CE - 110010315000202203861011SENTENCIA20230428110751

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03861-01

Actor: Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela del 4 de agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , porque, a su juicio, al proferir la2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03861-01

B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , porque, a su juicio, al proferir la2

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Judicial

sentencia del 2 de noviembre de 2021, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa1 identificado con el número único de radicación 2500023-26-000-2011-00464-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el señor Freddy Alexander Ramírez Otálvaro y su grupo familiar, presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue

víctima Freddy Alexander Ramírez Otálvaro.

4. La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 26 de octubre de 2012, declarando probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa.

5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , mediante

sentencia del 2 de noviembre de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 26 de octubre de 2012 por el

5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado , mediante

sentencia del 2 de noviembre de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 26 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, S ección Tercera, Subsección C de Descongestión, y, en su lugar, DECLÁRASE patrimonialmen te responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL por los perjuicios oc asionados a los demandantes con la privación de la libertad de FREDDY ALEXÁNDER RAMÍREZ OTÁLVARO.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de pe rjuicios morales, los cuales se tasarán en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta

providencia:

Demandante Cuantía Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro 80.33 SMLMV María Durlandy Otálvaro López 80.33 SMLMV Carlos Julio Ramírez Corredor 80.33 SMLMV

1 C.C.A.3

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Judicial

María Juliana Ramírez Useche 80.33 SMLMV Carlos Esteban Ramírez Otálvaro 40,17 SMLMV

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a FREDDY ALEXÁNDER RAMÍREZ OTÁLVARO la suma de trece millones novecientos noventa

TERCERO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagar a FREDDY ALEXÁNDER RAMÍREZ OTÁLVARO la suma de trece millones novecientos noventa y un mil ochocientos treinta y seis peso s ($13.991.836) por concepto de lucro cesante.

CUARTO: ORDÉNASE a la Nación - Rama Judicial emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual ofrezca disculpas esta entidad demandada al señor FREDDY AL EXÁNDER RAMÍREZ OTÁLVARO por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su liberta d, en los términos señalados en esta providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda […]”.

5.1 Como fundamento de su decisión consideró lo siguiente:

“[…] La medida de aseguramiento era procedente en atenci ón a la duración de la pena de prisión prevista para el delito imputado. Al demandante Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro se le imputó el delito de homicidio contemplado en el artículo 103 de la Ley 599 de 2000, en el que se dispuso una pena de prisión de < < doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses>>.

Sin embargo, los elementos materiales probatorios, entrevistas, registro fotográfico y testimonio presentados por la Fiscalía Trescientos Seis Seccional de Bogotá D.C no permitían <<inferir razonablemente>> que el demandante Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro pudiera ser autor o partícipe de la conducta imputada.

testimonio presentados por la Fiscalía Trescientos Seis Seccional de Bogotá D.C no permitían <<inferir razonablemente>> que el demandante Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro pudiera ser autor o partícipe de la conducta imputada.

Por otra parte, el juez de control de garantí as justificó la necesidad de la medida de aseguramiento en que el sindicad o constituía un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad y la m odalidad de la conducta punible considerada en abstracto, pero no realizó un análisis particular acerca de las razones que justificaban su detención. […]”.

[…]

“[…] El juez de control de garantías no analizó individualmente los actos u omisiones que el demandante habría desplegado, sino que , por el contrario, realizó una justificación de la medida abstracta y general. A sí mismo, no tuvo en cuenta l os argumentos de la defensa sobre la disposición, p articipación y colaboración que siempre tuvo éste con las autoridades que estaban a cargo de la investigación. El juez debió pronunciarse expresamente sobre el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración o el riesgo de obstaculización de la jus ticia, y nada de lo anterior se cumplió en el presente caso […]“.

