CE - 110010315000202206390011SENTENCIA20230410125428

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Radicado: 11001-0315-000-2022-06390-01

Demandante: Alix Ludivia Montiel y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-0315-000-2022-06390-01

Demandante: Alix Ludivia Montiel y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de reparación directa por medio del cual modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar , negó las súplicas de la demanda/ se configuró improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación de la sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Alix Ludivia Montiel Útima, Yeison Fabián Ortiz Montiel y Cristian Andrés Ortiz Montiel en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1. Antecedentes

1.1. La acción de tutela

Ortiz Montiel y Cristian Andrés Ortiz Montiel en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1. Antecedentes

1.1. La acción de tutela

Los actores formulan acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por la expedición de la sentencia del2

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20 de enero de 2022 , emitida dentro del medio de control de reparación directa, radicado bajo el número 11001-33-36-035-2015-00210-01, instaurada por los aquí accionantes, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales anteriormente citados.

1.2. Las pretensiones

Los accionantes solicitan se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad que consideran vulnerados por vías de hecho y defecto fáctico por «valoración probatoria y selectiva» por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera , Subsección A al proferir la sentencia acusada.

Como consecuencia de lo anterior, depreca n que se deje sin efectos la sentencia del 20 de enero de 2022, emitida por la citada autoridad judicial, dentro del proceso de reparación directa, radica do con el número 11001-33-36-035-2015-00210-01 y s e

20 de enero de 2022, emitida por la citada autoridad judicial, dentro del proceso de reparación directa, radica do con el número 11001-33-36-035-2015-00210-01 y s e ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A expedir la decisión que en derecho corresponda y atendiendo las directrices emanadas del juez de tutela. Por lo anterior, solicita que la decisión final se tome previa valoración en conjunto de las pruebas y/o acervo probatorio que obran en el medio de control de reparación directa.

Finalmente, solicitan:

«Que, de mantenerse la decisión atacada por esta vía excepcional, la misma no involucre a los suscritos coaccionantes CRISTIAN ANDRES ORTIZ MONTIEL, quien para el pasado 26/02/2015, tan solo contaba con diez (10) años de edad y, YEISSON FABIAN ORTIZ MONTIEL, quien para el pasado 23/11/2007, contaba con doce (12) años de edad, obteniendo nuestra ciudadanía solo hasta el pasado 26/02/2015 y, 24/03/202013 respectivamente, fecha esta que, de acoger la tesis del juzgador de primera y segunda instancia debe tenerse como punto de partida para comenzar a contabilizarse la caducidad respecto de las suscritas víctimas indirectas (hijos) del accionar irregular de agentes del Estado. Pues con antelación, solo teníamos la posibilidad de acudir a la jurisdicción por intermedio de nuestra progenitora y, sí desconocía tal posibilidad no podemos ser castigados por la ignorancia y/o ausencia de conocimiento de nuestra señora madre. Luego en un Estado Social de Derecho

posibilidad de acudir a la jurisdicción por intermedio de nuestra progenitora y, sí desconocía tal posibilidad no podemos ser castigados por la ignorancia y/o ausencia de conocimiento de nuestra señora madre. Luego en un Estado Social de Derecho como el nuestro, no todos debemos ser tratados con el mismo racero frente a la administración de justicia…»3

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1.3. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, del expediente se extraen los siguientes:

1. La señora Alix Ludivia Montiel Utima, convivió en un ión libre por más de 14 años con el señor José Jair Ortiz Quiñonez, con quien procreó dos hijos de nombre Cristian Andrés Ortiz Montiel y Yeison Fabián Ortiz Montiel, tal como se acredita en los registros civiles de nacimiento aportados al proceso como prueba documental para demostrar la titularidad en la causa.

1. El 23 de noviembre de 2007, alrededor de las 5:00 pm, el señor José Jair Ortiz Quiñonez abordó en el casco urbano del municipio de Chaparral (Tolima) un microbús de la empresa COINTRASUR, identificado con el número interno 26303, el cual fue objeto de un «retén militar» al llegar al caserío y/o corregimiento de la Olaya Herrera, sobre las 17:30 horas.

1. El señor Ortiz Quiñone z fue «bajado» del rodante junto con sus pertenencias , al

objeto de un «retén militar» al llegar al caserío y/o corregimiento de la Olaya Herrera, sobre las 17:30 horas.

