CE - 110010315000202205927011SENTENCIA20230223143620

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Accionantes: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 Y OTROS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – cosa juzgada e improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de procedibilidad adjetivo de la inmediatez1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 12 de diciembre de 2022 por medio de la cual la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo de la referencia por no cumplir con el requisito de la inmediatez y por haberse configurado la cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES

Subsección A del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo de la referencia por no cumplir con el requisito de la inmediatez y por haberse configurado la cosa juzgada.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 9 de noviembre de 2022, los integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 2 , actuando a través de apoderado judicial 3 , así como el

1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia 24.09.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03322-00; Sentencia 24.09.20, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 1100 1-03-15-000-2020-03912-00; Sentencia 10.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-03679-00; Sentencia 03.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-0132001; Sentencia 03.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001 -03-15-000-2020-03473-00; Sentencia 03.09.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001 -03-15-000-2020-03511-00; Sentencia 27.08.20, M.P. Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001 -03-15-000-2020-02272-01; Sentencia 27.08.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-03041-00; Sentencia 20.08.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001 -03-15-000-202001244-01; Sentencia 06.08.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-02109-00. 2 Carlos Urías Rueda Álvarez, Julio César Cascativa Peña, Miguel Ángel Martínez Amortegui, B.P. Constructores S.A. y Constructores Barsa LTDA., ahora Construcciones Barsa S.A.S. 3 El abogado Juan David Ossa BocanegraRadicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Consorcio Infraestructura Vial 2009 4, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.”

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 14 de octubre de 2021, mediante la cual el Consejo de

derechos fundamentales “al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.”

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 14 de octubre de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C confirmó la providencia del 30 de enero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santa nder, que había accedido parcialmente a las pretensiones del medio de control de controversias contractuales, instaurado por el Consorcio Infraestructura Vial 2009 contra el Instituto Nacional de Vías INVIAS, bajo el radicado 68001-23-33-000-2013-00362-01.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“a. Revocar el fallo de segunda instancia proferido por el CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C integrada por los Magistrados JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS, GUILLERMO SANCHEZ LUQUE y NICOLAS YEPES CORRALES, dentro del proceso con radicado No. 6800123-33-000-2013-00362-01 (50623) del 14 de octubre de 2021 y en su lugar ordenar la declarar la nulidad de las resoluciones 3820 y 4353 de 2012, en cuanto a la declaratoria del siniestro de anticipo del Contrato de Obra No. 1307 de 2009.

b. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de las sumas resultantes del Acta de obra No. 15 a favor del CONSORCIO una vez se compensen los valores

Contrato de Obra No. 1307 de 2009.

b. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de las sumas resultantes del Acta de obra No. 15 a favor del CONSORCIO una vez se compensen los valores pendientes de amortizar del anticipo del contrato de obra No. 1307 de 2009.” (Sic a lo transcrito)

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

A. Medio de control de controversias contractuales

4. Los integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009, conformado por los señores Carlos Urias Rueda Álvarez, Julio Cesar Cascavita Peña y Miguel Ángel Martínez Amórtegui y las sociedades BP S.A. y Con strucciones Barsa S.A.S., instauraron demanda de controversias contractuales en contra del Instituto Nacional de Vías

(INVÍAS), con el fin de obtener la n ulidad de las resoluciones número 13820 del 17 de

4 Que actúa a través del abogado Juan David Ossa Bocanegra, por poder conferido por su representante legal suplente, el señor Álvaro Andrés Beltrán GarcíaRadicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 julio de 2012 y 4353 del 13 de agosto del mismo año, por medio de las cuales se declaró (i) el incumplimiento definitivo del contrato de obra No. 1307 de 2009, (ii) el acaecimiento del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo por la suma de $ 4.038.755.699 y (iii) la imposición de una pena pecuniaria por un valor de $ 2.396.500 en contra del citado contratista.

5. El 30 de enero de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad parcial de los actos administrativos precitados, en lo que tiene que ver con la sanción impuesta, para lo cual consideró que debía tenerse en cuenta el 16 % del valor del contrato y no el 100 %, y negó en todo lo demás las súplicas de la demanda.

6. Inconformes con dicha decisión, ambos extremos procesales interpusieron recurso de apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, autoridad judicial que en sentencia del 14 de octubre de 2021 confirmó la providencia de primera instancia.

