CE - 110010315000202206550011SENTENCIA20230321102040

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06550-01

Accionante: DIANA CAROLINA PÉREZ FORERO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - SE

CONFIRMA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA QUE AMPARÓ DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACCIONANTE – Se configuró un defecto sustantivo en el sub examine

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad Constructora del Valle Real S.A. en contra de la sentencia de 2 de febrero de 2023 , proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Diana Carolina Pérez Forero solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración atribuyó al auto 7 de junio de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad con radicación número 25000-23-36-000-2019-00265-00, y mediante el cual se estimó como bien denegado el recurso de apelación promovido

proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad con radicación número 25000-23-36-000-2019-00265-00, y mediante el cual se estimó como bien denegado el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de 5 de marzo de 2020.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple en contra de la Curaduría Urbana de Buga, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nros. UC-0007 de 30 de mayo de 20181, UC-007-A/2018 de 10 de agosto de 20182 y C-0232 de 13 de agosto de 20183.

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga y que, mediante sentencia de 5 de marzo de 2020, el referido despacho judicial negó las pretensiones de la demanda.

1 «[…] A través de la cual se otorga una licencia urbanística […]». 2 «[…] Por la cual se modifica una licencia urbanística de urbanización vigente […]». 3 «[…] Por la cual se otorga una licencia urbanística de construcción […]».2

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Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2.3. Manifestó que promovió recurso de apelación en contra de la sentencia de

Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

2.3. Manifestó que promovió recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y que, en aplicación del numeral 1° del artículo 247 del CPACA, el día 6 de julio de 2020 a las 16:39, remitió la sustentación de su escrito de apelación al correo electrónico del despacho judicial.

2.4. Indicó que, mediante auto de 4 de agosto de 2020, el juez de primera instancia concedió el recurso de apelación en contra de la sentencia de 5 de marzo de 2020.

2.5. Señaló que el apoderado judicial de la sociedad Constructora Valle Real S.A. y la Curaduría Urbana de Buga solicitaron al juez de primera instancia que adoptara una medida de saneamiento, ya que el recurso de apelación había sido interpuesto por fuera del horario laboral del despacho y, por este motivo, debía tenerse por radicado extemporáneamente.

2.6. Sostuvo que, mediante el auto de 19 de agosto de 2020, el juez de primera instancia dispuso: «[…] DEJA[R] SIN EFECTO el auto por medio del cual se concedió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en audiencia del 5 de marzo del año que avanza, por la EXTEMPORANEIDAD de la presentación del escrito de impugnación […]».

2.7. Adujo que en contra de la decisión aludida promovió recurso de reposición y, en subsidio, el de queja. Mediante auto de 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga resolvió no reponer el auto de 19 de

subsidio, el de queja. Mediante auto de 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Buga resolvió no reponer el auto de 19 de agosto de 2020 y ordenó expedir, a expensas del recurrente, las copias de las piezas procesales para que se surtiera el recurso de queja.

2.8. Afirmó que, mediante el auto de 7 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió el recurso de queja y, en consecuencia, declaró bien denegado el recurso de apelación promovido contra la sentencia de 5 de marzo de 2020.

2.9. Sostuvo que el auto de 7 de junio de 2022 incurrió en los defectos sustantivo y procedimental absoluto con base en los siguientes argumentos:

2.10. En lo relativo al defecto sustantivo, en primer lugar, señalo que se aplicó una norma abiertamente inaplicable al sub examine como lo es el artículo 109 del Código General del Proceso y se dejaron de aplicar las normas que sí regulaban el caso, como lo son los artículos 67 del Código Civil, y 59 y 60 de la Ley 4° de 1913.

2.11. En consonancia con el argumento anterior, expuso que, a través del Acuerdo N° PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que: «[…] [l]as sedes judiciales y administrativas de la Rama Judicial no prestarán atención presencial al público […]», por lo que «[…] no ha[bía] forma de dar aplicación al precepto contenido en el artículo 109 del CGP porque realmente el3

prestarán atención presencial al público […]», por lo que «[…] no ha[bía] forma de dar aplicación al precepto contenido en el artículo 109 del CGP porque realmente el3

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Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Acuerdo no planteaba una regulación frente al horario de apertura y cierre del Juzgado de Buga […]».

2.12. Sumado a lo anterior, señaló que el artículo 67 del Código Civil establece que «[…] los plazos de días, meses o años (…) de los Tribunales o Juzgados, se entenderá[n] que han de ser completos y correrán (…) hasta la media noche del último día de plazo […]». Esta norma, junto al artículo 59 de la Ley 4° de 1913, según la accionante, eran las llamadas a resolver la controversia porque «[…] regula la forma en la que deben contarse los plazos judiciales sin partir del supuesto de la apertura o cierre del despacho, como sucede en el caso que nos ocupa […]».

