CE - 110010315000202300206011SENTENCIA20230425084928

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

Demandante: CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

INTERÉS PARA RECURRIR / Quien impugna una decisión judicial debe probar la calidad de afectado o al menos ser el destinatario la orden impartida / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional , dado que los argumentos propuestos en la tutela se invocaron ante el juez natural y fueron decididos razonablemente.

La Sala decide1 las impugnaciones interpuestas por la parte demandante y por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se resolvió:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo encaminadas a que se deje sin efectos el auto de 14 de septiembre de 2022, proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data del ciudadano Carlos Arturo Grisales Ledesma, por las razones expuestas en la parte

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al habeas data del ciudadano Carlos Arturo Grisales Ledesma, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO (sic): ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial - Secretaría que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a realizar la actualización del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del accionante, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 18 de enero de 2023, el señor Carlos Arturo Grisales Ledesma interpuso acción

1 El 28 de marzo de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

Demandante: Carlos Arturo Grisales Ledesma Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

2 de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en adelante la Comisión o la CNDJ) , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión del (i) auto proferido el 14 septiembre de 2022 en el que se negó la aplicación de la figura de

la doble conformidad en el proceso disciplinario con radicado 11001 -01-020-0002013-02615-00 y (ii) del oficio SJ CEBM-31872 del 13 de octubre de 2022 en el que la Secretaría de dicha Corporación negó la eliminación del registro de la sanción disciplinaria. Formuló las siguientes pretensiones:

[S]olicito…proteger con las medidas correctivas y coercitivas respectivas, mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a los cargo públicos y, consecuencialmente, se deje sin efecto jurídico la providencia del 14 de septiembre del año en curso (2022), proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, contentiva de los yerros fácticos y sustanciales que analizaré más adelante y, en su lugar, se conceda y se dé paso al recurso de apelación que oportunamente formulé contra el fallo disciplinario sancionatorio de única instancia emitido por la otrora sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura a fin de dar cumplimiento a la doble conformidad consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2018, puntualmente, el der echo a impugnar la primera sentencia sancionatoria y consecuentemente, luego del análisis de la segunda instancia en materia disciplinaria me absuelva de cualquier responsabilidad disciplinaria, porque estoy completamente convencido de que no he cometido ninguna falta.

Cabe aclarar que en la sentencia que acceda a mis pretensiones, se debe ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que quien debe desatar el recurso de apelación contra el fallo disciplinario sancionatorio, necesariamente tiene que ser una sala colegiada distinta e integrada por

ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que quien debe desatar el recurso de apelación contra el fallo disciplinario sancionatorio, necesariamente tiene que ser una sala colegiada distinta e integrada por miembros que no participaron en los debates y sanción de primera o única instancia que, aunque no existe al menos con una de conjueces se debe garantizar la imparcialidad y objetividad de la decisión definitiva.

Además, tras tutelar los derechos conculca dos solicito a la honorable Corte Suprema de Justicia ordene la corporación accionada, elimine definitivamente de su propio registro de antecedentes disciplinarios, la anotación en mi contra toda vez que ya lleva más de c inco años de vigencia y no puede exceder ese lapso.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas aportadas al expediente la Sala extrae los siguientes enunciados fácticos jurídicamente relevantes:

La extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judic atura inició una investigación disciplinaria en contra del señor Carlos Arturo Grisales Ledesma, por faltas atribuidas mientras fungió como magistrado en provisionalidad del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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3 Agotado el respectivo trámite, dicha Sala, mediante sentencia del 31 de mayo de 2017, sancionó al señor Grisales Ledesma con suspensión por un mes en el ejercicio del cargo como magistrado, por lo siguiente:

3 Agotado el respectivo trámite, dicha Sala, mediante sentencia del 31 de mayo de 2017, sancionó al señor Grisales Ledesma con suspensión por un mes en el ejercicio del cargo como magistrado, por lo siguiente:

[H]aber inobservado los deberes establecidos en los numerales 1 y 11 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y los numerales 1, 5 y 17 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y violando las prohibiciones enmarcadas en los numerales 1 y 12 del artículo 35 ibidem, a título de culpa grave, por reportar informació n carente de veracidad en la estadísticas del SIERJU, retirar los expedientes Nos. 2004— 02087 01 y 2004 — 03767 01 del Despacho que regentó sin autorización judicial, y por conocer de los procesos Nos. 2004 — 02087 01, 2004 — 03767 01, 2011 — 00921 00 y 2011 — 00452 00 después de cesar sus funciones como Magistrado de dicha Corporación.