7. Como sustento de su decisión, advirtió que si bien al om itir la valoración de las pruebas sobre la amortización del anticipo, por considerar que no tenía competencia para el reconocimiento del pago, el órgano decisor INVÍAS incurrió en un rigorismo excesivo, sin embargo, lo cierto es que dicho yerro no determinó el sentido de la decisión, ya que,

pruebas sobre la amortización del anticipo, por considerar que no tenía competencia para el reconocimiento del pago, el órgano decisor INVÍAS incurrió en un rigorismo excesivo, sin embargo, lo cierto es que dicho yerro no determinó el sentido de la decisión, ya que, resultaba claro, de lo pactado en el acta de entrega y en el acta de recibo definitivo, de cuya suscripción se hizo pretender el reconocimiento de la amortización del anticipo en todo el trámite de vía gubernativa, que en realidad el anticipo no fue amortizado en la cuantía definida en los actos recurridos.

8. Adicionalmente, indicó que en el clausulado del contrato, las partes determinaron que la tasación anticipada de los perjuicios estaba sujeta a dos parámetros, correspondiente al (i) 10% del valor total del contrato, (ii) en proporción al avance de la obra. Lo anterior, indicaba que, la intención común de los extremos del negocio, era que el quantum de los perjuicios pactados en la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento definitivo de las obligaciones del Consorcio Infraestructura Vial 2009 no fuera equivalente, de manera automática, al 10 0% del valor total del contrato, sino que se debía verificar el avance de la obra, a efectos de su estimación proporcional a ella, y que el tope máximo era el citado porcentaje.

B. Acción de tutela identificada con el número 2022-03777-00

9. El señor Álvaro Andrés García en su calidad de “ representante legal suplente”, actuando en nombre del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y de sus integrantes , obrando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela, con el fin de obtener

actuando en nombre del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y de sus integrantes , obrando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a l aRadicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 administración de justicia, los cuales estimó transgredidos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al expedir la sentencia del 14 de octubre de 2021.

10. El 7 de octubre de 2022 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al concluir que la parte accionante carecía de legitimación en la causa por activa, comoquiera que los consorcios no son personas jurídicas y, por ende, no son titulares de derechos subjetivos, como para solicitar la protección de derechos fundamentales a través de ese mecanismo constitucional, de tal manera que la legitimación recaía en cada uno de los miembros de la respectiva asociación.

11. En esa medida, consideró que la tutela debía ser ejercida por los integra ntes del consorcio, quienes no confirieron poder al abogado para tal efecto y afirmó:

“Si bien en el expediente consta un documento bajo el título «OTROSÍ No. 1

consorcio, quienes no confirieron poder al abogado para tal efecto y afirmó:

“Si bien en el expediente consta un documento bajo el título «OTROSÍ No. 1 COMPROMISO CONSORCIAL», en el que se señala que el señor Álvaro Andrés Beltrán García es «representante legal suplente» del consorcio, dicha representación no es propiamente una representación legal, dado que no se trata de una persona jurídica y, por ende, no le otorga la capacidad para representar a los integrantes del consorcio y conferir poder en su nombre, a efectos de reclamar la protección de derechos fundamentales.”

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. El Consorcio Infraestructura Vial 2009 y sus integrantes consideraron que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, puesto que incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad:

13. Defecto fáctico, porque, al darle primacía a lo formal sobre lo material, dejó de valorar las pruebas aportadas al expediente, co ncretamente, el Acta de Obra No . 15, el Acta de recibo definitivo de la obra y la conexión existente entre estas.

14. Al respecto, señalaron que el análisis no podía limitarse a determinar si el anticipo estaba amortizado en el acta de recibo definitivo de la obra, sino que se requería evaluar los documentos como acto complejo y analizar de manera integral los hechos y las pruebas aportadas, por medio de los cuales lograba demostrarse la completa amortización del anticipo del contrato de obra No. 1307 de 2009.

los documentos como acto complejo y analizar de manera integral los hechos y las pruebas aportadas, por medio de los cuales lograba demostrarse la completa amortización del anticipo del contrato de obra No. 1307 de 2009.

15. Defecto sustantivo, puesto que, al girar el debate sobre la declaratoria de un amparo de seguros, como consecuencia del anticipo otorgado al contratista, eran aplicables las normas relativas a los contratos de seguros, concretamente, el artículo 1077 del Código de Comercio, por cuanto la entidad allí demandada nunca demostró elRadicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 daño causado, es decir, la pérdida por el anticipo entregado, comoquiera que se ejecutó el 84 % de las obras contratadas, siendo únicamente el a nticipo el 50 % del valor del mismo, por lo que las obras ejecutadas comportarían el pago de este.

