CE - 110010315000202206077011SENTENCIA20230523083604

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

Accionante: José Rafael Quessep Feria

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06077-01

Accionante: JOSÉ RAFAEL QUESSEP FERIA

Accionado: JUZGADO S ÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

SINCELEJO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

La acción de tutela es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad cuando la parte actora cuestiona una etapa procesal anterior a la sentencia y no se ejercieron los medios de defensa ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Rafael Quessep Feria en contra del fallo de tutela proferido el 2 de febrero de 2023 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado.

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Rafael Quessep Feria en contra del fallo de tutela proferido el 2 de febrero de 2023 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante promovió acción de tutela en contra de las sentencias proferidas el 11 de mayo de 202 0 y el 27 de septiembre de 2022, respectivamente, por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito deRadicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre ; para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1) Que mediante sentencia se me tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

1. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia y se ordene fallar de fondo con base en las pretensiones de nulidad de los actos administrativos contenidos en la publicación del resultado de análisis de antecedentes de la experiencia y la Resolución 1212 del 27-06-2016.

1. Que se ordene que la sentencia del Consejo de Estado de fecha 30-072021 y sus reglas de interpretación sean de obligatoria aplicación. […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que participó en el concurso de méritos convocado

2021 y sus reglas de interpretación sean de obligatoria aplicación. […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que participó en el concurso de méritos convocado por la Procuraduría General de la Nación , a través de la Resolución 040 de 2015, convocatoria 007-2015, para el cargo de Procurador Judicial II de Familia.

Sostuvo que superó las etapas del proces o de selección, esto es, el examen de conocimientos, la prueba comportamental y la calificación de la experiencia para el cargo; no obstante, señaló que obtuvo solo 7 puntos en la calificación de la experiencia, debido a que no le tuvieron en cuenta una especialización en derecho procesal civil y una maestría en derecho.

Afirmó que presentó recurso de reposición en contra del acto administrativo que publicó el resultado del análisis de la experiencia, correspondiente al área de derecho de familia, y que, por Resolución 1212 del 27 de junio de 2016, la Procuraduría General de la Nación lo confirmó.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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En atención a lo anterior, señaló que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la

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En atención a lo anterior, señaló que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto que publicó el resultado de la valoración de la experiencia , y de la Resolución 1212 del 27 de junio de 2016, que confirmó el puntaje inicialmente publicado, así como la nulidad parcial de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.

Aseveró que el conocimiento del proceso , al que se le asignó el número de radicación 70001 33 33 007 2017 00181 00, le correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, que, por auto del 25 de agosto de 2017, admitió la demanda.

Indicó que, por auto del 16 de agosto de 2018, la referida autoridad judicial vinculó al proceso a todas las personas que integraban la lista de elegibles, que una integrante de lista y la Procuraduría General de la Nación contestaron la demanda y que propusieron las excepciones previas de caducidad y falta de agotamiento del requisito de la conciliación extrajudicial. Manifestó que, el 31 de julio de 2019, el juzgado declaró la ineficacia del referido auto y tuvo a los integrantes de la lista como terceros.

Expresó que, el 28 de noviembre de 2019 , se llevó a cabo la audiencia inicial y en la etapa de saneamiento no se advirtió ninguna irregularidad; además, se declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control presentad o en contra del acto que publicó el resultado de la

inicial y en la etapa de saneamiento no se advirtió ninguna irregularidad; además, se declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control presentad o en contra del acto que publicó el resultado de la valoración de la experiencia y de las Resoluciones nros. 1212 del 27 de junio de 2016 y 040 del 20 de enero de 2015, proferid as por la Procuraduría General de la Nación.

Manifestó que, en sentencia proferida el 11 de mayo de 2020, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró que “(…) los actos administrativos demandados no son pasibles de control judicial por tratarse de actos de trámite respecto de los cuales no p rocede unRadicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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pronunciamiento de fondo (…)” , y, frente a la Resolución 040 de 2015, consideró que había operado la caducidad.

Anotó que presentó recurso de apelación en contra de la precitada decisión, que fue resuelto mediante sentencia del 27 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el sentido de confirmarla.

