CE - 110010315000202300233011SENTENCIA20230508172837

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

Demandante: FABIO LUIS MERCADO ÁVILA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO RESPECTO DE AUTO QUE NIEGA PRUEBAS – Incumplimiento del requisito de la inmediatez / DEFECTO FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE FRENTE A LOS FALLOS – Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentenc ia proferida el 27 de febrero de 2 023, p or la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 19 de enero de 202 31, el señor Fabio Luis Mercado Ávila , por conducto de apoderado judicial, ejerció acción de tut ela co ntra el Juzgado Pri mero Administrativo Oral de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al trabajo, supuestamente

Administrativo Oral de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al trabajo, supuestamente vulnerados con las providencias del 29 de octubre de 2019 y 29 de abril de 2022, dictadas, respectivamente, en el marco de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-001-2018-00101-00. Formuló las siguientes pretensiones:

Primera: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y al trabajo del accionante Fabio Luis Mercado Ávila.

Segunda: como consecuencia de lo ante rior dejar sin efectos la sentencia del 29 de abril de 2022, a través de la cual el honorable Tribunal Administrativo de Bolívar, confirmó la sentencia del 29 de oct ubre de 2019, emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, y ade más

1 Se advierte que, el 19 de abril de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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condenó en costas de segunda instancia a la parte recurrente – demandante; y en su lugar, ordenar a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, profiriera un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso

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condenó en costas de segunda instancia a la parte recurrente – demandante; y en su lugar, ordenar a dicha autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, profiriera un fallo de reemplazo en el que, al resolver el caso concreto, tenga en cuenta la línea jurisprudencial determinada por el Consejo de Estado, concerniente a los retiros de los miembros de las Fuerza Militares por facultad discrecional , que exige examinarlo a la luz de los postulados constitucionales y legales que lo orienta n, gar antice los derechos fundamentales de al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y al trabajo del accionante.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguie ntes hechos jurídicamente relevantes:

En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , el señor Fabio Luis Mercado Ávila demandó a la Nación – Ministerio de Defensa, Armada Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 1352 del 2 de noviembre de 2017, por medio de la cual se le retiró del servicio activo de las fuerzas militares.

El 29 de octubre de 2019, el J uzgado Primero Administrativo de Cartagena realizó la audiencia inicial , actuación en la cual negó la prueba testimonial pedida por el accionante, esto es, la re cepción de l os testimonios de los señores Cris Carvajal Castañeda y Gerson Duvan Martínez Jaimes. Contra esta decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue desatado po r el Tribunal Administrativo

Castañeda y Gerson Duvan Martínez Jaimes. Contra esta decisión, la parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue desatado po r el Tribunal Administrativo de Bolivar que, en providencia del 16 de julio de 2021, confirmó el auto de primera instancia

Posteriormente, mediante fallo del 2 9 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena negó las pretensiones de la demanda, decisión confirmada por el T ribunal Administrativo de Bolívar en fallo del 29 de abril de 2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Concretamente, el señor Fabio Luis Mercado Ávila considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico al negar la prueba testimonial por él solicitada respecto a los señores Cris Carvajal Castañeda y Gerson Duvan Martínez Jaimes, que demostraban la falsa motivación del acto de retiro contenido en la Resolución 1352 del 2 de noviembre de 2017.

Igualmente, alegó la configuración del defecto fáctico al no tener en cue nta la trayectoria laboral , profesional y personal del accionante durante los últimos 10Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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años, en los cuales fue condecorado y felicitado por su labor en varias oportunidades y calificado con evaluaciones de bueno y excelente , aunado al hecho de que nunca registró sanción disciplinaria alguna.

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años, en los cuales fue condecorado y felicitado por su labor en varias oportunidades y calificado con evaluaciones de bueno y excelente , aunado al hecho de que nunca registró sanción disciplinaria alguna.

De otra parte, alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en la sentencia SU -172 de 2015, mediante la cual la Corte Cons titucional unificó los criterios que se deben tener en cuenta para saber c uándo un acto administrativo por medio del cual se r etira a un miembro de la f uerza pública es legal o no.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 26 de enero de 2023 , el d espacho sustanciador de la Sección Segunda, Subsección A, del Con sejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar y al Ju zgado Primero Administrativo Oral de Cartagena , como parte demandada, y, en calidad de tercero con interés, a la Nación – Ministerio de Defensa, Armada Nacional.