16. Sobre el particular, precisó que la disposición referida no contiene limites formales para probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía, como desafortunadamente lo ha sostenido el INVIAS y la autoridad judicial accionada, pues no puede simplemente reducirse la prueba del daño a una certificación del área de Tesorería, cuando esta se desvirtúa con la acreditación material de que dicha pérdida no existió en realidad, por

sostenido el INVIAS y la autoridad judicial accionada, pues no puede simplemente reducirse la prueba del daño a una certificación del área de Tesorería, cuando esta se desvirtúa con la acreditación material de que dicha pérdida no existió en realidad, por cuanto la unidad ejecutora de la entidad mencionada y la interventoría del contrato han afirmado que materialmente el anticipo se encuentra amortizado en virtud de las obras ejecutadas y contenidas en el Acta No. 15.

1.4. Trámite de la acción de tutela

17. El Magistrado que fungió como ponente de la sentencia de primera instancia, mediante auto del 15 de noviembre de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Instituto Nacional de Vías INVIAS y al Tribunal Administrativo de Santander.

1.5. Intervenciones

18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes

intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

19. El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas indicó que la decisión adoptada en la sentencia del 14 de octubre de 2021 no se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos para el pago, sino en un análisis integral de las pruebas, de acuerdo con el cual, ese no fue amortizado de forma íntegra y oportuna. Sobre el particular, explicó que, del estudio de los dos actos que conforman el acto complejo declarativo del siniestro, la

cual, ese no fue amortizado de forma íntegra y oportuna. Sobre el particular, explicó que, del estudio de los dos actos que conforman el acto complejo declarativo del siniestro, la Sala concluyó que las obras con las que se habría amortizado el anticipo no habían sido entregadas y recibidas a satisfacción oportunamente, de acuerdo con el único documento constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato; afirmación que fue ratificada en el testimonio que, según lo planteado por el Consorcio Infraestructura Vial 2009 en su recurso de apelación, daba cuenta de la amortización oportuna del anticipo.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

20. Adicionalmente, expuso que para dar respuesta al problema jurídico planteado por INVIAS, en relación con la proporcionalidad de la pena, no resultaba pertinen te entrar a analizar el porcentaje de las obras ejecutadas, pues el cargo que esa entidad formuló en sede de apelación y que determinó la competencia funcional del juzgador de segunda instancia se limitó al cuestionamiento de la proporcionalidad que aplicó el a quo para la tasación de la pena, ya que, en criterio de la entidad, con ello, se desconocía la finalidad de esta, así como el artículo 15 del Decreto 4828 de 2009 que había suprimido los efectos

tasación de la pena, ya que, en criterio de la entidad, con ello, se desconocía la finalidad de esta, así como el artículo 15 del Decreto 4828 de 2009 que había suprimido los efectos de la proporcionalidad de la garantía única de cumplimiento, por lo cual la Sala determinó que el Decreto mencionado no reguló la pena pecuniaria y que su aplicación proporcional se encontraba ajustada a su finalidad, así como a lo pactado, sin que para llegar a esa conclusión resultara necesario determinar el porcentaje de obra ejecutado.

21. Finalmente, sostuvo que el artículo 1077 del Código de Comercio no fue pasado por alto, sino que, por el contrario, fue aplicado en la providencia cuestionada, pero sin desconocer las demás normas relativas a la declaración del siniestro en la contratación pública ni la jurisprudencia administrativa pertinente. Además, precisó que la ausencia de configuración del daño como elemento constitutivo del siniestro en el seguro de buen manejo y correcta inversión del anticipo constituye un cargo adicional a los pl anteados en el recurso por el Consorcio Infraestructura Vial 2009, que, en su criterio, es inoportuno y carece de relevancia constitucional, por basarse en una interpretación de la ley sin fundamento constitucional.

22. En esos términos, aseguró que la senten cia objeto de tutela no desconoció los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, puesto que los hoy accionantes tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos al interior del proceso, el cual se adelantó bajo el procedimiento legalmente previsto y en el que se dictó una providencia que contiene un adecuado análisis de la controversia bajo los

puesto que los hoy accionantes tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos al interior del proceso, el cual se adelantó bajo el procedimiento legalmente previsto y en el que se dictó una providencia que contiene un adecuado análisis de la controversia bajo los parámetros legales aplicables y atendiendo a lo que resultó probado, por lo que consideró que lo reclamado en esta sede de amparo carece de relevancia constitucional, ya que lo que se pretende es reabrir el debate surtido en las instancias correspondientes para lograr una decisión que le resulte favorable, lo cual escapa al ámbito de competencia del juez de tutela.