Adicionalmente, dispuso: «convertir la sanción de suspensión de un (1) mes en el ejercicio del cargo, en el equivalente en salarios devengados para el 2013, porque el funcionario judicial Carlos Arturo Grisales Ledesma, ya no ostenta el cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca».

El 13 de octubre de 2020, el demandante, con fundamento en el Acto Legislativo 1

de 2018, la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional y el auto AP21182020, dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , formuló solicitud de doble conformidad, para que se le concediera el « recurso de apelación» contra la sent encia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El 14 de septiembre de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial «negó la garantía de doble conformidad, y por ende el recurso de apelación».

De otra parte, el 22 de agosto de 2022, el actor solicitó la eliminación del registro de antecedentes disciplinarios, toda vez que transcurrieron más de cinco años desde la ejecutoria de la sanción impuesta el 31 de mayo de 2017. Dicha petición fue negada en ofici o del 13 de septiembre de 2022 por el secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con sustento en que aun estaba pendiente el pago de la sanción pecuniaria.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, toda vez que la doble conformidad es una garantía indispensableRadicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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4 en el Estado Social de Derecho aplicable a los asuntos penales y disciplinarios, y que se encuentra prevista en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos ratificados por Colombia.

que se encuentra prevista en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos ratificados por Colombia.

Dijo que no fueron suficientes los argumentos contenidos en la providencia cuestionada, en los que afirma que tanto el Acto Legislativo 1 de 2018 como las providencias invocadas solo hacen referencia a la doble conformidad en materia penal, tesis que deja de lado que en lo disciplinario existen decisiones sancionatorias que, aunque no restringen la libertad de las personas, afectan ostensiblemente otras garantías relacionadas con el desempeño de cargos públicos, el ascenso por méritos y otros efectos derivados de la facultad punitiva del Estado.

Que desde una perspectiva convencional y constitucional no es válido que se limite la garantía bajo examen a temas penales, puesto que la Corte Constitucional ha sido clara en manifestar que debe extenderse a otras ramas del derecho, en especial, la disciplinaria.

De otra parte, expuso que la providencia censurada incurrió en una irregularidad , toda vez que fue suscrita únicamente por la ponente , a pesar de ser una decisión de Sala Plena.

Respecto del registro de antecedentes disciplinarios, expuso fue sancionado injustamente el 31 de mayo de 2017, fecha en la que quedó ejecutoriada la decisión, momento desde el cual ostenta el registro negativo en los antecedentes disciplinarios tanto en la Comisión como en la Procuraduría General de la Nación.

Explicó que la Procuraduría , de manera oficiosa , procedió con la eliminación del

momento desde el cual ostenta el registro negativo en los antecedentes disciplinarios tanto en la Comisión como en la Procuraduría General de la Nación.

Explicó que la Procuraduría , de manera oficiosa , procedió con la eliminación del registro desde el 31 de mayo de 2022, cuando se cumplieron los cinco años a los que se refiere el artículo 174 de la Ley 734 de 20 02; sin embargo, no ocurr ió lo mismo en la Comisión, entidad a la que el 22 de agosto de 2022 le solicitó la eliminación del registro y , en lugar de acceder a la solicitud, modificó la fecha del inicio de la sanción del 31 de mayo de 2017 al 14 de septiembre de 2022 —fecha en la que se negó la solicitud de doble conformidad—, con lo que se sugiere que se vuelve a iniciar el cómputo de los cinco años del registro de la sanción, circunstanciaRadicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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5 que constituye una vulneración del debido proceso y «frustra el acceso a los cargos públicos».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 20 de enero de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado, por intermedio del magistrad o sustanciador del proceso en primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y dispuso que fuera notificada al igual que el Ministerio Público . Asimismo, negó la medida provisional solicitada de eliminación del registro de la anotación negativa de antecedentes sancionatorios.

dispuso que fuera notificada al igual que el Ministerio Público . Asimismo, negó la medida provisional solicitada de eliminación del registro de la anotación negativa de antecedentes sancionatorios.

2.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, señaló que el Consejo de Estado no era competente para conocer de la tutela, de conformidad con la regla de reparto prevista en el Decreto 333 de 2021 , según la cual , cuando se trat a de acciones de tutela presentadas por servidores que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción contencioso administrativo, el asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria.