1. El señor Ortiz Quiñone z fue «bajado» del rodante junto con sus pertenencias , al parecer fue confundido con el señor Abel Londoño Quiñonez (actualmente condenado a 30 años de cárcel por el secuestro y asesinato de la señora Diana Torres Campos).

Acto seguido, fue obligado a abandonar el rodan te y es conducido por militares al mando del Sargento Segundo Ramírez Morales Augusto, los cuales, sobre las 19 horas, le cegaron la vida con seis disparos, según informe de necropsia.

1. Por lo anterior, los hoy accionantes junto con otros interesados instauraron el medio de control de reparación directa, el cual fue asumido y fallado en primera instancia por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual, mediante sentencia del 30 de abril de 2020, declaró la caducidad de la acción, razón por la cual los actores interpusieron recurso de apelación.

1. Dicho recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante fallo del 20 de enero de 2022, acusado en el sub lite, el cual confirmó la sentencia de primera instancia.4

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1.4. Fundamentos de derecho

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1.4. Fundamentos de derecho

En el libelo introductorio los actores señalan vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad , por considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección A incurrió en vías de hecho y en «defecto fáctico por valoración probatoria y selectiva», de conformidad con los siguientes aspectos:

1. Cada una de las pruebas allegadas a la actuación ordinaria demuestran la titularidad en la causa por activa y, a su vez, la responsabilidad tanto patrimonial como administrativa de la Nación , Ministerio de Defensa , Ejército Nacional, respecto del daño antijurídico reclamado.

1. Se encuentra acreditado que al señor José Jair Ortiz Quiñonez le fue cegada la vida, de forma violenta. Esta circunstancia se traduce en la afectación de un bien jurídico tutelado que es de naturaleza «inviolable».

1. La v íctima directa, al momento de la ocurrencia de los hechos, se encontraba revestida de su condición de civil, toda vez que: a) estaba a bordo de un rodante intermunicipal con destino a la ciudad de Bogotá, con el objetivo de adquirir conocimientos «empíricos» sobre su labor como dentista de la zona; b). Solía desplazarse por la zona del Cañón de Las H ermosas, jurisdicción del municipio de Chaparral, (Tolima), laborando y por su cuenta y/o al servicio de finqueros de la zona

desplazarse por la zona del Cañón de Las H ermosas, jurisdicción del municipio de Chaparral, (Tolima), laborando y por su cuenta y/o al servicio de finqueros de la zona como está acreditado; c) su nombre no aparecía relacionado en los informes de inteligencia u órdenes de Batalla del Ejército; d) fue reconocido por los vecinos como miembro de esa comunidad hasta el 23 de noviembre de 2007; y, e) el día que fue ultimado por la tropa, no portaba armas de ninguna clase. Sin embargo, para «justificar su crimen» los uniformados que participaron en ese proceder aducen haber sido objeto de ataque con una granada de fragmentación por lo que, se vieron obligados a dispararle.5

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1. Los disparos propinados al señor José Jair Ortiz Quiñonez fueron causados a quema ropa; lo que indica qu e no buscaban reducirlo para restar la «agresión» de la que supuestamente estaban siendo víctimas los miembros del Ejército Nacional ; contrario a ello, las zonas de impacto (rostro), se tornan en letales, tal como aparece en la gráfica aportada y corroborada por el perito balístico del CTI.

1. No obra prueba de «absorción atómica » que le hubiere permitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A acreditar la injusta e

1. No obra prueba de «absorción atómica » que le hubiere permitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A acreditar la injusta e inminente agresión de la que aduce haber sido objeto el Ejército Nacional, sino que se aprecian dicotomías en las versiones brindadas por los uniformados que participaron en la operación, respecto de la forma como se llevó a cabo el ataque.

1. De lo dicho se colige que la muerte violenta, prematura e injusta de que fue víctima el señor José Jair Ortiz Quiñonez , se dio en un contexto de ilegitimidad y desproporcionalidad en el uso de la fuerza y, por ende, fue irrogado un daño que los accionantes no tenían el deber jurídico de soportar (antijurídico).

1. En cuanto a la caducidad del medio de control, a diferencia de las reflexiones consignadas en el fallo de primera y segunda instancia «no se puede tener como fecha de partida de manera generali zada la muerte de una persona a manos o por cuenta de las fuerzas regulares del Estado, para a partir de la misma circunstancia poner en marcha el cronómetro de la caducidad o prescripción en favor del demandado».

