CE - 110010315000202300243011SENTENCIA20230509112353

1

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Temas: Tutela contra providencia judicial que resolvió una solicitud referida al trámite de un recurso de súplica / defecto decisión sin motivación / independencia y autonomía del juez natural

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera , proferida el 16 de febrero de 2023 , que declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Alexis Camargo Toloza, quien actúa en nombre propio y en el de sus menores hijas MCCG y MdelCCG; Dany Isabel Ospino Carreño y Sofía Azanet Olivero

los señores Alexis Camargo Toloza, quien actúa en nombre propio y en el de sus menores hijas MCCG y MdelCCG; Dany Isabel Ospino Carreño y Sofía Azanet Olivero González, por intermedio de apoderado, promovieron demanda en orden a que se les tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron lo siguiente:

«PRIMERA: Que se ordene la protección de los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de los accionantes y vista de que el expediente correspondiente al trámite del recurso de apelación en co ntra del auto del 28 de Noviembre emitido por el Juzgado Sexto Administrativo de la ciudad de Valledupar debió haber sido devuelto a dicha célula judicial por el Tribunal Administrativo del César, se solicita se ordene al mencionado Juzgado a que devuelva de forma inmediata el mismo a la corporación mencionada, si no ha sido asi se ordene entonces a la mencionada Corporación se abstenga de hacerlo.-

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración y una vez surtido lo anterior se ordene al Tribunal Administrativo del César a recibir y tramitar de fondo el recurso de súplica interpuesto por los señores Alexis Camargo y Otros a través de apoderado el día 5 de marzo del año 2020.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Tribunal

recurso de súplica interpuesto por los señores Alexis Camargo y Otros a través de apoderado el día 5 de marzo del año 2020.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al Tribunal Administrativo del César a que dentro del trámite del recurso de súplica interpuesto por los accionantes el 5 de marzo del año 2020, proceda a ponerlo en conocimiento de un Magistrado Ponente alterno que no hubiera integrado la Sala de Decisión qu e tramitó el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del 28 de noviembre de 2018 emitido por el Juzgado Sexto Administrativo; por lo que si en el evento no se cuenta con Magistrado Ponente Alterno que no cumpla tales características, se ordene nombrar un Juez Ad Hoc o Conjuez para que resuelva de fondo el mencionado recurso de súplica.

CUARTA: Que una vez cumplido el fallo de tutela que concede la acción de tutela, el accionado proceda a enviar a esta Honorable Corporación todos los docum entos que acrediten el cumplimiento de la misma». (sic en toda la cita)

1.1.2. Los hechos

Los accionantes, en síntesis, narraron como hechos de tutela, los siguientes:

1. Instauraron el medio de control de reparación directa contra el Instituto Nacional de Vías —INVIAS— y la Concesionaria Ruta del Sol, bajo el radicado 20001 3333 006 2015 00477 00, cuyo conocimiento en primera instancia correspondió al Juzgado

Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar.

1. El 28 de noviembre de 2018 se celebró la audiencia inicial en la que se resolvió declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar.

1. El 28 de noviembre de 2018 se celebró la audiencia inicial en la que se resolvió declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

1. El 5 de marzo de 2020 se confirmó la anterior decisión por el Tribunal

Administrativo del Cesar.3

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. El apoderado de la parte activa in terpuso recurso de súplica contra la anterior providencia, el cual fue rechazado mediante auto proferido el 30 de junio de 2021, en el que además se ordenó la devolución del expediente al despacho del ponente a quo.

1. La parte demandante asumió que «esta última expresión iba dirigida a que el Magistrado que lo recibía debería haber atendido la consideración realizada referente al impedimento que el mencionado encontró configurado y procedería a repartirlo a un Magistrado que no hubiera integrado la Sala de Decisión de la que hicieron parte tanto del Dr. CASTAÑEDA como el Dr. GUECHÁ MEDINA, o en el evento de no contar con un Magistrado alterno, se hubiera nombrado un Conjuez que resolviera el recurso de súplica» (sic en todo el texto).

1. El 7 de octubre de 2021, la nueva titular del despacho sustanciador, profirió un auto en el que ordenó remitir el expediente al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito

súplica» (sic en todo el texto).

1. El 7 de octubre de 2021, la nueva titular del despacho sustanciador, profirió un auto en el que ordenó remitir el expediente al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar, al considerar que el recurso de súplica había sido resuelto por su antecesor «sin hacer mayor consideración, es decir sin haber tenido en cuenta las motivaciones del mencionado Magistrado».

1. El apoderado de la parte actora, mediante memorial advirtió al despacho de conocimiento que la providencia antes mencionada, no tuvo e n cuenta que el magistrado que profirió el auto del 30 de junio de 2021 «en ningún momento rechazó de plano el recurso de súplica, dado que este lo que hizo fue declararse impedido legalmente para conocerlo por haber integrado la Sala de Decisión que en su momento tramitó el recurso de apelación y que al encontrar configurado el impedimento contemplado en la causal de procedencia del recurso de súplica establecida en el artículo 246 del C.P.A.C.A., lo rechazó ordenando remitir el expediente al Magistrado que había conocido del recurso de apelación “para lo de su cargo”»; por tanto, lo procedente era la designación de un conjuez, o, en su defecto, que lo hubiera resuelto la nueva juez colegiada.