De otra parte, aclaró que de la tutela dio traslado al secretario judicial de la Comisión para que se pronunciara sobre los cuestionamientos del demandante frente al oficio del 13 de octubre de 2022, en el que s e negó la eliminación del registro negativo de antecedentes disciplinarios , dado que el Acuerdo 3 de 2021 —reglamento interno de la Comisión— asigna esa función a dicha dependencia, «sin que esta Magistrada o los demás magistrados que conformamos la Corporación tengamos injerencia en dicho trámite». Por tanto, agregó, «será el Secretario Judicial quien rinda el informe sobre la vigencia de este registro en el caso particular».

En lo que concierne a los reproches contra la providencia judicial, adujo que en ella se pueden observan las consideraciones que sustentaron la improce dencia de la solicitud, al margen de si la conclusión fue contraria a los intereses del demandante.

Frente a la irregularidad por la falta de firmas, explicó que, en virtud de lo previsto

se pueden observan las consideraciones que sustentaron la improce dencia de la solicitud, al margen de si la conclusión fue contraria a los intereses del demandante.

Frente a la irregularidad por la falta de firmas, explicó que, en virtud de lo previsto en el artículo 20 del reglamento interno de la Comisión, los trámites secretariales relacionados con la notificación de las pro videncias aprobadas en Sala seRadicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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6 adelantan con una copia de la providencia suscrita por el ponente, por lo que no se trata de ninguna irregularidad.

Expuso que, si bien existe el derecho a la doble conformidad, lo cierto es que esa garantía fue implementada en el Acto Legislativo 1 de 2018 y fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia SU -146 de 2020 y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el auto AP2118 de 2020, ambos cas os referidos a los aforados en el ámbito penal.

Afirmó que, en vigencia de la Ley 734 de 2002, el control disciplinario jurisdiccional de única instancia no era susceptible de control posterior, por cuanto la doble conformidad no estaba prevista en esa materia, la cual, aun cuando fue introducida en la Ley 1952 de 2012 , modificada por la Ley 2094 de 2021 , no consagró un periodo de «transitoriedad» para que fuese extendida a decisiones anteriores a su entrada en vigor.

Consecuente con ello, solicitó que se declarara improcedente por falta de

periodo de «transitoriedad» para que fuese extendida a decisiones anteriores a su entrada en vigor.

Consecuente con ello, solicitó que se declarara improcedente por falta de relevancia constitucional o, en su defecto, se denegara el amparo ante la ausencia de los yerros atribuidos a la providencia.

2.2. El secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial relató las principales actuaciones adelantadas en el proceso disciplinari o y en el registro de antecedentes, para concluir que , mediante oficio del 13 de octubre de 2022, dio respuesta al demandante en la que se le informa la imposibilidad de retirar la anotación de la sanción del certificado de antecedentes disci plinarios, ante la falta de prueba de la extinción de la sanción pecuniaria.

Adujo que ha actuado conforme a los lineamientos legales y reglamentarios que regulan la forma en que se emiten los certificados de antecedentes disciplinarios, en los que se reflejan las sanciones impuestas dentro de los últimos 5 años, sin perjuicio de aquellas que permanecen vigentes.

Aclaró que la actualización de la fecha de sanción del 31 de mayo de 2017 al 14 de septiembre de 2022, obedeció a que el sistema tomó automáticamente la fecha de la decisión en la que s e declaró la improcedencia de la doble conformidad, sin embargo, al constatarse la falencia se realizó el ajuste, por lo que en la actualidad el registro se refiere a la sentencia del 31 de mayo de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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3. Fallo impugnado

La Sección Primera de esta Corporación, mediante fallo del 16 de febrero de 2023, (i) negó las pretensiones dirigidas a que se deje sin efectos el auto proferido del 14 de septiembre de 2022 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y (ii) concedió el amparo del derecho fundamental al habeas data y, como consecuencia, ordenó a la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Discip lina Judicial que, en el término de 48 horas, realizara la actualización del certificado de antecedentes disciplinarios del accionante, en los términos allí expuestos.

Para arribar a dichas conclusiones, en primer lugar, descartó la falta de competencia alegada, en atención a que lo que establece el Decreto 333 de 2021 son reglas de reparto y no de competencia.

De otra parte, precisó que , dado que la vulneración se atribuye a «dos circunstancias diferentes», estas son, la providencia del 14 de septiembre de 2022 dictada por la Comisión en la que negó la solicitud de doble conformidad, y el oficio del 13 de octubre en el que la Secretaría de la Comisión no accedió a la cancelación del registro de la sanción, a ello se contraerían los problemas jurídicos a resolver.