2.13. Igualmente, destacó que el acuerdo expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, si bien regula el horario laboral de los empleados y funcionarios judiciales, no contempló la apertura de las sedes judiciales.

2.14. En segundo lugar, adujo que en la providencia objeto de esta acción constitucional se avaló la aplicación indebida de la potestad de saneamiento, ya que el ejercicio de esta facultad está dirigido a prevenir la configuración de una nulidad en el proceso, circunstancia que no aconteció en el sub examine.

constitucional se avaló la aplicación indebida de la potestad de saneamiento, ya que el ejercicio de esta facultad está dirigido a prevenir la configuración de una nulidad en el proceso, circunstancia que no aconteció en el sub examine.

2.15. En cuanto al defecto procedimental señaló, en primera medida, que se desconoció el trámite previsto en el numeral 2° del artículo 247 del CPACA porque el juez de primera instancia, una vez concedido el recurso de apelación, debió «[…] remitir el expediente a su superior para que decidiera sobre la admisión del recurso de alzada […]». En cambio la autoridad judicial adicionó una etapa procesal de saneamiento del proceso, cuando lo procedente era remitir el expediente al superior para que este decidiera sobre la admisión del recurso.

2.16. Igualmente, expuso que se incurrió en un exceso de ritual manifiesto, ya que se hizo una «[…] aplicación rigurosa e irrazonable del derecho procesal, desconoci[endo] la efectividad del derecho sustancial […]». Al respecto, indicó:

[…] El Tribunal, en una aplicación rigurosa del Acuerdo (especialmente), rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia porque fue presentado el 6 de julio de 2020 a las 4:39 pm y no antes de las 4:00 pm. Esta conducta, así entendida, configura, sin perjuicio de los demás defectos alegados, una obediencia ciega del derecho procesal que sacrifica el derecho sustancial en el Proceso de Nulidad.

En otras palabras, el Demandado, en un mero culto a una norma que ni siquiera es de carácter legal como el Acuerdo, encontró en este acto un obstáculo

sacrifica el derecho sustancial en el Proceso de Nulidad.

En otras palabras, el Demandado, en un mero culto a una norma que ni siquiera es de carácter legal como el Acuerdo, encontró en este acto un obstáculo puramente formal para impedir que se surtiera el trámite de la apelación de la Sentencia y, por ende, vulneró mi derecho de defensa, más exactamente mi derecho a la doble instancia previsto en el artículo 31 de la Constitución Política […].4

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Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] i) Que AMPARE mi derecho fundamental al debido proceso.

(ii) Que DEJE SIN EFECTOS el auto No. 184 de 7 de junio de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el trámite del proceso identificado con radicado 76111-33-33-003-2019-00012-02.

(iii) Que, como consecuencia de lo anterior, ORDENE al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca proferir auto por medio del cual admita el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 5 de marzo de 2020, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga en el trámite del proceso identificado con radicado 76111-33-33-003-2019-00012-02 […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sección Quinta de esta Corporación, a través del consejero a cargo de la

[…].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sección Quinta de esta Corporación, a través del consejero a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 16 de diciembre de 2022, admitió la presente acción de tutela. En la misma providencia fueron vinculados , como terceros con interés directo en los resultados del proceso, «[…] la Curaduría Urbana de Buga – Valle y a la Constructora Valle Real S.A., (…) y [el]Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Buga […]».

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , a través de la magistrada ponente de la decisión objeto de esta acción constitucional, rindió informe en el que indicó que «[…] [l]os hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión se encuentran contenidos en la providencia objeto de examen, la cual fue aportada como anexo a la acción de tutela […]».

5.2. La Constructora Valle Real S.A., a través del representante legal, rindió informe en los siguientes términos:

[…] La parte accionante se duele y considera violatorio al derecho fundamental del debido proceso, por cuanto considera haber presentado oportunamente el recurso de apelación en contra de la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Oralidad de Buga. (…)

3. La parte accionante radicó el recurso de apelación a las 16:36 pm, es decir,

por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Oralidad de Buga. (…)

3. La parte accionante radicó el recurso de apelación a las 16:36 pm, es decir, abiertamente extemporáneo. Lo radicó 36 minutos de spués de la hora de cierre.5

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Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

4. Es menester tener en cuenta lo dispuesto dentro del Articulo 109 del Código

General del Proceso, el cual dispone:

“Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos an tes del cierre del despacho del día en que vence el término”. (…) Resultaría violatorio al derecho de igualdad material, que se tutelara a la Accionante bajo ese argumento, puesto que se haría un excepción únicamente en favor de una ciudadana mientras los casi 5 Millones de habitantes del Valle del Cauca estuvieron sujetos al horario establecido por el Consejo Superior de la Judicatura.