1. El 20 de octubre de 2021 el Tribunal Administrativo del Cesar d evolvió el expediente al juzgado de origen.

1. Los accionantes interpusieron la acción de tutela 11001 -03-15-000-202110499-00, por la presunta vulneración generada con la falta de trámite del recurso de4

expediente al juzgado de origen.

1. Los accionantes interpusieron la acción de tutela 11001 -03-15-000-202110499-00, por la presunta vulneración generada con la falta de trámite del recurso de4

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

súplica por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, que fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 4 de febrero de 2022, en el sentido de declarar la carencia de objeto por haberse configurado un hecho superado, teniendo en cuenta que la corporación accionada había solicitado la devolución del expediente para efectuar el respectivo pronunciamiento.

1. El apod erado de los demandantes «bajo la convicción de que para ese momento estaba en trámite el estudio del recurso de súplica, radicó un nuevo escrito ante el Despacho de la Doctora ALVAREZ (sic) ARAUJO en el que planteaba unos argumentos jurisprudenciales sobre la procedencia de tal medio»; sin embargo, el 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente las solicitudes planteadas, bajo el argumento de que el au to del 30 de junio de 2021 sí había sido resuelto el recurso de súplica, en el sentido de rechazarlo, decisión que se encontraba ejecutoriada y, por tanto procedía la devolución del proceso al juez de primera instancia, para que siguiera su curso.

había sido resuelto el recurso de súplica, en el sentido de rechazarlo, decisión que se encontraba ejecutoriada y, por tanto procedía la devolución del proceso al juez de primera instancia, para que siguiera su curso.

1.1.3. Los defectos invocados

La parte accionante, indicó que la providencia cuestionada tuvo por resuelto el recurso de súplica interpuesto por su apoderado, sin efectuar una debida justificación, pues se limitó a decir que la decisión había sido tomada en Sala y ese medio de impugnación solo procede contra los autos d ictados por el magistrado ponente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011; aunado a que la providencia que fue apelada, al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, puso fin al medio de control de reparación directa.

Además, en ningún momento toca el asunto de fondo pese a que el recurso de súplica fue interpuesto contra el auto que resolvió el recurso de apelación, es decir, no se refirió a los argumentos que dieron sustento para su ejerci cio, dado que solo se adujeron las «circunstancias que le impedían tramitarlo».

Tampoco se «dejó establecido que las razones del rechazo obedecían a causa o circunstancia alguna atribuida al solicitante, las observaciones del mismo fueron del orden procesal, pues quien lo emite logra verificar la configuración de un impedimento5

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

legal que no le permite siquiera conocer el asunto por haber sido parte de la Sala que tomó la decisión objeto del recurso de súplica».

Asimismo «el Doctor Güechá Medina no especificó cual sería la carga de Castañeda Daza, porque ello era fácil inferirlo de las conclusiones expuestas en el auto mencionado, pues en virtud de garantizar el acceso efectivo y real al Derecho al Debido Proceso (sic) del accionante, no s e podía dejar en el aire el trámite sustancial del recurso de súplica»; por tanto el magistrado debió dejar la respectiva constancia para que se procediera la designación de un conjuez que resolviera el asunto «y no haberlo devuelto».

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 24 de enero de 2023 , el ponente sustanciador admitió la acción de tutela y, dispuso notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar . Como tercero s interesados en las resultas del proceso , vinculó a la Nación, Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías —INVIAS— y a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar

La magistrada Doris Pinzón Amado intervino en condición de presidente de la corporación y solicitó, negar la acción de tutela, en atención a que las providencias

1.3.1. Del Tribunal Administrativo del Cesar

La magistrada Doris Pinzón Amado intervino en condición de presidente de la corporación y solicitó, negar la acción de tutela, en atención a que las providencias proferidas por ese tribunal no son constitutivas de vías de hecho judicial, comoquiera que se fundaron en las normas jurídicas aplicables y en ejercicio de la autonomía del juez natural.

1.4. Intervenciones

1.4.1. Del Instituto Nacional de Vías —INVIAS—6

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El abogado José Fernando Medina Sierra, como apoderado del INVIAS peticionó, por un lado, desvincular a la entidad del trámite tutelar por carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto , frente a la solicitud de amparo deprecada, no existe ningún tipo de vínculo o interés jurídico; y por otro, decretar la temeridad de la parte accionante, en atención a que «este caso había sido objeto de estudio de una tutela anterior».

1.4.2. Los demás vinculados guardaron silencio durante el término de traslado de la acción de tutela, pese a haber sido notificados en debida forma.

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 16 de febrero de 2023, negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 16 de febrero de 2023, negó la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el Instituto Nacional de Vías —INVIAS— y declaró improcedente la solicitud de amparo por falt a de relevancia constitucional , al considerar , en lo fundamental, lo siguiente:

1. En cuanto a la solicitud de desvinculación en el trámite de la acción de tutela elevada por INVIAS, precisó que no es posible acceder a ello, en tanto que figuró como demandada en el proceso en el que se profirió la decisión reprochada y, por tanto, le asiste interés en las resultas de la controversia.