1. Conforme lo advirtiera el fallador de primera instancia, la demanda fue instaurada el 17 de febrero de 2015 y el asunto se encontraba en espera de decisión de primera instancia en plena vigencia y acatamiento de los criterios y líneas jurisprudenciales acogidas por el Consejo de Estado con antelación al cambio y/o unificación de criterios hoy vertidos en la decisión de la Sala Plena, bajo el radicado interno 61033 del 29 de enero de 2020.

acogidas por el Consejo de Estado con antelación al cambio y/o unificación de criterios hoy vertidos en la decisión de la Sala Plena, bajo el radicado interno 61033 del 29 de enero de 2020.

1. Si en gracia a discusión se advirtiere que es «sublime de fallarse este asunto con base en la nueva línea jurisprudencial aludida» imperioso resultaría concluir que dicha decisión viola derechos supremos de las víctimas directas y accionantes como lo es el acceso a la administración de justicia, la igualdad, así como los derechos a la verdad,6

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justicia y reparación con ocasión de la muerte del señor José Jair Ortiz y en comparación a víctimas que fueron y/o han sido indemnizadas bajo el mismo «rasero» que acogió la citada corporación judicial antes del 29 de enero 2020.

1. A la fecha de presentación de la demanda de reparación directa, tan solo un fallo disciplinario sancionatorio existía en cabeza de los responsables , que les fue comunicado el 20 de febrero 2015, por petición elevada a la Procuraduría General de la Nación.

1. Resulta lamentable para sus intereses como víctimas , las argumentaciones a las que acudió el fallador de segunda instancia, para a partir de ellas edificar el fallo cuestionado y, que no son otras, que las consignadas en la reciente providencia de la

1. Resulta lamentable para sus intereses como víctimas , las argumentaciones a las que acudió el fallador de segunda instancia, para a partir de ellas edificar el fallo cuestionado y, que no son otras, que las consignadas en la reciente providencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, pero que no pueden ser utilizadas en asuntos como el que nos ocupa, para negarse a administrar justicia en favor de las víctimas.

1. El juez administrativo puede acudir a lo que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha denominado « teoría del daño descubierto» según la cual, excepcionalmente, la caducidad del medio de control no se debe contar desde el acaecimiento del hecho o acto, sino cuando las víctimas conocieron de la existenci a del daño antijurídico.

1.5. Trámite

Mediante auto del 6 de diciembre de 2022, se admitió la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, se ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Te rcera, Subsección A, para que rindieran informe sobre los hechos y argumentos de la solicitud de amparo, dentro del término de dos días.

Se ordenó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, para que, quien lo t uviere, remitiera de manera inmediata copia digital del e xpediente de reparación directa cuestionado al correo electrónico7

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reparación directa cuestionado al correo electrónico7

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secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co con destino al proceso de tutela de la referencia.

Vinculó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Nación , Ministerio de Defensa Nacional , Ejército Nacional [entidad demandada en el proceso de reparación directa 11001-33-36-035-2015-00210-00/01], al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá [autoridad judicial de primer grado del proceso de reparación directa 11001 -33-36-035-201500210-00/01] y, a los señores María Dolores Quiñonez Méndez, José Orlando Ortiz Quiñonez, Héctor Ortiz Quiñonez, Luz Mery Ortiz Quiñonez, Melfia Ortiz Quiñonez, Yarleny Ortiz Quiñonez y José Albeiro Ortiz Quiñonez [demandantes también en el proceso de reparación directa 11001 -33-36-035-2015-00210-00/01] para que, si lo consideraran, interv inieran en la presente tutela de ntro del término de dos días contados a partir de la fecha del recibo de la correspondiente notificación. Lo anterior, porque en su condición de terceros interesados pueden resultar afectados con la decisión que se tome en la acción de tutela.

1.6. Intervenciones

contados a partir de la fecha del recibo de la correspondiente notificación. Lo anterior, porque en su condición de terceros interesados pueden resultar afectados con la decisión que se tome en la acción de tutela.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera , Subsección A.

La Magistrada doctora Bertha Lucy Ceballos Posada, adujo lo siguiente:

1. Con la providencia debatida, se consideró que el conteo de la caducidad iniciaba desde el 24 de noviembre de 2007, fecha en la que fue entregado el cuerpo de la víctima, momento desde el cual se tuvo certeza del d año de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente.