No existe una razón jurídica valida para crear una excepción en favor de la Accionante.

8. Ahora bien, puede el Despacho analizar la conducta de la Accionante, en el sentido que siempre espera el ultimo minuto para ejercer sus derechos, así lo hizo para radicar el recurso de apelación dentro del medio de control de nulidad simple y así lo hace ahora en la Acción de Tutela […]. (sic en toda la transcripción)

VI. FALLO IMPUGNADO

6. El Consejo de Estado – Sección Quinta , a través de la sentencia de 2 de

simple y así lo hace ahora en la Acción de Tutela […]. (sic en toda la transcripción)

VI. FALLO IMPUGNADO

6. El Consejo de Estado – Sección Quinta , a través de la sentencia de 2 de febrero de 2023, accedió a la solicitud de amparo elevada por la señora Diana Carolina Pérez Forero . Como fundamento de lo anterior , el a quo señaló lo

siguiente:

6.1. En primera medida, adujo que la presente acción constitucional cumplía con los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales.

6.2. En segundo lugar, señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un defecto sustantivo por aplicación indebida del artículo 109 del Código General del Proceso, debido a que el Acuerdo N° CSJVAA20-43 de 22 de junio de 2020, expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, no reguló el «[…] horario para radicar recursos en las distintas sedes judiciales del Valle del Cauca, pues el objetivo principal del acuerdo era adoptar las medidas necesarias para la prevenció n de la propagación y contagio del virus Covid -19 en el desarrollo de las labores judiciales presenciales […]».

6.3. Con base en lo anterior, la Sección Quinta de esta Corporación concluyó lo siguiente: «[…] la interpretación del juez natural fue restrictiva al sostener que tras modificarse el horario laboral presencial y limitarse a las 4:00 p.m. dentro del contexto de la emergencia sanitaria, el plazo para presentar recursos también se limitaría a esa hora en c umplimiento del artículo 109 del Código General del

modificarse el horario laboral presencial y limitarse a las 4:00 p.m. dentro del contexto de la emergencia sanitaria, el plazo para presentar recursos también se limitaría a esa hora en c umplimiento del artículo 109 del Código General del Proceso, puesto que dicha norma no podía aplicarse en este caso ya que en el acuerdo en mención no se estableció dicha hora como horario de cierre del despacho, sino como horario de finalización de la jornada laboral; tan es así que en los artículos siguientes se dio prevalencia al teletrabajo y al desarrollo de las6

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

funciones judiciales de forma remota y con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sobre la atención presencial […]».

6.4. Adicionalmente, afirmó lo siguiente:

[…] [A]nte la falta de regulación y modificación expresa sobre el horario de atención al público o el horario de cierre del despacho, en estricto sentido, y comoquiera que la variación de horario se hizo para flexib ilizar la jornada laboral de los empleados judiciales con el fin de contener el contagio del virus Covid-19, el juez natural debió optar por una interpretación más garantista y acorde con la realidad jurídica del caso, en el sentido de aplicar el acuerdo o la normativa que han regulado el horario de cierre de los despachos dentro de la normalidad, debiéndose entender que la atención al público si bien es virtual no fue afectada por las nuevas dinámicas de trabajo de los servidores judiciales porque precisamente lo que han querido garantizar el Gobierno Nacional y el

normalidad, debiéndose entender que la atención al público si bien es virtual no fue afectada por las nuevas dinámicas de trabajo de los servidores judiciales porque precisamente lo que han querido garantizar el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura dentro de esta coyuntura, es el acceso a la administración de justicia del usuario dando preferencia a la virtualidad y brindando los canales de atención para tal efecto […].

6.5. En tercer lugar, el juez de primera instancia , al referirse a la supuesta violación del artículo 207 del CPACA, señaló lo siguiente: «[…] aún cuando el juez natural hubiere incurrido en una irregularidad al dejar sin efectos un auto sin mediar recurso alguno, o al abstenerse de decretar directamente la nulidad por incurrir en la causal mencionada, lo cierto es que cualquier decisión que se adopte sobre el particular resultaría innecesaria, pues el debate en torno a si procede o no el recurso de apelación se cerró con el auto a través del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo estimó bien denegado […]».