[…]

“[…] Por tratarse de una medida de aseguramien to dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la L ey 906 de 2004, el daño causado por la privación de la libertad del demandante Fr eddy Alexánder Ramírez Otálvaro es imputable a la Rama Judicial, dado que fue esta entidad la que impuso la medida de aseguramiento a través del Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de4

es imputable a la Rama Judicial, dado que fue esta entidad la que impuso la medida de aseguramiento a través del Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de4

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Judicial

control de garantías de Bogotá D.C.

De acuerdo con el artículo 306 de la Ley 906 de 2 004, la Fiscalía debe solicitar al juez de control de garantías la imposición de la m edida de aseguramiento y a este último le corresponde, de manera aut ónoma e independiente, proferir la deci sión sobre su imposición. Debido a que la Fiscalía se limita a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento y es el juez de control de garantías quien decide si la decreta o no, el perjuicio causado por tal determinación debe imputarse a la decisión de este último.

Así mismo, para la Sala es claro que la actuación de la Policía Nacional se limitó: (i) a entrevistar a Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro con el fin que informara sobre el conocimiento de los hecho s, sin que exista prueba que estuvo detenido por ese tiempo, y (ii) a cumplir la orden de captura que había sido dictada por el Juez Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá D.C. Por estas razones, el daño antijurídico causado no le es imputable […]”.

[…]

“[…] No está probado que el demandante Fr eddy Alexánder Ramírez Otálvaro hubiera realizado alguna conducta dentro de l proceso penal que pudiera ser

razones, el daño antijurídico causado no le es imputable […]”.

[…]

“[…] No está probado que el demandante Fr eddy Alexánder Ramírez Otálvaro hubiera realizado alguna conducta dentro de l proceso penal que pudiera ser determinante para su privación de la libertad; más aún, colaboró con la justicia y siempre manifestó ser inocente, razón por la cual no se configuró la culpa de la víctima […]”.

[…]

“[…] Con el testimonio de Orlando Alba Corredor y lo considerado en la sentencia absolutoria se probó que la privación de la libertad del demandante Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro le afectó su derecho al buen nombre al haber sido expuesto ante su comunidad y en diferentes medios de comunicación como el asesino del menor Luis Felipe Toquica Buitrago. En consecuencia, la Sala ordenará a la Rama Judicial que emita un comunicado en el que se disculpe con Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro por el perjuicio causado y reconozca que él no era responsable del delito que se le imputó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, el demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, desea que se publique en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada, por lo que así se cumplirá inmediatamente […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada, por lo que así se cumplirá inmediatamente […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela2:

2 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03861-01

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Judicial

“[…]1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitr aria a la Rama Judicial, dentro del expediente de reparación directa No. 25000232 600020110046401 en el que actúa como demandante el señor Freddy Alexánder Ramírez Otálvaro y otros; y demandadas la Nación – Rama Judicial y Nación -Fiscalía General De La Nación.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 2 de noviembre de 2021, dentro del pr oceso de reparación directa No. 25000232600020110046401 en el que actúan como demandante el señor Fre ddy Alexánder Ramírez Otálvaro y otros ; y demandadas la Na ción – Rama Judicial y Nación -Fiscalía General De La Nación, y se ordene, por cons iguiente, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nue vo fallo en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene (sic) la Sección Tercera,

Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nue vo fallo en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene (sic) la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -quo, por las razones y argumentos expuestos por dicha instancia judicial […].”

7. El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un i) defecto fáctico por omisión de valoración probatoria , en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial ; y iii) en un defecto procedimental absoluto por desconocimiento del principio de congruencia.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante auto de 15 de julio de 2022 : i) negó la solicitud de medida cautelar; ii) admitió la acción de tutela; iii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado; y iv) vinculó, a los señores Freddy Alexander Ramírez Otálvaro, Durlandy Otálvaro López, Carlos Julio Ramírez Corredor, María Juliana Ramírez Useche y Carlos Esteban Ramírez Otálvaro, a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Fiscalía Genera l de la Nación en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera n informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

concediéndoles el término de dos (2) días para que rindiera n informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que:6

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“[…] Con todo respeto me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en ella. Adicionalmente, po ngo de presente que el expediente solicitado fue devuelto al tribunal de origen el 11 de febrero de 2022 […]”.