Consideró que las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas lo “(…) coloca en una situación irreparable y dejando como única alternativa la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable (…)”.

Advirtió que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo

accionadas lo “(…) coloca en una situación irreparable y dejando como única alternativa la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable (…)”.

Advirtió que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo incurrió en defecto procedimental, debido a que (i) si consideraba que los actos demandados no eran susceptibles de control judicial debió inadmitir la demanda y no admitirla; (ii) declaró no probadas la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado en contra del acto que publicó el resultado de la valoración de la experiencia y de las Resoluciones nros. 1212 del 27 de junio de 2016 y 040 del 20 de enero de 2015, proferidas por la Procuraduría General de la Nación; (iii) “(…) dicta un auto antes de la audiencia inicial, dejando sin eficacia la integración del contradictorio y señala que el acto administrativo de control es el demandado refiriéndose a la Resolución 344 de julio de 2016, lo cual denota ausencia de control del proceso, pues ese nunca fue el acto administrativo demandado (…)”; (iv) en la etapa de saneamiento de la audiencia inicial no advirtió ninguna irregularidad; (v) en la sentencia no tuvo en cuenta la fijación del litigio efectuada en la audiencia inicial.

Respecto del Tribunal Administrativo de Sucre, adujo que , al admitir el recurso de apelación , no hizo un control previo , “(…) pues nunca se percató de todos los defectos señalados en el recurso de apelación.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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percató de todos los defectos señalados en el recurso de apelación.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Guardó silencio sin sanear o decretar una nulidad por los excesos procedimentales cometidos por la primera instancia. No controló el defecto por omisión y no garantizó el debido proceso (…)”. Adicionalmente, señaló que, para resolver, no tuvo en cuenta la sentencia del 30 de julio de 2021, dictada por esta Corporación en el proceso radicado con el nro. 11001 03 25 000 2015 00366 00.

Agregó que, con la providencia cuestionada, el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo porque la respuesta al problema jurídico principal estuvo errada y mal argumentada , al no advertir que los actos demandados sí eran susceptibles de control judicial.

Expresó que el tribunal también incurrió en defecto sustantivo al interpretar de manera indebida el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que los actos administrativos cuestionados en el proceso ordinario decidieron de forma directa el fondo del asunto al no valorar los títulos académicos. En otros términos, consideró que los actos demandados a nte el juez ordinario tienen el carácter de definitivos porque decidieron su puntaje y ubicación en la lista de elegibles.

Anotó que las decisiones cuestionad as vulneraron el artículo 228 de la

términos, consideró que los actos demandados a nte el juez ordinario tienen el carácter de definitivos porque decidieron su puntaje y ubicación en la lista de elegibles.

Anotó que las decisiones cuestionad as vulneraron el artículo 228 de la Constitución Política, por cuanto “(…) el operador judicial solo pensó en la realización del derecho procesal y no observó la dimensión sustancial de la norma que gobierna el caso, como lo es el art. 43 del C.C. A. y de P.A (…)”.

Sostuvo que en la providencia que ataca , el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso 2012 -00680, sin especificar la fecha ni la sección que la profirió, que permite establecer que el acto administrativo que contiene y publica los resultados de una prueba de antecedentes d e la experienciaRadicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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para un concurso de méritos para proveer cargos, son actos definitivos y, por tanto, pasibles de control judicial.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. El conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, que , por auto del 22 de noviembre de 20222, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de

Tercera, del Consejo de Estado, que , por auto del 22 de noviembre de 20222, admitió la acción de tutela y dispuso notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo y al Tribunal Administrativo de Sucre, así como vincular, en calidad de tercero con interés, a la Procuraduría General de la Nación y a la señora Tania Rocío Pacheco Arriera3.

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Sucre para que remitiera el expediente radicado con el nro. 70001 33 33 007 2017 00181 00/014.

3.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, ponente de la decisión de segunda instancia del proceso ordinario, rindió informe5, en el que manifestó que el accionante “(…) no esboza argumento alguno que determine que el asunto tiene relevancia constitucional ni la relación causa-efecto en que hace consistir la vulneración alegada, en especial, la afectación de bienes ius fundamentales (…)”.