En cuanto a la providencia del 14 de septiembre de 2022 , l uego de estimar superados los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, el a quo procedió con el estudio de los requisitos especiales alegados por el demandante.

superados los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, el a quo procedió con el estudio de los requisitos especiales alegados por el demandante.

Así, señaló que el Acto Legislativo 1 de 2018 buscó garantizar el derecho a impugnar la p rimera sentencia condenatoria o doble conformidad de los aforados para su trámite ante la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual «pretender que a través de este mecanismo constitucional se apliquen analógicamente las normas constitucionales referidas, las cuales, se itera, regulan lo atinente a la composición y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, result a improcedente, teniendo en cuenta que la composición, atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se encuentran previstas en el artículo 257A de la Constitución Política».Radicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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8 Adujo que los instrumentos internacionales citados por el accionante tampoco fueron desconocidos, dado que esa garantía está prevista para quienes hayan sido condenados en casos penales, de acuerdo con la sentencia C-792 de 2014.

Expuso que, si bien el ejercicio de la acción disciplinaria hace parte del ius puniendi del Estado, ello no significa que en todas sus manifestaciones se aplique de manera «uniforme e invariable las reglas e instituciones existentes en el ámbito penal». De modo que los instrumentos internacionales «solo consagran la obligación del Estado Colombiano de garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a la doble

«uniforme e invariable las reglas e instituciones existentes en el ámbito penal». De modo que los instrumentos internacionales «solo consagran la obligación del Estado Colombiano de garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a la doble conformidad en materia penal . Sin embargo, aunque el Estado de Colombia no tiene la obligación internacional de garantizar este derecho en asuntos distintos al derecho penal; ello no quiere decir, ni puede interpretarse como una legitimación del legislador para extender esta garantía a otros ámbitos».

En suma, señaló que las providencias invocadas por el demandante no son aplicables a su caso y, por ende, no se configuró el desconocimiento del precedente alegado. Textualmente, esto dijo:

[E]l presente caso es completamente diferente al analizado por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU -146 de 2020 y, aunado a ello, las reglas adoptadas por la Corte para garantizar el derecho a la doble conformidad en esa oportunidad, son incompatibles con el caso de autos. (…) [en el ] auto AP2118-2020 de 3 de septiembre de 2020 , proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se advierte que a través de esta providencia se admitió el recurso de apelación promovido en contra de la sentencia de única instancia de 28 de octubre de 2014, y mediante la cual s e había condenado en única instancia a un aforado.

En lo atinente al defecto atribuido a la falta de firmas en la providencia, concluyó que «el auto de 14 de septiembre sí fue suscrito por todos los integrantes de la Corporación y que en aplicación del artículo 20 del Reglamento Interno de esa Alta Corte, la Secretaría de la entidad realizó el proceso de notificación de la providencia

que «el auto de 14 de septiembre sí fue suscrito por todos los integrantes de la Corporación y que en aplicación del artículo 20 del Reglamento Interno de esa Alta Corte, la Secretaría de la entidad realizó el proceso de notificación de la providencia con una copia suscrita únicamente por el ponente».

De otra parte, respecto de los antecedentes disciplinarios , e n el fallo de primer grado la Sección Primera explicó que el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, que se refiere a las anotaciones y vigencia del registro de antecedentes disciplinarios, fue objeto de análisis por la Corte Constitucional en la sentencia C-1066 de 2002, en la que se dijo que existen sanciones con efectos instantáneos como la multa o la destitución, y otras son de carácter sucesivo, como la suspensión ; por tanto, los registros, conforme a la mencionada jurisprudencia constitucional , «‘debenRadicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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9 contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuestos sanciones dentro de los cinco (5) años anterior a su expedición, aunque la duración de las mismas sea inferior o sea instantánea’».

En tal sentido, y con apoyo en el análisis constitucional, afirmó que los registros negativos en el certificado de antecedentes disciplinarios tienen un término perentorio que parte de la fecha de ejecutoria de la providencia que impuso la sanción y se extiende a los cinco años posteriores, y solo de manera excepcional pueden permanecer un tiempo superior, cuando se trat a de sanciones vige ntes

perentorio que parte de la fecha de ejecutoria de la providencia que impuso la sanción y se extiende a los cinco años posteriores, y solo de manera excepcional pueden permanecer un tiempo superior, cuando se trat a de sanciones vige ntes después de vencido ese término, como sucede en aquellos eventos en que la sanción corresponde a un a de naturaleza continuada, como una suspensión superior a cinco años.