2.2. El juez primero administrativo de Cartagena rindió el informe respectivo y señaló que, contrario a lo expuesto en la tutela , las providencias atacadas se encuentran debidamente sustentadas y motivadas en el material probatorio decretado en el proceso y en las normas y jurisprudencia vigentes aplic ables a l caso concreto , sin que se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante ni los vicios que alega en la acción de la referencia.

Manifestó que, en el p roceso ordinario, s e logró demostrar que el concepto del

fundamentales invocados por el accionante ni los vicios que alega en la acción de la referencia.

Manifestó que, en el p roceso ordinario, s e logró demostrar que el concepto del comité de ev aluación se ajustó a los condicionamientos establecidos jurisprudencialmente, en la medida en que fue emitido de manera previa al acto de retiro, se fundó en una causa expuesta de manera razonada y suficiente, y tuvo como objetivo el mejoramiento del servicio, al retirar a un miembro cuyo comportamiento se desvió del objetivo institucional y denotó un alto grado de irresponsabilidad.

2.3. El Ministerio de Defensa, por conducto de la co ordinadora del grupo contencioso constitucional , señaló que las decisione s atacadas mediante la presente acción se encuentran ajustadas a derecho y que no vulneran los derechos fundamentales del señor M ercado Ávila, quien intervino oportunamente , a través de su apoderado judicial, en todas las actuaciones del proceso ordinario.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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2.4. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar guardaron silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, mediante providencia del 27 de febrero de 2023 , negó las preten siones de la demanda , al considerar que las autoridades judiciales accionadas , luego de un recuento normativo y jurisprudencial relacionado con las causales de retiro de los miembros de la fuerza

del 27 de febrero de 2023 , negó las preten siones de la demanda , al considerar que las autoridades judiciales accionadas , luego de un recuento normativo y jurisprudencial relacionado con las causales de retiro de los miembros de la fuerza pública y el uso de la facultad discrecional, de manera expresa fundamentó su decisión con base en l as prueb as aportadas y decreta das en el proceso , de las cuales logró concluir que la R esolución 1352 de 2017, mediante la cual se retiró del servicio activo al hoy accionante, no estaba viciada de nulidad.

Expuso que el accionante no acreditó los elementos tendientes a demostrar que la valoración probatoria realizada por el T ribunal Administrado de Bolí var hu biera sido arbitraria, irracional o caprichosa, por lo que no se acreditaba la configuración de un defecto fáctico.

Respecto del desconocimiento del precedente alegado, señaló que las autoridades judiciales accionadas se ciñeron a la jurisprudencia vigente, aplicable al caso concreto , con fundamento en la cual se concluyó que el ejercicio de la facultad discrecional para retirar del servicio al señor Mercado Ávila fue justificado en el punto de asegurar la prestación de un buen servicio institucional, teniendo en cuenta que el hoy accionante puso en riesgo la vida y afectó la integridad física de un miembro de la institución , «así como deterioró la conf ianza que se requiere al interior de ese cuerpo militar para lograr los objetivos y metas propio s de e sa entidad».

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró en su totalidad los argumentos de la tutela.

interior de ese cuerpo militar para lograr los objetivos y metas propio s de e sa entidad».

4. Impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró en su totalidad los argumentos de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modifica r el fallo del 27 de febrero de 2023, proferido por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado , qu e negó las pretensiones de la tutela. Para el efecto, lo primero que la Sala deberá determinar es si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia s judiciales, en especial los de la inmediat ez y la relevancia constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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Si se cumplen, se establecerá si las autoridades judiciales accionadas , al proferir las sentencias del 29 de octubre de 2019 y 29 de abril de 2022 , incurrieron en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente alegados por la parte actora.

4. Análisis de la Sala

Antes de resolver el problema jur ídico planteado , precisa la Sala que, de conformidad a los argumentos planteados tanto en la tutela com o e n la impugnación, se observa que los defectos invocados por el accionante se d irigen,

Antes de resolver el problema jur ídico planteado , precisa la Sala que, de conformidad a los argumentos planteados tanto en la tutela com o e n la impugnación, se observa que los defectos invocados por el accionante se d irigen, de una lado, contra l os autos que negaron el decreto y pr áctica de una prueba testimonial, esto es las providencias del 29 de oc tubre de 2019 y 16 de julio de 2021, dictadas, respectivamente , por el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Y, de otra parte, contra las providencias que profirieron las mismas autoridades judiciales el 29 de octubre de 2019 y el 29 de abril de 2022, respectivamente, mediante las cuales se dictaron l os fallos de primera y segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 13001 -33-33-0012018-00101-00.

