enlace de acceso al expediente de la acción de tutela ya anotada.

26 SAMAI, expediente digital, archivo 7, documento único, folio único. 27 SAMAI, expediente digital, archivo 32, folios 1 y 2. 28 SAMAI, expediente digital, archivo 15, documento único, folios 1 a 4. 29 Teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.Radicación: 11001030600020230010600 Página 9 de 19

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja

Mediante documento del 29 de marzo de 202330, expuso cual ha sido su actuación en el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derechos iniciado en favor del menor de edad G.A.L.M.

Sumado a ello, esa instancia judicial advirtió que, dada la precaria información con la que se contaba para determinar con certeza la identidad del menor de edad G.A.L.M., y a pesar de que la Dirección de Protección del ICB F había sugerido varias formas para poder determinar esta información, la defensoría, así como su equipo

que se contaba para determinar con certeza la identidad del menor de edad G.A.L.M., y a pesar de que la Dirección de Protección del ICB F había sugerido varias formas para poder determinar esta información, la defensoría, así como su equipo multidisciplinario, no exploraron las sugerencias de búsqueda de información, propuestas por la citada Dirección de Protección.

Visto lo anterior, el juzgado ordenó la práctica de múltiples pruebas, vinculando para tal efecto, a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, así como también intentó contactar a la madre del G.A.L.M., sin lograr respuesta alguna. Por lo cual, tampoco logró determinar la identidad del menor de edad.

Es así como, el 13 de diciembre de 2022, resolv ió que, tras «no poder determinar la verdadera identidad de quien tiene por nombre G.A.L.M. decidió no dar aplicación al art. 53 de la Ley 1098 de 2006, por considerar que no es correcto emitir decisión (declarar en adoptabilidad como lo pretende la Defensor a de Familia) en tal sentido , bajo una suposición de identidad del adolescente presuntamente de nacionalidad venezolana cuando no obra en las diligencias un documento idóneo de identificación»31.

De esta manera, el juzgado considera que si resolvió de fondo, y en el término legal, por lo que resulta improcedente la solicitud de conflicto de competencias plateado por la Defensora de Familia del Centro Zonal La Floresta de Barrancabermeja – Regional Santander.

Finalmente, manifestó que el artículo 39 del CPACA, «trata de actuacio