2 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00. 3 Esta orden se cumplió el 25 de noviembre de 2023. V isto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00. 4 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.

06077 00. 4 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00. 5 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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Alegó que , en la acción de tutela , el señor Quessep Feria reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario , que hacían alusión a que los actos administrativos demandados sí eran pasibles de control judicial y que fueran valorados los títulos académicos para el cargo que aspiró y, en consecuencia, fuera reclasificado en la lista de elegibles, lo que, anotó, fue objeto de análisis por parte del juez natural.

Sostuvo que la decisión adoptada se fundamentó en la sentencia del 15 de octubre de 2019, proferida por la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado.

Advirtió que el actor pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir un debate judicial “(…) siendo que sobre los actos definitivos en materia de concursos el tema ha sido zanjado por el Consejo de Estado, incluso, en lo tocante al concurso de procuradores judiciales (…)”.

adicional para reabrir un debate judicial “(…) siendo que sobre los actos definitivos en materia de concursos el tema ha sido zanjado por el Consejo de Estado, incluso, en lo tocante al concurso de procuradores judiciales (…)”.

3.3. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación presentó escrito vía correo electrónico6, en el que solicitó negar la acción de tutela por no existir vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Advirtió que se atiene a las decisiones que se profirieron y que está en desacuerdo con lo planteado por el accionante en el escrito de tutela.

Sostuvo que el acto pasible de control judicial era la Resolución 344 del 8 de julio de 2016, por medio de la cual se estableció la lista de elegibles dentro de la convocatoria 007 de 2015 , y no los actos administrativos mediante los cu ales se le otorgó y se le confirmó la calificación de la prueba de análisis de antecedentes al ahora accionante.

6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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Precisó que, según la sentencia del 15 de octubre de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, los actos administrativos d e calificación de antecedentes corresponden a actos de ejecución o trámite

Precisó que, según la sentencia del 15 de octubre de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, los actos administrativos d e calificación de antecedentes corresponden a actos de ejecución o trámite que, per se, no resultan enjuiciables.

Manifestó que la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso radicado con el nro. 11001 03 25 000 2015 00366 00, no era aplicable al proceso ordinario promovido por el accionante, debido a que, según el numeral 4 de la parte resolutiva de esa sentencia, los efectos de legalidad condicionada del inciso 3 del numeral 1 del artículo 17 de la Resolución 040 de 2015 solamente producirán efectos ex nunc, con el propósito de salvaguardar las situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

3.4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo presentó escrito vía correo electró nico7, en el que solicitó negar el amparo de los derechos fundamentales invocados.

Sostuvo que la sentencia del 11 de mayo de 2020 no constituye un fallo inhibitorio, por cuanto, si bien declaró que los resultados de los análisis de antecedentes dentro de la Convocatoria 007 -2015 de la Procuraduría General de la Nación y la Resolución 1212 del 27 de junio de 2016, que los confirmó, son actos de trámite y, por tanto, no son suscept ibles de control judicial, también negó la nulidad parcial de la Resolución nro. 040 del 20 de enero de 2015.

los confirmó, son actos de trámite y, por tanto, no son suscept ibles de control judicial, también negó la nulidad parcial de la Resolución nro. 040 del 20 de enero de 2015.

Anotó que , si bien la excepción de inepta demanda pudo haber sido declarada por el juzgado antes de proferir el fallo, según el inciso 2 del artículo 187 del CPACA, en la sentencia se puede decidir sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada.

7 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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Finalmente, consideró que el señor José Rafael Quessep Feria está utilizando la acción de tutela como una terce ra instancia ante la no prosperidad de sus pretensiones en el proceso ordinario.

3.5. El apoderado de la señora Tania Rocío Pacheco Arrieta, tercera interviniente en el proceso ordinario y vinculada en este trámite tutelar , presentó escrito vía correo electrónico8, en el que solicitó que se declare improcedente la acción de tutela.