Bajo este contexto, la Sala se referirá por separado sobre los cargos planteados en la tutela así:

4.1. Respecto de las providencias que negaro n el decreto y práctica de una prueba testimonial

De entrada, la Sala anticipa que sobre este punto la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, dado que el actor pretende controvertir la decisión tomada por el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena en la audiencia inicial celebrada el 29 de octubre de 2019, confirmada por el T ribunal Administrativo de Bolívar, en providencia del 16 de julio de 2021.

En efecto, en el caso examinado, la parte actora considera que las autoridades

celebrada el 29 de octubre de 2019, confirmada por el T ribunal Administrativo de Bolívar, en providencia del 16 de julio de 2021.

En efecto, en el caso examinado, la parte actora considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por haberse negado a decretar la prueba testimonial por él so licitada respecto d e los señores Cris Carvajal Castañeda y Gerson Duvan Martínez Jaime s, debate que, como se dijo, culminó con la providencia del 16 de julio de 2021 , cuando el T ribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión de primera instancia al respecto.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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De conformidad con el Sistem a de Consulta de Procesos Justicia Siglo XXI , el mensaje de datos con la providencia se envió el 21 de julio de 2021, mientras que la tutela fue radicada el 19 de enero de 2023, esto es, transcurrido 1 año, 5 meses y 28 días, lo que denota que se ejerció extemporáneamente.

Cabe mencionar que, si bien en la sentencia de C -543 de 1992 la Corte Constitucional declaró inexequible, entre otros, el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, que señalaba «la acción de tutela pod rá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente», lo

1991, que señalaba «la acción de tutela pod rá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente», lo cierto es que esa misma Corporación ha sostenido que el hecho de que no exista un término de caducidad no significa que la tutela no deba i nterponerse dentro de un plazo razonable, op ortuno y ju sto que debe ser considerado en cada caso concreto.

Ahora, a pesar de que la Corte no ha fijado un plazo determin ado q ue se considere razonable para interponer la acción de tutela, sí ha confirmado, e n sede de revisión, sentencias dictadas por las diferentes secciones de esta Corporación, en las que se ha acogido el criterio fijado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que estableció como regla general el plazo de 6 meses, contado desde la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el c aso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Así lo señaló, por ejemplo, en la sentencia SU-090 de 2018:

Estudiados los requisitos establecidos p or la jurisprudencia constitucional, esta Co rte evidenc ió que el accionante no cumplió con el presupuesto de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo desconoció el precedente jurisprudencial, careció de motivac ión y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había

desconoció el precedente jurisprudencial, careció de motivac ión y violó directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue decidido negando su pretensión por cuanto las causales alegadas por el accionante no se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código de Proce dimiento Civil. Esta circunstancia no jus tifica entonces la inactividad del actor para interpone r la acción de tutela, toda vez que la nulidad formulada fue ostensiblemente contraevidente, y no tenía la virtualidad de enervar el requisito de inmediatez en la formulación de la acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el incidente de nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para presentar el amparo cons titucional, toda vez que se superó sin justificación válida el término prudencial para la oportu na formulación de la acción de tutela.

En conclusión, el actor no acudió con inmediatez a la jurisdicción constitucional en busca del amparo invocada, sin raz ón que justificara su tardanza.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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Habida c uenta de que la presente acción de tutela , sobre el car go por defecto

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Habida c uenta de que la presente acción de tutela , sobre el car go por defecto fáctico contra las providencias que negar on el decreto de una prueba testimonial, no acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez, la carga argumentativa en cabeza de la parte accionante para enervar este incumplimiento es mucho más exigente, por cuanto la tutela se presentó luego de transcurrido un plazo superior a seis meses, después de habers e notificado la última providencia que ahora se cuestiona. Sin embargo, esto no ocurrió.

Precisa la Sala que, si bien tutela cumple el requisito de la inmediatez en cuanto a los demás cargos, lo cierto es que en el presente asunto el accionante pretende revivir una discusión probatoria que fue definida , como se dijo, mediante providencia del 16 de julio de 2021, dictada por el Tribunal Administ rativo de Bolívar, sin que se cumpla el requisito de la inmed iatez, razón por la cual se declarará improcedente la tutela respecto a l primer cargo por defecto fáctico planteado.