1. Los argumentos que los accionantes plantearon como fundamento de la presunta vulneración de los derechos deprecados, contienen serias deficiencias justificativas y argumentativas que imposibilitan al juez constitucional realizar un estudio de fondo de la solicitud de amparo, en la medida que a) se limitan a realizar una serie de aseveraciones subjetivas que, de ninguna manera ponen de relieve una afectación de garantías fundamentales y b) evidencian un inconformismo con lo decidido por el juez natural de la causa.

1.6. impugnación7

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, para que, en su lugar, se ordene la protección de los derechos fundamentales de los accionantes y, por ende, se acceda a la solicitud de amparo . Como sustento de la inconformidad refirió, en síntesis, lo siguiente:

1. El contexto de la sentencia SU 215 de 2022, citada por el a quo, está enfocado a acciones de tutela contra providencias judiciales proferidas por las altas cortes como órganos de cierre, en donde se requiere una argumentación cualificada sobre los requisitos de procedencia. Por tanto, lo dicho por aquel no se ajusta a lo establecido en el citado precedente jurisprudencial, pues lo referido en los hechos plasmados en el escrito de tutela, tuvieron como objeto hacer un recuento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración alegada.

Lo anterior para evidenciar que el proceso de reparación directa fue terminado de forma anormal, en tanto que, omitió surtir una etapa procesal sin consideración alguna y, en consecuencia , al ordenarse la devolución del expediente al juzgado de origen, fueron afectadas las garantías fundamentales deprecadas por los accionantes.

1. No se acude al juez de tutela para que intervenga en la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Cesar , sino con el objeto de hacer valer el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a los accionantes y, por tanto, se practique la etapa procesal omitida por dicha corporación; situación que «no es de poca

el Tribunal Administrativo del Cesar , sino con el objeto de hacer valer el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a los accionantes y, por tanto, se practique la etapa procesal omitida por dicha corporación; situación que «no es de poca consideración» y, por ende, la mentada acción cuenta con suficiente relevancia constitucional.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y e n segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el8

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sal a es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera, de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Teniendo en cuenta que la decisión del a quo respecto a la no desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de INVIAS, contemplado en el ordinal primero de la sentencia del 16 de febrero de 2023 no fue objeto de reproche en el escrito de impugnación, la Sala se referirá a solamente a las inconformid ades expuestas, frente

de la sentencia del 16 de febrero de 2023 no fue objeto de reproche en el escrito de impugnación, la Sala se referirá a solamente a las inconformid ades expuestas, frente al ordinal segundo de la mencionada providencia.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar , dentro del medio de control de reparación directa radicado 20001-33-33-006-2015-00477-01. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia fueron vulnerados los derechos fundamentales a al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los accionantes.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales9

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales9

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de co sa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada

hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en

1 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.10

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidados o, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20144 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia expedida por el Tribunal Administrativo del Cesar, del 22 de septiembre de 2022 en el medio de control reparación directa radicado 20001-33-33-006-2015-00477-01

3 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).11

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).11

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.5.1. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela , en tanto que la decisión censurada fue proferida en el trámite de un recurso de súplica en el medio de control de reparación directa.

2.5.3. Se presentó con inmediatez. Sobre el particular es preciso indicar que, la parte accionante, tanto en el escrito de tutela como en la impugnación, cuestiona lo resuelto en la providencia proferida por el Tribunal Adm inistrativo del César el 30 de junio de 2021, que rechazó el recurso de súplica interpuesto por la parte demandante contra el auto del 5 de marzo de 2020, frente a la cual no es posible que el juez de tutela efectúe un pronunciamiento, en razón a que no satisface los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para el ejercic io oportuno de la acción de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto al auto del 22 de septiembre de 2022, comoquiera que el mecanismo de amparo fue interpuesto el 20 de enero de 2023 5,

de tutela.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto al auto del 22 de septiembre de 2022, comoquiera que el mecanismo de amparo fue interpuesto el 20 de enero de 2023 5, esto es, sin sobrepasar los seis meses previstos por la juris prudencia constitucional para el efecto. De tal forma que el análisis que más adelante efectuará la Sala se suscribirá a la decisión judicial que cumple con el mencionado requisito.

2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional. En ese sentido y a diferencia de lo señalado por la primera instancia, la invocada protección a los derechos fundamentales a al debido proceso y al acceso a la administración de justicia fueron justificados razonablemente por el accionante, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de dichas garantías por parte de la autoridad judicial, que permiten considerar que se cumple con este presupuesto respecto de las presuntas vías de hecho alegadas.

2.5.5. Se agotaron los medios de defens a judicial: comoquiera que contra la providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de

5 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue radicada a través de correo electrónico el 20 de enero de 2023.12

Radicación 11001-03-15-000-2023-00243-01

Demandante: Alexis Camargo Toloza

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adec úa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo 6 contra providencias judiciales , es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cu ando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo , como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inc onstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condu