1. En la providencia la Sala advirtió que:

«(…)

36. Valorados los anteriores elementos de prueba, esta Sala de decisión encuentra aspectos relevantes, como lo son:8

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(i) El señor José Jair Ortiz Quiñonez murió por hechos de los agentes de la entidad demandada, el 23 de noviembre de 2007, cuando él fue inmovilizado por la fuerza pública en un retén militar desplegado en la ruta Chaparral-Bogotá D.C. (ii) De esta situación fueron enterados sus familiares al día siguiente de acontecidos los sucesos porque, como dan cuenta los elementos de convencimiento, desde el 24

pública en un retén militar desplegado en la ruta Chaparral-Bogotá D.C. (ii) De esta situación fueron enterados sus familiares al día siguiente de acontecidos los sucesos porque, como dan cuenta los elementos de convencimiento, desde el 24 de noviembre de 2007 se puso de presente el contexto en que ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del señor Ortiz. En especial se destaca que para ese momento el hermano del señor Ortiz (hoy demandante en este proceso) cuestionó el actuar desplegado por efectivos del Ejército Nacional al denotar que no se entendía por qué “resultó matando a [su] hermano”. (iii) Aunque no obra un fallo de responsabilidad penal sobre estos hechos, el cuerpo de la víctima directa fue entregado a sus familiares el citado 24 de noviembre de

2007. Concretamente, a la señora Alix Ludiv ia Montiel (hoy demandante en este proceso).

37. Es en este punto, el principio pro damato, destaca que “para computa r el plazo de caducidad se debe determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le era imputable el daño”.

38. Y como está acreditado que el conocimiento del daño y la posibilidad de atribuirlo a la entidad demandada fue conocido -o debió conocerse - el 24 de noviembre de 2004, es en esa fecha cuando debe iniciarse el conteo de la caducidad.

39. De manera que el argumento sobre la aplicación de un criterio jurisprudencial ulterior no ti ene relevancia pues, al margen de los efectos de la Sentencia de Unificación en el tiempo, lo cierto es que esa para la fecha de la demanda, el artículo 164 del CPACA estaba vigente y esa norma establecía que la caducidad opera “a

ulterior no ti ene relevancia pues, al margen de los efectos de la Sentencia de Unificación en el tiempo, lo cierto es que esa para la fecha de la demanda, el artículo 164 del CPACA estaba vigente y esa norma establecía que la caducidad opera “a partir de la fecha en que aparezca la víctima”.

40. Con todo, esta interpretación no desconoce el contenido de los instrumentos internacionales que aluden a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

La jurisprudencia del Consejo de Estado -incluso anterior a la Sent encia de Unificaciónya había considerado que no es aplicable por analogía los efectos de la prescripción penal a la caducidad de la reparación directa.»

1. A pesar de la anterior explicación, los accionantes insisten en que el término de caducidad se debe contabilizar desde el momento en que quede ejecutoriada la sentencia del juez penal ordinario, en la que se establezca el proceder de los agentes del Estado y la configuración de un delito de lesa humanidad, situación de la que no hay prueba en el caso de la referencia.

1. Además, para el conteo de la caducidad, la Sala tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado que indicó la tesis aplicable a casos como el presente . En la providencia se precisó que el término de caducidad en la reparación direc ta se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.9

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Demandante: Alix Ludivia Montiel y otros

por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.9

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1. Se desvirtuó el argumento referido al desconocimiento del precedente por parte de la Sala, respecto a la supuesta configuración de un delito de lesa humanidad y el conteo de la caducidad del medio de control, para el caso del señor José Ortiz Quiñonez, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares el 24 de noviembre de 20 07, pues no se puede considerar e se término para los delitos de lesa humanidad, dado que de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, existen unas premisas específicas sobre el tema que no resultaron aplicables al asunto en cuestión.

1. Como los demandantes conocieron la muerte de su familiar desde el -24 de noviembre de 2007-, fecha en la que se entregó su cadáver, desde ese momento se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, tal como se concluyó en la providencia del 20 de enero de 2022.

1. Los argumentos expuestos no se enmarcan en las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y no se encuentra n sustentados con la debida exigencia que justifique la intervención del juez de la vía de amparo. Por eso, ningún defecto sustantivo o fáctico se configuró con la aplicación de las normas

la acción de tutela contra providencias judiciales y no se encuentra n sustentados con la debida exigencia que justifique la intervención del juez de la vía de amparo. Por eso, ningún defecto sustantivo o fáctico se configuró con la aplicación de las normas procesales adecuadas para evaluar la caducidad del medio de control, como se hizo en la providencia controvertida.