Anotó que el accionante no ha ejercido el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que la acción de tutela se hace improcedente; además, no probó la e xistencia de un perjuicio

Anotó que el accionante no ha ejercido el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que la acción de tutela se hace improcedente; además, no probó la e xistencia de un perjuicio irremediable.

Afirmó que los efectos de la sentencia del 30 de julio de 2021, proferida por esta Corporación en el proceso radicado con el nro. 11001 03 25 000 2015 00366 00, aplican hacia el futuro y no para el caso de la Convocatoria 007-2015.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de febrero de 2023 9, declaró improcedente el amparo solicitado, por no cumplir con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela de subsidiariedad y relevancia constitucional.

Para dilucidar el asunto precisó, en primer término, que el análisis se centraría en examinar los reparos respecto de la sentencia de segunda instancia del 27 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, puesto que, pese a que también se enjuició la

8 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00. 9 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 0607700.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2022 0607700.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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decisión del 11 de mayo de 2020, dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, lo cierto es que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió el litigio. En atención a lo anterior, indicó que no se pronunciaría sobre los reparos que se dirigieron contra la sentencia de primera instancia dictada en el proceso ordinario.

Señaló que el presente asunto no cumple con el requisito general de subsidiariedad, debido a que , si la parte actora consideraba que el Tribunal Administrativo de Sucre , al momento de admitir el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo del 11 de mayo de 2020 , proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, debía “(…) sanear o decretar una nulidad por los excesos procedimentales cometidos por la primera instancia (…)” y no lo hizo, debió reponer “(…) y/o plantear tales aspectos en el proceso ordinario (…)”.

Advirtió que “(…) las supuestas irregularidades expuestas por el accionante, a saber, que se admitió la demanda en lugar de inadmitirla, se dejó sin eficacia la integración del contradictorio, no se advirtió alguna irregularidad en el saneamiento, se declararon no probadas las

accionante, a saber, que se admitió la demanda en lugar de inadmitirla, se dejó sin eficacia la integración del contradictorio, no se advirtió alguna irregularidad en el saneamiento, se declararon no probadas las excepciones previas y no se tuvo en cuenta la fijación del liti gio al momento de fallar, no configuran ninguna de las causales de nulidad dispuestas en el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP), al contrario, según el parágrafo de dicha normatividad, “las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”, disposición que coincide con lo manifestado en el párrafo anterior. En ese orden, es preciso recordar que la acción de tutela no puede suplir oportunidades y/o mecanismos que no fueron agotados en su momento (…)”.

Alegó que los argumentos expuestos por la parte actora referidos a que el tribunal accionado no se pronunció sobre la aplicación de la sentenciaRadicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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del 30 de julio de 2021, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el expediente radicado con el nro. 11001 03 25 000 2015 00366 00, ni sobre los documentos aportados para que se valoraran los títulos académicos, y que hizo una interpretación errónea del artículo 43 del CPACA, no cumplen con el requisito de relevancia constitucional.

ni sobre los documentos aportados para que se valoraran los títulos académicos, y que hizo una interpretación errónea del artículo 43 del CPACA, no cumplen con el requisito de relevancia constitucional.

Afirmó que, “(…) de la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los motivos por los cuales este asunto tenía tr ascendencia constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre la observancia de la Sentencia de 30 de julio de 2021 y la naturaleza de los actos administrativos demandados. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se es tudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una instancia adicional (…)”.

Expresó que la solicitud de amparo fue planteada bajo los mismos argumentos que se expusieron en el recurso de apelación del proceso ordinario y en los alegato s de conclusión presentados en segunda instancia, los cuales fueron analizados en la sentencia cuestionada por el Tribunal Administrativo de Sucre.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el señor José Rafael Quessep Feria lo impugnó con fundamento en tres motivos de inconformidad10:

En cuanto al primero, manifestó que está en desacuerdo con que en la sentencia impugnada se haya declarado improcedente la acción por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Al efecto señaló que, en la sentencia del 2 de febrero de 2023, que se impugna, la Subsección B, Sección Tercera , del Consejo de Estado ,

de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Al efecto señaló que, en la sentencia del 2 de febrero de 2023, que se impugna, la Subsección B, Sección Tercera , del Consejo de Estado ,

10 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06077 00.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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sostuvo que “(…) el accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Sucre, al admitir el recurso de apelación, no saneó los “excesos procedimentales” de la primera instancia; sin embargo, la Sala encuentra que él no repuso y/o planteó tales aspectos en el proceso ordinario (…)”.