1.5.2. Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

23. La profesional del derecho Silvia Fernanda Ardila Cala, en cuanto a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, afirmó que no se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la solicitud de amparo se presentó el 9 de noviembre de 2022 y la sentencia atacada fue proferida el 14 de octubre de 2021 y notificada a las partes el 14 de marzo de 2022, por lo que ha transcurrido un término superior al fijado por la jurisprudencia.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

24. Adicionalmente, manifestó que lo que se busca con la presente acción es reabrir

www.consejodeestado.gov.co

7

24. Adicionalmente, manifestó que lo que se busca con la presente acción es reabrir el debate de instancia con hechos que ya fueron objeto de debate, razón por la cual debe recordarse que la acción de tutela no es una tercera instancia donde puedan ventilarse asuntos que ya fueron def inidos por los falladores en el proceso ordinario que estos no tuvieron oportunidad de analizar, máxime cuando no corresponde al juez de tutela establecer si existe un mejor criterio de interpretación que el utilizado por el juez natural, quien es el llamado a servir como parámetro de decisión de la controversia.

25. En todo caso, aseguró que el fallo cuestionado no contiene ningún tipo de defecto fáctico por omisión, por cuanto el acervo probatorio arrimado al informativo era suficiente y el mismo llevaba a c oncluir que los accionantes incumplier on el contrato de obra No . 1307 de 2009 y ejecutaron obras por fuera del plazo contractual, lo que impide tenerlas como ejecutadas y, de contera, ser soporte de la amortización del anticipo. Advirtió que darle otra int erpretación es pretender que aquellos cumplieran el contrato en cualquier plazo y sin los adecuados controles. Precisó que la actio de in rem verso en nuestro derecho es un principio elevado a disposición normativa por el Código de Comercio y no puede ser invocado para reclamar el pago de obras sin la previa celebración de un contrato estatal por la elemental razón que la acción de enriquecimiento sin causa para que sea procedente no puede desconocer o ser contraria a una norma imperativa

26. De igual forma, señaló que la providencia judicial atacada no contiene el defecto

contrato estatal por la elemental razón que la acción de enriquecimiento sin causa para que sea procedente no puede desconocer o ser contraria a una norma imperativa

26. De igual forma, señaló que la providencia judicial atacada no contiene el defecto sustantivo alegado, por cuanto el contenido obligacional acatado por el juzgador de la instancia está consagrado en la norma que no es otra que los pliegos de condiciones y el contrato. Además, expresó que la máxima corporación de lo contencioso administrativo no juzgó el asunto con normas inconstitucionales, ilegales o inexistentes, toda vez que aplicó el contenido obligacional específico para el caso objeto de debate.

27. En este orden de ideas, consideró que no hay motivos para afirmar que la decisión enjuiciada vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, toda vez que esta se profirió dentro de un marco de razonabilidad que analizó la demanda y sus anexos, la contestac ión y sus anexos, las pruebas arrimadas por las partes y las solicitadas y decretadas por el Juez de primera instancia, no correspondiendo el resultado del asunto a un vicio procesal ostensible y desproporcionado ni a intereses subjetivos o caprichosos del juez de segunda instancia, al hacer el estudio de fondo del recurso de alzada. En consecuencia, solicitó denegar la presente acción constitucional.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Santander remitió copia del expediente digital del medio de control de controversias contractuales con número de radicado 68001 -2333000-2013-00362-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

000-2013-00362-00/01.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 1.6. Sentencia de primera instancia

28. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió sentencia el 12 de diciembre de 2022 mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada con respecto al Consorcio Infraestructura Vial 2009 y, no haberse acreditado el cumplimiento del requisito de inmediatez, en relación con los integrantes del precitado consorcio.

29. Como fundamento de su decisión, advirtió que existe identidad de partes, causa petendi y objeto entre la acción constitucional de la referencia y la presentada por el apoderado del señor Álvaro Andrés Beltrán García, en nombre de l Consorcio Infraestructura Vial radicada con el número 11001-03-15-000-2022-03777-00, motivo por el cual, concluyó que se configuraba la cosa juzgada.