4.2. Respecto de los fallos de primera y segunda instancia

De igual forma, en cuanto a los cargos formulados en contra de los fallos de primera y s egunda instancia , dictados en el medio de contro l de n ulidad y restablecimiento con radicado 13001 -33-33-001-2018-00101-00, precisa la Sala que la presente tutela también deviene improcedente po rque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos

restablecimiento con radicado 13001 -33-33-001-2018-00101-00, precisa la Sala que la presente tutela también deviene improcedente po rque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.

Concretamente, la parte actora considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en d efecto fáctico al no tener en cue nta la trayectoria laboral, profesional y personal del accionante durante los últimos 10 años, en los cuales fue condecorado y felicitado por su labor en varias oportunidades y calificado con evaluaciones de bueno y excelen te, aunado al hecho de que nunca registró sanción disciplinaria alguna.

Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido en la sentencia SU -172 de 2015, mediante la cual la Corte Cons titucional unificó los criterios que se deb en tener en cuenta para saber c uándo un acto administr ativo por medio del cual se retira a un miembro de la fuerza pública es legal o no.

Sería del caso analizar si se configur aron o no los defectos alegados por la parte actora, sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues se pretende convertir la acción de tu tela e n u na instancia adicional del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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Así, de la simple comparación entre las r azones esgrimidas en el recurso de

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Así, de la simple comparación entre las r azones esgrimidas en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 29 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena, y las propuestas en la solicitud de tutela, se evidencia q ue el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente en que supuestamente incurri eron las autoridades judiciales demandadas fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido en el proceso ordinario.

En el siguiente cuadro se cotejarán los argumen tos expuestos en sede de nulidad y restablecimiento del derecho y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fi n de i lustrar de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como instancia adicional:

APELACIÓN EN PROCESO ORDINARIO DEMANDA DE TUTELA

En conclusión la Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, al aplicar los preced entes jurisprudenciales en lo relativo a facultad discrecional del gobierno y de la Policía Nacional para retirar miembros del servicio activo, er ró por desco nocer la regla jurisprudencial establecida en las Sentencias de Unificación 053 y 172 de 2015, pue s de l os argumentos fácticos y jurídicos plasmados en la demanda y en los alegatos de conclusión, es hialino que el estándar de motivación erigido por la Corte Constitucional para los actos de retiro discrecional de los miembros de la Fuerza

jurídicos plasmados en la demanda y en los alegatos de conclusión, es hialino que el estándar de motivación erigido por la Corte Constitucional para los actos de retiro discrecional de los miembros de la Fuerza Pública, impli can qu e a unque el acto de retiro no debe estar expresamente motivado, su expedición debe ser consecuencia del concepto emitido por la Junta de Eva luación para el Retiro Discrecional de la Armada Nacional. A su vez, éste concepto es el resultado del estudio y aná lisis de las razones concernientes al buen servicio y de los hechos verificables que conlleven proponer el retiro o la permanencia en el ser vicio del militar. Para tales efectos, la junta de evaluación valora y aprecia los aspectos relacionados con e l mejo ramiento del servicio con el minucioso estudio de la hoja de vida, sus evaluaciones de desempeño, su trayectoria, los informes de inteligencia y del g rupo anticorrupción de la Fuerzas Militares, y demás circunstancias y documentos pertinentes, evalua ción d e l a cual debe quedar constancia en actas con el fin de que el afectado conozca las razones objetivas de su retiro, sin que se le pueda opon er Ia cali dad de reservado de esos documentos, pues en tal caso la reserva es frente a terceros, pero no frent e al retirado.

A través de la Sentencia SU -172 de 2015, nuestra Honorable Cor te Constitucional , unificó los criterios que debe tener en cuenta tanto la administración como nuestros jueces administrativos

al retirado.

A través de la Sentencia SU -172 de 2015, nuestra Honorable Cor te Constitucional , unificó los criterios que debe tener en cuenta tanto la administración como nuestros jueces administrativos (unipersonales y colegiados) para sa ber cuándo un acto administrativo por medio del cual se retira a un miembro de la fuerza pública es legal o ilegal: el estándar de motivación de los actos de retiro discrecional de los miembros activos de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad discrecional, es mínimo pero plenamente exigible.