Concluyó que la sanción impuesta al demandante, contenida en sentencia del 31 de mayo de 2017 , fue de suspensión por un mes conmutada a una multa equivalente a un salario para la vigencia de 2013, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia con stitucional, tenía efectos instantáneos o inmediatos , de modo que únicamente podía mantenerse en el registro por un máximo de cinco años, contados desde la ejecutoria de la decisión, y como ya había transcurrido ese lapso, el registro debía cancelarse, sin que fuera relevante el pago, pues no podía confundirse el registro de la sanci ón y su permanencia en el certificado de antecedentes con su cobro o pago.

Consecuente con ello, amparó el derecho al habeas data del actor y ordenó a la Secretaría de la CNDJ la eliminación del registro de antecedentes disciplinarios.

4. Impugnación

La parte demandante y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por intermedio de la magistrada ponente de la providencia censurada, impugnaron la anterior decisión. El primero, porque consideró que debía concederse el amparo en lo concerniente a la garantía de la doble conformidad; la segunda, porque estimó que debía mantenerse el registro de la sanción en el certificado de antecedentes.

decisión. El primero, porque consideró que debía concederse el amparo en lo concerniente a la garantía de la doble conformidad; la segunda, porque estimó que debía mantenerse el registro de la sanción en el certificado de antecedentes.

En ese sentido, el actor ind icó que ratificaba los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, y se opuso a los argumentos de la impugnación de la Comisión, dado que, al conmutarse la suspensión por multa, se estaba en presencia de una sanción instantánea que debía conservarse en el registro por un máximo de 5 años; y que si la sanción estuviera vigente no habría sido eliminada del registro de laRadicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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10 Procuraduría General de la Nación desde el 31 de mayo de 2022 , según prueba anexa.

Por su parte, la magistrada adujo que al no haberse efectuado todavía el pago de la multa, la sanción estaba vigente a pesar de que transcurrieron más de cinco (5) años.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 16 de febrero de 202 3 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Para ello, se examinará (i) si la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene interés para recurrir la orden impartida a la Secretaría Judicial de dicha

Estado.

Para ello, se examinará (i) si la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene interés para recurrir la orden impartida a la Secretaría Judicial de dicha Corporación. De asistirle interés, (ii) se resolverá la inconformidad contra el fallo impugnado, respecto de la orden de cancelación de la sanción de l registro de antecedentes disciplinarios; en caso, contrario, esto es, de no existir interés, la Sala se abstendrá de resolver ese punto de la impugnación.

En segundo lugar, se analizará (iii) si la tutela cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial , especialmente , el de relevancia constitucional debatido por la CND J. De darse una respuesta positiva, (iv) habrán de estudiarse los defectos atribuidos al auto del 14 de septiembre de 2022 , para determinar si se deben amparar o no los derechos invocados por el actor . De no acreditarse los requisitos generales se declarará improcedente la tutela.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del interés para recurrir de la magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La ley y la doctrina hacen referencia a la existencia de unos requisitos mínimos para que se concedan, admitan o decidan los recursos por la autoridad que resulte competente, conforme a la naturaleza del proceso o del medio de impugnación de que se trata , tales como: i) que la providencia sea susceptible de recurso ; ii) queRadicación: 11001-03-15-000-2023-00206-01

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11 exista interés para recurrir ; iii) que se interponga de manera oportuna ; iv) que se sustente en debida forma —en los casos en que así lo exija la ley — y v) que se cumplan con las cargas propias que , en ocasiones, el legislador impone a un determinado recurso.

De obviarse alguna de esas condiciones, lo procedente será, según el análisis del juez de instancia, el momento procesal en que se encuentre y la consecuencia que expresa o tácitamente establezca el ordenamiento jurídico, que el recurso se rechace, se declare inadmisible o no se resuelva de fondo.

En este caso , y a juicio de la Sala, la impugnación interpuesta por la magistrada ponente del auto cuestionado no puede analizarse de fondo porque, aunque el fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado es recurrible y se impugnó de manera oportuna, aquella carece de interés para impugnarlo, pues ningún agravio u orden se emitió respecto de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), en tanto autoridad jurisdiccional , es decir, de ninguna manera se infirmó, modificó o se alteraron los efectos de la providencia judicial dictada por ese organismo, sino que la orden se circunscribió y surgió del debate de naturaleza administrativa a cargo de la Secretaría Judicial de la Corporación, que se hizo parte en la tutela y rindió el informe correspondiente.

En realidad, ninguna inconformidad podría asistirle a la magistrada de la CNDJ respecto de una orden cuyo cumplimiento compete exclusivamente al secretario

informe correspondi