10. La Sección Tercera Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

consideró lo siguiente:

“[…]…me permito precisar que la sen tencia de primera instancia del día 26 de octubre de 2012, dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 250002326000201100464-00, fue proferida por la Sala de Descongestión, la cual desapareció con la creación de la Subsecció n “C” de carácter permanente de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, expedid o por el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que en mi condición de titular de este Despacho no me es posible emitir reparo alguno frente a las consideracion es que motivaron la decisión de instancia […]”.

11. La Fiscalía General de la Nación expresó que:

Judicatura, por lo que en mi condición de titular de este Despacho no me es posible emitir reparo alguno frente a las consideracion es que motivaron la decisión de instancia […]”.

11. La Fiscalía General de la Nación expresó que:

“[…] Esta Dirección de Asuntos Jurídicos advierte qu e la Fiscalía General de la Nación concurre al presente proceso en calidad d e tercero interesado y presenta este memorial por tener un interés legítimo en las resultas del proceso. Lo anterior, por cuanto la pretensión de la part e accionante es que se deje sin valor y efecto la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” el 2 de noviembre de 2021, dentro del proceso de reparación directa con radicado No. 2011-00464-01 y se dicte nuevo fallo en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, es indispensable resaltar ante el Despacho que la Fiscalía General de la Nación, en ambas instancias de l proceso de reparación directa con radicado No. 250002326000 -2011-00464-00, no fue declarada responsable de los hechos descritos en la demandada contenciosa […]”.

12. Los señores Freddy Alexander Ramírez Otálvaro y otros3 expresaron que:

“[…] PRIMERO: La acción de tutela en cuestión, denota una clara aversión de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para retrasar el pago de la sentencia prof erida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B e l dos (2) de noviembre de 2021,

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para retrasar el pago de la sentencia prof erida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B e l dos (2) de noviembre de 2021, cuya notificación se realizó electrónicamente mediante edicto publicado en la página Web de la Corporación el 14 de diciembre de 2021 y cobró ejecutoria el 13 de enero de 2022.

SEGUNDO: Lo anterior, teniendo en cuenta que el día seis (6) de abril de 2022, los aquí suscritos radicamos cuenta de cobro ante esa Entidad, para que se nos pague la condena impuesta por el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, el CONSEJO DE ES TADO, por los perjuicios que nos

3 Durlandy Otálvaro López, Carlos Julio Ramírez Corredor, María Juliana Ramírez Useche y Carlos Esteban Ramírez Otálvaro .7

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ocasionaron ante la privación injusta de la li bertad de FREDDY ALEXANDER RAMIREZ OTALVARO, padre, hijo, y hermano, de una familia que está siendo revictimizada a través del presente trámite iniciado por la DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

TERCERO: INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, De acuerdo con lo mencionado en los hechos de la acción de tutela, claramente no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la DIRECCIÓN

TERCERO: INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, De acuerdo con lo mencionado en los hechos de la acción de tutela, claramente no existe vulneración alguna de los derechos fundamentales de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, pues el CONSEJO DE ESTADO ha obrado con total apego a la normativa correspondiente.

CUARTO: EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA. En primer lugar, aun cuando no existe un término de caducidad para la interposición de la acción de tutela, en los términos generales, la H. Corte Constitucional ha mencionado que ésta debe interponerse dentro de un t érmino razonable, oportuno y justo, situación que no se da en el presente caso pues, sin que signifique aceptación alguna sobre la violación de los derechos alegada, es necesario tener presenta que han transcurrido más de SIETE (7) meses desde que el CONSEJO DE ESTADO profirió sentencia condenatoria y expidió la correspondiente constancia de ejecutoria.

Por lo anterior, la falta de ejercicio oportuno de la acción para obtener la protección eficaz a través de este medio breve y sumario como es la acción de tutela, conlleva a que esta sea declarada improcedente.

