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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00128-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión

Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de marzo de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto López ordenó relevar del cargo y compulsar copias contra la auxiliar de la justicia Geny Rubiela Lizarazo Castañeda ante el «Consejo Superior de la Judicatura », por la posible falta disciplinaria en que pudo incurrir por su omisión a rendir cuentas frente a la diligencia de secuestro y embargo a la cual había sido designada respecto al predio “Las cachamitas”, identificado con matrícula inmobiliaria 234-10059.

2. Por reparto del 27 de abril de 2022, fue allegado el asunto a la Comisión Seccional

de Disciplina Judicial del Meta.

identificado con matrícula inmobiliaria 234-10059.

2. Por reparto del 27 de abril de 2022, fue allegado el asunto a la Comisión Seccional

de Disciplina Judicial del Meta.

3. El 16 de septi embre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta ordenó abrir investigación disci plinaria en contra de la señora Geny Rubiela Lizarazo

Castañeda.

4. El 10 de febrero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del auto proferido el 16 de septiembre de 2022, y procedió a remitir las diligencias a la Procuraduría Regional del Meta.

5. En escrito del 7 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional del Meta promovió conflicto de competencias y ordenó remitir a la Sala de Consulta y Servicio Civil con el fin de que se dirimiera el conflicto.

1 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230012800 Página 2 de 20

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto2 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el

La Secretaría de la Sala fijó edicto2 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta , al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto López y a la disciplinada Geny Rubiela Lizarazo Castañeda.

Según informe secretarial del 21 de abril de 20233, solo la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta remitió escrito de alegatos , mientras que las demás partes involucradas o terceros interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

No presentó alegatos de conclusión, por lo que se toman los argumentos expuestos en providencia del 10 de febrero de 202 3, en la que se advirtió falta de competencia; alegando que, de la lectura del artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, en armonía con el artículo 92 ibidem, se aprecia que «se dispuso que los auxiliares de la justicia serían competencia de la Procuraduría General de la Nación.»

artículo 92 ibidem, se aprecia que «se dispuso que los auxiliares de la justicia serían competencia de la Procuraduría General de la Nación.»

Finalmente, manifiesta que en virtud del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 4, esta autoridad puede concluir que no es competente para adelantar el asunto disciplinario, ya que no fue notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo de 2022. En razón a lo anterior, declaró la nulidad de lo actuado a partir del Auto del 16 de sep tiembre de 2022, y remitió las diligencias a la Procuraduría Regional del Meta.

2 Documento « 9_110010306000202300128001POREDICTO20230414083145», por edicto. 3 Documento « 12_110010306000202300128001ALDESPACHOPOR20230421114632 », al despacho por reparto. 4 A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.Radicación 11001030600020230012800 Página 3 de 20

b. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta

Mediante esc rito, l a Procuraduría Regional de Instrucción de Meta manifestó que la competencia para asumir conocimiento del asunto recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos.

En primer lugar, señaló que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan

competencia para asumir conocimiento del asunto recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta. Lo anterior con fundamento en los siguientes argumentos.

En primer lugar, señaló que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales y que, en virtud del artículo 41 de la Ley 1 474 de 2011, le correspondía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales examinar su conducta y sancionar las faltas en las que pudieran haber incurrido.

En segundo lugar, indicó que en virtud del Acto legislativo 02 de 2015, las funciones que venía desempeñando la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales fueron asumidas por la Comisión Nacional d e Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales.

Por último, afirmó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 se encuentra vigente, en tanto que, si bien el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 contenía una derogatoria expresa de ese artículo, este fue modificado por la Ley 2094 y supri mida dicha derogación. Finalmente, solicitó lo siguiente: Asignar la competencia del presente caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta por ser el competente para conocer el mencionado asunto, según lo indica el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en cual se encuentra vigente ya que la presente actuación se sigue contra la señora GENNY RUBIELA LIZARAZO CASTAÑEDA en su condición de AUXILIAR DE JUSTICIA .

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración5

actuación se sigue contra la señora GENNY RUBIELA LIZARAZO CASTAÑEDA en su condición de AUXILIAR DE JUSTICIA .

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración5

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

5 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán.Radicación 11001030600020230012800 Página 4 de 20

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuand o ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior,

el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuand o ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), e n particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autori dades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.Radicación 11001030600020230012800 Página 5 de 20

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 20 80 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, tanto la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta negaron tener la competencia para conocer del proceso disciplinario en contra de la señora Geny Rubiela Lizarazo Castañeda

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente caso, existen dos autoridades en conflicto, ambas son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de Meta.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta), y la otra que, en el mismo evento, ejercería una func ión administrativa (Procuraduría Regional de Instrucción del Meta).

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata del proceso disciplinario que se adelanta en contra de la señora Geny Rubiela Lizarazo Castañeda auxiliar de la justicia (secuestre) dentro del proceso ejecutivo con núm. de

del proceso disciplinario que se adelanta en contra de la señora Geny Rubiela Lizarazo Castañeda auxiliar de la justicia (secuestre) dentro del proceso ejecutivo con núm. de radicación 2017-00059.Radicación 11001030600020230012800 Página 6 de 20

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes6:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 7, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones juris diccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 8 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad compet ente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye

la autoridad compet ente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado 9 que, en ejercicio de su func ión legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las

6 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 7 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

8Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación

[…]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

8Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 9 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.Radicación 11001030600020230012800 Página 7 de 20

autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sa la, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer10.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]11.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre dos autoridades que cumplen función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administra tivo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»12.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para e l examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200).

de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 12La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230012800 Página 8 de 20

administrativas, de manera que no corren los términos a que están su jetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo d e la solicitud o el derecho que se reclama ante las

Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo d e la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para esta blecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial del Meta, el cual surgió por la queja presentada en contra de la señora Geny Rubiela Lizarazo Castañeda, por su actuar cuando se desempeñó como auxiliar de la justicia, por presuntamente no haber rendido cuentas frente a la diligencia de secuestro y embargo a la cual fue designada.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta negó su competencia por considerar que, con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019,

y embargo a la cual fue designada.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta negó su competencia por considerar que, con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, ésta, le asigna competencia a la ProcuraduríaRadicación 11001030600020230012800 Página 9 de 20

General de la Nación para investigar a los auxiliares de justicia, y en ese sentido, le remitió el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta , por concluir que esta era la autoridad competente.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, indicó a la Sala que la investigación disciplinaria en contra de la señora Geny Rubiela Lizarazo Castañeda debe ser adelantado por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Como fundamento de su posición, manifestó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, le asignó competencia a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales para investigar y juzgar las faltas disciplinarias de los auxiliares de la justicia. A juicio de la referida autoridad, esta función fue asumida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a i) la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia ; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de

Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitu cional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019; vi) Conclusiones sobre registro jurídico aplicable y vii) El caso concreto.

6. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración.13

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación

inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021-025, entre otras.Radicación 11001030600020230012800 Página 10 de 20

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igu al que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro14.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados15.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados15.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]16.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos.

6.2. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración17

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de sep