En la Sentencia SU -172 de 2015, recientemente concluyó la Cort e que, si bien en principio no existió una posición unificada entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en torno a la motivación de los actos administrativos, los estándares de los dos altos Tribunales hoy en día son sustancial mente similares […].

Sin e mbargo, el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, en la Sentencia de fecha 29 de octubre de 2019, que negó las pr etensiones de la demanda y condenó en costas, simplemente se limitó a afirmar que “(…) existieron motivos reales, se rios y razonables que sustentaron la medida…”; y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, en su sentencia del 29 de abril de 2022, que confirmó la fecha 29 de octubre 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, y además condenó en costas

sentencia del 29 de abril de 2022, que confirmó la fecha 29 de octubre 2019, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, y además condenó en costas de segunda instancia a la parte recurrente – demandante; concluyó que “(…) que dentro del expedie nte no existenRadicación: 11001-03-15-000-2023-00233-01

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Debe entenderse entonces, que un acto de retiro discrecional de miembros de la Armada Nacional cumple los parámetros de motivación exigidos por la jurisprudencia constitucional, cuando se sustenta en el concepto previo de la Junta de Evalua ción y Clasificación, y éste a su vez, evidencia el estudio de los aspectos pertinentes al mejoramiento del servicio. Por tanto, la simple alusión a las normas que facultan el ejercicio de la facultad discrecional por parte de la Administración, no satisfa ce los requisitos de motivación exigidos por el precedente constitucional […].

Es evidentemente que no existe una real relación entre el retiro y los fines de eficacia y eficiencia de la Armada Nacional, lo cual se desprende cuando se confrontan los motivos, las evaluaciones, la hoja de vida, las felicitaciones y/o los demás documentos relevantes, situación que fue pretermitida por la Arma da Nacional, para así llegar al retiro ilegal del Cabo Primero de Infantería

motivos, las evaluaciones, la hoja de vida, las felicitaciones y/o los demás documentos relevantes, situación que fue pretermitida por la Arma da Nacional, para así llegar al retiro ilegal del Cabo Primero de Infantería de Marina FABIO LUIS MERCADO ÁVIL A, y q ue de igual forma fue abrazada por la Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, en la sentencia recurrida, haciéndose más notaria la arbitrariedad” […]. elementos probatorios con los cuales la parte actora pueda desvirtuar la legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 1352 del 02 de noviembre de 2017…”, cuando lo cierto fue que administrativo contenido en la Resolució n No. 1352 de fecha 2 d e noviembre de 2017, estuvo desprovisto de razones objetivas y hechos ciertos, bajo el entendido que el Cabo P rimero de Infantería de Marina (R) FABIO LUIS MERCADO ÁVILA, no cometió el hecho de relevancia disciplinaria en el cual se fundamentó, menosprecia ndo de esta manera las autoridades judiciales la regla jurisprudencial establecida en la sentencia SU172 de 2015 d e l a Corte Constitucional y en la sentencia CE -SUJSII-26-2022, del 7 de abril de 2022, proferida por el Consejo de E stado por importancia j urídica, bajo el entendido y apelando […].

Este defecto se presenta, en el caso concreto, porque las autoridades judiciales accionadas, obrando elementos de convicción en el expediente, decisivos que

importancia j urídica, bajo el entendido y apelando […].

Este defecto se presenta, en el caso concreto, porque las autoridades judiciales accionadas, obrando elementos de convicción en el expediente, decisivos que demostraron los siguientes hechos:

Que durante su tra yectoria laboral de diez (10) años, el Cabo Primero de Infantería de Marina FABIO LUIS MERCADO ÁVILA, fue cond ecorado c on el distintivo JINETA DE BUENA CONDUCTA POR PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA VEZ; que solo se le otorga al suboficial qu e durante tres (3) añ os consecutivos no registre ninguna sanción disciplinaria en su folio de vida.

Que durante la trayectoria la boral de diez (10) años, el desempeño laboral, profesional y personal del Cabo Primero de Infantería de Marina FABIO LUIS MERCADO ÁVILA, siempre f ue calificado en LISTA NÚMERO DOS y TRES, correspondiente a aquellos Suboficiales que en su evaluación anual o btienen indicadores "Bueno y Excelente"; como se demostró a través del formulario “1” del formulario de seguimiento del CP. MERCADO AVILA FABIO LUIS, obrante a folio 58 de la demanda.

Que durante su trayectoria laboral de diez