QUINTO: COSA JUZGADA. La acción de tutela no procede contra providencias judiciales ni cuando se argumente que la decisión judicial configura una vía de hecho o que el juez ha cometido "errores protuberantes o groseros", pues, semejantes calificaciones se traducen en interpretaciones criterios eminentemente subjeti vos, que dependerán, en cada caso, del alcance que a bien tenga darle un juzgador a la

o que el juez ha cometido "errores protuberantes o groseros", pues, semejantes calificaciones se traducen en interpretaciones criterios eminentemente subjeti vos, que dependerán, en cada caso, del alcance que a bien tenga darle un juzgador a la decisión de otro, en este caso la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a la decisión del CONSEJO DE ESTADO.

SEXTO: Finalmente, nos permitimos manifestar que no es de nuestro interés que la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a través de sus representantes presenten excusas públicas, lo que se le solicita a esta Entidad es que acate el fallo proferido por el CONSEJO DE ESTADO y proceda a pagar los perjuicios que nos fueron causados de manera inmediata […] “.

La sentencia impugnada

13. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 4 de agosto de 2022, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la acción de tutela presentada contra la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

13.1 Como fundamento de su decisión consideró que:8

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“[…] Como se observa de la transcripción in extenso de la postura unificada por la

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Judicial

“[…] Como se observa de la transcripción in extenso de la postura unificada por la sección tercera del Consejo de Estado en materia de reconocimiento de perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, son claras las reglas para que opere su procedencia y, contrario al reiterado y equívoco argumento de la entidad accionante, el mismo procede no solo a solicitud de parte, sino también de oficio «con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional».

De acuerdo con lo expuesto, la Corporación accionada de ninguna manera desconoció el precedente referido, por el contrario, actuó amparado en él; diferente es, el entendimiento errado otorgado por la accionada, cuando se insiste, este tipo de reparación de perjuicios inmateriales procede de oficio, sin que ello signifique la vulneración de derecho fundamental alguno para la parte vencida en el juicio y más, cuando no existe duda en la concreción del daño […]”.

[…]

“[…] Dicho ello, una vez establecida la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Freddy Alexander Ramírez Otálvaro, daño antijurídico que no estaba en la obligación de soportar, no es difícil concluir que ello tuvo un impacto negativo en la órbita de protección de sus derechos a la honra y al buen nombre; razón por la cual, la Sala no comparte el decir de la entidad accionante respecto de que la

en la obligación de soportar, no es difícil concluir que ello tuvo un impacto negativo en la órbita de protección de sus derechos a la honra y al buen nombre; razón por la cual, la Sala no comparte el decir de la entidad accionante respecto de que la afectación de los referidos ius fundamentales fue reconocida por mera suposición y más, cuando tal conclusión emana del Juez natural que conoció de manera detallada la controversia decidida y quien contaba con todos los elementos de juicio para adoptar la decisión que hoy se cuestiona, amparado en el principio de autonomía judicial.

Ahora, respecto al decir de la accionada de que la orden de “pedir excusas” excede las funciones que por ley le son encomendadas al Director Ejecutivo de Administración Judicial, se le recuerda que tal obligación de hacer emana de una autoridad judicial cuyo acatamiento no es de libre disposición, en tal sentido la Corte Constitucional, «en reiterada jurisprudencia, ha señalado que “el cumplimiento de las decisiones judiciales es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado Social y Democr ático de Derecho (CP art. 1º) que se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía constituye grave atentado al Estado de Derecho, ya que conllevaría restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas insustanciales, carentes de contenido (…)”. Así, “no es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judic iales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo”.

insustanciales, carentes de contenido (…)”. Así, “no es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judic iales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo”.

Adicionalmente, el incumplimiento de las decisiones judiciales es un “atentando contra (…) los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada porque le resta efectividad a la orden dada por la autoridad competente” […]».

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala observa que lo que existe es una inconformidad de la parte actora con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural de segunda instancia que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado, cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, no solo en la jurisprudencia actualmente aplicable s ino en el material9

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probatorio obrante en el expediente, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que conduce a la denegatoria del recurso de amparo […]”.