1. La Sala concluyó la tesis contraria a la de los demandantes y apelantes, dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural, por lo que se consideró que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional para la procedencia de la tutela contra la providencia aquí cuestionada.

1.6.2. Las demás partes guardaron silencio.

1.7. La sentencia impugnada.

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de enero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por considerar que no cumplió el requisito de inmediatez, con fundamento en lo siguiente:10

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1. El mecanismo constitucional debe ejercerse en un plazo razonable, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues , de lo contrario, se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.

ponderado por el juez en cada caso, pues , de lo contrario, se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.

1. De acuerdo con lo anterior, se ha considerado como plazo prudencial el de seis meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada – que da lugar a la solicitud de protección, y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite es que se declara su improcedencia.

1. En el caso objeto de estudio, como la parte accionante en su solicitud de tutela pretende que se deje sin efectos la sentencia de 20 de enero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, este requisito debe estudiarse a la luz de la ejecutoria de la providencia que puso fin al proceso, esto es la proferida por el juez de segunda instancia.

1. Al respecto, la Sala encontró que la sentencia de 20 de enero de 2022, emitida por el ad quem se notificó al correo electrónico de las partes, el 25 de enero de 2022 a las 4:28 p.m.

1. La ejecutoria de la mencionada providencia operó el 1.º de febrero de 2022 y la solicitud de tutela se radicó el 30 de noviembre de 2022, por lo que se concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la respectiva providencia, un término superior a seis meses, particularmente más de nueve meses, lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como dicha Sección han considerado como

para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la respectiva providencia, un término superior a seis meses, particularmente más de nueve meses, lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como dicha Sección han considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo constitucional.

1. Finalmente, indicó que no se advierte ninguna explicación válida para el ejercicio de la presente acción constitucional por fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado por la Corporación y la Corte Constitucional.11

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1.8. Impugnación

Los actores impugnaron la sentencia del 26 de enero de 2023, proferida en primera instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con base en lo siguiente:

1. El auto de «obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior mismo proferido por el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá», les fue notificado el pasado 29 de septiembre de 2022, fecha ésta en que para los accionantes debe comenzar a contarse el requisito de inmediatez en este caso en particular, sin dejar de lado la posibilidad que tiene el juez de tutela de morigerar esta exigencia al momento de valorar cada caso en particular.

1. Lo que se pretende es que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo haga un análisis riguroso del caso que se le pone de presente, para que advierta, luego

particular.

1. Lo que se pretende es que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo haga un análisis riguroso del caso que se le pone de presente, para que advierta, luego de dicho estudio , si en verdad en el caso en concreto deben ser marginados de su derecho a conocer la verdad con relación al crimen de su esposo y padre.

1. Todo lo anterior en armonía con los fallos reiterados de la máxima Corporación y, desde luego con las previsiones de la Ley 446 de 1998 y/o demás normas de alcance internacional aplicables al caso en concreto.

1. El fallador de primera instancia se limitó al análisis del paso del tiempo de manera objetiva y, esta circunstancia en particular no es un límite absoluto.

1. En particular, el asunto se debe someter a un análisis integral, que en todo caso busque el beneficio de las víctimas tomando en cuenta que se encuentran afe ctadas también en su tranquilidad y armonía como familia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia12

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 1, según el cual «[ l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán

080 de 2019 1, según el cual «[ l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a q uien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de la acción de tutela interpuesta contra el fallo del 26 de enero de 2023 proferido por la Sección Quinta de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

La acción de tutela se dirig e contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección A por la expedición de la sentencia del 20 de enero de 2022, mediante la cual se confirmó el fallo del 30 de junio de 2020, proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la reparación directa radicada bajo el número 11001-33-36-035-2015-00210-00, por el cual se declaró la caducidad del citado medio de control.

El problema jurídico consiste en determinar si con la citada decisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administ ración de justicia e igualdad de los accionantes, para lo cual la Sala, en primer lugar, debe examinar los requisitos generales de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en caso de estar satisfechos, en segundo lugar, determinará si la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración probatoria.

2.3. De la procedencia excepcional de la ac ción de tutela contra providencias judiciales

cuestionada incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración probatoria.

2.3. De la procedencia excepcional de la ac ción de tutela contra providencias judiciales

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.13

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