30. En relación con la temeridad, afirmó que la misma no se configuraba en la medida en que “en el expediente no existen elementos de juicio que demuestren una actuación dolosa o de mala fe por parte del solicitante del amparo, por cuanto aquel consideró que podía interponer

en que “en el expediente no existen elementos de juicio que demuestren una actuación dolosa o de mala fe por parte del solicitante del amparo, por cuanto aquel consideró que podía interponer la nueva acción, en razón a que los integrantes de dicha asociación ya le habían conferido poder al representante judicial de ese consorcio y que la anterior tutela no había sido resuelta de fondo.”

31. Al estudiar la inmediatez, manifestó que la sentencia del 14 de octubre de 2021 fue notificada el 17 de febrero de 2022 y adquirió ejecutoria el 22 del mismo mes y año, por lo que el término para presentar la acción de tutela -6 mesesvenció el 23 de agosto de 2022, mientras que la demanda constitucional fue radicada el 9 de noviembre de 2022, por lo que resultaba extemporánea.

32. Puso de presente que, “la parte accionante, en el escrito inicial de esta acción, manifestó que la decisión controvertida fue notificada el 14 de marzo de 2022. Sin embargo, al revisar el expediente en el sistema de gestión judicial «SAMAI» se observa que en esa oportunidad solo fueron notificados el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa. En todo caso, si se contabilizara el término de inmediatez desde esa fecha el mismo ya habría fenecido, comoquiera que el plazo vencería el 23 de septiembre de 2022 la solicitud de amparo, se itera, fue formulada hasta el 9 de noviembre de igual anualidad.”

33. Finalmente indicó:

“La parte accionante, en el escrito de tutela, no pr esentó ningún argumento para justificar

2022 la solicitud de amparo, se itera, fue formulada hasta el 9 de noviembre de igual anualidad.”

33. Finalmente indicó:

“La parte accionante, en el escrito de tutela, no pr esentó ningún argumento para justificar la interposición del mecanismo de amparo por fuera del término previsto jurisprudencialmente, esto es, seis meses, y al revisar el mismo tampoco se advierte alguna situación que le haya impedido acudir a esta acción y que convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito general de procedibilidad.Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01

Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Adicionalmente, se aclara que no puede tenerse en cuenta el hecho de que se hubiese presentado otra acción de tutela, para flexibilizar el requi sito aquí estudiado, dado que en esa oportunidad los integrantes del consorcio no presentaron la acción, sino que lo hizo directamente aquel, por lo que dicho yerro no puede afectar el término de inmediatez.

En consecuencia, se concluye que el presente trámite constitucional no superó la exigencia general aquí estudiada. Por tanto, se declarará improcedente la acción de tutela, al haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada, con respecto al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, y no haberse acreditado el cumplimiento el requisito de

configurado el fenómeno de la cosa juzgada, con respecto al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, y no haberse acreditado el cumplimiento el requisito de inmediatez, en relación con los integrantes del precitado Consorcio.”

1.7. Impugnación

34. Con escrito del 17 de enero de 2023, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia notificada por correo electrónico enviado el 13 de enero del mismo año.

35. En relación con la cosa juzgada, puso de presente que en el primer trámite constitucional no se estudiaron de fondo los argumentos expuestos en el escrito de demanda, por cuanto la Sala consideró que el representante legal suplente del Consorcio no se encontraba facultado para presentar la tutela y que se requería de la presencia de los miembros de aquel.

36. Afirmó que la decisión adoptada en el anterior trámite fue contraria al criterio expuesto en el fallo5 de unificación de la Sección Tercera dictada en el expediente 500023-26000-1997-03930-01.

37. Adujo que “en el fallo de la Acción de Tutela con el radicad o 2022-03777, no se hace ningún tipo de análisis acerca de los hechos de la demanda, la Sala solo se detiene en verificar el requisito de forma de la legitimidad por activa, y pese a lo que anteriormente la Jurisprudencia había considerado sobre el tema, concluye que en este caso deben concurrir a la Acción de Tutela los miembros del CONSORCIO, por lo que declara improcedente el amparo Constitucional solicitado. No puede entonces configurarse ninguna cosa juzgada, por cuanto no se hace en

los miembros del CONSORCIO, por lo que declara improcedente el amparo Constitucional solicitado. No puede entonces configurarse ninguna cosa juzgada, por cuanto no se hace en dicha providencia y en el proceso en sí, ningún análisis a los hechos de fondo de la Acción de Tutela, los hechos nunca fueron discutidos en el proceso con radicado 2022 -03777, por lo tanto no han sido objeto de pronunciamiento por parte del Juez Constitucional (…)”

38. Consideró que, para que se configure la cosa juzgada, el juez debe pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo cua