6.6. En conclusión, la Sección Quinta de esta Corporación amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Diana Carlin a Pérez Forero, dejó sin efectos del referido auto de 7 de junio de 2022, y ordenó a la autoridad judicial accionada proferir, dentro del término de diez días, una decisión de reemplazo que atendiera los parámetros fijados en el fallo de primera instancia.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La sociedad Constructora Valle Real S.A., a través de su representante legal, impugnó la decisión de primera instancia . Los motivos de impugnación se pueden

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La sociedad Constructora Valle Real S.A., a través de su representante legal, impugnó la decisión de primera instancia . Los motivos de impugnación se pueden sintetizar de la siguiente manera: (i) indicó que el fallo de primera instancia violaba su derecho fundamental a la igualdad porque se otorgó un trato preferencial a la accionante, quien desconoció el horario de cierre de los despachos judiciales en el Departamento del Valle del Cauca , y (ii) manifestó que se desconoció el artículo 230 constitucional, precepto que señala que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley, porque una lectura taxativa de los artículos 109 del Código General del Proceso y 27 del Código Civil permite concluir que la accionante tenía la obligación de radicar la sustentación del recurso de apelación hasta antes de las 16:00 horas del 6 de julio de 2020.

8. En tal sentido, el escrito de impugnación señala lo siguiente:7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06550-01

Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

[…] La Sentencia de Tutela de fecha 02 de febrero de 2023 notificada el día 06 de febrero del presente año por medios electrónicos, es contraria al derecho y principio fundamental de la igualdad.

El articulo 13 de la Constitución Política establece lo siguiente:

(…)

El artículo 109 del Código General del Proceso dispone:

(…)

En el Departamento del Valle del Cauca habitan 4475.886 MILLONES DE

El articulo 13 de la Constitución Política establece lo siguiente:

(…)

El artículo 109 del Código General del Proceso dispone:

(…)

En el Departamento del Valle del Cauca habitan 4475.886 MILLONES DE HABITANTES3 [sic] que para el momento de la interposición del recurso de la parte Accionante, nos sujetamos sin excepción alguna al horario establecido dentro del ACUERDO No. CSJVAA20-43 22 de junio de 2020.

Y tal como lo manifestó la Magistrada Ponente:

No existe razón fáctica y jurídica para que la parte Accionante no se hubiere allanado a cumplir con el horario establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, y del cual estábamos sujetos Magistrados, Jueces y usuarios de la Rama Judicial en el territorio del Valle del Cauca.

Es muy triste que quienes si estamos sujetos a un horario, cumplimos las normas establecidas dentro del ordenamiento jurídico nos veamos perjudicados por quien saca ventaja de su propio incumplimiento.

En gracia de discusión, emerge el siguiente cuestionamiento: ¿recibiría el apoderado judicial de Constructora Valle Real la misma prerrogativa de admitirse un recurso presentado fuera del horario laboral establecido para el Valle del Cauca?. Y los demás apoderados judiciales?.

Por lo tanto, ruego al despacho de estricta aplicación a lo dispuesto dentro del Articulo 230 de la Constitución Policita (…)

(…)

Con todo respeto, el presente fallo premia al litigante incumplido, impuntual que no cumple la carga procesal dentro del termino legal, en desmedro de quienes

Articulo 230 de la Constitución Policita (…)

(…)

Con todo respeto, el presente fallo premia al litigante incumplido, impuntual que no cumple la carga procesal dentro del termino legal, en desmedro de quienes se sometieron a la normatividad vigente, y confiaron de forma legítima en que ese era el horario que tenia previsto el Poder Judicial para la presentación, radicación e incorporación de memoriales y peticiones.

Conforme a las razones anteriormente trascritas la Sentencia Impugnada debe de revocarse conforme lo dispuesto dentro del Articulo 230 de la Constitución Política, esto es, haciendo prevalecer el imperio de la Ley sobre cualquier interpretación subjetiva […]. (sic en toda la cita)

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación , en virtud de lo previsto en el artículo 32 d el Decreto 2591 de 19 de noviembre de8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06550-01

Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

19914, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 5 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado

VIII.2. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado6, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello es así determinar:

b) Si el auto 7 de junio de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de control de nulidad simple número 25000-23-36-000-2019-00265-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, por haberse incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo y en un defecto procedimental absoluto.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a

(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. En sentencia de 31 de julio de 20127, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 5 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991. 7 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06550-01

Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

Accionante: Diana Carolina Pérez Forero

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución9.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lu gar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión10” que se encaje en dichos parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y

parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

8 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto , que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora errad amente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo , existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 10 Co