No obstante, alegó que en la acción de tutela lo que se discute son las sentencias de primera y de segunda instancia y no el auto por el que el Tribunal Administrativo de Sucre admitió el recurso de apelación , por lo que, consideró, que el juicio del requisito de subsidiariedad debió hacerse sobre dichas sentencias.

Anotó que , contra la se ntencia de primera instancia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , ejerció los recursos ordinarios procedentes, “(…) lo cual revela el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad de la acción de tutela (…)”.

Sostuvo que las irregularidades procesales efectuadas por las autoridades

ordinarios procedentes, “(…) lo cual revela el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad de la acción de tutela (…)”.

Sostuvo que las irregularidades procesales efectuadas por las autoridades judiciales accionadas en el trámite del proceso ordinario fueron relatadas en el escrito de tutela porque hicieron que las sentencias cuestionadas incurrieran en un defecto procedimental.

Precisó que otro de los propósitos al señalar las irregularidades procesales en las que, a su juicio, incurrieron las accionadas, era resaltar la violación del debido proceso y defraudación de la confianza legítima , “(…) pues si contra los actos administrativos demandados se admitió la demanda, se integró el contradictorio, se fijó el litigio y no hubo salvedades en las distintas etapas de saneamiento, lo esperable era recibir unas sentencias que resolvieran de fondo el litigio, y no que me sorprendieran con sentencias inhibitorias, con el argumento que, los actos enjuiciados no son susceptibles de control judicial (…)”.

Manifestó que el error endilgado al auto que admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de prim era instancia seRadicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

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evidenció cuando se emitió la sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar que los actos enjuiciados no son susceptibles de control judicial, pese a que admitió el recurso y no adoptó previamente medidas de saneamiento.

evidenció cuando se emitió la sentencia de segunda instancia, en el sentido de confirmar que los actos enjuiciados no son susceptibles de control judicial, pese a que admitió el recurso y no adoptó previamente medidas de saneamiento.

Respecto al segundo reparo, señaló que el presente asunto sí es de relevancia constitucional, ya que , de la lectura de las sentencias que se cuestionan, “(…) se logra evidenciar que, las providencias judiciales enjuiciadas han generado los siguientes problemas ius fundamentales”:

1. Existe una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o acceso a la administración de justicia, cuyo núcleo esencial exige que a los usuarios de la administración de justicia se le deben resolver sus litigios mediante sentencias de mérito, no inhibitorias, como ocurrió en el proceso ordinario sub examine, lo cual hace que este asunto sea de alta relevancia constitucional.

2. Se evidencia una clara vulneración al derecho fundamental al debido proceso, a los principios constitucionales de la igualdad, seguridad jurídica y buena fe, al no fundamentarse las sentencias de primera y segunda instancia en los precedentes judiciales vigentes sobre la materia y que fueron citados y aportados durante el trámi te del proceso ordinario, lo cual hace que este asunto sea de alta relevancia constitucional.

3. Se presenta una clara violación al principio constitucional de la confianza legítima, pues, si contra los actos administrativos demandados fue admitida la demanda, integró el contradictorio, fijó el litigio y no hubo salvedades en las distintas etapas de saneamiento, lo esperable era que se resolviera de fondo el litigio, y no lo sorprendieran con sentencias

fue admitida la demanda, integró el contradictorio, fijó el litigio y no hubo salvedades en las distintas etapas de saneamiento, lo esperable era que se resolviera de fondo el litigio, y no lo sorprendieran con sentencias inhibitorias, con el argumento que los actos enjui ciados no eran susceptibles de control judicial.Radicación: 11001 03 15 000 2022 06077 01

Accionante: José Rafael Quessep Feria

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4. Hay una clara vulneración a su derecho fundamental