La impugnación

14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones4:

“[…] Al respecto es de suma importancia reiterar que tal y como se dijo en el escrito de tutela, el Consejo de Estado en el fallo de fecha 2 de noviembre de 2021

Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones4:

“[…] Al respecto es de suma importancia reiterar que tal y como se dijo en el escrito de tutela, el Consejo de Estado en el fallo de fecha 2 de noviembre de 2021 PRESUMIÓ, los perjuicios es decir no contaba con ningún medio de prueba para decir que tenía por acreditados y proceder a su posterior reconocimiento; medios de prueba tal como testimonios, documentos un dictamen pericial etc.; y est o porque como se explicó en la acción de tutela no fue solicitado por el demandante dentro del proceso contencioso administrativo. De igual forma se ignoró que este cargo invocado se explicó que se hizo caso omiso a la sentencia de unificación de fecha 14 de septiembre de 2011 reiterada y ratificada por la sentencia de fecha 28 de agosto de 2014 y se adentró a PRESUMIR dicho daño; así como tampoco se realizó la exigente verificación de procedibilidad así como ni se justificó aunque fuera sumariamente la raz ón para conceder este tipo de medidas resarcitorias no pecuniarias, figura propia de la reparación integral y la grave violación de derechos humanos; adicionalmente, desnaturalizó las funciones del Director Ejecutivo y transgredió en forma evidente el principio de la autonomía e independencia judicial.

Así pues, me sirvo reiterar que el fallo de fecha sentencia de fecha 2 de noviembre de 2021, hace un reconocimiento extra petita de un perjuicio de carácter no pecuniario (pues esto no fue solicitado en el libelo demandatorio), denominado “Daño al honor, al buen nombre y a la honra”; a continuación se transcribe el aparte de la referida providencia judicial […]”.

[…]

“[…] En este punto se advierte que el fallo cuestionado al ordenar dicha forma de

“Daño al honor, al buen nombre y a la honra”; a continuación se transcribe el aparte de la referida providencia judicial […]”.

[…]

“[…] En este punto se advierte que el fallo cuestionado al ordenar dicha forma de reparación nuevamente violó los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción de la Rama Judicial puesto que PRESUMIÓ estos perjuicios, sin que en el plenario obrara ninguna prueba que lograra al menos avizorar la ocurrencia de la vulneración de bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, pues si bien la parte demandante en los hechos de la demanda manifiesta superficialmente las consecuencias que le produjo al núcleo familiar de la victima su reclusión, no se demostró de forma alguna dentro del proceso que tales dichos hubieren ocurrido […]”.

[…]

“[…] En conclusión en el fallo de fecha 2 de noviembre de 2021 , al haberse condenado a la Rama Judicial al realizar una obligación de hacer en cabeza de su Director, no solamente se le concedió al señor Freddy Alexander Ramírez Otálvaro y a su núcleo familiar la reparación a un daño autónomo que la parte actora no pidió en su demanda, con lo cual se rompió el equilibrio procesal que existía entre la parte

4 Transcripción literal del escrito de impugnación.10

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actora y la Rama Judicial, en materia de defensa y probatoria provocando así una grave vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y

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actora y la Rama Judicial, en materia de defensa y probatoria provocando así una grave vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y contradicción de la Rama Judicial, al desconocerse el principio de la jurisdicción contencioso administrativa de la justicia rogada; sumado a ello, desatendió que no existía prueba alguna que acreditara tal daño, y por razones desconocidas se hizo caso omiso a la sentencia de unificación de fecha 14 de septiembre de 2011 reiterada y ratificada por la sentencia de fecha 28 de agosto de 2014 y se adentró a PRESUMIR dicho daño; así como tampoco se realizó la exigente verificación de procedibilidad así como ni se justificó aunque fuera sumariamente la razón para conceder este tipo de medidas resarcitorias no pecuniarias, figura propia de la reparación integral y la grave violación